CLARO no sólo monopoliza las telecomunicaciones, también es primera en precariedad laboral y violación a la libertad sindical

En momentos en que el Congreso de la República debate sobre la subasta para las nuevas tecnologías de Internet Móvil (conocida como 4G), y desde distintos sectores se escuchan voces que alertan sobre la posibilidad de que con esta subasta la multinacional CLARO consolide su posición monopólica y dominante en el mercado de las telecomunicaciones (hoy maneja el 62.3% del mercado y controla el 80% del volumen de llamadas por celular), bien vale la pena revisar otro aspecto igualmente cuestionable de esta multinacional: su clara política antisindical y la precariedad de las condiciones salariales y prestacionales que ofrece a sus trabajadores

En efecto, como se verá en detalle a lo largo de este informe, todo lo que implementa CLARO en materia laboral, es contrario el concepto Trabajo Decente que promueve la OIT.

Es una compañía que desde hace tres años impuso un pacto colectivo como estrategia para evitar el fortalecimiento de la organización sindical, al tiempo que abusa de la subcontratación y tercerización como estrategia para reducir costos laborales. Además, hace gala de una clara política antisindical, tanto que los pocos trabajadores que se han logrado organizar en un sindicato no tienen ninguna garantía, pues la compañía los mantiene reducidos a su mínima expresión, y mensualmente está despidiendo entre 10 y 12 sindicalizados, incluso cuando están amparados con fuero sindical, por lo cual ha sido multada en reiteradas ocasiones.

Pero antes de avanzar en este informe, demos una breve mirada a lo que es el conglomerado económico de Carlos Slim, al cual pertenece CLARO.

Una mirada al conglomerado Slim

CLARO pertenece al mexicano Carlos Slim, quien figura como el más rico del mundo, con una fortuna aproximada de 75.100 millones de dólares, construida a partir del control de empresas de telecomunicaciones y pequeños cable operadores que hacían parte del sector público, cuya privatización se inició en los años 90 como parte del proceso de desregulación económica promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Valga recordar que en los países de nuestra región, empresas similares a Telecom les fueron vendidas a compañías transnacionales, las cuales supieron aprovechar las débiles regulaciones respecto al uso del espectro electromagnético y de la órbita geoestacionaria. Además, multinacionales como Telefónica y América Móvil han sido beneficiarias de toda clase de gabelas tributarias para facilitarles los negocios y prosperar a costa del bolsillo de los ciudadanos y del uso del patrimonio público. Un ejemplo evidente de lo anterior, es que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a las transnacionales se les suprimió el impuesto que debían pagar por la repatriación de sus utilidades, un regalo que en el caso de CLARO le representó en el 2011 una ganancia de $141.675 millones, equivalente a unos 250 mil salarios mínimos mensuales.

América Móvil hace parte del denominado grupo empresarial Carso, del cual tiene el control absoluto Carlos Slim y su familia, a través de sus hijos: Marco Antonio, Carlos y Patrick Slim Domit. Actualmente esta multinacional se encuentra en 18 países de América, operando bajo la marca CLARO, filial de América Móvil, que nació de la integración de todas las filiales de Carso Global Telecom en el 2010. CLARO podría denominarse como el punto de consolidación en telecomunicaciones del Grupo Carso, ya que cuenta con una integración vertical y concentra servicios de telecomunicaciones en una sola marca (televisión, video, banda ancha, telefonía fija y móvil).

Según la revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, hoy América Móvil es la octava empresa en telecomunicaciones del mundo, y la empresa 112 del escalafón mundial. La siguiente tabla da cuenta del grado penetración y participación de mercado en telefonía celular de la empresa América Móvil en el continente. Se observa cómo es dominante en México, Colombia y Ecuador:

Fuente: América Móvil. Información a junio de 2012.

 

América Móvil llegó en 1994 a Colombia, donde comenzó a operar bajo la marca COMCEL, dedicada inicialmente a telefonía móvil. COMCEL es actualmente el proveedor de servicios inalámbricos más grande del país, y según cálculos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, controla el 62,3% del mercado colombiano. Por su parte, Telmex Internacional arribó a Colombia en 2004, luego de haber adquirido las acciones que tenía AT&T Corporation en el país, y su plan de expansión lo soportó en una serie de adquisiciones de cable operadores locales como Superview, Tv Cable, Cable Pacífico, Cable Caribe, Cable Centro, Megacanales y Teledinámica.

CLARO, la empresa en la que se fusionaron COMCEL y TELMEX, es la compañía del sector privado que hoy genera el mayor volumen de utilidades netas en Colombia: $2 billones en el 2011; con indicadores de rentabilidad que resultan envidiables: 18% sobre los activos, 59% de rentabilidad bruta, 39% de rentabilidad operacional y 26% de rentabilidad neta. Y apenas pagó el 11% de sus ingresos en impuestos para la nación.

Es tan grande el avance de las empresas de Carlos Slim en Colombia, que según el Boletín Trimestral de las TIC, publicado en mayo de 2012 por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a diciembre de 2011 Comcel tenía una participación de 20,24% en internet móvil, y un 62,38% en telefonía celular. Entre tanto, Telmex tenía una participación del 28,4% del mercado de banda ancha. De la misma manera, el Informe Anual de América Móvil reportó una participación a diciembre de 2011 del 49% del mercado de televisión por cable y el 11% en telefonía fija. Igualmente, es necesario resaltar que para América Móvil, Colombia es el tercer país en generación de ingresos, después de Brasil y México. Además, en términos de ingresos, representa el 8,8% de los ingresos del conglomerado en este continente.

El incremento de la participación de mercado de Telmex es impresionante, teniendo en cuenta que es una empresa que incursionó hace apenas 8 años en nuestro país. Con el agravante de que su posición casi monopólica tiene un costo elevado para los colombianos, sobre todo porque el monopolio permite cobrar tarifas más altas. Según un estudio de Fedesarrollo (citado por el economista Mauricio Cabrera en su columna del 17 de septiembre en el periódico Portafolio), esta falta de competencia tiene un costo para los colombianos del 0,8% del PIB anual.

Bajos costos laborales: el signo de CLARO

CLARO en Colombia cuenta, a través de sus dos marcas más representativas: Comcel y Telmex, con 9.706 trabajadores directos (4.338 de Comcel y 5.368 de Telmex), que en su mayoría se concentran en los departamentos de Cundinamarca, Valle, Antioquia y Atlántico. Pero también cuenta con un número indeterminado de trabajadores subcontratados y tercerizados.

Si tomamos sólo los trabajadores directos, los costos laborales totales en Comcel apenas representan el 2.8% de los ingresos operacionales y el 6.8% del costo de ventas, o costo de producción de los servicios que vende la compañía. En el caso de Telmex estos costos ascienden a 4.8% y al 6%, respectivamente.

Como se puede ver, tanto en Comcel como en Telmex los costos laborales son marginales en su estructura de costos, y son más bajos que en otras empresas del sector. La anterior afirmación es fácil de explicar si se tiene en cuenta carga prestacional, beneficios, bonos, auxilios, tablas de indemnización y primas extralegales que hay vigentes en las convenciones colectivas en empresas como ETB, UNE, EMCALI o Telefónica de Pereira. Así las cosas, resulta inaudito que dicho grupo empresarial haya empleado todas las estrategias posibles para impedir el ejercicio de los derechos de libertad sindical, que incluyen el derecho a asociarse en sindicato y a negociar sus condiciones de trabajo y empleo.

Persecución sindical y ausencia de Trabajo Decente

Aunque CLARO dispone de un código de ética que reúne las reglas y normas básicas de comportamiento de la compañía, que incluyen el respecto al derecho de asociación sindical de sus trabajadores, en la práctica su comportamiento en Colombia es contrario al concepto de Trabajo Decente que promueve la OIT, así como a lo establecido en los convenios 87 y 98 sobre libertad de asociación y negociación colectiva.

Telmex Internacional reportó en su Informe Anual 2011, que el promedio de sindicalización en las empresas que hacen parte del grupo en el continente es de 13,3%, que significó una reducción de 2,7% con relación a 2010, año en que ascendía al 16%. Por su parte, América Móvil reportó que el 57% de los trabajadores en el continente que hacen parte del grupo se encuentran cubiertos por un convenio colectivo.

Sin embargo, en Comcel no hay presencia de ninguna organización sindical, y en Telmex Colombia hace presencia la organización sindical Sintratelmex, que apenas cuenta con 190 afiliados (el 3,4% de los trabajadores en Telmex y el 1,9% de las compañías que integran CLARO en Colombia. Es decir, la tasa de sindicalización es inferior a la media de las compañías de Carlos Slim en el continente.

Pero pese a lo pequeño que es Sintratelmex, la compañía ha implementado una serie de medidas antisindicales con el fin de reducirlo al mínimo e incluso llevarlo a su desaparición. La convención colectiva que el sindicato firmó con la empresa quedó neutralizada con la imposición de un Pacto Colectivo, ya que ambos ofrecen prácticamente los mismos beneficios, con excepción de los puntos referidos a los permisos sindicales y algunos auxilios, pero nada significativo. Al respecto Yuli Higuera Nieto, presidenta de Sintratelmex, manifestó:

“Hace 3 años, cuando fundamos el sindicato, el mayor ataque de la empresa fue la imposición del Pacto Colectivo, y a cada trabajador que lo firmara le dieron un bono por 100 mil pesos. Así evitó la afiliación al sindicato de un gran número de trabajadores y trabajadoras. Lo primero que se les dice en la inducción a los nuevos que llegan a la empresa, es que no se pueden afiliar al sindicato porque hay Pacto Colectivo, y a quien se sindicaliza lo persuaden para que se retire. Además despidió a varios miembros de la junta directiva y a trabajadores con fuero circunstancial. Por eso en el 2010 la compañía fue multada por 42 millones de pesos por persecución sindical, y se le ordenó el reintegro de algunos de los despedidos. Pero eso no ha sido óbice para que siga con su política antisindical. Mensualmente viene despidiendo entre 10 y 12 trabajadores sindicalizados”.
Yuli Higuera Nieto.

 

Pese a todo lo anterior, y gracias al trabajo de afiliación que ha venido haciendo el sindicato, su membrecía ha crecido en los últimos meses, algo en lo que han “ayudado” las arbitrariedades que comete la empresa contra sus trabajadores, sobre todo los del área comercial y el personal que trabaja puerta a puerta, quienes vienen siendo sometidos a rebajas en sus comisiones y otras políticas laborales que han deteriorado sus salarios y bonificaciones. “Las diferencias en comisiones y salarios que tenemos con UNE y ETB, pueden ser del 50%”, dijo la dirigente sindical.

Algunos de las prácticas antisindicales más recurrentes en Telmex, son:

1. Despidos a dirigentes sindicales y de afiliados al sindicato, sin mediar debido proceso y sin respetar en el caso de los directivos el fuero sindical.
2. Violación al derecho de asociación, a través de la promulgación de un Pacto Colectivo en detrimento del derecho de negociación. El actual pacto colectivo firmado en Telmex tiene vigencia hasta el año 2013, y se calcula que están adheridos 1.100 trabajadores que representan el 20,4%.
3. El Pacto Colectivo vigente en Telmex, además de contener exactamente los mismos artículos de la convención colectiva, ha sido empleado para desestimular la afiliación sindical por parte de los responsables de gestión humana.
4. Persecución sindical y aislamiento de los dirigentes sindicales.
5. Acoso laboral y apertura de procesos disciplinarios sin cumplir los requisitos establecidos en la ley.
6. Impedimento al desarrollo de las actividades sindicales y la divulgación de la información elaborada por éste.

Las anteriores medidas han llevado a que Sintratelmex tenga una presencia marginal en la compañía, que esté a la defensiva y que la convención colectiva firmada con la empresa tenga un bajo grado de cobertura, con sólo el 3,4%. Tal situación, es más aguda si se compara con otras empresas similares del sector telecomunicaciones en Colombia. En UNE, por ejemplo, la cobertura de la convención colectiva entre los empleados directos es del 78% y en ETB ronda el 76,9%. El siguiente cuadro muestra tal fenómeno:

Pésimas condiciones laborales y salariales

La mayor parte de los trabajadores tienen un salario básico que es igual al mínimo legal, más una bonificación adicional que depende de los productos y servicios que cada uno debe vender, por lo que la incertidumbre respecto a los ingresos es total, un asunto que agrega un factor de estrés y de inseguridad en el trabajo. Otros beneficios extralegales, son prácticamente inexistentes o marginales.

El sorprendente crecimiento económico de CLARO se soporta en varias estrategias que afectan las condiciones laborales de los trabajadores de Comcel y Telmex, entre las que destacan: a) tercerización a gran escala en servicios como ventas, instalación y mantenimiento de redes, instalación de servicios, telemercadeo, legalización de contratos; b) bajos salarios; c) violaciones permanentes al derecho de asociación; d) incrementos permanentes de las metas comerciales en detrimento de las comisiones devengadas por los trabajadores; e) permanentes vulneraciones al derecho de negociación colectiva, entre otros.

Es tal la magnitud de la tercerización en CLARO, que se encuentran subcontratados desde la instalación de los servicios de televisión, internet y telefonía fija, hasta servicios como la atención al cliente. A pesar de que la instalación de las redes y de servicios en el hogar podría considerarse como un aspecto misional de CLARO, esta función está tercerizada a través de empresas como Sictel, Telcos, Sicte, Conectar, Decibeles, Telconsultores, Sicsa, entre otras.

También la comercialización de productos y servicios puerta a puerta y vía telefónica se encuentra subcontratada a través de empresas como Dico Telecomunicaciones, Intercol, Telcos y Sicte. El servicio de comercialización en centros comerciales se terceriza a través de la empresa Logitec. El telemercadeo lo subcontrata con la multinacional Atento. Incluso la radicación y legalización de ventas comerciales los terceriza a través de la empresa Data File S.A.

En algunos casos son dramáticas las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores tercerizados de ventas y de instalación de servicios, ya que no cuentan con un salario básico ni prestaciones sociales, sino que sus servicios son remunerados por el número de ventas o productos instalados.

Finalmente, para asegurarse sus excelentes resultados, CLARO práctica una política que va en detrimento de la estabilidad laboral, las garantías sindicales y las condiciones de trabajo decente, que se expresa en los siguientes aspectos:

· Despidos permanentes y sostenidos de trabajadores directos con el fin de remplazarlos por empleados tercerizados.
· Incumplimiento en el pago de sueldos a empleados tercerizados.
· Trato indigno a los trabajadores por parte de supervisores, mandos medios y gerentes.
· Aumento de las cargas laborales e incrementos de las metas comerciales de manera constante.
· Diferenciación de salarios entre trabajadores vinculados con la empresa y aquellos contratados por medio de cooperativas y empresas temporales.
· Trabajo obligatorio en días festivos sin el recargo correspondiente establecido en la ley, ni compensados con otros días de descanso.
· Reuniones laborales fuera de la jornada laboral (afectando otras actividades del empleado como el estudio o la crianza de sus hijos).

Pese al enorme poder económico del Grupo CLARO en Colombia, las compañías que lo integran han sido sancionadas permanentemente, no sólo por aspectos laborales, sino también por diferentes situaciones de tipo comercial. Entre enero de 2009 y abril de 2011 la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso 112 sanciones a Comcel por diferentes razones: publicidad engañosa, por impedir la portabilidad de usuarios, vender equipos con bandas cerradas, entre otras. Asimismo, Comcel ha sido castigada por emplear cooperativas de trabajo asociado, por incumplir las obligaciones laborales con los empleados tercerizados y por emplear terceros en funciones misionales. La más reciente sanción ocurrió en agosto del año en curso, cuando el Ministerio de Trabajo le impuso multa de $53 millones por contratar a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Los Cerros y la empresa Tercerizar S.A.S.

Telmex, por su parte, fue sancionada por Ministerio de Trabajo en septiembre de 2010 por la suma de $42 millones, por violación al derecho de libre asociación y por haber despedido a varios trabajadores afiliados a Sintratelmex. Pero a pesar de estas sanciones, las demandas por acoso laboral, persecución sindical, uso indiscriminado del pacto colectivo y por violaciones a los fueros sindicales, son la constante en Telmex.

La posición de la ENS

Desde la Escuela Nacional Sindical apoyamos a los senadores, periodistas y organizaciones sociales que han iniciado un debate público en relación con la licitación que se ha abierto en torno a la subasta de espectro para prestar los servicios de 4G LTE en el país, debate que pone en evidencia el papel monopólico que el grupo CLARO está asumiendo en el terreno de las telecomunicaciones.

Esperamos que en este debate se incluya un capítulo sobre la situación laboral y sindical en el grupo CLARO. En este sentido creemos que es fundamental fortalecer la capacidad del Estado para regular e intervenir en éste y otros aspectos de la actividad de las empresas, a fin de evitar que el poderío de compañías transnacionales, como CLARO, resulten subordinando los intereses de la nación y de los consumidores a sus intereses egoístas de acumulación.

En este sentido, es también deber del Estado intervenir para que estas compañías no abusen de la subcontratación y tercerización como estrategia para reducir costos laborales, a costa de la precarización de las condiciones de trabajo, y para proteger los derechos de libertad sindical que, como en el caso de CLARO, son hostilizados a partir del impulso a prácticas antisindicales y la utilización de un pacto colectivo impuesto por la compañía desde arriba, como una estrategia para evitar el fortalecimiento de la organización sindical.

La política de promoción del Trabajo Decente a la que se ha comprometido el Estado colombiano en la OIT, debería implicar la inclusión de un componente laboral en las licitaciones, como la subasta del espectro para prestar los servicios de 4G LTE en el país, en el sentido de que estas licitaciones deberían contener requisitos estrictos y verificables de condiciones de trabajo decente, un criterio que debería imponérsele a todas las compañías que aspiren a hacer uso del espectro electromagnético.

La posición de UNI América

Por su parte Adriana Rosenzvaig, Secretaria General de la UNI Américas, organización regional del sindicato mundial de los trabajadores del sector servicios, considera que la situación en materia de condiciones laborales y derechos sindicales de los trabajadores y trabajadoras de América Móvil en Colombia, repite un patrón que se observa en  otros países en donde la empresa tiene operaciones. Prevalecen condiciones laborales y salarios precarios, bajas tasas de afiliación, inexistencia de sindicatos, etc. Resultado de esto es que UNI Américas ha patrocinado quejas contra América Móvil ante la OCDE, las cuales están en proceso. Se destaca el caso de El Salvador, donde las presiones de la empresa sobre el gobierno llevaron a la disolución del sindicato y una campaña internacional de solidaridad obtuvo su relegalización.

Informó además la Rosenzvaig que el pasado 3 de agosto fue constituida en Ciudad de México la Alianza Sindical UNI América Móvil, la cual reúne a sindicatos de 10 países con el fin de promover los derechos sindicales en América Móvil, especialmente los derechos de organizar y negociar colectivamente. Esta Alianza tiene también como objetivo promover el diálogo social con la empresa a nivel regional.

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