Denuncian “masacre laboral” en la Administración Distrital

Mitin de trabajadores estatales ante los anuncios de despidos
Mitin de trabajadores estatales ante los anuncios de despidos

Empleados temporales del Distrito de Bogotá quedarán cesantes en los próximos 40 días

Es una estrategia clientelista del alcalde Peñalosa, dice la CUT

A los empleados con contrato temporal que cumplen funciones misionales en diferentes secretarias y entes del Distrito Capital de Bogotá, se les acabaría el contrato en los próximos 40 días, y a algunos este 31 de mayo, según lo han denunciado los sindicatos estatales de la capital, por lo que hablan de una inminente “masacre laboral”, especialmente en las secretarias de Salud, Movilidad e Integración Social. Más de 10 mil trabajadores quedarían cesantes.

Trabajadores que se sumarían a los cerca de 3 mil que desde enero han perdido sus empleos a raíz de la decisión de la actual administración distrital de poner fin a varios programas que venían desde el año pasado, pese a que el Alcalde Enrique Peñalosa se comprometió en campaña a no despedir a ningún trabajador del distrito. Los 3 mil despidos se han realizado en la red de hospitales distritales y de las Secretarías de Integración Social y Educación.

Asimismo, el temor de perder sus empleos cunde entre las personas que trabajan para diferentes entidades por la modalidad de Orden de Prestación de Servicios (OPS), quienes también tienen sus puestos amenazados. Aparte de eso, el Plan de Desarrollo de Bogotá, aprobado por el Concejo esta semana, contempla facultades extraordinarias al Alcalde para crear y suprimir entidades, lo que puede derivar en más despidos de trabajadores. Por este concepto hay unos 800 empleos en riesgo.

Hay pues mucha zozobra laboral en el Distrito Capital por estos días, por cuenta de los ajustes en las plantas de personal anunciados por la Alcaldía, situación que ayer llevó al Comité Ejecutivo de la CUT a enviar una carta a la Ministra de Trabajo, Clara López, para manifestar su preocupación por el inminente despido masivo de funcionarios temporales que cumplen labores permanentes y misionales en el Distrito Capital, y para que investigue la legalidad de tal medida.

Según las cuentas de la CUT, de cumplirse lo anunciado, en las próximas semanas saldrán 3 mil funcionarios de hospitales y de la Secretaría de Salud, 3 mil de la Secretaría de Integración Social, mil de la Secretaría General, mil de la Secretaría de Movilidad, 600 de Educación, 100 de Hacienda, 300 de Cultura y Turismo, 200 de Idartes, 230 de Dipron, 80 de Planeación, 126 de Caja de Vivienda Popular, 215 de la Secretaría de Hábitat. También se prevén despidos en el IPES y otras entidades del Distrito.

“Entre las personas que saldrían hay unas que llevan hasta 10 y 15 años como empleados del Distrito. Primero fueron supernumerarios, después OPS, y ahora temporales, han cumplido todo el ciclo. Y ahora saldrán sin indemnización ni nada. Eso le pude costar mucha plata al Distrito por las numerosas demandas que vendrán por partes de trabajadores que invocarán el contrato realidad”, explicó Francisco Maltés.

Para Jorge Peña, presidente de Federación Colombiana de Trabajadores y Servidores Públicos, de la CTC, la eliminación de los cargos temporales implica un retroceso significativo en lo ya avanzado en formalización laboral en el Distrito de Bogotá.

“Con la administración del alcalde Petro avanzamos en crear unos 4 mil cargos temporales dentro de un proceso de formalización. Son trabajadores que tienen derecho a cesantías, prestaciones normales y están amparados por la ley de carrera administrativa. Paro ahora la Administración Peñalosa dice que no va a prorrogar esos contratos temporales. Un gran retroceso”, señaló Jorge Peña.

 

Apetito burocrático de Peñalosa


La Alcaldía de Bogotá ha explicado que está en marcha un proceso de reestructuración de la planta de personal, pues en su concepto ésta ha crecido desmedidamente: los contratistas del Distrito pasaron de 30 mil a 50 mil. Sostiene además que la suspensión de contratos de trabajo es un trámite normal cuando hay cambio de administración, ya que son contratos que corresponden a un plan de desarrollo anterior. En ese sentido adelanta un estudio para establecer las necesidades de personal en las secretarias y entes distritales, y una vez ello se haya definido se abrirán concursos para ocupar las vacantes, a los cuales se podrán presentar los empleados salientes.

Pero Francisco Maltés, ejecutivo de la CUT y responsable que los asuntos estatales de esta central, dijo que tal explicación no tiene fundamento, pues el despido de los funcionarios no obedece a un proceso normal, ni tiene que ver con el cambio de plan gobierno, ya que ellos cumplen labores permanentes y misionales en el Distrito. “Tiene que ver más con una suerte de revanchismo del gobierno de Peñalosa”, anotó el directivo sindical.

Según Maltés, son cargos que corresponden a necesidades de la comunidad, no al capricho de A o B gobierno. Los jardines infantiles, por ejemplo, es un servicio que por obligación el Distrito debe prestar para atender a los niños menores de 3 años, y así los demás servicios. Además, para convocar a concurso se necesita ampliar primero la planta de personal, algo que el Gobierno Peñalosa se ha negado a discutir con el movimiento sindical. Y en caso de que se convoque, el trámite demora un año y medio por lo menos.

“Entre tanto, el Alcalde Peñalosa queda con las manos libres para hacer clientelismo político, nombrando empleados sin concurso, ni experiencia ni experticia. Lo que hay de fondo es un apetito burocrático. Van a echar a esos trabajadores para poder nombrar otros recomendados por el Alcalde. Yo le garantizo que en uno o dos meses será mayor el número de nombramientos nuevos que el de los despedidos”, agregó el directivo de la CUT.

Se recuerda que la planta de personal de las entidades distritales está congelada desde los años 90, y durante la administración Mockus fueron despedidos 30 mil empleados públicos en aplicación de la ley de ajuste fiscal. Pero las 3 últimas administraciones de Bogotá no tuvieron voluntad para ampliar las plantas de personal y para atender las obligaciones legales y sociales de Bogotá, que han crecido mucho. Mejor recurrieron a contratar miles de personas mediante formas deslaboralizadas y tercerizadas, como empleos temporales, supernumerarios y OPS, violando así normas y sentencias de la Corte Constitucional que obligan a que las funciones permanentes y misionales en las entidades públicas las desempeñen personal de planta.

 

Reacción de los sindicatos


Convocados por los sindicatos estatales de Bogotá, esta semana que termina trabajadores de diversas entidades distritales realizaron varios mítines y plantones en frente de las sedes de algunas dependencias. Uno se realizó a primera hora de la mañana del miércoles 25 de mayo en el CAD, y otro al día siguiente en la Secretaría Distrital de Salud. Asimismo, los sindicatos llamaron a acompañar las acciones jurídicas que se van a emprender y a entablar tutelas y demandas por contrato realidad.

Por su parte, ante la avalancha de quejas, la titular de la cartera de Trabajo, Clara López Obregón, anunció la apertura de una investigación sobre la situación del personal temporal del Distrito y de los trabajadores que han sido despedidos.

“Por lo pronto, lo que debe hacer el Ministerio es constatar si los trabajadores cuyo despido ya fue notificado cumplen labores permanentes y misionales, y con base en eso hacer las debidas recomendaciones, las cuales pueden servir posteriormente para interponer acciones legales ante jueces laborales, toda vez que son contratos realidad disfrazados de contratos civiles”, puntualizó Francisco Maltés, de la CUT, central que convocó reuniones para la semana entrante con el objeto de analizar la crítica situación que se presenta y buscarle salidas.

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