Hoy viernes 28 de abril Brasil está en huelga general, la primera en los últimos 20 años, convocada por las centrales sindicales, protesta que busca dar “un golpe de timón” a las reformas laboral y pensional que pretende imponer el gobierno de Michel Temer, con el argumento de que son claves para la recuperación de la economía brasilera, la cual cayó casi 8 puntos porcentuales entre 2015 y 2016.
Las propuestas del Gobierno Temer relacionadas con la reforma de las pensiones, la reforma laboral y la subcontratación sin restricciones, comenzaron a votarse en comisión en Diputados esta semana. A estas reformas se resisten casi todas las organizaciones sindicales del país, lideradas por la Central Única de Trabajadores (CUT), vinculada al Partido de los Trabajadores, que las consideran un «retroceso social», atentatorias de los derechos laborales adquiridos.
Al respecto la señora Lucilene Binsfeld, secretaria general del Instituto Observatorio Social de la CUT Brasil, en comunicación con esa Agencia de Información, señaló:
“Este 28 de abril vamos a parar en Brasil, porque sufrimos un golpe de estado y ahora los trabajadores están siendo golpeados por el gobierno ilegitimo, que quiere atacar nuestros derechos a la jubilación y los derechos laborales. No vamos a aceptar eso. Todos los trabajadores estarán en la calle este viernes. Vamos todos a la huelga general, contamos con el apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos”.
Se refiere al apoyo que el sindicalismo brasilero ha recibido de diferentes organizaciones de América y el Mundo, entre ellas la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Comisiones Obreras y la USO de España, Gremio de Educadores da Alemania, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma, Internacional de Trabajadores da la Construcción y la Madera, la CGT-FO y la EIT de Francia, el Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos, el Congreso de Trabajadores do Canadá, la Escuela Nacional Sindical de Colombia, la Confederación de Trabajadores del Sector Público de Ecuador, el Parlamento Laboral Ecuatoriano, entre otros.
Entre los muchos sindicatos que anunciaron su participación en la jornada de protesta están los colectivos de choferes de trenes, docentes, médicos y obreros de las principales industriales. También los trabajadores de los principales aeropuertos de Brasil, según anunciaron los sindicatos mayoritarios del sector.
«El 28 de abril tiene potencial para entrar en la historia nacional. Los sindicatos se unen para luchar contra la reforma de las pensiones y la reforma laboral y el Sindicato Nacional de los Aeroviarios (SNA) no podía quedarse atrás; organizaremos paralizaciones en los aeropuertos”, avisó el SNA, el principal sindicato del sector, que representa a más de 50.000 trabajadores de los terminales aéreos de Brasil.
Las reformas que levantan ampolla
Cuando Michel Temer asumió de facto la presidencia de Brasil prometió encarrilar la economía, pero en realidad lo que implantó fue un programa neoliberal cuyas consecuencias están resultando nefastas para los brasileños: 13,5 millones de desempleados, la más alta cifra histórica de los sin trabajo; un bajón de 0,47% en el PIB, y un déficit fiscal que rondará los 50.000 millones de dólares. De ahí que solo un 5 % de los brasileños aprueba la gestión de este mandatario, mientras el 68% la considera negativa, y un 28% regular.
En términos generales, la impopular reforma que pretende hacer aprobar el presidente Temer en el Congreso, flexibiliza la legislación laboral, que en buena parte rige desde la época del presidente Getulio Vargas (1943). Las organizaciones sindicales y los movimientos sociales la rechazan porque consideran que tal flexibilización, lejos de proteger el empleo, lo precariza.
La extensión de la “tercerización” o subcontratación a todas las actividades de las empresas, defendida por los patrones (empleo provisional sin beneficios de los que gozan los permanentes) puede ser prorrogada más allá del término establecido por la Ley, todo lo cual va en contra de los intereses de los trabajadores. Es decir, permite que las empresas conviertan a sus empleados en prestadores de servicios para todos sus tipos de actividades.
La reforma en el campo pensional establecía inicialmente 65 años como la edad mínima para la jubilación, tanto de hombres como de mujeres, con mínimo 25 años de cotizaciones, pero debido a la resistencia de algunos sectores del Congreso se aceptó que la edad mínima sea de 62 años para las mujeres y se mantiene en 65 para los hombres. Actualmente los brasileños acceden a su pensión con 35 años de cotización, 30 en el caso de las mujeres.
Según sostiene el Gobierno, la reforma pensional es necesaria para salvar al régimen de jubilaciones de la quiebra a la que puede llevarlo su abultado déficit, y apalancar tanto la recuperación de la economía como la generación de empleos.
El proyecto de reforma del Gobierno también plantea acabar con la llamada «contribución sindical obligatoria», que establece que a los empleados se les descuente un día de trabajo anual para destinarlo al sindicato al que están afiliados.
Tales medidas son complementarias de otras, como la que limita los gastos públicos gubernamentales por 20 años, limitación que impedirá invertir en programas sociales unos 270 mil millones de dólares, y en la rama de la salud otros 232 mil, todo lo cual aumentará las desigualdades existentes entre las distintas capas poblacionales.