Con 9 querellas la CUT presiona al Gobierno para ampliar plantas de personal en entidades estatales

Como el Gobierno Nacional se niega a ampliar las plantas de personal en las entidades estatales, desconociendo con ello lo pactado en el tercer Acuerdo Marco Estatal firmado a mitad de este 2017, la Central Unitaria de Trabajadores, con apoyo de los Centros de Atención Laboral (CAL), presentó ante el Ministerio de Trabajo un paquete de 9 querellas, 8 de ellas por parte de sindicatos de entidades del orden nacional y una contra la Personería Distrital de Bogotá.

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Todas estas querellas son por uso indebido de órdenes de prestación de servicios (OPS), la modalidad de contratación más difundida en las entidades estatales, en la mayoría de los casos de manera irregular.

La presentación de querellas en paquete es una de las estrategias que ha adoptado la CUT para combatir las OPS. Otra es que los pliegos de solicitudes que presenten los sindicatos del sector público tengan como punto principal la ampliación de plantas de personal y la consiguiente eliminación de las OPS, propósito que debe estar acompañado de movilizaciones ante el Congreso, alcaldías y gobernaciones para que modifiquen sus presupuestos y permitan la ampliación de las plantas.

Francisco Maltés, directivo CUT Nacional.

Francisco Maltés, directivo de la CUT Nacional, recordó que las condiciones laborales de las personas que trabajan por OPS no son iguales a las que tienen los trabajadores de planta. No tienen la posibilidad de afiliarse al sindicato de la entidad, no cuentan con permisos y fuero sindical, ni pueden negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.

Las OPS van en contra del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, que dicen que las entidades públicas no pueden celebrar contrato de prestación de servicios para realizar funciones o actividades permanentes y misionales, o que puedan ser desarrolladas por personal de planta, o que oculten verdaderas relaciones laborales. Prohibición que también establecen las sentencias de la Corte Constitucional C-614 de 2009, y C-171 de 2012, y la directiva presidencial N° 6 de 2014.

Las querellas presentadas

El Ministerio del Trabajo es la entidad competente para investigar y sancionar los casos de uso ilegal del contrato de prestación de servicios que esconden verdaderas relaciones laborales.

La siguiente es la lista de querellas que ante este despacho presentó la CUT el pasado 21 de noviembre, con el detalle del sindicato que la presentó y la entidad querellada:

Sindicato Entidad
1.    Sindeperbo: Sindicato de Empleados de la Personería de Bogotá. Personería  de Bogotá.
2.    Anseinfraestructura: Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Infraestructura Vial. Instituto Nacional de Vías-Invías.
3.    Asemext: Asociación Sindical de Servidores  Públicos del Ministerio de Comercio, Industria  y Turismo y sus entidades adscritas y vinculadas. Ministerio de Comercio, Industria  y Turismo.
4.    CUT: Central  Unitaria de Trabajadores de Colombia. Alcandía  Municipal de Palmira.
5.    Sintrauariv: Sindicato Nacional de Servidores Públicos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
6.    Sintrahospitalgeneraldemedellín: Sindicato de Trabajadores del Hospital General de Medellín. Hospital General de Medellín.
7.    Asmetrosalud: Asociación de Trabajadores y Empleados de Metrosalud Medellín. ESE Metrosalud.
8.    Ansemitra: Asociación Nacional de Servidores Públicos del Ministerio de Transporte. Ministerio de Transporte.
9.    Asdep y Asemdep: Asociación de Empleados de la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo.

 

Según Francisco Maltés, el Ministerio del Trabajo debe intervenir decididamente en la problemática de las OPS, teniendo en cuenta que es generalizada e involucra a las organizaciones sindicales como protectoras de los intereses de los trabajadores.

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Los inspectores del trabajo pueden advertir la existencia de un “contrato realidad”, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece el principio de la realidad sobre las formalidades, así como la Ley 1233 de 2008, el Decreto 2025 de 2011.

“Aspiramos a que la respuesta del Ministerio del Trabajo sea rápida, toda vez que hemos anexado todas las pruebas que demuestran que en las entidades querelladas hay tercerización laboral, precarización y poca estabilidad”, agregó Francisco Maltés, al tiempo que informó que la CUT también le ha pedido a la Procuraduría General que haga una vigilancia especial a estos procesos.

Los comités no funcionan

El Acuerdo Marco Estatal firmado a mitad de este año incluye la ampliación de las plantas de personal en 20 entidades del orden nacional y 10 del orden territorial.  Pero el Gobierno no ha integrado los comités bipartitos para hacer los estudios respectivos que respalden la ampliación de las plantas de personal, los cuales debieron conformarse desde agosto.

Y para colmo ya se aprobó el presupuesto general de la Nación del año 2018, en el que se presenta una reducción cercana a los $2 billones en el rubro para funcionamiento, con el cual se pagan los salarios. Esto significa que en el 2018 no habrá dinero para ampliación de plantas y se incumplirá el acuerdo estatal en ese punto. El presupuesto del SENA, por ejemplo, está desfinanciado en más de $500 mil millones”, puntualizó Francisco Maltés.

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Las entidades donde se acordó ampliar la planta de personal, pero el gobierno no ha cumplido son los Ministerios de Trabajo, Justicia, Transporte, Educación, Interior, Relaciones Exteriores; el Instituto Nacional de Medicina Legal, DIAN, Aerocivil, Invías, ICBF, SENA, Defensoría del Pueblo, Ideam, UNP, Inpec, ESAP, Superintendencia de Notariado y Registro, Agencia de Reincorporación y Normalización; lo mismo que las entidades que deben ser fortalecidas para la implementación del Acuerdo de Paz.

Maltés llamó también la atención sobre los 8 proyectos de ley que reposan en el Congreso de la República que tratan de la implementación de la carrera administrativa en sectores como salud, ciencia y tecnología, y la ratificación de varios convenios de OIT. “El Gobierno ha dejado a su suerte estos proyectos en el Congreso, sin hacer ningún esfuerzo para que se tramiten y se aprueben”, señaló el directivo de la CUT.

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