Salarios, pobreza y mercado interno

—Documento para la discusión en torno al incremento del salario mínimo—

Por Héctor Vásquez F.
Escuela Nacional Sindical
En los últimos 10 años el incremento promedio del salario mínimo apenas fue de 0.7%, si comparamos estos incrementos con el índice de precios al consumidor (IPC) para la población de ingresos bajos. En tres oportunidades los incrementos han sido negativos: 2002: -0,92%; 2003: -0.74%; y 2009: -1.72%. Y la economía colombiana creció 4% en promedio, más que los ingresos de los trabajadores, lo que ha resultado en una pérdida de participación de las remuneraciones en el PIB y, por tanto, en una desmejora en la distribución del ingreso.
Para este mismo período, sólo en dos ocasiones ha sido posible concertar el incremento del salario mínimo, y en relación con la política salarial y laboral, ésta nunca ha sido concertada con los trabajadores y sus organizaciones. Lo que significa que en relación con un tema fundamental de la política pública, el Diálogo Social no funciona.
En este punto, el gobierno no cumple con el mandato constitucional, que en el artículo 56 ordena la creación de una Comisión permanente para “concertar las políticas salariales y laborales”. Ni tampoco promueve el mandato de la Ley 278 de 1995 sobre las funciones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que en sus artículos 3 y 4 le da facultades a esta Comisión para “fijar de manera concertada la política salarial, teniendo en cuenta los principios constitucionales que rigen la materia”, y “fijar de manera concertada el salario mínimo, el cual debe garantizar una calidad de vida digna”.

Ingresos laborales, Producto Interno Bruto (PIB) y mercado interno

Cuadro 1. Elementos de la demanda final en el territorio nacional. (Precios Corrientes Cifras en miles de millones de pesos)

Fuente: DANE. PIB oferta y demanda, anexos estadísticos de demanda.

En el 2010, el mayor componente del Producto Interno Bruto (PIB) lo constituyó el Consumo de los Hogares, que representó el 63% del PIB total. En tanto que la formación bruta de capital representó el 23%, y las exportaciones apenas el 15.7%.

La estructura del PIB colombiano ha tenido dos variaciones significativas en 11 años: se incrementó la participación del componente denominado “formación bruta de capital”, que pasó del 15% en 2000, al 23% en 2010, con un promedio del 20% en toda la década; incremento que ha coincidido con el auge de las inversiones que en este período se han estado haciendo en el país, principalmente en el sector minero; y disminuyó la participación del Consumo de los Hogares, que pasó del 69% al 63%, con un promedio del 66% en toda la década.

Hasta ahora, las estrategias que han dominado la política pública para buscar el crecimiento económico, han sido las de promover una política de exportaciones y la de incentivar la inversión extranjera (“confianza inversionista”), y la de contener y/o disminuir los costos laborales. Con estos objetivos se hizo la apertura económica en los años 90; se disminuyeron costos laborales a través de dos reformas laborales (Ley 50 de 1990 y Ley 789 de 2002); se modificó radicalmente la estructura tributaria del país, disminuyendo impuestos y creando zonas francas especiales; y se han firmado hasta ahora 9 tratados de libre comercio (TLC).

Lo que hasta ahora no han ensayado las élites dominantes del país, y esto es lo que refleja la política salarial, es una estrategia que se proponga fortalecer el mercado interno, mejorando ingresos y condiciones de trabajo a través del fortalecimiento de la demanda de los hogares y de los ingresos de los trabajadores, del fortalecimiento de los sindicatos y de la negociación colectiva. Lo que tendría un impacto positivo en la distribución de los ingresos, mejorando nuestra posición en el concierto de las naciones, en el que figuramos como una de las sociedades más desiguales del planeta.

Cuadro 2. Producto Interno Bruto – Por Ingresos (%). Serie 2000 – 2009p, Base 2005

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. Resultados generales Base 2005 (Serie 2000-2009p) cálculos de la ENS.

Como lo muestra el cuadro anterior, de cada 100 de PIB, las remuneraciones totales de los trabajadores asalariados, incluyendo los pagos a la seguridad social, representan apenas el 32.19%. En tanto que la participación total del capital (subvenciones, excedente bruto de explotación y el ingreso mixto) es del 57.65%, un indicador que coincide con el Coeficiente de GINI, que se ubica en 0.57 y que expresa una enorme desigualdad en la distribución del ingreso.

Colombia podría tener un PIB mayor si le apostara a fortalecer el mercado interno. El país ocupa el puesto 27 en población, el puesto 28 en magnitud del PIB, y el puesto 77 en PIB per cápita. Comparado con países de la región, Brasil tiene un PIB que es 4.9 veces el de Colombia, México, 3.8 veces. Argentina 1.5 veces.

Algunos de estos países, como el caso específico de Argentina, han tenido tasas de crecimiento del PIB cercanas al 10% anual, y la razón no ha sido solamente el precio de una materia prima como la soya, coyuntura que también la ha tenido Colombia en sus exportaciones de petróleo y carbón, sino que le ha agregado un elemento fundamental: mejorar los ingresos de la población e incrementar el número de personas que pueden clasificarse como de clase media. Y lo ha logrado fortaleciendo los proceso de negociación colectiva entre sindicatos y patronos, un factor que ha permitido mejorar los salarios de los trabajadores. Ha reconocido también una pensión mínima a toda la población adulta mayor; ha estableciendo como derecho un ingreso por familia para asegurar la permanencia de los niños en la educación, con una diferencia con respecto al modelo de “familias en acción “ que funciona en Colombia: allá es universal y no está sujeto al manejo clientelista del gobierno y de los partidos en que se sustenta.

Fortalecer el mercado a través del mejoramiento de los ingresos de los trabajadores permitiría, además, crearle condiciones propicias a las famiempresas ya las micro y pequeñas empresas para su inclusión en la economía formal, y para que la mayoría de estas empresas tengan condiciones para pagar el salario mínimo y afiliar sus trabajadores a la seguridad social.

Una buena parte de la informalidad en Colombia no la causa el salario mínimo, como interesadamente nos lo quieren hacer creer los ideólogos neoliberales. Si este sector de empresas y de empleadores no cumple con la legalidad laboral, se debe sobre todo al lugar que ocupan en la estructura económica del país y a las condiciones que les imponen las grandes empresas, que no les deja márgenes suficientes de rentabilidad para que asuman estos costos.

El tamaño de la economía colombiana y su capacidad para generar trabajo formal y con derechos, puede verse a partir del siguiente dato: en Colombia la mayor proporción de los ingresos operacionales está concentrada en muy pocas empresas. Según la Superintendencia de Sociedades, los ingresos operacionales de las 24.674 empresas inscritas en 2010, representan el 78.13% del PIB y 1.24 veces el consumo de los hogares de ese año. Sin embargo, el 20% de la empresas del informe de la SUPERSOCIEDADES, menos de 5.000 de todo el país, concentra el 88% del total de los ingresos. Lo que quiere decir que el tamaño del mercado interno apenas da para que un pequeño grupo de empresas, en su mayoría grandes empresas pertenecientes a unos pocos grupos económicos nacionales (grupo empresarial antioqueño, Ardila Lule, Sarmiento Angulo, el grupo Mundial y otros), o a empresas transnacionales, cubran sobradamente las demandas del mercado interno. Estos datos son indicativos del tamaño del mercado y del evidente impacto negativo que tiene sobre cerca del 60% de las empresas, que les impide superar la situación de informalidad en que se encuentran, particularmente a las MIPYMES.

Con las grandes empresas que dominan el mercado interno es que el resto debe competir su presencia en el mercado, y ubicarse un espacio en él que les deje algún nicho donde prosperar, o ligarse de alguna manera a la cadena de subcontrataciones que estas empresas imponen y controlan, lo que ACOPI, el gremio que agrupa a los pequeños industriales califica como “un entorno hostil a la formalización”, que les impide formalizar su actividad y contratar trabajadores en condiciones de Trabajo Decente

Las condiciones económicas para que puedan desarrollarse las MIPYMES, es decir, las condiciones que le aseguren a este grupo de empresas márgenes de rentabilidad suficientes para cubrir los costos de su formalización y el cubrimiento de los derechos laborales de los trabajadores que contratan, resultan claves para que el 26.23% de los trabajadores informales que están en la categoría de “empleado particular”, y el 7.74% de los informales que figuran como “patrón o empleador”, según los datos del DANE, puedan efectivamente salir de esta condición.

La mitad de la población trabajadora por debajo del mínimo.

En la baja participación de los ingresos laborales en el PIB incide también el hecho de que la mitad de la población trabajadora ni siquiera devenga un salario mínimo. Según el DANE, de la población que le informa sus ingresos en la Encuesta Continua de Hogares, en el 2010 el 50.5% tenía un ingreso inferior a un salario mínimo legal (SML), el 26.42% menos de medio SML, y 24.08% entre medio y menos de un SML. Entre un SML y menos de 1.5 SML se hallaba el 25.14% de la población trabajadora; y entre 1.5 SML y menos 2 SML, el 9.61%.

Cuadro 3: Niveles de ingresos laborales por ramas de actividad económica, 2010.

Otras ramas*: Explotación de minas y canteras. Suministro de electricidad, gas y agua. Intermediación financiera. Actividades inmobiliarias Fuente: DANE, Gran Encuesta integrada de hogares 2010

Que la mitad de la población trabajadora tenga un ingreso inferior a un salario mínimo legal mensual, es un problema que tiene relación con el alto índice de trabajo informal que existe en el país (58% según el DANE). Pero también está relacionado con la falta de una fuerte y eficaz política de inspección del trabajo, que permita vigilar y castigar a los empleadores que no cumplen con las obligaciones legales que se desprenden de la relación laboral y del contrato de trabajo.

Colombia presenta un nivel de inspectores del trabajo absolutamente insuficiente: 424 para todo el país, según el Ministerio de Protección Social (MPS). Estos inspectores no tienen tiempo ni recursos para vigilar y asegurar que los empleadores cumplan efectivamente con sus obligaciones.

En los informes del MPS al Congreso de la República no aparece una sola sanción a empleadores por incumplimiento de la norma del salario mínimo, una ausencia que se repite en relación con las obligaciones de aportar a la seguridad social y de afiliar a los trabajadores, campo en el cual también se observa profundas falencias, como lo muestran los niveles de aseguramiento en salud, riesgos profesionales y pensiones, que tiene una cobertura de trabajadores afiliados cotizantes activos de apenas el 44%, 32% y 31%, respectivamente, situación sobre la cual tampoco existen reportes en los informes del MPS.

Ingresos laborales, pobreza y cambios en la metodología para medir pobreza

En el último año, Colombia modificó la metodología para medir la línea de pobreza. En el 2010, la línea de pobreza en el país estaba situada en un valor de $291.457 por persona para todo el país, y en $327.091 por persona para las 13 áreas metropolitanas. Esto significaba que para que en el 2010 un hogar (que en las estadísticas del DANE lo conforman 4 personas) cubriera la línea de pobreza, debería haber tenido un ingreso equivalente a $1.165.828 para todo el país, y de $ 1.308.364 para las 13 áreas metropolitanas. O lo que es lo mismo: contar con un ingreso por hogar de 2.26 SML en el primer caso y 2.54 SML en el segundo.

Cuadro 4. Ingresos laborales promedio mes, 2010.

Otras ramas*: Explotación de minas y canteras. Suministro de electricidad, gas y agua. Intermediación financiera. Actividades inmobiliarias. Fuente: DANE, Gran Encuesta integrada de hogares 2010.

Estos valores no los cubría ni el ingreso laboral promedio, que para todo el país en el 2010 estaba en $719.000 (1.39 salarios mínimos mensuales), ni menos los ingresos laborales del 50.5% de la población ocupada, que estaba por debajo del mínimo; ni tampoco los hogares colombianos, que en promedio contaban con apenas 1.7 personas ocupadas por hogar.
Ahora bien, si se miran los niveles de ingreso por sectores económicos (cuadro 4), nos encontramos con situaciones bastante graves en sectores como agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura; y el de Comercio, hoteles y restaurantes, en los cuales el 74.84% y el 54.92% de los ocupados, respectivamente, tenían ingresos inferiores a un salario mínimo legal mensual; y en cuatro sectores, o secciones económicas, más del 90% de la población ocupada percibía ingresos laborales inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales. Estos sectores requieren de una atención especial por parte del Ministerio del Trabajo, para asegurar que a los trabajadores y trabajadoras les cumplan con sus derechos laborales.

Los sectores con mayor proporción de trabajadores y de trabajadoras con ingresos superiores a dos salarios mínimos son los de servicios comunales, sociales y personales, donde se ubican los trabajadores del Estado; y el de “otras ramas”, donde están ubicados los trabajadores del sector financiero y de la gran minería del carbón, el níquel y el petróleo.

Por debajo del promedio nacional se ubicaron los sectores de agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, con un ingreso promedio de $409.000; comercio, hoteles y restaurantes, con $615.000; construcción con $650.000; y los sectores del transporte, almacenamiento y comunicaciones con un ingreso promedio de $705.000.

En promedio, las mujeres tenían un ingreso laboral inferior en un 19.03% al de los hombres, una diferencia que sería de casi 32 puntos si excluyéramos los ingresos de las mujeres que trabajan en el sector de la construcción, que por ocupar cargos administrativos y de dirección, principalmente, cuentan con un ingreso promedio mayor que el de los hombres.
En este sentido, el Convenio 131 de 1970, (que no ha sido ratificado por Colombia) y la Recomendación número 135 de la OIT) establecen, entre otros, que para la fijación del salario mínimo deben tenerse en cuenta las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias, el nivel general de salarios en el país, y el costo de vida y sus variaciones.
En 2011 el Gobierno, a través de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y la Desigualdad (MESEP), cambió la metodología para medir la pobreza. Este es un recurso que ya había sido utilizado por el gobierno anterior, y que el actual acaba de perfeccionar, con resultados que, según la Misión, “muestran tendencias similares a la de la metodología anterior, con algunas diferencias importantes: menor nivel de pobreza moderada, pobreza extrema similar, levemente inferior y componente rural más elevado, y  desigualdad del ingreso similar (levemente inferior)”.
Con la nueva medición, el resultado es una nueva línea de indigencia para 2010: $73.984 urbano y $60.968 rural; y una nueva línea de pobreza: $177.562 la urbana y $106.084 rural. Esto quiere decir que si antes, para que un hogar cubriera la línea de pobreza requería de un ingreso equivalente a $1`308.364 para las 13 áreas metropolitanas, ahora sólo necesita $710.248.
Así que no ha sido por políticas de distribución del ingreso y de la riqueza que se ha reducido la pobreza; ni ha sido por el mejoramiento de las condiciones de empleo y de trabajo, ni por el mejoramiento de los ingresos, ni menos por una reforma agraria que haya distribuido la tierra o restituido la propiedad de los casi 4 millones de desplazados, que el país obró el milagro de reducir en 19 puntos porcentuales la pobreza, lo que supuestamente ha puesto a la mayoría de la población colombiana en el nuevo escenario de “la prosperidad democrática”.

La estructura de la producción en Colombia y los costos laborales

Al analizar la estructura de la producción en Colombia (cuadro 5), que define el cálculo del valor de la producción o de los servicios elaborados por las empresas durante el año, encontramos que, en promedio, de cada $100 de producto las remuneraciones totales de los trabajadores y trabajadoras (salarios, más prestaciones legales y extralegales, más seguridad social, más parafiscales) apena representan el 19% del total; que la mayor parte del producto: el 45.7%, está representado por el Consumo Intermedio; y que la nueva riqueza generada a través del trabajo, o Valor Agregado, representa el 54.3%.

El Consumo Intermedio se define como el valor de todos los insumos consumidos durante el año en las labores del establecimiento. El Valor agregado corresponde al valor de los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial), participantes en el proceso de trabajo durante el período estudiado. Representa, por tanto, la nueva riqueza que se genera a través del proceso de trabajo.

Cuadro 5: Costos laborales y estructura de la producción de las ramas de la economía colombiana (%) en 2010.

Fuente: DANE, Cuenta de producción, y generación de ingreso por ramas de actividad económica, 2009. Cálculos de la ENS.

La industria y la construcción son los sectores con mayor incidencia del consumo intermedio: 66.8% y 51.76% respectivamente, y por tanto los que presentan menor índice de valor agregado: 33.2% y 48.25% respectivamente. En tanto que minas y canteras y el sector de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, son los que menos participación tienen de este factor: 21.98% y 23.36%, respectivamente, los que los coloca con el mayor valor agregado generado.

Para el total de las ramasde la economía, los costos laborales o la remuneración total de los trabajadores, representa apenas el 19% del valor de la producción bruta, en tanto que la remuneración del capital (excedente bruto de explotación más el ingreso mixto) representa el 33.96%.

Los sectores con mayor incidencia del costo laboral en el valor del producto, son aquellos en donde la mano de obra, y no el capital, son dominantes, como el sector de las actividades de servicios sociales, comunales y personales, sector donde se ubican los servicios de salud, educación y los servicios que presta el Estado.

El sector con menor participación del costo laboral en el valor del producto es el de minas y canteras, con una participación de 8.24 por cada 100 de valor de producto. Le sigue electricidad, gas y agua, con el 9.65%; la construcción con el 10.42%, y la industria manufacturera con el 11.03%.

Se podría decir, entonces, que los costos laborales no son en ningún sentido relevantes para la competitividad de nuestra economía, y que por tanto no tienen efectos significativos las estrategias conducentes a reducir la participación de este factor en el valor de la producción. En cambio, sí tendría un efecto relevante sobre la competitividad del país actuar sobre los componentes del consumo intermedio, como materias primas, maquinaria y equipos y servicios públicos, etc., por la incidencia que estos factores tienen en el valor de los productos o servicios que se generan, que para toda la economía representan 2.4 veces el costo laboral total. Por tanto cualquier reducción en ellos, o una mejor eficiencia y productividad en su utilización, si tendrían un impacto sobre los precios y sobre la competitividad de las empresas.

Reducir costos laborales tampoco incrementa el valor agregado, pero si la parte de éste que los propietarios de las empresas se apropian para ellos bajo la forma del excedente bruto de explotación y del ingreso mixto, lo que traería como consecuencia un empeoramiento de la distribución del ingreso.

Diálogo social y concertación del salario mínimo:
oportunidad de encontrar caminos para la prosperidad

Colombia presenta un enorme déficit en materia de diálogo social y concertación, lo cual se demuestra claramente con la situación de la negociación colectiva y la negociación del salario mínimo.
Respecto del primer factor, la negociación colectiva es prácticamente inexiste, pues tan sólo en el 4% de las medianas y grandes empresas existe algún convenio colectivo de trabajo, y apenas en el 2.4% éste convenio se firmó con algún sindicato. Y respecto de la cobertura de los convenios, éstos apenas benefician al 5.35% de las persona que potencialmente podrían negociar sus condiciones de trabajo y empleo, o al 2.48% de la población ocupada.
Y respecto del salario mínimo, el único tema del que se ocupa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la concertación ha fracasado en la mayoría de las veces, pues en los últimos 10 años tan sólo en dos ocasiones ha habido acuerdos en esta comisión. Los demás años ha sido el gobierno el que ha decretado su incremento de manera unilateral, para lo cual ha desestimado completamente los argumentos de los sindicatos, y tan sólo se ha basado en las propuestas de los gremios de los empleadores y en las directrices del Banco de la República.
El resultado es lo que tenemos: una población trabajadora que percibe un salario y unos ingresos laborales que nos sitúan como una de las sociedades más desiguales y pobres del planeta, con una muy baja participación de las remuneraciones en el producto interno bruto, lo que ha configurado un mercado interno dominado por muy pocas empresas que favorece la economía informal.
Así que esta es la ocasión para hacer del Diálogo Social y de la concertación una oportunidad para encontrar salidas a la exclusión social y caminos para la prosperidad y para el desarrollo. Aunque los trabajadores que se benefician directamente del salario mínimo no alcanzan el millón, indirectamente su incremento se toma como referencia para el incremento de todos los salarios de la economía, lo que puede resultar en un fortalecimiento del mercado interno que le cree condiciones a miles de empresas para salir de la informalidad.

 

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