En el país hay un debate por cuenta de quienes quieren que el presidente Duque objete la Ley Estatutaria de la JEP, entre ellos el senador Álvaro Uribe y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez.
La ley fue remitida por el presidente del Congreso, Ernesto Macías, e Iván Duque tiene plazo hasta el 11 de marzo para firmarla u objetarla.
El Presidente Duque se pronunció al respecto el miércoles pasado, cuando dijo: “Vamos a cumplir con nuestra responsabilidad con mucho rigor. Tomaré los tiempos que me otorga la Ley y buscaré la mejor decisión para que tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”.
La posición de la ENS
Para Ana María Amado, abogada, directora del Área de Defensa de Derechos de la Escuela Nacional Sindical, es muy importante que esta ley se apruebe, y rechaza una posible objeción por parte de Duque. Enfatiza en que el acceso a la justicia es un derecho humano y está estipulado en convenios internacionales suscritos por Colombia.
“El hecho de que sea una ley estatutaria brinda a los colombianos una garantía. Estuvo en trámite desde el 18 de diciembre de 2017, surtió 8 debates en el Congreso de la República, en los cuales toda la sociedad, democráticamente, pudo expresar sus puntos de vista”, señaló Ana María Amado.
Otra razón por la cual no se debe objetar la ley –agregó– es que por ser ley estatutaria tuvo control por parte de la Corte Constitucional, que tras un extenso análisis emitió la sentencia C-080 del 2018, que estableció algunos cambios que facilitan el respeto por los derechos de las víctimas.
Para la directora del Área de Defensa de Derechos de la ENS, si se obstaculiza la implementación de la estatutaria “se estaría afectando el derecho a la justicia, que es un derecho humano y que pretende garantizar una paz estable y duradera en el país”.
Por su parte, Viviana Colorado, profesional del Área de Derechos Humanos de esta institución, coincidió con Ana María en que una objeción de la ley estatutaria afectaría el derecho de las víctimas, que, como es sabido, son el centro del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.
“Debemos recordar que la JEP es producto de un acuerdo político, y hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Garantías de no Repetición. Y en el centro del sistema están los derechos de las víctimas”, aseguró Colorado.
En lo referido a las víctimas causadas al sindicalismo, la profesional recordó que el registro de la ENS contabiliza más de 14 mil hechos violentos contra sindicalistas en todo el país, donde la violencia ha victimizado a 487 organizaciones sindicales.
“Las expectativas de estas víctimas, tanto individuales como colectivas, se afectarían sino tienen suficientes garantías en el funcionamiento de la JEP y los demás mecanismos del sistema. Las víctimas de la violencia antisindical llevan décadas esperando justicia, la cual no debe tener trabas políticas ni jurídicas”, señaló Viviana Colorado.
Una objeción a la ley estatutaria de la JEP sería un ataque al conjunto de del sistema, incluidas la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas Desaparecidas. Por eso Colorado insiste en que debe primar el interés de las víctimas y las expectativas que éstas se han hecho frente a la implementación del sistema.
Organizaciones piden a Duque que la firme
Por su parte, la semana pasada más de 200 organizaciones sociales y de víctimas le enviaron una carta al Presidente de la República, en la cual le piden que sancione sin dilaciones la ley estatutaria de la JEP.
En la misiva aseguran que la ley ya ha tenido contratiempos que afectan las garantías y derechos fundamentales de las víctimas:
“La importancia de la sanción presidencial de la Ley radica, no solo en la necesidad de millones de víctimas y de la sociedad en la consolidación real y efectiva de una paz estable y duradera, sino también en la posibilidad de que se materialicen los derechos que han sido conculcados por distintos actores tras más de cincuenta años de conflicto, oportunidad que las víctimas y las organizaciones firmantes confiamos al SIVJRNR, y especialmente a la JEP en materia de justicia”, dice la carta.
Las organizaciones insisten en que objetar la ley estatutaria propiciaría una situación de impunidad en el país, que pondría en entredicho el compromiso de paz del gobierno. “Hoy le hacemos un llamado para que cumpla su compromiso con las víctimas, la sociedad y permita que se avance en la construcción de una paz estable y duradera”, finaliza la carta.
Lo que dice la JEP
Patricia Linares, la presidenta de la Jurisdicción Especial Para la Paz, ha hablado extensamente con medios de comunicación sobre la situación que se presenta. En una entrevista con Pregunta Yamid, en el Canal Uno, invitó al país para que antes de reabrir debates políticos que polaricen, impulse debates éticos sobre lo que realmente quiere la sociedad.
Para la magistrada, «este es un modelo de justicia transicional que en lo esencial significa apostarle a la sanción de los máximos responsables, contribuyendo a la erradicación de las causas estructurales de la guerra».
Ya antes, en otra rueda de prensa, había dicho que no se podía desconocer la sentencia C-80 del 2018 de la Corte Constitucional, y que lo que se está abriendo en el país es un debate político que ya se dio en el Congreso de la República durante la discusión de la ley.
«Esta Corte -aseguró- ya hizo un examen detallado y exhaustivo de todas y cada una de las normas que fueron producidas en el Congreso de la República, después de un amplio debate en el que participaron todos los partidos políticos, que consignaron sus acuerdos en esas normas que serían ley de la República, una vez el señor Presidente sancione y promulgue dicha ley, como lo estableció la Corte Constitucional», dijo Linares.
La Corte Penal Internacional se pronuncia
Además de las miles de víctimas que esperan la no objeción de la ley por parte del presidente Iván Duque, organismos internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI), también instaron al Presidente a firmarla lo más pronto posible, y así darle seguridad jurídica a la Jurisdicción Especial para la Paz.
El miércoles pasado la Corte Penal Internacional, a través de su vicefiscal, James Stewart, expresó que es importante que la JEP tenga un marco legal definido. «De no ser el caso, esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones«, aseguró.
Stewart manifestó que la CPI apoya a la JEP como el mecanismo clave de la justicia transicional adoptado de conformidad con los acuerdos de paz en Colombia.
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CESAR JIMENEZ:
25/02/2019,Comedidamente solicito información de cuales habrán sido sus planteamientos frente a las diferentes reformas tributarias que sobrecargan la tributación a los empleados y profesionales independientes, tanto en materia tributaria como en materia de seguridad social y como esos tributos van en detrimiento y retroceso de los logros de los trabajadores en materia tributaria versus su minimo vital y según los compromisos de Colombia con los pactos internacionales en el sentido de no desmejorar la capacidad económica de los trabajadores.