En protesta por acuerdo 10445, la anormalidad laboral se extendió a toda la rama judicial

Funcionarios judiciales en mítines y asambleas, solo atienden casos urgentes
El viernes decretarían paro nacional si no hay soluciones
“No buscamos beneficios para nosotros, sino mejor justicia para el ciudadano”


No arranca bien el panorama laboral en la rama judicial en este 2016. La justicia está de nuevo a media marcha, y esta vez no en demanda de reivindicaciones salariales sino en respuesta al acuerdo 10445 que en diciembre pasado emitió el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), por el cual se introdujeron los Centros de Servicios para la atención en los juzgados civiles y de familia, medida que los funcionarios judiciales unánimemente rechazan.

La anormalidad laboral, que se inició desde la semana pasada en los juzgados civiles y de familia de Bogotá y otras 5 ciudades del país, consistente en asambleas permanentes y mítines en los despachos judiciales, se extendió a las ramas penal y laboral, que de manera solidaria se sumaron a la protesta.

Una característica que tiene este movimiento contra el acuerdo del CSJ, es que logró unir en causa común a los dos sectores en que está dividido el sindicato Asonal Judicial, lo mismo que a Asojudiciales (que agremia a jueces laborales de Bogotá) y a la Asociación de Abogados Litigantes, quienes también se ven perjudicados por el mencionado acuerdo y exigen su derogatoria.

Luis F. Otálvaro.
Luis F. Otálvaro.

 

Según dijo a esta agencia Luis Fernando Otálvaro, presidente del sector Asonal Sindicato de Industria, no se están desarrollando las audiencias programas en los despachos de la justicia ordinaria, ni en los ejecutivos, ni las audiencias de conocimiento en lo penal. La gran mayoría de empleados de la rama están en mítines y asambleas y los juzgados solo están atendiendo trámites urgentes, como Habeas Corpus y tutelas en las que estén en juego la vida de las personas, incidentes de desacato y audiencias de control de garantías en lo penal.

“Entendemos la angustia de la ciudadanía por las dificultades que un paro judicial conlleva, pero se debe entender que esta protesta no la hacemos por salarios ni beneficios económicos para nosotros. Esta vez luchamos por una justicia más eficiente que beneficie a los ciudadanos, porque no se pueden implementar modelos de gestión que no solucionen los problemas, sino que por el contrario los aumentan”, dijo por su parte Fredy Machado, presidente del otro sector de Asonal.

Fredy Machado
Fredy Machado presidente del otro sector de Asonal.

 

Con el fin de encontrar salida a la crisis, para este miércoles los delegados sindicales asistirán a una reunión citada por la Sala Administrativa del CSJ. “Pero mucho tememos que esa reunión vuelva a ser un diálogo de sordos”, señaló Luis Fernando Otálvaro, aludiendo a una reunión similar realizada el viernes pasado, sin ningún resultado porque los magistrados de esa Sala insisten en implementar el acuerdo 10445, con el argumento de que hace parte del modelo de oralidad que rige para la justicia en Colombia.

Para evitar tal situación, Asonal en pleno pidió que la citada reunión se realice en un escenario más amplio, como lo es la Comisión Interinstitucional, en la cual tienen también asiento los presidentes de las altas cortes, el Fiscal General y un representante de los trabajadores. E incluso se podría invitar al Ministro de Justicia, agregó Otálvaro, quien advirtió que si esta semana no se deroga el acuerdo 10445, es muy posible que el viernes toda la rama judicial vaya a un paro nacional indefinido.

“Porque los funcionarios judiciales estamos convencidos de que esta pelea hay que darla”, aseguró el dirigente sindical, para quien este acuerdo desnaturaliza la función judicial, implica rebajas salariales y amenaza la estabilidad de los trabajadores de la justicia.

El asunto más polémico del acuerdo 10445, según Asonal, es el traslado de empleados en provisionalidad a los Centros de Servicios, pues ello amenaza su estabilidad laboral, toda vez que los encargados de hacer los nombramientos son los directores seccionales, y éstos no garantizan a los provisionales la conservación de su cargo. “O sea que la mortandad laboral puede ser grande”, indicó Otálvaro.

Por otra parte, el acuerdo afecta la resolución efectiva de los procesos en los juzgados civiles y de familia, debido a que se les incrementan los trámites y los plazos, toda vez que un juzgado, que normalmente labora con 6 o 7 funcionarios, solo va a tener la mitad porque el resto pasan a los Centros de Servicios, y en esas condiciones un proceso que demora un año podría demorar 3 o 4 años.

Para Asonal Judicial, el modelo de los Centros de Servicios, que empezaron a operar en los juzgados penales hace 8 años con el inicio del sistema de la oralidad, está totalmente fracasado, sus resultados no fueron los esperados. Basta recorrer el país para advertir la inconformidad y lluvia de críticas que recaen sobre estos centros de servicios, no solo de parte de los empleados, sino de los jueces, los abogados litigantes y los usuarios, que deben padecer demoras, ineficiencia, conflictos de autoridad entre jueces y empleados administrativos.

En las ciudades grandes los Centros de Servicios permanecen hacinados y muy congestionados. Allí pueden laborar hasta 200 personas en espacios donde dignamente pueden trabajar apenas 50. Carecen de aire acondicionado, no hay mecanismo de grabación, las filas son interminables, no hay dónde sentarse, y los jueces no tienen salas de audiencia en exclusiva, tiene que pedir autorización para su uso al director seccional, que es quien las administra. “Y aparte de eso, se prestan para casos de corrupción, porque entre tantos funcionarios se diluyen las responsabilidades”, dijo Fredy Machado.

“Y lo que es peor —denunció Luis Fernando Otálvaro—: hoy se ve cómo los directores seccionales, que son funcionarios administrativos que hacen los nombramientos en los Centros de Servicio, han ido copando los cargos con las cuotas de los politiqueros de la región, con la consecuencia lamentable de la privatización y tecnocratización de la función judicial”.

Por todas estas razones Asonal considera que no es conveniente repetir la fracasada experiencia de los Centros de Servicio en los juzgados civiles, laborales y de familia.

 

La chispa que encendió la pradera


De tiempo atrás Asonal ha manifestado sus críticas a la manera como el CSJ administra el servicio de justicia en Colombia, y por lo mismo dio el visto bueno a su eliminación por parte del Congreso de la República en su última reforma a la justicia. “Pero ahora retoma la iniciativa de manera errática, tanto con los acuerdos de descongestión que emitió en octubre del año pasado, que dejó a muchos empelados sin pago, como ahora con el acuerdo 10445, que tiene enredada a la justicia”, señaló Otálvaro.

Pero lo del acuerdo 10445 es apenas “la chispa que encendió la pradera”, porque el servicio de la justicia en Colombia afronta un cúmulo de problemas adicionales en los que la responsabilidad le cabe también al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, que es el que legisla.

A juicio de este dirigente, el Gobierno debe solucionar cuanto antes el problema del déficit fiscal de la rama judicial y su enorme congestión. “Tiene que proveer los recursos para la descongestión. Para este año lo presupuestado son $541 mil millones, de los cuales $350 mil millones son para cargos permanentes, y los otros $180 mil millones para cargos de descongestión, pero éstos el gobierno aún no los ha desembolsado”, indico.

Otro motivo de insatisfacción tiene que ver con la forma y los criterios para nombrar los funcionarios de cargos permanentes, porque lo cierto es que hay seccionales muy golpeadas, como Pasto, Montería y Barranquilla, donde se retiraron los cargos de descongestión, pero no se nombraron funcionarios permanentes. “Tenemos que los despachos judiciales vienen recibiendo nuevamente todos los procesos escriturales atrasados de los juzgados de descongestión que no continuaron. Y eso lleva a una situación aún más caótica”, dijo Otálvaro.

Señaló que hay juzgados en Bogotá que están recibiendo más de 1.500 procesos, y en Medellín los juzgados laborales tienen hasta 4 mil procesos, cuando deberían tener 400 como máximo.

Finalmente, el directivo sindical aseguró que entre los sindicatos existe voluntad de diálogo para solucionar la actual crisis, la cual pasa por la derogación del 10445 acuerdo por parte de la CSJ. “Solo eso evitaría el paro general en la rama judicial”, puntualizó.

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