Lo que dice el informe de la OCDE sobre el estado del trabajo decente en Colombia

Algunas de sus sugerencias mejorarían las condiciones laborales del país

 

Por Daniel Hawkins
Director Área de Investigación ENS


Una de las apuestas estratégicas del gobierno Santos en política internacional, es ingresar al país a la organizacional multilateral OCDE, popularmente llamada el “club de los ricos” o “de las buenas prácticas”.

La OCDE se creó en 1960 y actualmente cuenta con 34 países miembros. Además de Colombia otros tres países se encuentran en proceso de adhesión: Letonia, Costa Rica y Lituania.

Desde que el Consejo de dicha organización invitó a Colombia a iniciar las conversaciones para el proceso de adhesión, en mayo de 2013, varias misiones de trabajo han visitado el país para analizar diversos temas y así determinar si cumple con los estándares políticos, económicos y sociales establecidos por la OCDE.

El pasado 20 de enero se presentó oficialmente la evaluación sobre las políticas laborales y sociales de Colombia. Hasta ahora el impacto de dicho informe en los medios locales se ha centrado en dos temas específicos. El primero de ellos es el salario mínimo, el cual, de acuerdo a la OCDE, es demasiado alto, lo que lo convierte en un mecanismo que no ayuda a disminuir ni la desigualdad salarial ni el índice de pobreza, y no cumple con lo que debería ser su marco operativo, ser un piso salarial.

El segundo asunto que visibilizan los medios es el tema pensional, el cual, a través de su estructura dual, competitiva y muy discriminatoria en términos de la distribución de pensiones, no impulsa la afiliación de los trabajadores, dejando 65% de ellos, en edad de pensionarse, sin acceso a este derecho fundamental.

Pero mientras las discusiones en el país han girado alrededor de los pros y contras de lo que sugiere la OCDE en estas dos materias, poco se ha dicho sobre las muchas recomendaciones y propuestas hechas en otros temas tan importantes para las relaciones de trabajo en el país. Sobre todo sí enfocamos la discusión en cómo se pueden mejorar las protecciones y garantías de los derechos laborales de los más de 21 millones de trabajadores colombianos.

Algunas de las sugerencias hechas al gobierno colombiano mejorarían positivamente las condiciones laborales del 64% de trabajadores que carece de trabajo decente en el país, cambiando además las condiciones de pobreza y la desigualdad.

La OCDE critica el uso flagrante y masivo de diferentes contratos laborales atípicos, que frecuentemente promueven la informalidad y abusan de los derechos de los trabajadores. Alrededor del 10% de éstos se enganchan mediante contratos civiles, lo que los deja por fuera de las protecciones establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. En 2013 el 34% de todos los empleados del país contaban con un contrato laboral a término fijo, que es una tasa más alta que la de cualquiera de los países miembros de esta organización, lo que genera inestabilidad laboral y poca posibilidad para ejercer derechos consagrados en la Constitución, como sindicalizarse o negociar colectivamente. Además, la tasa de trabajadores contratados a través empresas temporales es aproximadamente tres veces más alta que el promedio de países de la OCDE, otro factor que tiende a afectar negativamente las condiciones y derechos de los trabajadores.

Frente a este panorama poco alentador, la OCDE sugiere que el Gobierno colombiano fortalezca el sistema de inspección de trabajo, con más inspectores y más recursos para que éstos puedan hacer su trabajo de acuerdo con lo estipulado en los convenios respectivos de la OIT; con más capacitación, más inspecciones de tipo preventivo, o sea un cambio significativo en el ineficaz proceso administrativo de recaudo de las multas impuestas por violaciones de las leyes laborales, y mayor atención al comportamiento de las empresas de servicios temporales, a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y los contratos sindicales, que en muchos casos encubren relaciones laborales ilegales.

El tema de los derechos sindicales, sobre todo la libertad de asociación y negociación colectiva, es otro punto crítico, sobre el cual hace propuestas la OCDE. La tasa sindical de Colombia (4,5%) está muy por debajo de las tasas de los países adscritos a esa organización, agravada por la fragmentación sindical, dado que el 80% de todos los sindicatos del país agrupan menos de 100 afiliados en promedio; por la notable expansión de los contratos sindicales, en su mayoría usados para atacar los derechos laborales en vez de protegerlos; y por el uso antisindical de los pactos colectivos, sobre todo en el sector industrial. Todo ello pinta un escenario de acción sindical muy precario, especialmente en el sector privado.

Pero a estos obstáculos para la actividad sindical se debe agregar al hecho que en Colombia la legislación no contempla la negociación colectiva sectorial, una grave limitación que no existe en ninguno de los países miembros de la OCDE (con la excepción de Japón); y el hecho de que la extensión a los beneficios de una Convención Colectiva de Trabajo para todos los trabajadores de una empresa, sólo ocurre en los pocos casos donde el sindicato tiene más de una tercera parte de los trabajadores afiliados.

Para permitir la actividad sindical real y poner al país más cerca de los estándares de la OCDE, ésta propone que el gobierno colombiano acoja varias medidas:

Primero, que se elimine el uso de los pactos colectivos sin importar sí hay o no presencia sindical.

Segundo, que se implemente un sistema de negociación complementaria de dos niveles: uno sectorial, en el que los sindicatos pueden negociar los niveles salariales y de condiciones de trabajo básicos; y otro a nivel de empresa, en el que puedan negociar temas específicos de acuerdo con el panorama económico y laboral de cada empresa.

Tercero, que el gobierno reglamente el decreto 089 de enero de 2014, a fin de que se obligue a los sindicatos a convocar mesas únicas de negociación, y así superar muchas de las limitaciones que causa la fragmentación sindical existente.

El tema del derecho a la huelga es otro de los asuntos en el que la OCDE propone cambios. En Colombia, pese a los compromisos asumidos en el Plan de Acción Laboral firmado entre los presidentes Obama y Santos en abril de 2011, no se ha hecho ningún cambio legislativo y político relacionado con la huelga y con el derecho que estructura el poder sindical al momento de entrar en un proceso de negociación. Es así que, a diferencia de la mayoría de los países OCDE, después de 60 días de huelga el conflicto laboral tiene que entrar en un proceso obligatorio de arbitramento, disolviendo el poder legítimo de los sindicatos de manejar un conflicto de acuerdo con los deseos de la mayoría de sus afiliados.

Adicionalmente, el derecho laboral colombiano y las decisiones de las altas cortes sobre los servicios públicos en los que no puede haber huelga, son más restrictivas que en los demás países miembros de la OCDE.

En Colombia la legislación prohíbe la huelga en muchos de los sectores donde la representación sindical es más fuerte, quitándole así el uso de ese derecho clave para presionar a los empresarios a negociar temas tan importantes para sus empleados. La OCDE propone que el gobierno derogue la cláusula de arbitramento obligatorio después de 60 días de huelga, y sugiere que se establezca un requerimiento donde los trabajadores de sectores considerados como de servicio esencial, involucrados en una huelga, operen con un nivel mínimo de servicio para poder así atender emergencias aun en tiempos de huelga.

Estas propuestas y sugerencias de los expertos de la OCDE no son nuevas en su mayoría, ni mucho menos radicales. Son propuestas mínimas que ayudarían a que Colombia salga de la caverna en la cual ha estado durante décadas con respecto a la regulación de las relaciones laborales. Más aún, son propuestas que, al ser acogidas por el Gobierno e implementadas a cabalidad, abrirían nuevos espacios para que los trabajadores del país, a través de sus sindicatos, no sólo tengan derechos en la ley, sino que éstos sean protegidos por el Estado colombiano.

Acoger estas propuestas significará dar un paso importante de acercamiento a un escenario donde el Acuerdo de Paz que se negocia en La Habana tenga más posibilidad de volverse realidad. Porque si el gobierno no piensa en proteger los derechos fundamentales de los más de 21 millones de colombianos, ¿cómo puede atreverse a pensar en un país en post conflicto?

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