Los retos del nuevo ministro de trabajo

Por: Verónica Tabares Muñoz

Subdirectora (E) ENS

El reciente nombramiento de Luis Eduardo Garzón como Ministro de Trabajo puede interpretarse como una buena señal para las y los trabajadores, pues se trata del nombramiento de una persona que viene del movimiento sindical y conoce bien la realidad del trabajo en el país, y seguramente va a generar confianza en diversos sectores sindicales a través de acciones contundentes en la promoción del trabajo decente.

Son muchos los retos que tiene esta cartera, principalmente relacionados con la formalización, la protección de las libertades sindicales y la necesidad de revertir la cultura antisindical que se mantiene en el país.

Es menester que esta cartera cumpla un contundente papel en la formulación y dirección las políticas de generación de empleo, de seguridad social y de formación para el empleo. Además, debe fortalecer su capacidad para hacer cumplir los derechos laborales mediante la inspección del trabajo y promover y fortalecer los actores del diálogo social, asunto en el que se esperaría sea de gran importancia la experiencia del nuevo ministro.

Deberá tener también la suficiente capacidad para responder al conjunto de retos laborales y sindicales del momento, y cumplir con los estándares mínimos fijados por los convenios de la OIT y las recomendaciones de la Misión del Alto Nivel de la OIT que visitó el país en febrero de 2011, pues aún hay asuntos pendientes.

Hoy vale la pena recordar las tareas pendientes y deudas que el Ministerio de Trabajo tiene con las y los trabajadores:

1. Implementar políticas promotoras y protectoras de empleo:

En la agenda del país es central la superación del déficit de trabajo decente. Es decir, el trabajo con contrato laboral, seguridad social, libertad de asociación, negociación y huelga debe ser una prioridad. Se requiere un gran pacto social que redefina los objetivos del desarrollo económico, el papel del Estado y de las empresas, y que ponga el trabajo decente en el centro de la política social. Podría ser el inicio del cumplimiento de la promesa del Estado Social consagrado en el Constitución del 91.

Según las metas de empleo planteadas por el gobierno Santos en 2010, se crearían 2,4 millones de empleos nuevos hasta 2014, lo que se cumplió parcialmente, pues se crearon 1´822.000 empleos en el cuatrienio y buena parte de éstos en condiciones precarias. Esta es una deuda con los trabajadores que se debe saldar. Para este nuevo período se esperaría que, por lo menos, se cumpla la nueva meta de 2,5 millones más de nuevos empleos sin precariedad y de calidad.

Y de manera particular se deben garantizar las condiciones de trabajo decente para las mujeres. Debería ser tema de especial atención para el Ministerio de Trabajo la realización de inspecciones en materia de discriminación contra las mujeres, adoptar indicadores de trabajo decente con perspectiva de género y fomentar la equidad de género en el mundo del trabajo mediante la concertación de políticas públicas y garantizar el acceso de las mujeres al empleo en condiciones de trabajo decente.

Para tomar decisiones acertadas en este sentido, será necesario mejorar el conocimiento y la información sobre el empleo de la que dispone el Ministerio, esto requerirá el rediseño concertado de las encuestas que realiza el DANE relacionado con las condiciones de empleo, de tal manera que todas las facetas del trabajo decente propuestas por OIT sean incluidas.

2. Impulsar la formalización del empleo:

Se requieren procesos de diálogo social, estrategias de reforzamiento de la inspección laboral, sancionar formas de intermediación laboral ilegal, campañas de sensibilización y formación a servidores públicos, empresarios, sindicalistas y trabajadores sobre el Trabajo Decente y la libertad sindical, y promover pactos sectoriales tripartitos por el Trabajo Decente. Un importante paso sería formalizar el trabajo al interior del mismo Ministerio del Trabajo, en el SENA y promoverlo en el conjunto de las instituciones del sector público.

3. Fortalecimiento del sistema de inspección laboral:

Un importante reto para el nuevo ministro es hacer efectivo un sistema de inspección laboral en Colombia, para esto se requiere de las condiciones materiales y los medios humanos suficientes.

Por ello es necesario contar con un número de inspectores suficiente, que deben llegar a 2.000 por lo menos; inspectores capacitados y especializados, con competencias para enfrentar las distintas situaciones de riesgo y vulneración de los derechos laborales, con la autoridad suficiente para hacer efectivas sus decisiones, convenientemente remunerados al mismo nivel de los jueces laborales, en carrera administrativa, con independencia y controles a sus actuaciones y que dispongan de los materiales e insumos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Además es necesario hacer inspección preventiva. Estas medidas deben tener un impacto significativo en el ejercicio de la libertad sindical y en la reducción de la ilegalidad en materia laboral.

4. Fortalecer su papel en la garantía de las libertades sindicales:

Es de vital importancia que el Ministerio del Trabajo promueva y defienda las libertades sindicales en Colombia, pero que además sancione sin titubeos el uso ilegal de los pactos colectivos y planes de beneficios, y juegue un papel importante en la discusión sobre el derecho de huelga en el país.

Debe además, jugar un papel destacado en la reparación colectiva al movimiento sindical, entendida ésta, principalmente, como la oportunidad de transformar las condiciones de trabajo y libertades sindicales, tomando todas las medidas para remover la cultura antisindical que vive el país, por ejemplo, con campañas de comunicación permanentes, foros, seminarios y publicaciones que expliquen el lugar fundamental del sindicalismo en la democracia.

5. Fortalecimiento de un sistema de justicia laboral:

Debe asegurarse un sistema ciudadano de denuncias, que resuelva los obstáculos que las y los trabajadores y las organizaciones sindicales encuentran para denunciar, tales como líneas de atención con horarios adecuados para los trabajadores, reserva de los datos de los denunciantes, entre otros.

Además debe garantizarse el acceso a la justicia (en el caso de querellas laborales ante el Ministerio de Trabajo) en condiciones de celeridad, implementar medidas que descongestionen los casos represados, y que se garantice imparcialidad para proteger los derechos de las y los trabajadores.

El nuevo Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, tiene el conocimiento, la trayectoria y la capacidad política para, a partir de un amplio proceso de diálogo social, convertir la agenda del trabajo decente en una agenda del país, que sin duda contribuirá a la construcción de una paz duradera.

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