Saldar la deuda con las y los trabajadores. Informe ENS sobre la coyuntura social y laboral del país

Nelson Enrique Agudelo Velez - Café por Coca 3 Concurso Latinoamericano de Fotografía documental "Los trabajos y los días" 2017

Tras 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos, y con grandes necesidades, expectativas y temores sobre el futuro del país, en menos de un mes los colombianos elegiremos presidente para el periodo 2018-2022.

La Escuela Nacional Sindical, comprometida con el ejercicio de la democracia participativa y la defensa del Estado Social de Derecho, promueve la participación activa de las y los trabajadores en estas elecciones, para que voten conscientemente y no den su voto a cualquiera, y asuman con responsabilidad la defensa de los derechos laborales y sociales.

Pensamos que el nuevo gobierno debe destinar más recursos y mejores oportunidades de educación pública, salud y calidad de vida, incluyendo la salud laboral, empleos formales, trabajo digno y decente, con mejores salarios, protección social incluyente y equitativa, y garantías para el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva.

Aquí puedes descargar el resúmen del Informe de Coyuntura Laboral 2018

El informe que hoy publicamos sobre la coyuntura social y laboral colombiana, en la antesala de la conmemoración del 1º de Mayo, a la par con las principales cifras del mundo de trabajo, incluye las propuestas de políticas públicas y normas que durante los últimos 16 años hemos formulado para la deliberación y el debate, y pueden ayudar al nuevo gobierno a cambiar el precario panorama actual.

Si bien algunos indicadores mejoran levemente, como la reducción de la informalidad y del número de sindicalistas asesinados, las políticas económicas mantienen su sesgo anti-laboral. Muy poco cambian los estándares laborales y la precariedad del empleo de los 22 millones de trabajadores y trabajadoras.

Son necesarias mejores políticas públicas en materia de empleo y derechos laborales, para que Colombia mejore en el ranking de países en el hemisferio sobre calidad del empleo, el control de la informalidad y la tercerización, la libertad sindical, que hoy registran pésimos indicadores comparados con los países de la OCDE, club de países ricos y de “buenas prácticas”, al que el gobierno Santos se propone ingresar antes de terminar su período.

Santos vs. Santos

En 2010, al ser elegido presidente, Juan Manuel Santos ofreció reformas que alcanzaron a ilusionar. Como aumentar la formalización laboral, fortalecer la inspección del trabajo y cumplir las obligaciones internacionales del Estado Colombiano, permitiendo el ejercicio de las libertades sindicales, y garantizando la protección de la vida y la integridad física de las y los sindicalistas.

Teras 8 años de gobierno el balance es precario. No hay una mejora sustantiva en la calidad del trabajo. La tasa de desempleo sigue por encima del promedio del hemisferio, el 66% de la población trabajadora carece de protección social completa, ha crecido el número de trabajadores por cuenta propia, la proporción del trabajo asalariado casi no ha variado, 7 de cada 10 personas que trabajan no están afiliadas a una caja de compensación y la tasa de sindicalización, apenas se mantiene o crece levemente, a pesar de los enormes esfuerzos del sindicalismo.

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Indicador 2010 2017
Tasa de desempleo 11,8% 9,4%
Tasa de informalidad por acceso a la seguridad social (salud, pensión, riesgos) 74,1% 65,9%
Trabajadores por cuenta propia 8´315.000 9´644.000
Participación cuenta propia en total de ocupados 43,3% 43,1%
Participación empleo asalariado en el total de ocupados 46,3% 48,5%
Participación empleo no asalariado en el total de ocupados 53,7% 51,5%
Porcentaje ocupados afiliados a Cajas de Compensación Familiar 23,2% 30,3%
Tasa de sindicalización   4,3%   4,6%

Fuente: DANE: Fuente de Información Laboral de Colombia (FILCO) con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Ministerio del Trabajo- Censo Sindical ENS

Más desempleo

Jorge Restepo – sin palabras. Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental Los trabajos y los días 2017

El estancamiento de la economía colombiana ha tenido un impacto directo en el empleo. Se evidencia en el continuo incremento en la tasa de desempleo: 8,9% en 2015; 9,2% en 2016; y 9,4% en 2017. Cifras superiores al promedio de América Latina: 8,4% en 2017 (Portafolio, diciembre 18 de 2017). El desempleo es mayor en las cabeceras municipales y en las grandes ciudades, en donde la tasa pasó de 10,3% en 2016 a 10,5% en 2017.

De cada 100 personas que engrosaron la oferta laboral, sólo 77 encontraron trabajo, el resto sigue desempleado.

De los 226.000 nuevos puestos de trabajo, la agricultura aportó 159.000, con un incremento de 4,5% con respecto al año anterior. Fue el sector que más empleo generó, aunque este mayoritariamente informal y precario.

Informalidad alta y sostenida

La tasa de informalidad, medida por acceso a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales, disminuyó menos de un punto: de 66,7% en 2016 pasó a 65,9% en 2017. En otras palabras: alrededor de 14´750.000 personas ocupadas siguen excluidos de estos sistemas. La tasa de informalidad de los hombres fue 66,0%, superior a la de las mujeres: 65,8%.

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La tasa de informalidad en los centros poblados y rural disperso fue de 87,3% (4´280.000 ocupados).

Tres sectores de la economía reportaron tasas de informalidad superiores a 70%: construcción (74,1%); comercio, hoteles y restaurantes (78,2%); agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura (90,7%).  Las menores tasas en electricidad, gas y agua (8,3%); actividades financieras (17,5%); y servicios comunales (44,5%).

Tasa de informalidad por rama de actividad económica 2016-2017

Rama de Actividad Económica 2016 2017
Actividades inmobiliarias 49,0% 47,5%
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 91,0% 90,7%
Comercio, hoteles y restaurantes 79,5% 78,2%
Construcción 74,2% 74,1%
Electricidad, gas y agua 8,1% 8,3%
Explotación de minas y canteras 50,5% 49,7%
Industria manufacturera 56,1% 56,3%
Intermediación financiera 19,1% 17,5%
No informa 67,7% 62,0%
Servicios comunales, sociales y personales 45,7% 44,5%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 65,4% 64,4%
Total Nacional 66,7% 65,9%

Fuente: Fuente de Información Laboral de Colombia (FILCO) con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Ministerio del Trabajo.

En cuanto a la informalidad por nivel educativo, los ocupados con hasta básica primaria alcanzaron una tasa de 89,0%; ocupados con básica secundaria de 82,1%; media 62,4% y trabajadores con educación superior o universitaria registraron una tasa de informalidad de 36,7%. Es decir, quien no estudie está condenado al empleo informal, a recibir menores ingresos y a tener desprotegidos sus derechos laborales básicos.

Brecha laboral contra las mujeres

Persiste la exclusión y discriminación de género en el mercado laboral. En 2017, la tasa de desempleo de las mujeres fue 12,3% y la de los hombres 7,2%. O sea 5,1 puntos de diferencia, siendo las trabajadoras domésticas un grupo poblacional claramente vulnerado y segregado laboralmente.

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En 2016 la diferencia salarial entre hombres y mujeres fue de 19 puntos.  Es decir, las mujeres ganaron sólo el 81% del salario de los hombres. El salario promedio de éstos fue $1´051.359, y el de las mujeres $854.328. A pesar de la mayor formación de ellas: 9,6 años de formación en promedio. Los hombres 8,5 años de formación.

Según estudio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, las mujeres asalariadas trabajan 5 horas menos a la semana que los hombres: ellos 50 horas, ellas 45, lo que en parte explica la brecha salarial. De otro lado, las mujeres dedican más horas al cuidado de la familia: 20 semanales, mientras los hombres solo invierten 8 horas.

Jóvenes, en las calles y señalados de delincuentes

En 2017 la tasa de desempleo para las y los jóvenes entre 14 y 28 años fue 16,1%, superior en 6,7 puntos porcentuales a la tasa nacional. Por sexos, la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes fue de 21,1%, frente a 12,2% de los hombres. De cada 100 jóvenes que hicieron parte de la oferta laboral, sólo 60 encontraron un trabajo.

El porcentaje de los llamados Ninis (jóvenes que Ni trabajan, Ni estudian, Ni buscan trabajo) en 2017 fue del 20,8% (2´550.000 jóvenes en edad de trabajar). La tasa de hombres Ninis fue 12,0%, y la de las mujeres escaló a 29,7%.

La niñez trabajadora

En 2017 trabajaban en el país 796.000 niños, niñas y adolescentes (entre 5 y 17 años), equivalente a una tasa de 7,3%. Representó una leve disminución con respecto al 2016, cuando era de 7,8%.

El 56,2% de niñas y niños trabajó sin remuneración; 16,9% recibió sólo hasta ¼ de salario mínimo legal vigente, 13,6% más de 1/2 smmlv, y 11,2% entre 1/4 y 1/2 smmlv.

El trabajo infantil se presentó más en las zonas rurales: tasa de 14,7% (442.000 niños, niñas y adolescentes). En estas zonas duplica el nivel nacional, y triplica las cabeceras municipales.

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Baja cobertura en seguridad social: exclusión del sistema pensional

  •  La protección en salud registró más amplia cobertura con relación a la población ocupada total, y con la población trabajadora dependiente y asalariada. En promedio el 93,2% tiene aseguramiento en salud. Sin embargo, apenas el 48,7% cotizaba al régimen contributivo, al resto lo cubría el régimen subsidiado o no tiene cobertura.
  • Apenas el 38,6% de las y los trabajadores estaba afiliado y cotizaba al sistema pensional; y de cada 100 adultos mayores, apenas el 32 estaba pensionado, los demás, si no cuentan con una renta para vivir, deben sobrevivir de la solidaridad de la familia, o en la completa indigencia.
  • Solo 45,7% de las y los trabajadores ocupados estaba asegurado por riesgos de accidentes y enfermedades laborales. Aumentó menos de un punto porcentual con respecto a 2016, cifras de Fasecolda.
  • Los accidentes laborales pasaron de 701.696 a 660.110, reducción de 5,9%. Las enfermedades también se redujeron de 10.572 a 9.692 (8,3%). Cada día ocurrieron 1.809 accidentes de trabajo y 27 enfermedades calificadas como laborales. Sin embargo, estas cifras corresponden solo al 45,7% de los afiliados. El resto es invisible, lo cual es un problema grave que requiere la atención del Estado y los empresarios.
  • Sólo 40,5% estaba afiliado a algún fondo de cesantías. Entre estos, sólo 298.569 trabajadores eran independientes, y apenas el 3,1% por cuenta propia.

Ante la alta exclusión del sistema de protección social, se han implementado tres tipos de reformas:

  1. Para disminuir la carga del gasto pensional sobre las finanzas del Estado: aumento de la edad y semanas de cotización, disminuyendo la mesada pensional y la eliminación de la mesada 14. Esto ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe.
  2. Convertir el sistema de pensiones en un jugoso negocio del sector financiero a través de los fondos privados, que hoy tienen la mayor proporción de afiliados cotizantes, en contraste con el mayor número de pensionado a cargo del Estado.
  3. Para amortiguar los efectos de la exclusión y la desprotección, creación de un programa de subsidios en dinero y en especie, que no alcanza a superar la línea de indigencia (Colombia Mayor), y un sistema de ahorro denominado Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que es muy marginal y no asegura ingresos suficientes para escapar de la pobreza extrema.

Las máscaras de la tercerización

Las presas de la vida 5 – Bernardo Peña – Concurso de Fotografía documental Los trabajos y los días ENS. 2016

La tercerización es una práctica empresarial privada y pública utilizada para ocultar relaciones laborales formales, evadir responsabilidades e impedir la sindicalización de los trabajadores. La favorece una regulación pantanosa, que el Ministerio de Trabajo no logra controlar y que se va adaptando o transformando según las necesidades de las empresas, basados en la alta flexibilidad que busca reducir costos laborales.

La decadencia de las cooperativas de trabajo asociado por restricciones legales, llevó a que muchas se transformaran en “sindicatos” de papel, que firman Contratos Sindicales, especialmente en el sector salud. En los últimos años han tenido un crecimiento exponencial. En 2010 eran 50, con unos 11 mil beneficiarios; en 2015 ya eran 1.975 contratos sindicales, con más de 100 mil beneficiarios.

También se usan masivamente las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) y los contratos de prestación de servicios como forma de ocultar relaciones laborales.

Una multitud de sindicatos pequeños

La tasa de sindicalización es marginal en Colombia, con una tendencia al estancamiento o deterioro. En 2016 esta tasa era 4,63%, bajó al 4,6% en 2017. El número de sindicalizados pasó de 1´025.792 a 1´028.764. A su vez crece la fragmentación de la estructura sindical. En 2016 había 5.449 sindicatos, en el 2017 ascendieron a 5.523, el 80% de ellos con menos de 100 afiliados.

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Es especialmente grave la ínfima tasa de sindicalización en el sector privado: apenas el 2,6%. En el sector público es del 42%, explicado por la fuerte sindicalización de las y los maestros.

El 60% de los sindicalizados se concentra en 4 regiones: Bogotá con 34,4%; Antioquia (11,9%), Valle (8,3%) y Santander (5,2%). El 40% restante en otras regiones del país.

En el 2015, la negociación colectiva, que aparte de las figuras de la convención colectiva de trabajo y los acuerdos laborales en el sector público, incluye las muy controvertidas figuras del contrato sindical y el pacto colectivo, alcanzó un 7,4% de la población ocupada.

Violencia antisindical

En 2017 el Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS registró 212 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física contra sindicalistas en Colombia, discriminadas así: 22 homicidios, 16 atentados, 135 amenazas, 25 hostigamientos y 9 detenciones arbitrarias. 28 de esas violaciones fueron contra mujeres sindicalistas.

El 82,5% de los casos fueron contra líderes sindicales y 73 casos contra sindicalistas agrarios. La impunidad se mantiene en 95%.

Adicionalmente, siguen las acciones contra organizaciones sindicales como colectivo. Se registraron 7 amenazas, un atentado a sede sindical y un robo de archivo sindical.

En general, este periodo se caracteriza por una leve reducción en el número de casos, explicado por los avances del Acuerdo de Paz; por una violencia antisindical focalizada en activistas y dirigentes sindicales; por la continuidad de la estigmatización y la criminalización de la acción sindical; por la reactivación de la violencia antisindical en las zonas rurales, agravada por la persistencia de los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos; por la ineficaz aplicación de justicia y la impunidad que cubre estos hechos; y por unas medidas de protección precarias, que no garantizan la integridad física de los sindicalistas y líderes sociales.

Para evitar la violencia antisindical como práctica sistemática, se requiere que el Estado y el empresariado eviten la estigmatización, la judicialización, la criminalización y persecución de la actividad sindical. Los hechos ocurridos con ocasión de la huelga en Avianca y Cerromatoso, evidencian lo contrario.

Crece la protesta

Las movilizaciones y protestas de trabajadoras y trabajadores y sindicalistas, viene creciendo en Colombia, con mayor regularidad luego del Acuerdo de Paz. El 2017 fue el año con mayor número de movilizaciones y acciones de protesta desde 1991. Hubo 384 en total, dos fueron huelgas, una de ellas la de los pilotos de Avianca afiliados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), una de las acciones colectivas de trabajadores con más impacto mediático en los últimos años.

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Los pilotos declararon la huelga luego del ciclo de negociación con la empresa, buscando igualar sus condiciones de trabajo con las del resto de los pilotos, que habían suscrito un pacto colectivo ilegal. Durante 54 días de huelga enfrentaron severas restricciones a la libertad sindical, como:

– Negativa al diálogo y la negociación por parte de la empresa.

– Campaña de estigmatización hacia la huelga desde los medios masivos,

– Judicialización y criminalización a líderes sindicales.

– Cuestionable actuación del Ministerio del Trabajo en la protección de los derechos de los trabajadores.

– Solicitud de la empresa para contratar temporalmente pilotos extranjeros.

– Fallo de ilegalidad de la huelga por parte de la Corte Suprema de Justicia.

– Despido de 107 pilotos y suspensión de 109 trabajadores.

Ante el eventual ingreso de Colombia a la OCDE, surgen muchas dudas y cuestionamientos al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia laboral.

¿Cómo se garantizan los derechos laborales y el cumplimiento de estándares laborales cuando se estigmatiza, criminaliza y judicializa el derecho de huelga en una actividad no contemplada como servicio público esencial?

Medellín: cuentapropismo y desempleo

Medellín registró en 2017 una tasa de desempleo de 10,8%, superior a la tasa nacional, que fue de 9,4%. Hubo 221.000 desocupados en la ciudad. La tasa de desempleo de las mujeres fue de 12,5%, mientras la de los hombres fue 9,4%.

La tasa de ocupación fue de 58,5%, o sea 1´822.000 de ocupados. Dos posiciones ocupacionales concentraron el 87,7% del empleo: empleado particular (59,1%) y trabajador por cuenta propia (28,6%).

La tasa de trabajo infantil (niños, niñas y adolescentes entre 5-17 años) fue de 3,7%, inferior a la del nivel nacional: 7,3%.

La tasa de jóvenes NINIs fue 17,3%, inferior al promedio nacional (20,8%). Por sexos la diferencia es mayor: la tasa de mujeres NINIs fue 22%. La de los hombres 12,6%.

En materia sindical, hubo 89.157 afiliados a 290 sindicatos. Para una tasa de sindicalización de 4,9%,

El mundo del trabajo en el primer trimestre del 2018-Colombia

Indicador I trimestre 2018
% población en edad de trabajar 80,3%
Tasa global de participación (TPG) 63,2%
Tasa de ocupación (TO) 56,4%
Tasa de desempleo (TD) 10,7%
Cifras en miles
Población total 48.195
Población en edad de trabajar 38.690
Población económicamente activa 24.438
Ocupados 21.831
Desocupados 2.607
Inactivos 14.252

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Hacia una agenda laboral y sindical con el nuevo gobierno

Superar el déficit de trabajo decente, la precariedad del empleo, la tercerización laboral y los obstáculos a la libertad sindical requiere de la voluntad política del Estado, de sus entidades y del próximo presidente de la República. El nuevo gobierno debería tomar nota de las propuestas de las organizaciones de las y los trabajadores, con el fin de empezar a pagar la deuda histórica con éstos. Estas propuestas son:

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  1. Cumplir con las normas y compromisos internacionales de Colombia: i) las recomendaciones de los órganos de control de OIT); ii) el Plan de Acción Laboral (Acuerdo Obama-Santos) de 2011; iii) la Resolución 2628 (Hoja de Ruta en derechos humanos y laborales del Parlamento Europeo) de 2012. iv) las conclusiones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, de 2011; v) las recomendaciones del Comité de Relaciones de Empleo y Políticas Sociales de la OCDE; y vi) el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Colombia y Canadá, de 2011. Estos acuerdos coinciden en 5 temas fundamentales: 1) fortalecimiento de la institucionalidad del Estado (Ministerio del Trabajo y Fiscalía General) con énfasis en la inspección laboral; 2) disminución de la informalidad e ilegalidad laboral; 3) protección y garantías a la libertad sindical; 4) superación de la violencia e impunidad; y 5) ampliación del diálogo social.
  2. Formular, adoptar e implementar la política pública de trabajo decente, ordenada por el artículo 74 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, de manera concertada con sindicatos, empresas, organizaciones sociales y la academia. Debe incluir temas como: 1) formalización laboral en el sector privado y el público; 2) prohibición y sanción de la intermediación laboral para actividades misionales y permanentes; 3) control a las empresas de servicios temporales; y 4) reforma que regule y controle los contratos de prestación de servicios, compromiso éste que no ha cumplido el gobierno Santos
  3. Formular, adoptar e implementar una política pública de trabajo decente para el sector rural, en cumplimiento del Acuerdo de Paz.
  4. Crear un Sistema Nacional de Economía del Cuidado que reconozca el valor de este trabajo para la sociedad (incluye el trabajo doméstico), genere alternativas laborales dentro del marco del trabajo decente, y brinde posibilidades para el cuidado de la vida (cuidado de niños y niñas, de personas enfermas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad).
  5. Crear programas específicos para que la juventud culmine la educación secundaria, acceda y mejore su formación profesional y asesoramiento para facilitar la transición a la universidad y al mundo del trabajo.
  6. Reformular e implementar la estrategia nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral del adolescente trabajador, con un enfoque participativo, territorial, poblacional, diferencial y étnico.
  7. Mejorar en calidad, cantidad y la eficacia de la inspección, vigilancia y control del trabajo, incluyendo la inspección móvil, especialmente, en los pequeños centros poblados y en el campo. Y diseñar mecanismos eficientes de sanciones (y su debido recaudo) para las personas y empresas que promuevan la tercerización, el trabajo infantil y sus peores formas y el trabajo forzoso (trata de personas y la servidumbre).
  8. El Estado debe asumir su obligación constitucional de asegurarle a toda la población un ingreso mínimo vital, que le permita protegerla contra la indigencia y le asegure su dignidad. Este ingreso debe ser financiado con aportes de empresarios e impuestos. Para ello se debe revisar el procedimiento de fijación del salario mínimo y adoptar una política distributiva de los ingresos laborales.
  9. Desmontar el uso de prácticas de tercerización ilegal y del contrato sindical, a partir de incentivos a la contratación laboral directa, con sanciones más drásticas. Limitar el uso del contrato de prestación de servicios en las entidades públicas.
  10. Fortalecer al Ministerio del Trabajo con nuevas competencias sancionatorias, distintas a la multa administrativa. Cumplir el estándar internacional sobre cantidad de inspectores de trabajo en cada dirección territorial y crear grupos especializados permanentes en temas de tercerización e intermediación ilegal y para zonas rurales, actividades de alto riesgo y sectores de trabajadores especialmente vulnerables (puertos, flores, caña, palma, minería).
  11. Proteger y promover el derecho de asociación sindical, con las siguientes acciones: reforma y aplicación del artículo 200 del Código Penal para asegurar sanciones penales a las prácticas antisindicales; creación de un mecanismo judicial para protección contra actos de discriminación e injerencia antisindical; establecer un Fondo de Financiación y promoción de las organizaciones sindicales; campañas en medios masivos para promocionar la libertad sindical, una cultura de legalidad laboral y el diálogo social entre empresas y sindicatos.
  12. Proteger el derecho de negociación colectiva y de huelga con medidas como: prohibición del uso antisindical de los pactos colectivos; control a la creación de «falsos sindicatos» y los contratos sindicales; mejorar las reglas para conformar y tramitar Tribunales de Arbitramento; promover y fortalecer la negociación colectiva de empleados públicos; impulsar la negociación colectiva sectorial y multinivel previo desarrollo de estructuras sindicales de rama; establecer una regulación protectora del derecho a la huelga y expedir el marco normativo para servicios públicos esenciales.
  13. Promover una estrategia de diálogo social bipartito, tripartito y multipartito para el trámite y solución de los conflictos socio-laborales a nivel de empresa, sectorial, territorial y nacional, y brindar garantías al derecho de movilización y protesta.
  14. Crear la Defensoría Pública Laboral, en cumplimiento del Convenio 81 de la OIT.
  15. Descentralizar la inspección laboral y el establecimiento de la inspección laboral rural (Convenio 129 OIT).
  16. Reactivar y dar cumplimiento al proceso de reparación colectiva al sindicalismo, poniendo en funcionamiento la Mesa Permanente de Concertación creada por el Decreto 624 de 2016.
  17. Promover, apoyar y acompañar al sindicalismo, para que, como víctima colectiva, incida ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Para que el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición les sean garantizados a las víctimas de la violencia antisindical.
  18. Respaldar el cumplimiento del Acuerdo de Paz en su integridad, promoviendo una agenda laboral y sindical para la paz, con énfasis en los derechos laborales a las y los trabajadores rurales, incluyendo protección especial a la mujer.

Bases de la Reforma Pensional

Doormen-Hombres de la puerta2 -Ull Galindez-Argentina. Concurso Latinoamericano de Fotografía Documental, Los trabajos y los días ENS. 2016

Uno de los retos para el próximo Gobierno será promover una reforma pensional cuyo centro sea asegurar ingresos dignos a toda la población adulta mayor, como un derecho de ciudadanía y no simplemente como un programa asistencial.

Ese es el núcleo de la propuesta que los sindicatos han venido elaborando. Reivindica la creación de un sistema de pilares, con un primer pilar solidario financiado con impuestos, recursos públicos y cotizaciones, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica, de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo equivalente al menos a medio salario mínimo legal (como un piso de protección social), inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable. Este ingreso que se podría incrementar mediante cotizaciones y/o con un sistema de ahorros individuales, como los consagrados en el sistema BEPS.

La financiación de este pilar se podría asegurar incrementando la tributación efectiva del capital, que hoy es apenas del 12% de las ganancias, y eliminando las exenciones tributarias al capital, que en 2016 le costaron al fisco 1,2% del PIB, según el propio gobierno. Además se podrían destinar otros recursos: los del Fondo de Solidaridad Pensional; el acumulado de las cotizaciones de las personas que no alcanzan el número de semanas para acceder a la pensión y que hoy se reclaman por la figura de indemnización sustitutiva; los recursos del Programa de Subsidio al Aporte para Pensión (PSAP); el ahorro directo del programa BEPS; los recursos del impuesto a las pensiones millonarias; la destinación de un dólar por cada barril de petróleo exportado, y así conformar un fondo cuyos rendimientos se destinarían a financiar esta pensión.

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Ampliar la cobertura universal en el sistema pensional implicará cambios en el modelo de desarrollo y la política de empleo, procurando una mayor formalización laboral y una mayor responsabilidad de la empresa y del Estado en las coberturas al trabajador, independientemente del tipo de contrato de trabajo y vínculo laboral.

La reforma pensional debe ser producto de un gran acuerdo nacional, que incluya a sindicatos, gremios, entidades territoriales y el gobierno nacional, y pueda contar con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

 

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