Día clave en la huelga en Gecolsa, que ya completa 16 días y afecta el sector carbonífero

Mañana viernes el sindicato Sintraime definirá si levanta o no la huelga que desde hace dos semanas paraliza a más de 3 mil trabajadores que prestan servicios a la firma Gecolsa a través de la subcontratista Dimantec, empresa ésta especializada en mecánicos de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo pesado en algunas de las minas más grandes del país: el Cerrejón, la Jagua, el Descanso, Pribbenow, Calenturitas, Cerromatoso, entre otras, de propiedad de las multinacionales BHP Billiton, Glencore, Drummond y Xstrata.

Tal decisión la tomará Sintraime (Sindicato Nacional de la Industria Metal Mecánica, Metalúrgica y Ferroviaria) después de analizar el resultado de las consultas realizadas entre ayer y hoy con los trabajadores en las seccionales de Valledupar, Quriguaná, la Jagua de Ibirico, Hato Nuevo y Soledad.

La huelga se inició el pasado 9 de julio y fue aprobada por los 1.700 trabajadores de Dimantec afiliados al sindicato, con el apoyo de la mayoría de los trabajadores de la empresa. Y la iniciaron ante la poca voluntad de ésta para resolver el pliego que el sindicato presentó en el marco de la negociación colectiva, pliego que incluye peticiones de contratación directa, estabilidad laboral y nivelación salarial, así como beneficios de salud, educación y vivienda, garantías en seguridad industrial, salud ocupacional y protección del medio ambiente.

Félix Herrera, presidente nacional de Sintraime, no es muy optimista sobre el levantamiento de la huelga, dado que en la reunión que, con la mediación del Ministerio de Trabajo, tuvieron con la empresa el martes pasado, ésta pasó una oferta que prácticamente no cambia las cosas. Dejó sin respuesta las demandas más sensibles de los trabajadores. Esa oferta es la que los trabajadores decidirán hoy si aceptan o no.

“Pero pese a la huelga, la comisión negociadora ha estado dispuesta al diálogo y a propuesto fórmulas de arreglo. Es la empresa la que se muestra intransigente”, agregó Herrera.

Recordó que el caso Dimantec, empresa que proporciona el personal que utiliza Gecolsa, es uno de los más graves de tercerización laboral en Colombia. Gecolsa tiene1.269 trabajadores propios, y por intermedio de Dimantec tiene 3.382, todos realizando actividades misionales y permanentes de Gecolsa, pero en condiciones laborales desiguales con respecto a los trabajadores directos, aparte de que les dificulta la posibilidad de afiliarse a las organizaciones sindicales. Por tal razón el pasado mes de abril el Ministerio del Trabajo sancionó a ambas empresas con $1.848 millones cada una, “las multas más altas que se han impuesto en lo que atañe a intermediación laboral”, señaló en su momento el Ministro del Trabajo, Rafael Pardo.

Sin embargo, la millonaria sanción no ha sido óbice para que la tercerización ilegal persista en Dimantec y Gecolsa. Y no solo eso, ahora también se niegan a negociar el justo pliego de los trabajadores.

Además —denunció el sindicato— durante estos días de huelga la empresa ha bloqueado por momentos el suministro de alimentos a los trabajadores y ha cortado la energía y el agua a las instalaciones en donde se desarrolla la huelga, generando problemas de salubridad. Asimismo, manipula la información y soterradamente, mediante falsos rumores, promueve la desafiliación al sindicato y la oposición a la huelga, amenazado con acciones legales para declararla ilegal.

Puntos neurálgicos del pliego

Un punto neurálgico para los trabajadores en la mesa de negociación tiene que ver con la estabilidad laboral, algo en lo que la empresa no da garantías porque no respeta el debido proceso, según dice Rafael de la Hoz, presidente de Sintraime Seccional la Jagua y miembro de la comisión negociadora del sindicato.

“La convención colectiva que firmamos en el 2012 establece un procedimiento para las sanciones, pero la empresa se lo salta. Con una sola falta despide a los compañeros. Dice que está haciendo bien los procedimientos, pero el sindicato tiene pruebas de que no es así”, explicó De la Hoz.

El otro punto sensible es el de la nivelación salarial, pues hay unos trabajadores que ganan más que otros desempeñando las mismas funciones. Al respecto Félix Herrera explica:

“En esta empresa existe una modalidad salarial que tal vez es única en Colombia: A los trabajadores les pagan 800 mil pesos de salario básico, más un bono de un millón 100 mil pesos, el cual no hace parte del salario pero sí aplica para el descuento en la seguridad social, todo para economizar costos laborales. Pero también para debilitar al sindicato, pues a los trabajadores nuevos les pagan el mismo bono y un salario básico de más de un millón de pesos, con la condición de que no se afielen al sindicato”.

Así las cosas, lo que el sindicato pide en la mesa de negociación es que el bono se convierta en salario y se acabe la discriminación salarial.

Hasta ahora la huelga no ha paralizado la actividad minera en los complejos carboníferos en los cuales Gecolsa presta servicio de mantenimiento, pero ya se está sintiendo su efecto porque hay muchos camiones y equipos parados por falta de mantenimiento, dijo Rafael de la Hoz.

La empresa está tratando de suplantar los trabajadores en huelga con trabajadores propios y mano de obra de otras empresas, pero no lo logra plenamente, por lo que, de prolongarse, la huelga podría afectar la actividad extractiva y afectar las exportaciones mineras.

El sector carbonífero colombiano, que el año pasado y éste se vio afectado por huelgas en Cerrejón y la Drummond, además de una serie de problemas logísticos que han obstaculizado las exportaciones, en el 2013 produjo 85.5 millones de toneladas, y para este año estableció una meta de producción de 89,1 millones de toneladas.

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