En Medellín, “Marcha de blusas blancas” para denunciar crisis de la red pública hospitalaria

 

A Metrosalud lo están desmembrando y privatizando, denuncia Asmetrosalud

La semana pasada tuvo lugar por las calles del centro de Medellín la que se llamó “Marcha de las blusas blancas”, con la cual trabajadores y trabajadoras del sector de la salud vinculados a Asmedas y Asmetrosalud, al igual que usuarios del servicio y miembros de otras organizaciones sindicales se manifestaron en defensa de la salud como derecho fundamental de todos los ciudadanos, y demandaron pronta solución a la crisis que padece la red pública hospitalaria de la capital antioqueña.

  Imagen de la Marcha de las blusas blancas.

Una denuncia puntual de la marcha fue la situación de la ESE Metrosalud, hoy amenazada con su liquidación, tanto por efecto de la crisis del sistema de salud como por la política de marchitamiento institucional que, según Claudia Alcaraz, presidenta de la Asociación de  Empleados y Trabajadores de Metrosalud (Asmetrosalud), es promovida desde la Alcaldía de Medellín y la administración de la entidad.

Política que se evidencia en el cierre de servicios y la entrega de unidades hospitalarias a corporaciones con intereses privados y disfrazadas de públicas. Es concretamente lo que ocurrió con el Hospital Infantil Concejo de Medellín, que se le entregó a una corporación, y se teme que ocurra lo mismo con las unidades hospitalarias de los barrios Buenos Aires y Pajarito.

Y se evidencia también en la carencia de suministros de implementos y medicamentos, la tercerización a que es sometido el personal de Metrosalud a través de empresas temporales y contratos sindicales, la no solución concertada de los conflictos laborales, la vulneración al derecho de asociación y libertad sindical, la penalización de la protesta y persecución a los dirigentes de la organización de los trabajadores, la negación de permisos sindicales, entre otras anomalías.

“Medellín tiene hoy la red pública hospitalaria más grande del

Claudia Alcaraz, Pta. Asmetrosalud.    

país, que llega a hasta los últimos rincones de la ciudad, los corregimientos y barrios marginados, la población más pobre y vulnerable. Desde que el sindicato se creó, hace 12 años, venimos defendiendo el servicio público de salud como un derecho fundamental y en ese sentido defender los derechos laborales de los profesionales de la salud es también defender ese derecho fundamental de la gente. Por eso con la política de debilitamiento y desmembración de Metrosalud la que pierde es la ciudad”, señaló Claudia Alcaraz.

La dirigente explicó, además, que a los trabajadores los manejaron con mentiras durante el proceso construcción y de entrega de la nueva planta del Hospital Infantil Concejo de Medellín. 120 de ellos fueron trasladados a otros puntos de la red, con la promesa de que volverían a sus cargos en el hospital una vez éste se terminara y entregara, lo que no ocurrió. Y se teme que ocurra lo mismo con el hospital del barrio Buenos Aries, que va a entrar en un proceso similar.

La ESE Metrosalud tiene actualmente 2.800 funcionarios, el 50% vinculado por carrera administrativa y en provisionalidad, y los demás a través de contratos tercerizados. Y el sindicato Asmetrosalud cuenta con 820 afiliados.

Negativa a negociar pliego

Según declaración de la presidenta de Asmetrosalud, este sindicato, conjuntamente con el otro que tiene la institución, Sintraomed, presentaron  pliegos de peticiones a la gerencia de la entidad, la cual, después de múltiples llamados de atención por parte del Ministerio de Trabajo, por fin nombró el comité de negociadores. La primera reunión se realizó el 2 de abril, pero una semana después se les exigió a los dos sindicatos presentar pliego único, lo que éstos interpretaron como maniobra dilatoria porque ni la Ley 411 de 1997, ni el Decreto 1092 exigen que se presente pliego único para comenzar la negociación.

Ante esta situación, y a fin de que no se entorpeciera el proceso, ambos sindicatos accedieron a presentar una sola propuesta socializada, con la cual esperaban llegar a una sola negociación. Sin embargo, Metrosalud  mantuvo su posición de exigir el pliego único, y el 15 de abril dio por terminado el proceso de negociación, y por ende las garantías sindicales ya acordadas.

Por ello el sindicato instauró querella ante el Ministerio de Trabajo para que se investigue la conducta de la gerente de Metrosalud, Marta Cecilia Castrillón, y sus colaboradores en el proceso de negociación, además su renuencia a negociar los pliegos. El Ministerio aún no ha dado respuesta a esta querella.

Tercerización laboral

Otra denuncia de Asmetrosalud tiene que ver con el incumpliendo reiterado por parte de la entidad de las sentencias de la Corte Constitucional en cuanto a la contratación mediante empresas de servicios temporales, y ahora bajo la nueva figura del contrato sindical, una forma de contratación que les permite a “seudos” sindicatos hacer tercerización laboral.

Metrosalud contrató prestación de servicios con el sindicato DarSer (antes llamado CTA Cooensalud), que agremia enfermeras, auxiliares de enfermería, anestesiólogos, nutricionistas, terapistas, etc., hoy convertido en un “seudo” sindicato, el más grandes del sector salud en Antioquia. A esto se suma el hecho de que el cambio de CTA a contrato sindical no implicó ninguna mejora en sus derechos laborales y prestacionales, pese a que estos trabajadores(as) cumplen las mismas funciones que un profesional vinculado directamente con la entidad.

“El contrato sindical tiene todos los elementos de una relación laboral: prestación directa del servicio, salario por dicha prestación y la subordinación, lo que daría lugar a que se instauren demandas laborales en contra Metrosalud, y eso conllevaría a un detrimento patrimonial porque cualquier juez declararía el contrato sindical como contrato realidad y condenaría a la ESE al pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir, y esas demandas serían millonarias”, explicó la presidenta de Asmetrosalud.

Niegan permisos sindicales

Según Asmetrosalud, los permisos sindicales se redujeron en más de la mitad en comparación con años anteriores. La administración de la entidad aduce que no pueden otorgarlos dado que sus costos son demasiados altos. Ante esto Asmetrosalud interpuso una tutela, pero en las dos instancias los jueces la negaron. Indicaron que primaba el interés general por encima de la actividad sindical, y conceptuaron que sí representan costos no “insignificantes” para la entidad, dado su estado de austeridad financiera.

Por este motivo el sindicato radicó querella ante el Ministerio de Trabajo, que, se espera, surta trámite favorable ya que sin esos permisos sindicales se afectaría el normal funcionamiento de la organización de los trabajadores.

Penalización del derecho de protesta

El 7 de diciembre de 2012, durante el acto inaugural de la nueva edificación del Hospital Infantil Concejo de Medellín, un grupo grande de trabajadores realizó una concentración pacífica con el ánimo de denunciar las anomalías laborales en Metrosalud, las formas precarias de contratación y las inconsistencias en la construcción y dotación del nuevo hospital, cuyo costo ascendió a unos $40.000 millones, pero tiene menos camas que el anterior y varios pisos sin uso alguno.

Pues bien, alegando que fue un “acto bochornoso” que “violentó” el orden público y se utilizaron megáfonos para “lanzar insultos en contra de los asistentes”, entre quienes estaban el Alcalde de Medellín, su esposa y la Primera Dama de la nación, la oficina de Control Interno de Metrosalud abrió proceso disciplinario contra 11 empleados, entre ellos 3 miembros de la Junta Directiva del sindicato: la presidenta, la vicepresidenta Olga Lucía Bedoya y la ex presidenta Gloria Patricia Cadavid.

En su defensa, el sindicato argumentó, primero que todo, que en Colombia el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está reconocido en la Constitución Política y los tratados internacionales. Y segundo, que los participantes de la protesta no utilizaron violencia ni armas o elementos que pudieran vulnerar el orden público, como bien se ve en los mismos videos que presentaron como prueba. Por el contrario, lo que se observa es la manera como los agentes del Esmad de la policía empujaron a los manifestantes, en su mayoría mujeres.

Por estos hechos, el sindicato interpuso querella ante el Ministerio de Trabajo con el fin de que se inicie una investigación a la gerente de la ESE y a la Administración de Medellín, en cabeza del alcalde, por incurrir en una posible vulneración del derechos a la libertad de asociación, entre otros derechos que, consideran, se vulneraron durante la protesta del 7 de diciembre.

Y por otro lado entabló una tutela para tratar de proteger los derechos de los funcionarios investigados, siendo desfavorable el fallo en primera Instancia. En la actualidad cursa la apelación.

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