Las alianzas productivas en el sector de la palma de aceite. Informe especial de la ENS

Por Adrián Vásquez Quintero. Investigador ENS.

Las Alianzas Productivas cobran especial importancia en la discusión pública a partir de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. El tema aparece explícitamente en el punto uno de los Acuerdos: la necesidad de desarrollar la economía familiar y campesina “en coexistencia y articulación con otras formas de producción agraria”, o sea ampliar y profundizar el modelo de Alianzas Productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, para lo cual brindará asistencia técnica, jurídica y crediticia con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.

El Gobierno Nacional determinó que el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas será una herramienta de respuesta rápida en el posconflicto, con mayor énfasis en 322 municipios prioritarios por el Ministerio de Posconflicto. A éstos se orientara el 70% de los cupos de este registro y el restante 30% se repartirán entre el resto de municipios del país.

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Es pues un componente medular de la política del Estado para la reforma rural, por lo que resulta de interés analizar el modelo y sus resultados, algo de lo cual nos ocuparemos en este informe, enfocándolo en el sector de la palma de aceite. Pero antes veamos algunas generalidades sobre este modelo:

Qué son las Alianzas Productivas

Es un modelo asociativo de producción entre pequeños y medianos productores agrícolas (proveedores) y empresas industriales (aliados comerciales) cuyo objeto es integrar a los primeros a la cadena de valor del sector agroindustrial asegurándoles un mercado para sus productos y acompañamiento en el proceso productivo, que les permita acceder a los recursos técnicos y financieros para incrementar su productividad e ingresos.

Este modelo se implementa desde el 2002, año en que el Banco Mundial lanzó el Proyecto de Apoyo a las Alianzas Productivas (PAAP), que reemplazó al modelo de Acuerdos Sectoriales de Competitividad (ASC). Con el objeto de promover la inversión y la tecnología en el sector agrícola, la sanidad animal, el desarrollo rural y los mercados para la apertura económica. Y así resolver la fractura entre pequeños productores y los mercados que demandan sus productos.

Las AP mejoran las condiciones de los pequeños y medianos productores al reunir su producción dispersa y asegurarles un mercado para sus productos superando la figura del intermediario, lo que reduce costo de los insumos, permite producir según las mejores prácticas y facilita el acceso al crédito. Es una relación “gana-gana” entre las empresas y las personas pobres, según el gobierno.

Son tres los actores de las AP. De un lado están los pequeños y medianos productores, que aportan sus medios de producción (capital, tierra, trabajo y conocimiento) y responden por la entrega de sus productos al aliado comercial; y se articulan en organizaciones que los representan. El segundo actor son los aliados comerciales, o sea las empresas que llevan la producción a los mercados de consumo y almacenes de grandes superficies, o la exportan; y los aliados industriales, que transforman el producto para su venta. En todos los casos deben asegurar la compra total o parcial de la producción. Y el tercer actor es el Estado, que participa con la provisión de recursos bajo el sistema de incentivos, y asesora y acompaña las organizaciones de productores.

El modelo precisa de muchas correcciones, sobre todo desde el papel del Estado en lo que respecta a asistencia técnica, transferencia tecnológica y conocimientos organizativos, financieros y administrativos, amén de garantías cambiarias y precios de sustentación de los productos, que permita a los campesinos asegurarse frente a la volatilidad de los precios internacionales.

Si bien el modelo es potencialmente atractivo y beneficioso, es también riesgoso para los pequeños y medianos productores. Veamos:

El modelo AP se ha expandido aceleradamente por todo el país. Entre 2002 y junio de 2015 se conformaron 881 AP, en las que participan 55.328 familias y abarcan 94.398 hectáreas, con un volumen de inversión de $954.103 millones, de los que el Estado, vía incentivos, ha aportado $221.398 millones (23.2%).

Según un estudio del CIAT (2015), las AP han logrado competencias básicas empresariales en las organizaciones de productores: más del 80% de ellas consiguen nuevos aliados. Como también han generado ingresos de las familias campesinas participantes, que registran 1.99 puntos más en el índice de reducción de la pobreza, y un aumento de 10% en la probabilidad de mantener su condición de seguridad alimentaria. Hubo aumento en los ingresos: 45.06% más alto en los hogares con más de 3 años en el programa.

También un aumento de las ventas, que pasaron de $72.066 millones en 2002, a $307.674 millones en 2015. Además, por cada productor participante se generan 1.42 empleos en la actividad productiva y 1.18 empleos equivalentes (por ingresos adicionales).

Pero, por otro lado, en la mayoría de los casos los productores se integran a las cadenas de valor como simples proveedores de materias primas, sin posibilidad de diversificarse. Añaden poco o nulo valor agregado a su producción, lo que los hace indefensos frente a las volatilidades del mercado. En cambio, las empresas aliadas pueden expandir su actividad económica con la garantía de la provisión de las materias primas, y sin necesidad de ampliar sus operaciones de producción.

Casos exitosos de AP se han dado en el sector del plátano, donde algunas han permitido suprimir la figura de los intermediarios. También en la caficultura, donde han fomentado el cultivo de cafés con denominación de origen, que elevan el precio de venta en los mercados internacionales. Pero el caso más controvertido se da en la palma de aceite, un sector al que el gobierno le ha prestado escasa atención en la implantación del modelo de las AP. En muchos casos se observa que los campesinos salen perjudicados en la aplicación del modelo.

Las AP en el sector aceite de palma

Foto tomada de El Espectador.

En este sector el desarrollo de las AP ha tenido una dinámica acelerada. Un estudio realizado en 2010 por la alianza SNV-CECODES estimaba que para ese año las alianzas participaban con el 28% del área total sembrada en el país, y los pequeños y medianos campesinos integrados con el 14% (48.412 hectáreas).

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El cultivo de la palma y la extracción de aceite representan el 88% y 12% respectivamente del costo de producción de una tonelada de aceite. Costos elevados y poco competitivos frente a otros países. La dificultad está en el eslabón primario de la cadena, donde los costos variables (salarios) son comparativamente muy altos. Por ello el cultivo de la palma es escasamente rentable, depende de que los precios internacionales sean elevados. Por tanto, la economía de escala en el negocio hay que buscarla en la fase de extracción, no en el cultivo.

Claro que el problema de los costos de producción del aceite no obedece de manera lineal y simplista a que los salarios en Colombia sean elevados (más bien valdría decir que en Malasia e Indonesia son bastante bajos). Lo que hay es un problema de escala: las plantaciones de Malasia e Indonesia se cuentan por millones de hectáreas, mientras en Colombia es de poco más de medio millón.

De acuerdo al único estudio que se conoce sobre las AP en palma (SNV-CECODES 2010), para ese año el 57% de los núcleos productivos presentaban productividades por debajo de la esperada para cada año de siembra; problema íntimamente relacionado con enfermedades de la palma, como la pudrición del cogollo, al que se suman problemas de financiación y acompañamiento técnico. Un 30% de los cultivos tiene serios problemas de productividad y tendrán dificultades para pagar las deudas.

El tema de los precios del aceite es quizá el aspecto más espinoso. Los pequeños y medianos productores compiten con los mercados agrícolas internacionales, en los que los precios están determinados por la volatilidad de esos mercados, la cual en el caso del aceite es marcada, con precios con tendencia a la baja en los últimos años. En 2012 una tonelada métrica costaba unos 1.000 dólares, actualmente cuesta 650, muy cerca del costo de producción, que es de 500 dólares. Es un problema delicado, dada las características del modelo de alianzas en palma, pues una depresión de precios internacionales se descarga directamente sobre los productores. Y, por otra parte, los aliados comerciales nacionales demoran en el pago a los proveedores hasta 6 meses, especialmente en almacenes de grandes superficies.

Existe también el factor financiero. Los préstamos bancarios se cargan contra la tierra de los productores de palma, con riesgo de que la pierdan; sin mencionar las elevadas tasas de intermediación financiera, que superan con mucho la situación internacional y que, además, desconocen las condiciones específicas de la producción agrícola.

Y está el riesgo de la seguridad alimentaria. En monocultivos como la palma de aceite, existen peligros de seguridad alimentaria de las familias campesinas.

El modelo Indupalma

En el modelo de AP de Indupalma, el más conocido y publicitado, la empresa coordina los préstamos financieros respaldados por las tierras de los campesinos, o las que van a adquirir para la alianza. Son pues los campesinos quienes respaldan la financiación de los proyectos contra su propia tierra. Luego la empresa se convierte en “operador logístico”: les vende las plántulas, les da asesoría técnica y financiera, y hasta las capacitaciones, lo que refuerza los costos de producción de los campesinos, que deben pagar los préstamos a interés con los “servicios prestados” por la compañía. Es un pago del 8% bruto sobre los ingresos que cobra la empresa, lo cual dobla el precio del endeudamiento. La deuda inicial de campesinos que en Sabana de Torres se asociaron con Indupalma, fue de $7.940 millones, pero por concepto de “operación logística” los productores terminarán pagándole a Indupalma $9.918 millones en los 18 años que dura el contrato de asociación, adicionales al préstamo inicial con interés.

No contenta con eso, Indupalma les vende a los productores los fertilizantes a un precio superior al del mercado, les cobra el transporte y paga la fruta $20.000 menos por tonelada, lo que incrementa los costos hasta un 10%. Y aunque la empresa promete asociar a los campesinos como co-propietarios de las extractoras, éstos se quejan de incumplimientos en lo pactado. No sólo esto, la empresa (cuyo principal accionista es una sociedad localizada en Panamá) hipotecó las tierras de campesinos con la compañía GMG Master Found, localizada en Islas Caimán, otro paraíso fiscal. Por eso los campesinos “asociados” con Indupalma están en un estado de endeudamiento crónico.

Como puede observarse, el modelo de AP en el sector de la palma no está pensado para la “democratización de la tierra” y el acceso a recursos productivos, sino para abaratar el coste de producción de las extractoras a través de la tercerización en la proveeduría del fruto, y por esa vía aumentar su rentabilidad y asegurar el uso de la capacidad instalada. E incluso diversificar sus negocios, vendiéndoles los servicios de asesoría técnica y otros a los productores.

Es pues un modelo pensado para cargar el trabajo y las deudas a los campesinos, mientras las utilidades van los empresarios. El campesino tiene que cargar con los costes financieros del proyecto y la “operación logística” de la extractora, esto es, con el costo de la asistencia técnica y demás.

Y en el aspecto laboral, el modelo no se genera empleo sino auto-empleo: los campesinos propietarios de sus tierras terminan siendo trabajadores al servicio de Indupalma, ofrendándole a la empresa la tierra que les pertenece, y sin contrato laboral alguno.

Es claro entonces que el modelo AP en el sector de la palma no es sostenible porque tiene más riesgos y daños que beneficios. Para que el modelo les funcione a los pequeños y medianos productores se requieren 3 condiciones: que aumente la productividad, que los precios internacionales del aceite se mantengan altos, y que la cofinanciación sea sostenible, condiciones que no se dan, o se dan de manera volátil.

Condiciones laborales y sindicales

En la medida en que el productor opera con costos que bordean los $US500, contra unos ingresos por tonelada de aceite alrededor de los $US600, el margen de rentabilidad que le queda es muy bajo, solo suficiente para su sostenimiento y el de la familia. Bajo el modelo de Alianzas Productivas la explotación palmera y los derechos laborales son incompatibles: o hay pequeña explotación, o hay derechos laborales, no las dos cosas al tiempo. Y ni hablar del derecho a constituir sindicatos en producciones de tan pequeña escala.

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Como conclusión, el modelo de Alianzas Productivas en el sector del aceite de palma es inviable desde el punto de vista de las necesidades, intereses y derechos de los campesinos/trabajadores tercerizados, que venden su fuerza de trabajo regalando su tierra, y sin derechos laborales de ningún tipo.

Ha habido algunos pocos casos en que el modelo ha funcionado, como en los municipios de Maríalabaja y Tibú, donde las organizaciones campesinas han establecido vínculos con la empresa promotora Oleoflores. Y es porque allí los campesinos son copropietarios de la planta extractora y además la asistencia fitosanitaria tiene un 20% de su valor, lo cual constituye una diferencia sustancial respecto al modelo imperante.

Aunque también en estos casos hay problemas: en Maríalabaja se denuncia que la expansión del monocultivo ha socavado los cultivos de pancoger y la soberanía alimentaria de la región, al tiempo que ha afectado las fuentes de agua: ciénagas, playones, madres viejas, caños y quebradas.

En cuanto a la calidad del empleo, se dice que el modelo mejora el empleo y los ingresos de los campesinos pequeños y medianos. Pero no se disponen de datos sobre la cotización efectiva (no simple afiliación) a salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales, ni sobre las condiciones de salud y seguridad industrial en los proyectos de AP vigentes. Aunque se genere empleo, hecho que es muy importante, si este no es de calidad ni va acompañado de provisión efectiva de seguridad social e industrial, puede terminar mal.

A manera de conclusión, podríamos decir que sería un tanto simplista y sesgado negar que el modelo de AP pueda ser uno de los modelos de desarrollo rural para y de sustitución de cultivos ilícitos en el país, como lo pretende el Gobierno Nacional. Pero genera enormes dudas y peligros.

Por tratarse de un modelo de integración del pequeño y mediano productor a las cadenas nacionales y globales de valor, la supresión del intermediario clásico por el aliado comercial puede derivar en una sujeción del productor a este último, situación que no deja de ser riesgosa porque el poder de negociación del empresario es muy superior al del antiguo intermediario local.

Lo más llamativo del modelo es la promoción de la asociatividad, acorde con el espíritu de los Acuerdos de La Habana, que sin duda constituye un paso adelante para la mejora de las condiciones de vida del campo colombiano. Pero depende de que con esa asociatividad los campesinos se beneficien realmente de créditos a bajo costo, de insumos, asistencia técnica y transferencia de tecnología; y de que puedan diversificar la producción y agregar valor a sus cultivos. Es decir, que no sean simples proveedores de materias primas, asumiendo a su cuenta y riesgo las vicisitudes del cultivo y externalizando su propio trabajo a las empresas.

Para que el modelo AP sea posible y viable, el Estado colombiano debe asumir un papel protagónico, no de simple coordinador institucional. Debe intervenir en la conformación y fortalecimiento de asociaciones de productores con vocación agroindustrial, como proveedor de insumos, tecnología y asistencia óptimos y, ¿por qué no?, como creador de un banco público sólido que provea los servicios financieros a tasas mínimas.

Pero si, por el contrario, la asociatividad se convierte en una excusa para generar nuevas formas de dependencia de los pequeños y medianos propietarios al gran capital, entonces se seguirán repitiendo las crisis sociales en el campo y los conflictos violentos que estas generan, con un enorme gasto de fuerzas productivas que podrían encarrilarse al desarrollo del país y a la construcción de una paz con justicia social, estable y duradera, y con plenos derechos para todos y todas.

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