“Este es el momento para enterrar las EPS”, dice la CUT

—Entrevista con Witney Chávez, Secretario General de la CUT—
—También opina sobre la nueva ley de riesgos profesionales—

Witney Chávez es hoy el Secretario General de la CUT Nacional, pero hasta hace poco, y durante tres años, orientó el departamento de Seguridad Social y Salud Laboral de esta confederación sindical, por lo que es persona que conoce a fondo del tema, y cuyos conceptos son de interés en un momento en que se debate fuertemente el rumbo del sistema de salud colombiano, al que sus diversos actores, y especialmente el ciudadano de a pie, coinciden en calificar como fracasado.

Esta agencia de información conversó extensamente con Chávez, quien este fin de semana estuvo en Medellín participando del Encuentro Nacional de Comités Paritarios de Salud Ocupacional (Copasos) y de los Intersindicales de salud y trabajo, evento organizado por el departamento de seguridad social y salud laboral de la CUT, la subdirectiva de esta central en Antioquia, el Intersindical de Salud y Trabajo de Witney Chávez
Antioquia (INSISTA), y la Escuela Nacional Sindical.

En el encuentro se debatió la difícil coyuntura que atraviesa el país por cuenta de la crisis en los sistemas de salud y riesgos laborales, y se analizó la reciente Ley 1562 que reforma el sistema general de riesgos profesionales. Todo esto en el marco del Día Nacional de la Salud en el Mundo del Trabajo, que se conmemora este sábado en recuerdo de los trabajadores que fallecieron en la tragedia del Guavio, la cual tuvo lugar el 28 de julio de 1983 durante la construcción de los túneles de la represa del Guavio, debido a la imprevisión y las malas condiciones de trabajo. Allí, atrapados por un gigantesco derrumbe, perdieron la vida 150 trabajadores colombianos y algunos extranjeros.

Imagen del plantón realizado por algunas organizaciones sindicales frente a la regional del Ministerio del Trabajo en Medellín, con motivo de la conmemoración del Día de la Salud en el Mundo del Trabajo.

En la entrevista Witney Chávez se refiere a la visión que la CUT tiene sobre la crisis de la salud y las propuestas para cambiar el modelo, sobre la nueva ley de riesgos profesionales, los llamados Comités Paritarios de Convivencia que, por resolución, el gobierno recientemente ordenó crear en todas las empresas.

¿Cómo ve el sindicalismo la coyuntura que se presenta con la profunda crisis que afecta el sistema de salud?

Desde el movimiento sindical siempre se ha dicho que la Ley 100 es un fracaso, pero en este momento se registran cambios importantes en la percepción del problema por parte de otros sectores, como los medios de comunicación, los órganos jurídicos, el gremio médico, al ciudadano del común, etc.

En el terreno jurídico, por ejemplo, la Corte Constitucional planteó desde el 2008 dos temas esenciales en el tema del derecho a la salud. Uno es que éste debe ser universal, no ligado al pago, independientemente de que se cotice o no al sistema. Y dos, que la atención debe ser integral, o sea que al paciente hay que entregarle lo que necesita. Para acatar el primer tema el gobierno se demoró 4 años: unificó el POS del régimen contributivo y subsidiado. Pero el derecho a la integralidad no se ha ganado: seguimos amarrados a un POS, a EPS que niegan los servicios, a las dilaciones.

Otro elemento nuevo es que los organismos de control han actuado. Siempre se dijo que la plata se estaba perdiendo, que el ánimo de lucro no correspondía con la buena atención. Ahora los órganos de control han dicho que hay caos, hay investigaciones, sanciones a las EPS que han invertido los recursos en otros sectores diferentes a la salud, que niegan atenciones y suministros. Y eso es importante, porque una sociedad que no vigila el cumplimiento de los derechos está perdida.

Y por otro lado ya hay una conciencia social del desprestigio de las EPS, del fracaso de su misión porque el afán de lucro no va con la salud. Eso ha generado inconformidad en todos los sectores, y han surgido propuestas, mesas de trabajo intersectoriales, expresiones sociales, como grupo de pacientes y cosas así. Los mismos agentes del Estado: gobernadores, alcaldes y secretarios de salud han dicho que no se puede seguir con paños de agua tibia, ni sosteniendo que la Ley 100 y las EPS pueden funcionar bien con algunos ajustes. No, todo eso entró en crisis. Así que estamos en un contexto en el que los hospitales están al borde del cierre, los trabajadores de la salud tercerizados, los médicos menospreciados, el sistema ya no aguanta, la crisis tocó fondo. Estamos en un momento importante para una definición, es el momento de enterrar las EPS.

Frente a ese panorama, ¿qué salidas estructurales plantea la CUT?

Tres ideas básicas. La primera es reconocer la salud como un derecho humano fundamental. En la Constitución está formulado como un derecho social, y la Corte le fue incorporando el elemento de derecho fundamental en conexidad con el derecho a la vida. Pero esto debe ser desarrollado en una ley estatutaria que diga claramente que la salud es un derecho humano fundamental. En segundo lugar que el interés del negocio no prime frente al derecho, acabar la intermediación financiera, lo que significa eliminar algunos actores, en particular las EPS, para que el sistema sea asumido directamente por el Estado. Éste debe recoger toda la información que tienen las EPS, distribuir los recursos entre los agentes que prestan los servicios, con carácter universal, o sea sin diferenciaciones entre régimen contributivo y subsidiado. Las clínicas privadas deben seguir funcionando, porque tienen una experiencia y unos recursos que deben aprovecharse. Y la tercera idea es cambiar el modelo de atención curativo por uno preventivo, centralizado en el Estado, que a la vez es el regulador. Además la prevención es rentable para la sociedad, pero no para un actor individual como las EPS, que viven es del enfermo, no del sano, y por tanto no les interesa la prevención.

¿Y cuáles sería el curso legal para llegar a esas soluciones? Viene ganando fuerza, por ejemplo, la campaña por la Octava Papeleta, que recoge firmas para forzar la derogación de la Ley 100 y promover un nuevo modelo de salud y seguridad social. ¿Cómo acompaña la CUT este tema?

Esta campaña viene siendo liderada por el movimiento nacional de la salud que viene trabajando el tema desde la década del 90, sólo que ahora con la crisis tomó impulso. Pero es una de las varias propuestas que hay. También las federaciones médicas van a presentar al Congreso una propuesta de ley estatutaria; hay propuestas de varios senadores; los secretarios de la salud de los departamentos proponen que los giros vayan directamente a los hospitales públicos; están las conclusiones que han ido construyendo Sindes y Anthoc, los sindicatos del sector salud. Yo lo que veo es que van a confluir todas esas propuestas. La idea de los liderazgos sectoriales se está rompiendo, porque en este momento toca entenderse con las federaciones médicas, los sindicatos, los usuarios, que están orientando la discusión hacia dos salidas: una es la idea de un referendo, vía que se apoya más en la comunidad pero es más lenta. Otros han dicho que es mejor una ley estatutaria, que entra de una al Congreso.

¿Pero usted si cree que de un congreso tan desprestigiado, que no ha estado a la altura de las necesidades del país, salga una buena ley estatutaria?

El Congreso tendrá que definir si sigue de espaldas al país y asume más desprestigio, o se decide a responder a las angustias de la gente en materia de salud. Tiene esa oportunidad, como también la tiene el presidente Santos después de la fracasada reforma a la justicia. Así que estamos en un buen momento. Pero las discusiones parlamentarias tienen que ir acompañadas con la movilización callejera. La gente tiene que seguir en las calles presionando, demandando, y creo que esta vez vamos a ser escuchados.

Se habla de la crisis del sistema de salud, del de pensiones, pero poco se habla de la crisis del sistema de riesgos profesionales, o sea del modelo de las ARP. ¿Qué dice la CUT al respecto?

Los tres sistemas tienen una abuela común, que es la Ley 100. Ocurre que el sistema de riesgos profesionales, al que ya le han cambiado el nombre por el de riesgos laborales, está también privatizado, o sea es un negocio de las entidades financieras interesados en la rentabilidad, en la tasa de retorno, y no en prevenir los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesionales. Pero a diferencia de lo que pasa con la salud, en este tema no hay todavía una conciencia social, permanece muy oculto.

El gran problema es que no puede haber una política de riesgos laborales en un contexto de informalidad como el que hay en el país. Aquí los únicos que tienen un nivel de amparo en riesgos con algún fondo son quienes en los sectores público y privado están vinculados con un contrato de trabajo. O sea una minoría de la población: entre 6 y 7 millones de trabajadores. Hay 13 millones que no están en nada, sin ningún amparo. Hay que cambiar ese modelo, romper la informalidad, generar trabajo decente para que la mayoría de trabajadores puedan estar amparados en riesgos. Por eso las medidas que se adoptan siempre son paños de agua tibia, como la Ley 1562 que acaba de salir.

A propósito de esa ley, ¿qué opinión le merece?

Es una ley que hace cambios, introduce mayor inspección, pero deja otra vez por fuera a los trabajadores independientes y los informales, porque éstos van a tener que pagar una cuota por riesgos profesionales. Eso es absurdo. Si con un sueldo que muchas veces es menor al salario mínimo no pagan las cuotas de salud ni de pensión, cómo van a pagar ahora 30 o 40 mil pesos de cuota por riesgos profesionales, es imposible. Además hay empleos informales que son esporádicos. Hay un desamparo terrible.

Y hay otro aspecto: una cosa es atender a quien sufrió un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y otra, que es la fundamental, es cómo prevenirlo. En momentos en que hay tantas empresas pequeñas, micros y unipersonales, la prevención tiene que ser un compromiso directo del Estado, eliminando la intermediación de las entidades financieras. Porque si el Estado no orienta toda la política en ese campo, nadie lo va a hacer, y nosotros necesitamos una política de prevención, y en ese sentido los mismos criterios que priman para salud son válidos en riesgos: todo trabajador, dependiente o independiente, tiene derecho a una prevención, a una promoción y a unas garantías frente a las eventualidades de un accidente o una enfermedad.

¿Algo más sobre la Ley 1562?

Una preocupación en lo que tiene relación con los maestros. El magisterio estaba excluido del sistema de riesgos profesionales, ahora se le incluye. Es positivo que la ley establezca un manual de invalidez y programas de salud ocupacional. Así como en una fábrica hay comité paritario en una escuela debe haberlo también. En ese sentido la norma es un avance, pero si no va acompañada de los recursos necesarios vamos a tener problemas. Y ahí hay una preocupación: el artículo 21 de esta ley dice que el Fondo de Prestaciones del Magisterio tendrá que garantizar algunas cosas y eso hay que aclararlo. Si los recursos salen del Estado, o simplemente éste va a tomarlos de la plata que ya tiene el magisterio para salud. Vamos a apoyarnos de un equipo jurídico que analice el alcance de ese artículo.

A propósito del magisterio, ¿qué tanto la crisis del sistema de salud también está afectando a los maestros, pese a que éstos tienen un régimen diferente al de la Ley 100?

Los maestros no tienen que hacer copagos ni pagar cuotas moderadoras, y lo que el médico les prescriba hay que otorgárselos, son, entre otras, garantías que tiene su régimen especial. Pero ya hay serios problemas con eso. Los maestros y el Estado están colocando $1,4 billones, y los contratos de salud llegan a 800 mil, lo que quiere decir que hay una plata que no se mueve en el sistema, y es tal vez lo que explica que los servicios de salud del magisterio también se estén debilitando. Hay congestión y dilación, la consulta a un especialista se demora 2 y 4 meses, y los médicos son temerosos de formular medicamentos y procedimientos costosos. O sea que también han entrado en los mismos vicios y trampas de la Ley 100, donde todo está amarrado porque el intermediario es privado. Su régimen especial se está quedando en la teoría.

Finalmente, hace pocos días el Gobierno, por resolución, ordenó crear en cada empresa el llamado Comité Paritario de Convivencia (Copaco). ¿Cómo ve usted esa medida?

La estamos estudiando. En la Comisión Nacional de Concertación los empleadores, a través de la ANDI, dijeron que este mecanismo es muy engorroso, y proponen que el Comité Paritario de convivencia lo asimilamos a los Copaso (Comité paritario de salud ocupacional). Las centrales obreras no vemos prudente eso porque se trata de dos mecanismos muy distintos. Los Copaso están orientados a todo lo de prevención, promoción de la salud, detección de riesgos laborales y demás, asumen una responsabilidad específica en la que tienen que ganar especialización. Mientras que el Comité Paritario de Convivencia se refiere a otros casos, como el acoso laboral y las relaciones interpersonales dentro de la empresa, asuntos que requieren un nivel de especialización diferente. Ese tema hay que mirarlo con más detenimiento, porque así como tenemos problemas en salud, los tenemos también en las relaciones interpersonales.

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