Formalización laboral: un reclamo de los trabajadores y una necesidad del país

Por Fabio Arias Giraldo
Fiscal Nacional de la CUT
 
Cerca del 70% de los trabajadores colombianos, descontando los desempleados, están por fuera de las normas del Código del Trabajo y de la OIT. Es decir: 13 millones de colombianos no tienen una protección social integral.

La mitad de estos trabajadores son independientes o cuenta propia, y la otra mitad son trabajadores vinculados mediante formas deslaboralizadas, como Cooperativas de Trabajo Asociado o a través de contratistas.

A esta situación se agrega el hecho de que el 80% de los trabajadores son pobres, en razón a que devengan menos de dos salarios mínimos, y el 50% menos de un salario mínimo. Así se consolida un panorama de empleos de bajos ingresos sin protección social integral y sin las mínimas garantías de la ley y las normas de la OIT. Es decir, sin salud general y ocupacional, sin pensión, sin cesantías, ni primas, ni vacaciones.

Esto ha tenido repercusiones catastróficas en la situación de salud general de los colombianos y la desatención del adulto mayor, dado que las cotizaciones para la protección social son mínimas o inexistentes por causa del cuadro de informalidad laboral.

No sobra advertir, además, las implicaciones que sobre el desenvolvimiento general de la economía tienen las bajas remuneraciones y la precariedad en el empleo, pues ello determina una falta de recursos en la población para promover un consumo y una producción que logren una verdadera reactivación de la economía y el mercado interno, determinando un perverso círculo vicioso de desempleo, pobreza, precariedad y subdesarrollo económico.

Frente a todo lo anterior, valga decir que también ha repercutido gravemente en la disminución de la afiliación sindical, situación que los trabajadores y sus organizaciones sindicales han reclamado como violación de la ley frente a las instituciones nacionales y a nivel internacional en la OIT, así como frente a la comunidad internacional, gobiernos, sindicatos de la CSI, la CSA y ONG.

Tal situación hasta el momento no ha tenido buen suceso, y que de persistir el nuevo gobierno de Santos en una propuesta de formalización laboral como la que el país ha conocido, representará un nuevo acto de la reiterada costumbre demagógica de hacer propuestas sin comprometerse después con ellas.

El proyecto de ley que se tramita hoy en el Congreso, acumulado con varias propuestas de origen parlamentario, se limita a dar incentivos tributarios  y a la reducción de parafiscales de los empleos formalizados sólo para las nuevas empresas de menos de 50 trabajadores, en los dos primeros años.

Un proyecto serio y responsable de formalización laboral debe atender la seguridad social a cargo del Estado de los 6,5 millones de cuenta propia y la eliminación de las Cooperativas de Trabajo Asociado, tanto en el sector privado como público, y acabar con el sistema de contratistas y los contratos de prestación de servicios.

En el sector público, el Gobierno Nacional debe dar ejemplo de la formalización laboral cumpliendo la Sentencia C-614 de la Corte Constitucional, que define que todo empleo permanente debe estar en la planta de personal.

Debemos sí reconocer que la eliminación de las exenciones tributarias del 30% que tienen las grandes empresas, que representan más de $3,5 billones, es una medida progresista. Pero reclamamos que esos recursos deben servir para generar un Fondo al trabajo, que contribuya a la formalización laboral y a la generación de empleo. Estos y otros asuntos relacionados, deben ser debatidos ampliamente en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales antes de ser aprobados en el Congreso.

Los colombianos no pueden seguir asistiendo a la perversa situación de informalidad laboral como la del SENA, donde hay  3.000 instructores de planta y 20.000 contratistas; o la de Ecopetrol, con 4 mil de planta y 24 mil contratistas; o en el sector salud con 80 mil en cooperativas de trabajo asociado; o los 12 mil corteros de caña de cooperativas, o los 15 mil trabajadores de los puertos, todos por fuera de una relación laboral con las sociedades portuarias concesionadas por el Estado. O la situación de los empacadores por propina en los hipermercados, entre múltiples ejemplos.

Por último, hay que señalar las palabras del Presidente Santos en le XI Congreso Nacional Cooperativo de Confecoop, el pasado 22 de octubre en Cartagena, donde mencionó que “…Quiero que esto quede completamente claro: las empresas que se disfrazan bajo el nombre cooperativo para perjudicar a los trabajadores, no son verdaderas cooperativas y vamos a perseguirlas con todo el peso de la ley”, palabras que deben ser refrendadas en el proyecto de ley. Amanecerá y veremos.

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