Por Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS
Los datos suministrados por el DANE de crecimiento del PIB de 1,3% en el segundo trimestre, y de 1,2% para los 6 primeros meses de 2017, hacen prever que el pronóstico gubernamental del 2% no se va a alcanzar.
Los sectores que más ayudaron para que la economía no colapsara fueron, en primer lugar: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y en segundo lugar: establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, que crecieron 4,4% y 3,9% respectivamente.
El sector agrícola creció de manera ponderada un 12,5%, jalonado por los cultivos transitorios, que crecieron 23,8%, y por los permanentes: 10,8%. Este importante crecimiento tiene una doble explicación. De un lado, el mejoramiento del orden público en el sector rural por efecto del Acuerdo de Paz con las FARC, y del otro, los incentivos que desde el Ministerio de Agricultura se dio al sector, como créditos de fomento a una tasa por debajo de la inflación para financiar los cultivos y la compra de maquinaria, y sistemas de riego para elevar la productividad. De los 434 mil nuevos ocupados en la variación anual, el 42,3% corresponden al sector agropecuario, es decir, 184 mil.
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Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a empresas creció 3,9%, pero el sector financiero creció 6,1%, crecimiento este que es 4,7 veces el crecimiento del PIB, resultado del saqueo del sector financiero a la economía del país mediante altas tasas de interés, las cuales son promovidas por el Banco de la República para, supuestamente, combatir la inflación. En este sector, paradójicamente, se contrajo la ocupación en un 3,3% (11 mil trabajadores menos) a causa de la modernización tecnológica. Es decir, el sector financiero no solo es responsable de la tendencia recesiva de la economía, sino que solo participa con el 1,4% del total del empleo.
El sector manufacturero, que aporta el 12,2% del empleo, se contrajo 3,3% en el segundo trimestre, y técnicamente se encuentra en recesión, pues lleva dos trimestres en picada. Por su parte, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta que publicó la ANDI para el periodo enero– junio del 2017 refleja ésta difícil situación. Muestra caída de la producción en 1,8%, caída de las ventas totales en 1,7%, y caída de las ventas al mercado nacional en 2,6%. Es curioso que en este sector, que está cerrando empresas y recortando personal, la ocupación haya crecido 7,4% (191 mil nuevos ocupados).
El reporte consolidado de Fasecolda de riesgos laborales indica que a junio de 2016 había 1´110.182 trabajadores manufactureros afiliados al sistema, y a junio de 2017 había 1´134.448: una variación de 2,1% (24.266 trabajadores más).
Estos datos, que son indicadores de formalidad laboral, nos hacen sospechar que, de ser cierto lo que dice el DANE, más del 87% de esos 191.000 nuevos empleos están en la informalidad, en condiciones de alta precariedad. Esto se corresponde con la información del DANE sobre población empleada según posición ocupacional, que muestra que de los 434 mil nuevos empleos, 51.200 son formales (11,8%), y 383.200 son cercanos a la informalidad (88,2%).
Si bien es cierto que la tasa de desempleo no sufrió mucho deterioro: pasó del 8,9% al 9% en los trimestres señalados, no podemos decir lo mismo de la calidad de los empleos que genera la economía. El sector informal se ha convertido en el refugio de los trabajadores despedidos por los recortes de personal a causa de la crisis empresarial, y de los nuevos trabajadores que ingresan al mundo laboral.
Ante este panorama, la ANDI y Fenalco hacen una serie de propuestas para reactivar la economía, como reducir los altos costos de la energía y de la gasolina, así como los costos financieros, que tienen alta responsabilidad en la crisis. En este último punto la propuesta de Fenalco es incluso tímida, pues se limita a la tasa de usura, la cual impactaría positivamente los costos de las tarjetas de crédito para aumentar el consumo en el comercio formal, pero poco aporta al desarrollo del sector productivo.
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Antes de los años 80 la industria del país se desarrolló gracias al modelo de sustitución de importaciones, a la protección arancelaria de la producción nacional, y al crédito de fomento. Por ello hay que hacer una revisión integral de la política crediticia y financiera para restablecer el crédito de fomento, que no solo involucra tasas de interés muy inferiores a la rentabilidad de los negocios, sino también asistencia técnica. También hay que replantear la política comercial global, retomar la estrategia de integración regional, y superar el atraso y el deterioro de la infraestructura física.
Es positiva la propuesta de Fenalco de reducir el IVA del 19% al 16% durante noviembre y diciembre, pues aumentaría la capacidad de compra de la población en $1,2 billones, y con ella se incrementarían las ventas, lo que a su vez jalonaría la producción y estimularía el empleo. Pero sigue siendo una propuesta limitada, pues en enero se volvería a contraer la demanda, bajarían las ventas, disminuiría la producción y aumentaría el desempleo.
Pero el tema tributario lo complica la ANDI con su propuesta de reducir más el impuesto de renta al sector empresarial. El sistema tributario tiene tantos agujeros por las exenciones y beneficios, que la tarifa real que pagan las empresas es muy inferior a tasa nominal del 34% que estableció la reforma del 2016, cuando antes superaba el 40%.
A los $30 billones que dejan de ingresar al tesoro nacional por las exenciones y gabelas tributarias, hay que sumar otros $30 billones que se pierden por la evasión a impuestos de renta e IVA, es decir, por la corrupción empresarial.
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Necesitamos abordar de manera integral la estructura tributaria, que hasta ahora no ha mejorado la distribución del ingreso, en un país catalogado entre los 7 más desiguales del planeta, donde el ingreso está altamente concentrado. El sistema tributario no es progresivo, pues cada reforma aumenta la tributación indirecta que es profundamente regresiva e inequitativa, porque las personas que tienen más ingresos y riquezas no son las que más contribuyen al recaudo fiscal. El sistema es ineficiente no solo por la evasión y la elusión, sino porque la tasa efectiva que pagan las empresas es muy inferior a la tasa nominal, debido en parte a los agujeros del sistema.
Compartimos la preocupación del Fenalco y la ANDI por la ineficiencia del gasto público y la corrupción, responsable de la perdida de por los menos $50 billones anuales. No obstante, la solución no es impulsar una reforma pensional que acabe con el régimen de prima media y fortalezca el negocio de los fondos privados. El derecho real a una pensión decorosa solo es posible con un programa de recuperación económica que genere empleo útil y productivo, con trabajo decente y un sistema público de solidaridad intergeneracional de prima media que excluya del mercado este derecho fundamental.
Para mejorar la eficiencia del gasto público es importante acabar con la feria de obras inconclusas, recomienda Fenalco. Pero no podemos soslayar que la corrupción se da en un 50% en el sector público, y el otro 50% en el sector empresarial que contrata con el Estado.
Ahora bien, las propuestas de los gremios empresariales para acabar con las regulaciones y flexibilizando el trabajo a fin de reducir costos laborales, no guardan coherencia con los principales problemas que identifican los empresarios consultados para elaborar el informe de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Según esta encuesta, para los empresarios manufactureros el principal problema es la falta de demanda, y el segundo el tipo de cambio que encarece los insumos y equipos que importan, y a la vez genera incertidumbre a las inversiones de largo plazo. Para el 58% de las empresas, estos son los dos principales problemas:
Dar vía libre a la tercerización ilegal, acabar con las prestaciones salariales, descargar en los trabajadores las responsabilidades de las empresas, facilitar los despidos, y reducir costos laborales para aumentar la competitividad, agravará la principal dificultad que han identificado los empresarios: la falta de demanda. Pues no hay que olvidar que los salarios no solo son un costo para las empresas, son también fuente de demanda en la economía. Y la única manera de fortalecer la demanda interna, que ha caído más que la externa, es mejorando los ingresos de los trabajadores y respetando sus derechos.
Promover las exportaciones basadas en bajos costos laborales, como lo propone la ANDI, es un refrito que ya no funciona. Hace más de 30 años venimos escuchado la consigna de “exportar o morir”, y a pesar de que seguimos exportando nos estamos muriendo, porque la competitividad se quiere lograr empobreciendo al trabajador. Es importante exportar y tener relaciones comerciales con otros países, pero lo determinante para la sostenibilidad de las empresas no son tanto las exportaciones como el mercado interno; y para fortalecerlo hay que mejorar la capacidad de compra de su población con trabajo decente y un sistema tributario equitativo y progresivo.
Sobre el segundo problema: el tipo de cambio, los gremios empresariales no hacen propuestas. El sistema de tasas de cambio flotantes es una de las piedras angulares del “libre comercio” y de la globalización neoliberal, por lo que necesitamos sacar del mercado la regulación de los cambios internacionales y recuperar el protagonismo del Estado en la política cambiaria. La tasa de interés y la tasa de cambio son dos variables fundamentales en la estabilidad de las reglas de juego que tanto reclaman los empresarios, por eso son tímidos para afrontar ese problema. Para ellos es más fácil reclamar rebaja de impuestos y de salarios. Pero ese camino, aparentemente fácil, hace inviable el Estado y la sociedad.
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