Retirado proyecto de ley que eliminaba estabilidad laboral reforzada para trabajadores discapacitados
Fue retirada de la agenda legislativa del Congreso de la República el proyecto de ley 018 de 2015, que eliminaba la estabilidad reforzada para los trabajadores en situación de discapacidad, toda vez que suprimía el control previo de los despidos de estas personas por parte del Ministerio del Trabajo.
El retiro de este proyecto constituye una buena noticia para las y los miles de trabajadores en situación de discapacidad, por cuanto pretendía dejar sin vigencia el artículo de la Ley 361 de 1997 que establece evaluación administrativa de los despidos de estos trabajadores, a fin de protegerlos contra actos discriminatorios por parte de los empleadores; sin que ello implique que cuando haya justa causa el trabajador con discapacidad no pueda ser despedido. En otras palabras, no implica impunidad sino una revisión previa.
Sin embargo, el proyecto 018 no fue archivado del todo, ya que sus ponentes quedaron con el compromiso de presentar en la próxima legislatura un nuevo proyecto que incluya las observaciones planteadas por las organizaciones sociales y sindicales.
Este proyecto, se recuerda, fue presentado hace más de un año por senadores y representantes del Partido de La U, encabezados por Roy Barreras y José Caicedo, quienes argumentaron que el objeto del mismo era favorecer a los trabajadores discapacitados, ya que la existencia del fuero de estabilidad reforzada del que gozan lo que hace es generar desempleo para ellos. De hecho, lo titularon “Proyecto de promoción del acceso al trabajo para personas con discapacidad”.
Pero para sus opositores, entre ellos varias organizaciones sociales y de discapacitados, y el grueso del movimiento sindical, era un proyecto con “piel de oveja” cuando en realidad era un “lobo”. Tal como estaba redactado, los trabajadores discapacitados quedaban en riesgo de perder su empleo, ya que la eliminación de la autorización previa del Ministerio de Trabajo facilitaba su despido.
En Colombia, de acuerdo con el último censo, hay 2´624,898 de personas con alguna discapacidad, que representan el 6,33% de la población. Pero el 68% de ellos no tiene empleo, pero más por efecto de la ausencia de medidas de inclusión y ajustes locativos al interior de las empresas, que por el fuero de protección reforzada establecida en la legislación, según lo afirma Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y él mismo persona con discapacidad.
Para este profesional, el proyecto que se presente a la próxima legislatura debe tener un enfoque de inclusión, pero no mediante la eliminación del fuero de estabilidad reforzada, sino con ajustes y adecuación de los espacios laborales para el efectivo goce del derecho al trabajo por parte de la población con discapacidad, estableciendo conexiones con la regulación prevista en la Ley 1618 de 2013 y acciones afirmativas para la remoción de barreras que impidan el acceso al trabajo para esta población.
La Ley 1618 es la que recoge la convención de Naciones Unidas de 2006 sobre personas con discapacidad, y establece obligaciones no solo para los patrones sino para la sociedad en general, en el sentido de hacer ajustes locativos razonables en las empresas, rediseños de determinados espacios, y el fomento de fórmulas como el teletrabajo, a fin de facilitar el desempeño de estas personas, quienes regularmente tienen problemas de accesibilidad comunicativa, física y visual en los lugares de trabajo.
Fue clave la movilización sindical
El proyecto de Ley fue retirado en la Comisión VII del Senado (12 votos a favor por cero en contra) gracias a la oposición de organizaciones sindicales y de personas con discapacidad, quienes defendieron la pertinencia del mecanismo de estabilidad reforzada y lograron hacerse oír en esa célula legislativa.
Entre los sindicatos que más participaron con sus argumentos en el debate y manifestaron su posición mediante cartas, estuvieron Sintrametal, Unitralag y Sintralpina, Sintrabel, Unitrapelpak, Sintraemcocables, Fetramecol, Utracun, Sintragmcol, Unecol, Sintraintalpel, Utibac Tocancipá, Sintravidricol Cogua, Sintrainagro Las Minas, Sintrafec, Sintrapazdelrio, entre otros. También hicieron presencia en el recinto legislativo asociaciones de trabajadores enfermos y discapacitados del Meta, Huila, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Meta, La Guajira y Antioquia.
Pero el sindicalismo y las organizaciones que defienden los derechos de los discapacitados deben permanecer alertas, toda vez que todavía hay dos proyectos de ley que siguen vivos en el Congreso y que pretenden legislar sobre el tema.
Uno es el proyecto de Ley 002 de 2015, por medio del cual «se reconoce la protección especial de estabilidad reforzada laboral a los trabajadores que se encuentren en situación de pre-pensionados”, proyecto que se encuentra pendiente para 4º y último debate.
El otro es el proyecto de Ley 62 de 2014, por medio de la cual “se implementan medidas de estabilidad reforzada para personas que tengan a su cargo el cuidado y/o manutención de personas en condición de discapacidad”. Éste está inactivo desde mayo de 2015, cuando se publicó la ponencia para segundo debate.