Resumen del mes de abril de 2014

Agencia de Información Laboral de la ENS (AIL)

13 informes publicó la AIL durante abril, de los cuales los 5 más relevantes fueron los siguientes:

 

—Balance los 3 años de vigencia del Plan de Acción Laboral Obama-Santos: 3 años de incumplimiento, dicen las centrales sindicales colombianas y la AFL-CIO de Estados Unidos.

—El presidente Santos perdió el año con los trabajadores, balance laboral y sindical del cuatrienio 2010-2013.

—Sintracarbón amplía su radio de acción. No solo está presente en la minería del carbón a cielo abierto, también tiene ya afiliados en la minería de socavón del interior del país.

—Aún falta un largo camino para la reparación colectiva al sindicalismo colombiano.

—Multinacional Prosegur volvió a imponer Pacto Colectivo “comprando” y amenazando trabajadores.


Publicado 7 abril

3 años de incumplimiento del Plan de Acción Laboral Obama-Santos

“De las 37 medidas que el gobierno colombiano se comprometió a adoptar (previo a la firma del TLC con Estados Unidos), 7 no han sido implementadas aún, y de las otras 30 que se adoptaron, varias se pueden calificar como parciales e insuficientes”, se lee en el informe que sobre el Plan de Acción Laboral Obama–Santos presentaron las centrales sindicales colombianas CUT y CTC, y la AFL-CIO, principal confederación sindical de Estados Unidos, con el apoyo técnico de Escuela Nacional Sindical y la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio (Recalca).

El informe afirma que el Gobierno de Colombia ha estado más interesado en congraciarse con el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, que en adoptar políticas públicas que transformen la dramática realidad laboral y sindical de nuestro país, la cual se pone de presente con altos índices de informalidad, tercerización, precariedad laboral, prácticas antisindicales, violencia antisindical e impunidad de los crímenes cometidos contra sindicalistas (73 asesinatos durante la vigencia del PAL), aspectos estos que han seguido invariables en los 3 últimos años, e incluso en algunos se ha retrocedido. En suma, el PAL poco les ha servido a los trabajadores colombianos y a sus organizaciones sindicales.

El  informe  fue acompañado de una declaración política que, aparte de las centrales sindicales mencionadas, firman la Unión Sindical Obrera (USO), IndustriALL-Américas, UNI-Américas, UITA-Américas, ISP-Américas, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Capítulo Colombia, Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG), International Labor Rights Forum (ILRF), y Corporación Viva la Ciudadanía.

De otro lado, las centrales sindicales colombianas y la AFL-CIO reiteraron su rechazo al TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos. Consideran que merece una seria revisión, toda vez que a casi dos años desde la entrada en vigencia del TLC, el daño macroeconómico a Colombia ha sido profundo. Solo en el primer año de vigencia de este acuerdo las exportaciones a Estados Unidos cayeron 15 .5%, mientras las importaciones desde EEUU crecieron a casi el mismo porcentaje.

Asimismo, expresaron su indignación por la manera en que el Gobierno vendió el PAL, que fue presentado como un medio eficaz de protección de los derechos de los trabajadores, pero nunca existió la voluntad política para asegurar su aplicación plena. El PAL comprometía al Gobierno Colombiano a adoptar 37 medidas dirigidas a resolver problemas surgidos por la debilidad de la institucionalidad encargada de investigar y sancionar la intermediación laboral mediante el uso generalizado e ilegal de Cooperativas de Trabajo Asociado: la ausencia de control a las Empresas de Servicios Temporales, las SAS y otras formas de tercerización laboral; el uso antisindical de pactos colectivos, las masivas violaciones a la libertad sindical que no son sancionadas ni restablecidas; la ausencia de regulación en materia de servicios públicos esenciales; el asesinato y amenazas a dirigentes sindicales, y la impunidad de los miles de crímenes cometidos contra sindicalistas.

Ante tal panorama, las organizaciones sindicales que suscribieron el documento consideran urgente que los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia asuman 3 compromisos:
– Extender el período para el seguimiento a la implementación del PAL por 4 años.
– Conformar una comisión independiente cuya tarea sea monitorear el cumplimiento de cada una de las 37 medidas del PAL, la cual estaría conformada por representantes de los congresos de ambos países, la Confederación Sindical de las Américas, las centrales sindicales de Estados Unidos y Colombia, y representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de los derechos laborales y sindicales.
– La presentación por parte del Gobierno Colombiano de un balance completo de la implementación del PAL y su sometimiento a discusión pública y al análisis en la Comisión Permanente de Concertación de las Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL).

 


Publicado 30 abril

El presidente Santos perdió el año con los trabajadores
—Balance laboral y sindical del cuatrienio 2010-2013—

El Plan de Desarrollo del presidente Santos, “Prosperidad para Todos”, tenía como metas el crecimiento de la economía a 6,2%, el crecimiento de los ingresos y la disminución de la tasa de desempleo a un digito, además la creación de 2,4 millones de empleos nuevos hasta 2014 y la formalización de 500.000 puestos informales.

Luego de 4 años de gobierno el panorama es desalentador. Según informes presentados por las centrales sindicales y la ENS en la antesala del 1º de Mayo, perdura la desigualdad, la informalidad, la tercerización, la precariedad laboral, la desprotección social, las prácticas antisindicales, la violencia antisindical y la impunidad de los crímenes cometidos contra sindicalistas. Además el empleo que se está generando es precario, no garantiza los mínimos derechos laborales. Y Colombia continúa como uno de los países más desigual de la región. La tasa de pobreza extrema en 2010 era de 12,3% y en 2013 se ubicó en 9,1%, mientras que en la zona rural pasó de 25,0% a 19,1%.

En 2013 el empleo sólo creció en 1,7%, o sea se crearon 352.000 nuevos empleos, menos de la mitad de los que se generaban en años anteriores. El 79,2% de los ocupados se concentra en dos posiciones: empleado particular y los trabajadores por cuenta propia, estos últimos representan el 42,8% del total de ocupados. Esta categoría hace parte de lo que la OIT considera empleo vulnerable. Y en materia de ingresos, el 45,33% de los ocupados recibe un salario mínimo legal, o menos.

Si bien el número de cooperativas de trabajo asociado disminuyó, hubo crecimiento de trabajadores vinculados mediante Empresas Temporales y contratos sindicales. Si en 2010 los vinculados mediantes estas tres formas “atípicas” de contratación eran 1´136.016, en 2012 el acumulado fue de 1´140.606, lo que supone un aumento de la intermediación laboral. El sector salud ha promovido falsos sindicatos para firmar contratos sindicales.

En 2013, la tasa de desempleo de las mujeres fue 12,7%, mientras que la de los hombres fue de 7,4%. La tasa de desempleo juvenil sigue siendo superior al promedio de América Latina, ubicándose en 15,5%.

En 2013 menos de la mitad de la población ocupada cotizaba a un régimen contributivo de salud (47,4%). En afiliación a pensiones los avances no han sido significativos: menos de la tercera parte de los ocupados cuenta con esta protección. Y en afiliación a riesgos laborales la situación es alarmante: más del 60% de la población ocupada no tiene esta protección.

Continúa la violencia contra sindicalistas. En los 4 años del gobierno Santos fueron asesinados 139 sindicalistas, hubo 57 atentados de muerte, 18 desapariciones forzadas, y 1.634 amenazas, sin que existan avances significativos en las investigaciones, no se inician juicios ni se logren condenas y capturas. Persiste la impunidad.


Publicado 28 abril.

Sintracarbón amplía su radio de acción: ahora
tiene dos subdirectivas en Cundinamarca

Por casi 30 años Sintracarbón ha tenido jurisdicción en la minería del carbón a cielo abierto de la Costa Atlántica, especialmente en El Cerrejón. Por eso llama la atención su reciente fusión con Sintracoal, sindicato de base de la compañía norteamericana Columbia Coal Company, que, con cerca de mil trabajadores, explota carbón en minas de socavón de los municipios de Guachetá y Cucunubá, al norte de Cundinamarca, interior del país.

Tal fusión no solo requirió que los trabajadores afiliados a Sintracoal la aprobaran, sino el aval de la presidencia de la central sindical CTC, dado que Sintracoal, antes de la fusión, era filial de ésta, mientras que Sintracarbón es de la CUT.

En palabras de Miguel Morantes, presidente de la CTC, la fusión se hizo considerando la importancia que para el movimiento sindical tiene el aglutinamiento de trabajadores en grandes sindicatos de Industria, que les permita defender en mejores condiciones sus derechos y reivindicaciones; y Sintracoal era un sindicato pequeño, el único de la CTC en el sector del carbón.

La meta de Sintracarbón, ahora que cuenta con estas dos nuevas subdirectivas en el interior del país, es fortalecerse y aumentar su membresía. “El paso que ha dado Sintracarbón le permitirá avanzar en su acciona sindical en Cundinamarca y Boyacá, que se suma al trabajo histórico que ha realizado en La Guajira y Cesar, para formar un gran sindicato del carbón”, señaló Carlos Bustos, Coordinador en Colombia de Industri-All Global Union.

Por su parte Jairo Quiroz, presidente de Sintracarbón, considera muy importante para este sindicato ampliar el radio de acción a la región cundi-boyacense, donde laboran unos 30 mil mineros rasos de pequeñas y medianas empresas, en condiciones laborales muy precarias y con muy poco presencia sindical.


Publicado 9 de abril

Aún falta un largo camino para la reparación
colectiva al sindicalismo

La conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, es buen momento para examinar en qué va el tema de la reparación de las víctimas en el sindicalismo, entendidas éstas no solo como las personas y familias que individualmente sufrieron afectaciones, sino también las organizaciones sindicales como sujetos colectivos víctimas, y que por tanto son objeto de reparación.

La reparación colectiva es un tema priorizado para el sindicalismo, en tanto entiende que la violencia les ha restado lugar a las reivindicaciones sindicales, ha debilitado sindicatos en número y en capacidad de negociación, ha desaparecido sindicatos, ha aniquilado convenciones colectivas, ha deshecho huelgas y movilizaciones, ha aportado a la construcción de una cultura antisindical, ha limitado capacidad para oponerse a leyes y reformas contrarias a los intereses de millones de trabajadores y trabajadoras. Pero más grave aún, ha restado al sindicalismo la posibilidad de impulsar propuestas que transformen la realidad de las y los trabajadores en Colombia.

El sindicalismo debe generar sus acuerdos, preparar sus propuestas, y dar debates de fondo que están pendientes ¿Cuál es el universo de víctimas a reparar? ¿Cuáles son los hechos victimizantes que se busca reparar en medio de este proceso? ¿Cómo entiende la institucionalidad la violencia antisindical?

La reparación colectiva, si es consecuente con el daño causado, tiene como reto aportar a la reconstrucción del sindicalismo en Colombia. Esta aspiración, aunque consignadas parcialmente en la Ley 1448 de 2011, excede ese marco legal y requieren un compromiso serio y voluntad política del Gobierno. Pasa por el reconocimiento de la existencia de una violencia antisindical sistemática, no explicada sólo por la existencia del conflicto armado.

Es necesario que la caracterización del daño colectivo y la reparación al sindicalismo se haga teniendo en cuenta distintos niveles de afectación: a las y los trabajadores, a las organizaciones sindicales de manera particular; teniendo en cuenta las regiones, las confederaciones y al movimiento sindical en general, con la participación de las organizaciones sindicales víctima. En Colombia 483 sindicatos han sido afectados por la violencia.

Se espera que el proceso que se adelanta tenga en cuenta el amplio panorama de la violencia antisindical y extienda la convocatoria, de manera que sindicatos no representados por los voceros y voceras de las centrales sindicales, que han sido afectados por la violencia, e incluso exterminados, puedan participar. Es pertinente que no haya víctimas sin vocería, y que se garantice la representación de las diversas expresiones al interior del sindicalismo.


Publicado 5 de marzo 2014

Multinacional Prosegur volvió a imponer Pacto Colectivo
“comprando” y amenazando trabajadores

La multinacional española Prosegur volvió a imponer Pacto Colectivo “comprando” y amenazando trabajadores. Mil dólares es la suma que esta vez ofrece a cada trabajador sindicalizado para que renuncie al sindicato y a la convención colectiva, y se acoja al Pacto Colectivo que renovó en diciembre pasado.

Tal denuncia la hizo Fidel Hugo Alfonso, presidente de Sintravalores, sindicato de base de Prosegur, quien por tal motivo interpuso ante la Fiscalía denuncia penal contra el representante legal de la compañía, por violación del derecho de asociación sindical, algo que está tipificado como delito en el Código Penal. Asimismo, entabló querella administrativa (una más) ante el Ministerio de Trabajo, por trato discriminatorio, trabas al derecho de asociación y violación de la convención colectiva.

Es otro episodio más del conflicto laboral que se vive en esta compañía (una de las más grandes del sector de la seguridad en Colombia) desde el 2010, año en que, apelando a “triquiñuelas” jurídicas, se negó a negociar la convención colectiva con el sindicato, y en cambio impuso un Pacto Colectivo.

Como resultado de tal andanada antisindical, Sintravalores se debilitó y desmembró. De tener 550 trabajadores beneficiarios de la convención colectiva, pasó a tener hoy 134; una lamentable situación para una organización que tiene 47 años de existencia.

Prosegur, una de las empresas más grandes del sector de la vigilancia y seguridad del país (todo el grupo empresarial tiene más de 10 mil trabajadores, según Alfonso), no escatima ningún recurso, por “delirante” que sea, para acabar con lo que queda de Sintravalores.

Publicado 5 de mayo de 2014

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