La crisis de los países y los desafíos democráticos

Carlos A. Rodríguez Díaz
Especialista Principal OIT-ACTRAV

Es preciso reconocer que durante el 2009 los gobiernos del Cono Sur, acogieron y pusieron en práctica un conjunto de políticas macroeconómicas contra-cíclicas para estimular la actividad económica frente al rigor de la crisis.

Esas medidas utilizaron como principal instrumento la expansión del gasto y la inversión pública, motivando la creación y defensa del empleo y ampliando las condiciones de protección de los trabajadores, mediante una extensión del seguro de desempleo o a través del aumento de la cobertura de programas de salud o de transferencias.

Complementariamente con lo anterior, es preciso reconocer como experiencias de la crisis, la importancia de tener ministerios de Trabajo y sistemas de seguridad social funcionando y la necesidad de articular las instituciones públicas que definen las políticas financieras y macroeconómicas con las que se ocupan de las políticas socio-laborales y la activación de fórmulas de diálogo, que permitieron adoptar medidas compartidas para enfrentar los efectos de la recesión.

La evidencia muestra que los cinco países del Cono Sur, adoptaron decisiones heterodoxas, encaminadas a fortalecer el mercado interno y a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Veamos:

Argentina: Materializó programas destinados a enfrentar los problemas derivados del mercado laboral. Entre ellos se destacan; el Programa Procedimiento Preventivo de Crisis, PPC, y el Programa de Recuperación Productiva, REPRO, que se sustentan en el desarrollo de relaciones laborales colectivas.

En el caso del programa PPC, el mecanismo se basa en la negociación y acuerdo entre las partes, con mediación del Estado para decidir medidas que limiten los despidos y las suspensiones. En el programa REPRO, se otorga a los trabajadores de las empresas adheridas a este, una suma fija mensual hasta por doce meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral.

Brasil: La política de valorización del salario mínimo y las transferencias condicionadas, a través del programa Bolsa Familia, han sido dos de las principales políticas seguidas para enfrentar la crisis. Ellas han permitido, fortalecer la demanda en el mercado interno y sostener el nivel de ingresos de los sectores más vulnerables de su población, así como disminuir las desigualdades de ingresos entre hombres y mujeres y entre personas de distinto origen racial.

Chile: En el marco de la Ley sobre responsabilidad fiscal en el 2006, se creó el Programa de contingencia contra el desempleo, el cual vincula la política fiscal con las políticas de mercado de trabajo, generando un instrumento de carácter anti-cíclico.

Este complemento, permite que junto al programa, operen una serie de medidas como inversiones en infraestructura, estímulos a la inversión, transferencias directas a los hogares más pobres, seguros de cesantía y subsidios a la contratación de mano de obra.

Paraguay: Para el 2009-2010, definió un Plan de Reactivación económica, que tiene como objetivo defender el empleo a través de obras públicas y crédito del sector privado; proteger a los sectores más vulnerables a través del sistema de transferencias condicionadas para aumentar los recursos para educación y salud y apoyo financiero a la agricultura familiar, las PYMES y MYPES y asegurar liquidez para el buen funcionamiento del sector financiero.

Uruguay: Implementó un Programa de Preservación de Empleos, mediante la reducción de la jornada laboral combinada con capacitación. Así mismo, se diseñó un plan orientado a evitar que las empresas afectadas por la crisis despidan o envíen al Seguro de Desempleo a sus trabajadores.

Pese a que por primera vez en décadas, la política fiscal de muchas economías de la región fue anti-cíclica, hoy se hace urgente reforzar o concretar Acuerdos Nacionales de Trabajo Decente o Pactos Mundiales por el Empleo, porque se requiere de una reactivación económica con generación de empleo, máxime cuando este año tendremos en la región, 18 millones de desempleados, 189 millones de pobres y 76 millones de indigentes.

Ahora nos enfrentamos a una nueva fase de la crisis financiera relacionada con la deuda, que pone en peligro las posibilidades de crecimiento de algunos países, porque puede afectar la economía mundial y vuelve a sembrar la incertidumbre, poniendo en riesgo la estabilidad democrática.

Esta situación se agrava por la ilógica reacción de los mercados financieros de ejercer presión sobre los países más endeudados de Europa para que reduzcan gastos sociales.

En esta nueva fase de crisis, el tripartismo y el diálogo social están sometidos a fuerte presión como resultado de la continuada crisis de empleo y la desigual recuperación. Por tanto, los logros en materia de seguro al desempleo, cobertura en salud, transferencias y todos los otros, hay que defenderlos con ahínco.

Además, si los sectores más pudientes de la sociedad celebran con euforia la recuperación y los más desprotegidos no ven cambios en su beneficio, la reacción social será inevitable. Por ello, coincidimos en que resulta indispensable que para la generación de empleo los gobiernos muestren la misma determinación y disposición que tuvieron para salvar los bancos.

El proceso de especulación financiera que llevó a una crisis mundial, empeoró las condiciones de trabajo y vida de millones de personas, con la complicidad de las agencias de calificación de riesgos, de gobiernos y de organismos reguladores. El sistema financiero fue salvado por los gobiernos con el dinero de todos los contribuyentes y mediante la conversión de las pérdidas privadas en deuda pública. Ahora, los mismos especuladores financieros vuelven a enriquecerse, atacando las deudas de las naciones con la ayuda de las mismas agencias de calificación.

Así las cosas, como desafíos democráticos es preciso lograr que la economía financiera esté al servicio de la economía real y la calidad del crecimiento este asociada con la generación de empleo decente y ésta sea una meta macroeconómica prioritaria.

También hay que propugnar porque los objetivos de la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente se materialicen, ya que asumir el trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y cuenten con remuneración adecuada y protección social, es la materialización de una aspiración de los trabajadores.

Hoy se requieren de indicadores de impacto para debatir e impulsar efectivas medidas contra cíclicas y no solo de carácter compensatorio frente a la continuada crisis. En esta perspectiva, la AHTD acordada en el 2006, formuló cuatro objetivos que recordamos:

Promover y cumplir las normas, principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Crear mayores oportunidades para mujeres y hombres con ingresos y empleos decentes.
Realzar el alcance y la eficiencia de la protección social para todos.
Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.

En momentos en los que algunas voces ventilan la idea de que ésta será la década de América Latina, se ve la necesidad de dar cumplimiento a los objetivos de la AHTD, a que haya crecimiento con empleo, a que se amplié la cobertura de la negociación colectiva y se fortalezca la democracia, porque, a propósito del Bicentenario, si hace dos siglos se encabezó la lucha contra el colonialismo, hoy corresponde, junto con otros, ser pioneros en la búsqueda de un modelo con equidad social y democracia económica, política y social.

Santiago de Chile, octubre 15 de 2010.

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