Voces que no callan

Mateo Leguizamón Russi - Colombia - Marcha popular por el trabajo-Serie-5

Informe especial de la ENS

–Violencia antisindical entre 2010 y 2015: se reduce, pero todavía cuenta–


“Voces que no callan”, es el título del informe que la Escuela Nacional Sindical presenta en Bogotá este 28 de noviembre, en el marco del III Encuentro del sindicalismo por la paz, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de los y las sindicalistas colombianos en el período 2010 y 2015, es decir, es un balance del Gobierno Santos en materia de violencia antisindical.

Puede leer o descargar el informe completo, haciendo click en la imagen.

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Mirada la situación en general, a manera de balance, el panorama se ve claroscuro. Si bien la violencia contra sindicalistas ha venido decreciendo, y es importante destacarlo, aún persisten graves casos que entorpecen la actividad sindical. Y la impunidad de los crímenes contra el sindicalismo sigue invariable, hay muy poca mejoría. En los cinco años considerados tuvo un ligerísimo avance: pasó del 98% al 95%, altísima.

Según los registros de la ENS, en este periodo hubo al menos 3.016 violaciones de la vida, libertad e integridad de integrantes de miembros de organizaciones sindicales, discriminados así: 186 homicidios, 101 atentados, 22 desapariciones forzadas, 2.093 amenazas, 293 hostigamientos, 191 desplazamientos forzados y 89 detenciones arbitrarias. 712 de estas violaciones fueron contra mujeres y 2.304 contra hombres. Ver el siguiente cuadro:

Violaciones a la vida, libertad e integridad contra sindicalistas periodo 2010-2015

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Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH, ENS.

Nótese que cuantitativamente prevalecen las amenazas, constituyen el 79,1% de las violaciones registradas, lo cual sugiere una intencionalidad de sostener un ambiente de temor e incertidumbre.

Nótese también que a partir del 2013 hay una disminución gradual de la mayoría de las violaciones en términos cuantitativos, lo cual se puede entender como resultado de la estrategia de denuncia por parte de las organizaciones sindicales, y también de la coyuntura de las negociaciones de paz con las Farc.

Un hecho preocupante, que sobresale en la dinámica actual de la violencia antisindical: de cada 10 casos de violación a la vida, la libertad y la integridad contra trabajadores, 6 fueron contra dirigentes sindicales. En el 2010 la proporción era apenas de 3 casos de 10. Indica cómo la especialización de la violencia antisindical cada vez extiende más su radar para estigmatizar, perseguir y eliminar aquellos que participan de manera activa en la defensa de los derechos laborales desde la dirigencia de los sindicatos.

El contexto

Es de destacar el cambio de prioridades que se dio con la llegada a la presidencia de Juan Manuel Santos. Su proyecto político y las nuevas circunstancias del país y del mundo, como la intervención de la OIT en el caso colombiano (Misión de Alto Nivel, febrero de 2011), y el TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, que impactaron la agenda laboral y sindical en materia de derechos humanos. Lo que derivó en algunas disposiciones que fueron incorporadas al Plan de Acción Laboral Obama-Santos, y en la Hoja de Ruta con la Unión Europea; y produjo el desbloqueo de la agenda en el tema de la violencia antisindical, tema que su antecesor, Álvaro Uribe, siempre minimizó.

El Gobierno Santos reconoció la violencia antisindical como un fenómeno histórico y sistemático, e inició un proceso de reparación colectiva del sindicalismo, como uno de los colectivos más victimizados. Además, dispuso medidas para la superación de la violencia antisindical y la impunidad de los crímenes contra sindicalistas.

Solo que pasados más de cinco años el balance de estas iniciativas no corresponde con las expectativas de cambio que prometían. Hubo avances, pero éstos no lograron incidir en la consolidación de un ambiente de no violencia y respeto por los sindicatos, ni en garantías para la actividad sindical.

La Confederación Sindical Internacional, CSI, en el informe-balance del año 2015 en materia de derechos humanos, incluye a Colombia como el cuarto país con más riesgos para el ejercicio de derecho de asociación sindical. Pese a la reducción de los asesinatos en los últimos años, sigue siendo el primer país del mundo con el mayor índice de homicidios de sindicalistas.

Sindicatos más victimizados

En perspectiva de impacto colectivo, la violencia afectó a 175 los sindicatos. 66 de ellos padecieron por lo menos el asesinato de uno de sus miembros.

4 sectores de la economía nacional aglutinan el 78% del total de casos de violaciones registradas en el periodo considerado. Estos son: sector educación (42,3%), agricultura, caza y pesca (13,8%); minas y canteras (11,6%); otros servicios comunales y personales (10,3%).

En el sector educación los sindicatos más afectados fueron Adida, en Antioquia; Sutev, en el Valle; Educal, en Caldas. Otras organizaciones sindicales golpeadas fuertemente por la violencia fueron, en su orden, Fensuagro, USO, CUT, Sinaltrainal, Anthoc, Sintramienergética, Asogras y Sintraunicol.

En cuanto a la violencia antisindical por departamentos, tenemos que 3 de ellos concentran el número mayor de casos de violaciones, así: Antioquia (20,1%), Valle (18,8%) y Santander (7,9%). Y los departamentos en donde la violencia fue más dura contra dirigentes sindicales, fueron Valle, Santander y Bolívar.

Sector rural

La violencia contra sindicalistas y sindicatos vinculados al sector rural fue una constante en los 5 años, dirigida fundamentalmente a eliminar reivindicaciones relacionadas con la tierra y la economía rural. Además, se cruza con el conflicto armado y la implementación de macroproyectos productivos y de desarrollo.

Según datos del Sinderh, de la ENS, en los 5 años se cometieron 416 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra trabajadores del sector de la agricultura, caza y pesca. También hubo 150 amenazas, 132 hostigamientos, 64 detenciones arbitrarias, 28 homicidios y 17 atentados. Del total de las 416 agresiones, 59 fueron contra mujeres.

La violencia en el sector rural se ha expresado fundamentalmente en dos lógicas. Por un lado, las violaciones contra organizaciones sindicales cuyos afiliados son en su mayoría trabajadores de empresas, y por tanto su activismo, más que en la reivindicación laboral, se vincula con demandas políticas y sociales de las comunidades campesinas. Y, por otro lado, la violencia antisindical dirigida contra afiliados y dirigentes de sindicatos que tienen asiento en el sector de la agroindustria.

La violencia contra las mujeres

Sigue siendo este un tópico de particular gravedad. Entre 2010 y 2015 se registraron 712 casos de violencia contra mujeres sindicalistas, entre ellos 13 asesinatos, 9 atentados, 546 amenazas, 93 desplazamientos forzados, 35 hostigamientos y 8 detenciones arbitrarias.

Del total de casos, 160 fueron contra mujeres dirigentes sindicales, lo que de alguna manera responde al incremento de la participación de las mujeres en el escenario sindical, especialmente en los sectores educación, agricultura, salud, las empresas municipales y oficiales y otros servicios comunales. De manera proporcional a su protagonismo, la violencia se ha desplegado contra ellas en estos sectores.

Una característica que sobresale en la violación de los derechos humanos de las sindicalistas, es que involucra también a miembros de su grupo familiar.

Impunidad, casi intacta

Es innegable que en el período considerado, sobre todo al principio, el Gobierno Nacional destinó recursos humanos, económicos y técnicos para fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía. Se aumentaron recursos para la Subunidad OIT, hubo cambios en la metodología de investigación, interlocución entre la Fiscalía General de la Nación (FGN) y las centrales sindicales, aunque limitada; y se creó la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC).

Sin embargo, los logros que había en 2010 no distan mucho de los obtenidos en el 2015 en materia investigativa y resolución de casos. Pese a los esfuerzos del Gobierno y de la FGN, la superación de la violencia antisindical y la impunidad aún no se ha logrado. Por el contrario, sigue siendo un asunto pendiente de resolver, a lo que se suma otro factor de riesgo: la criminalización de la acción sindical.

Actualmente la impunidad por el delito de homicidio es del 87%, y la impunidad por amenazas (que constituye la violación más sufrida por los sindicalistas) tiene el más alto índice: 99,8%.

Es decir, impunidad absoluta. Los delitos de desaparición forzada, desplazamiento, tortura y secuestro, alcanzan una impunidad del 91%, 98,1%, 83,3% y 70,8% respectivamente. Lo que nos da una impunidad promedio del 95%, levemente menor de la que había en el 2010, que era 98%.

Por otra parte, la FGN no informa con precisión el estado de las investigaciones en todos los casos de asesinatos cometidos contra sindicalistas. Ha informado tan solo 1.545 casos, mientras que el seguimiento realizado por la ENS señala que se han cometido al menos 3.093 homicidios, es decir, la mitad. Y lo que es peor: de los 1.545 casos únicamente 971 están activos y 554 en etapa preliminar. O sea que solo en 417casos hay avances en la investigación.

La tendencia en el número de sentencias condenatorias mostró avances más significativos entre 2007 y 2011. Por varias razones: la entrada en operación de los juzgados creados para la resolución de casos por crímenes de sindicalistas, primer mecanismo especializado de juzgamiento de estos casos; la creación de la subunidad para la investigación de casos de violencia contra sindicalistas en el marco del Acuerdo Tripartito por el Derecho de Asociación y la Democracia y la ley de Justicia y Paz; la firma del Plan de Acción Laboral, y la visita de la Misión de Alto Nivel de la OIT. Fue así como en esos cuatro años se emitieron 416 sentencias. Pero fue temporal, porque la disminución de sentencias de ahí en adelante ha sido notoria.

Como también resulta preocupante que el Consejo Superior de la Judicatura disminuyera de 3 a 1 el número de jueces dedicados exclusivamente al juzgamiento de homicidios cometidos contra sindicalistas.

Transformar la impunidad en justicia y verdad para las víctimas requiere nuevas metodologías en la investigación, mejor interlocución con las víctimas, y el fortalecimiento de un plan que permita pasar de la emisión de algunas sentencias a una política de investigación eficaz.

Presuntos responsables

En el periodo considerado la violencia contra sindicalistas continuó con el mismo patrón de siempre: en la inmensa mayoría de los casos se desconoce cualquier información sobre los autores de los crímenes. De los 186 casos de asesinatos de sindicalistas entre 2010 y 2015, se desconoce el presunto victimario en 159 de ellos.

Preocupa que los dispositivos de la violencia incorporen mecanismos de impunidad para impedir el esclarecimiento de la verdad; pero más grave aún es que el aparato judicial no disponga de los recursos que se requieren para dar cumplimiento a los derechos de las víctimas.

De las violaciones en las que se conoce un presunto responsable, los paramilitares continúan siendo los principales victimarios, con el 69,1% de los casos documentados. Los segundos victimarios son los organismos del Estado, lo cual resulta sumamente grave. Los miembros de la fuerza pública, policía y ejército actúan con la lógica de la sanción y represión de la actividad sindical.

La guerrilla se presume como la victimaria en 56 casos. Aunque en su caso cabe destacar la drástica caída en los últimos años: pasó del registro de 17 casos en 2013, a solo 3 casos en 2015.

Protección a sindicalistas amenazados

Hay falencias en el programa de protección. Una es que se trata de una protección con enfoque reactivo y no preventivo, además es individual y no colectiva.

Otra falencia es la ausencia de análisis del contexto para evaluar el riesgo, la tardanza en los trámites, el desmonte de medidas asignadas y el déficit presupuestal ocasionado por la corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección, factores que han incidido negativamente en la capacidad para brindar protección a sindicalistas.

Reparación colectiva al movimiento sindical

En medio de un panorama también claroscuro, hubo avances y limitaciones en este tema. Si bien la Ley 1448 de 2011 recogió algunas demandas de las víctimas, y se ampliaron las posibilidades para la reparación colectiva, a partir del año 2012 el sindicalismo puso sus apuestas para iniciar este proceso.

Hoy, después de 4 años, puede afirmarse que tal proceso sigue anclado en la fase de alistamiento, es decir, en el momento de acercamientos y negociaciones entre la CUT, la CTC, la CGT, Fecode y el Gobierno.

Resulta prioritario que este proceso se destrabe, para así poner en funcionamiento la Mesa Permanente de Concertación creada a través de Decreto 624 de 2016, y encauzar la ruta a seguir para que este derecho se haga efectivo. Sus alcances en el corto y mediano futuro están sujetos a la participación activa y a la estrategia de movilización del movimiento sindical.

Agenda de paz desde el sindicalismo

La coyuntura de paz que vive Colombia ha interpelado a distintos actores del movimiento social y de la sociedad civil, entre ellos al sindicalismo, que desde décadas atrás viene reivindicando la salida negociada al conflicto armado y el clamor por la paz. Hoy se suma a los esfuerzos colectivos, avanza en la discusión sobre su rol y su participación en este momento histórico y en los escenarios venideros.

En este contexto, son varios los desafíos que en materia de derechos humanos cobran vigencia para la agenda del sindicalismo. Mencionamos algunos:

– Impulsar el debate sobre las violaciones en materia de derechos humanos.
– Persistir en la necesidad de la superación de la violencia antisindical y la impunidad.
– Impulsar iniciativas de reconstrucción de su memoria histórica y promover su difusión.
– Activar el desbloqueo del proceso de reparación colectiva al sindicalismo.
– Construir propuestas en clave de garantías para la acción y la protesta sindical.

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