En respuesta a un artículo de Jorge H. Botero, presidente de Fasecolda

Por Héctor Vásquez F.
Analista Escuela Nacional Sindical

El presidente de Fasecolda, Jorge H. Botero, en un reciente artículo (Periódico Portafolio, julio 2 de 2014) advertía sobre las consecuencias negativas que traería para el país “fijar los salarios sin considerar la evolución de la productividad”, pues, según él, hacerlo “reduce la demanda de empleos formales, empuja los trabajadores a la informalidad, produce estancamiento de la productividad y pérdida de competitividad de la economía”.

Según Botero, en Colombia todavía “mantenemos una política de salario mínimo anacrónica, (la cual debería definirse) teniendo en cuenta exclusivamente la inflación y las ganancias en productividad”; productividad que “en el 2012 era la misma de 1991, cayó continuamente hasta el 2003 y a partir de entonces, inició una gradual tendencia de recuperación”.

Esta advertencia la hace Botero, porque según él, “en la pasada campaña presidencial se hicieron propuestas osadas sobre la determinación de los salarios que, de ser adoptadas, pondrían en riesgo una exitosa política de formalización laboral.

Tal pareciera que para Botero el único determinante de la productividad y competitividad de nuestra economía son el salario y los ingresos de los trabajadores, un factor que hace parte del pilar “Eficiencia del mercado laboral”, de la que hacen parte “la flexibilidad en la determinación del salario” y la “relación entre salario y productividad”, factores que Colombia son definidos de manera unilateral por los patronos, en la medida en que han impedido o debilitado la organización de los trabajadores en sindicatos; y las “prácticas de contratación y despido”, que son completamente flexibles a favor de las empresas, a través de la práctica generalizada de acudir a la subcontratación, al empleo temporal, o a los contratos de prestación de servicios, factores que desmienten completamente la supuesta “rigidez del mercado laboral”.

Botero deja de lado las demás variables que determinan el Índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial, factores todos en los que Colombia se raja en el ranking mundial de competitividad, ocupando el puesto 69 entre 147 países:

  • La variable 1, de requerimientos básicos, que conjuga los pilares de Instituciones, Infraestructura, Estabilidad Macroeconómica (que incluye tasa de cambio) y Salud y Educación Primaria.
  •  La variable 2, de Promotores de Eficiencia, que incorpora los pilares de Educación Superior y Capacitación, Eficiencia del Mercado de Bienes, Eficiencia del Mercado Laboral, Sofisticación del Mercado Financiero, Preparación Tecnológica y Tamaño del Mercado.
  • Finalmente la variable 3, de Factores de innovación y sofisticación, que incorporan los pilares de Sofisticación Empresarial e Innovación.

En un artículo que analizaba la posición de Colombia en el ranking de competitividad del FEM, Rafael Orduz indicaba “que las economías menos avanzadas son aquellas basadas en recursos humanos de baja calificación y recursos naturales, principalmente”, y que para ser competitivas en tal estadio de desarrollo, las economías tienen unos requisitos mínimos, que son los asociados a la variable 1, indicando que “la baja productividad de tales economías es absorbida por los bajos salarios que la mano de obra productiva recibe”.

Los resultados de las pruebas PISA y el lugar que ocupan nuestras universidades en el ranking de mejores universidades en Latinoamérica, nos sitúan como un país con recursos humanos de baja calificación. La calidad de nuestra infraestructura, (autopistas, puertos, ferrocarriles), y el hecho que el 58.4% de nuestras exportaciones sean petróleo y carbón, es decir, principalmente recursos naturales, nos indican que somos una economía propia de la variable 1, en la que “la baja productividad de tales economías es absorbida por los bajos salarios que la mano de obra productiva recibe”.

En efecto, una característica de la economía colombiana es la baja participación de las remuneraciones del trabajo en el PIB y en el valor agregado, o la nueva riqueza que se genera en el trabajo. El último informe sobre Formación del Ingreso elaborado por el DANE (2012), así lo confirma:

Participación
Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Producto interno bruto 100 100 100 100 100 100
Remuneración a los asalariados 32.0 31.7 32.8 32.7 31.4 32.2
Excedente bruto de explotación 32.7 34.0 33.9 34.3 36.0 35.6
Ingreso mixto bruto* 24.0 23.5 22.9 22.3 21.6 21.4
Total capital 56.7 57.5 56.8 56.6 57.6 56.9
Valor agregado 100 100 100 100 100 100
Remuneración a los asalariados 35.2 34.7 35.7 35.7 34.4 35.3
Excedente bruto de explotación 35.9 37.2 36.9 37.5 39.5 38.9
Ingreso mixto bruto 25.726.4 24.9 24.4 23.7 23.4
Total capital 62.4 62.9 61.8 61.8 63.2 62.3

Fuente DANE, cálculos de la ENS.

Esta baja participación de las remuneraciones en el producto y en el valor agregado, se expresan también en el coeficiente de GINI, que indica la desigualdad de los ingresos, que va de 0, absoluta igualdad, a 1, desigualdad absoluta, y que nos coloca como uno de los países más desiguales del planeta y el tercero en América Latina.

Según el DANE, en 2013 el GINI registró 0,539 puntos a nivel nacional. Se presentó un aumento en los dominios de cabeceras y trece áreas metropolitanas. En las cabeceras, el coeficiente GINI se situó en 0,517, en comparación con 0,514 de 2012. Por su parte, en las trece áreas el GINI fue 0,505 en 2013, frente a 0,499 en 2012.

Esta posición de Colombia en materia de distribución del ingreso contrasta con la que tienen los países más competitivos del planeta: Suiza, primero en competitividad, con un GINI de 0.287; Finlandia tercero, GINI 0.254; Alemania, cuarto, GINI 0.283; Suecia, sexto, GINI 0.248; Holanda, octavo, GINI 0.254; Noruega, 11, GINI, 0.226. Estos países comparten además una característica: los sindicatos, la negociación colectiva y el Diálogos Social tienen una amplia implantación y aceptación en el sistema de relaciones laborales, factores todos ellos que son claves para la distribución del ingreso, contrario a los que existe en Colombia, donde la presencia de estos factores es marginal en el sistema de relaciones laborales y en la cultura del empresariado.

Como lo ha indicado Salomón Kalmanovitz citando a Richard Wilkinson: “A mayor desigualdad se reduce la expectativa de vida, empeoran los índices de salud, se incrementa la mortalidad infantil, aumentan los homicidios, la justicia se torna más punitiva hasta permitir la pena de muerte, aumenta la población carcelaria, se deterioran la escolaridad y aumenta la deserción, mientras que se reduce la movilidad social (padre rico da lugar a hijo rico y padre pobre a hijo pobre)”.

Para las élites empresariales a las que se dirige Botero, su advertencia tiene una enorme carga ideológica, en el sentido de prevenirlas contra cualquier cambio que afecte su estatus, en este caso sus ganancias y el estilo de vida que derivan de ellas, no la competitividad de sus empresas. Pues como se desprende de la manera como se distribuye el valor agregado, hay espacio para mejorar remuneraciones, lo que tendría un efecto positivo sobre el tamaño del mercado, al incrementar el consumo de los hogares, el factor más incidente en el crecimiento del PIB desde la perspectiva de la demanda; y sobre la calidad de vida de los trabajadores, al mejorar su alimentación, su salud, su educación, lo que al mismo tiempo los hace más productivos, factores todos que combinados hacen más productivas a las empresas y más competitivo al país.

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