La formalización laboral “espuria” quedó consagrada en el nuevo Plan de Desarrollo, dicen analistas

Formalizacion Laboral
Imagen de referencia tomada del Concurso de Fotografía Documental Los Trabajos y los Días. Rodrigo Moreno Herrera -manos del campo COL

El documento final del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que aprobó recientemente el Congreso de la República incluye varios artículos que tocan la formalización laboral y el tema pensional. Y hay dos que revisten especial importancia, por su impacto para los colombianos: el 197 y el 202.

El 197 establece un piso mínimo de protección social para personas que ganen menos del salario mínimo, integrado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) y el Seguro Inclusivo. Por estas personas su empleador o contratista cotiza un 14% del salario del trabajador, a fin de que éste pueda obtener el beneficio periódico, o sea, el pago vitalicio de una mesada que podría ser de, entre $40 y $70 mil. Incluye un aporte adicional de 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales.  Con una salvedad: empleador que desmejore las condiciones de sus trabajadores para que accedan al piso mínimo, entra en procesos de fiscalización en la UGPP.

El artículo 202 dice que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden obtener, como prestación sustituta, o bien la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva de vejez, que será trasladada a los Beps. El Estado aporta como subsidio el 20% sobre el monto de la devolución de saldo que Colpensiones o los fondos privados hagan al trabajador que no alcance a cotizar las semanas necesarias para pensionarse.

A juicio del profesor Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad el Rosario, lo que en materia laboral aborda el nuevo PND es lo que la OIT llama “formalización espuria”, que consiste en bajar requisitos legales para aumentar formalidad laboral.

Para analizar este importante tema, la Agencia de Información conversó con el profesor Jaramillo y con los senadores Wilson Arias y Aida Avella; y con Carlos Guarnizo, coordinador del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en Colombia:

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Unas de cal y otras de arena

Aida Avella. Foto: El Espectador

Para la senadora de la Unión Patriótica, Aida Avella, el tema en el PND tiene unas de cal y otras de arena, en referencia al piso de protección social, al que, por un lado, le ve de bueno que plantea formalización laboral, algunos beneficios económicos y un seguro inclusivo a personas que no alcanzan a ganar el mínimo, y que de esa manera pueden tener alguna protección. Pero por otro lado legaliza la precariedad laboral, y cree que esto finalmente pesa más en el balance que lo primero.

«Lo que puede suceder es que a quienes ganen salario mínimo los empleadores los contraten por menos horas y menos salario para incluirlos en el piso mínimo»

Aida Avella

Lo que puede suceder –anotó– es que a quienes ganen salario mínimo los empleadores los contraten por menos horas y menos salario para incluirlos en el piso mínimo, puesto que de esa manera ahorran buena parte de los aportes al sistema de protección social. “Así que puede tener más riesgos que beneficios”, anotó la senadora de la UP.

Para esta senadora la promoción de los Beps que plantea el PND es la negación del derecho de pensión plena, que se sustituye por un beneficio del 20% sobre la devolución de saldo que Colpensiones o los fondos privados hacen a los trabajadores que no alcanzan a cotizar las semanas para pensionarse. “Es una pequeña contribución que sin embargo va a beneficiar a unos y a otros no”, señaló.

Tocó un punto del PND que no tiene relación con lo laboral, pero igual impacta a los trabajadores, y es que abre la posibilidad de que las personas que pertenecen al régimen subsidiado de salud paguen una cuota moderadora al momento de recibir el servicio, como una especie de sistema semicontributivo de salud. El Sisben determinará la población que tendría que pagar esta cuota moderadora.

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Precarización por la puerta de atrás

Carlos Guarnizo. Foto: Captura de Youtube

Carlos Guarnizo, coordinador del Centro de Solidaridad de la AFL-CIO en Colombia, opina que el PND sigue la orientación de quienes sostienen que los problemas de la economía y el desarrollo social se relacionan con los elevados costos de producción de las empresas, por tanto su apuesta es por reducir costos laborales y pensionales, para de esa manera –según ellos– generar más empleo y reactivar la economía, sin importar cómo se afectan los derechos de los trabajadores.


Y a lo que hay que apuntar es a todo lo contrario: que los colombianos tengan por lo menos el ingreso de un salario mínimo

Carlos Guarnizo

Sobre el artículo 197 del PND, que establece el piso mínimo de protección, Guarnizo opina que es una forma de legalizar la precarización laboral por la puerta de atrás, porque autoriza el pago de salarios inferiores al mínimo legal vigente, que la ley no permite. “Y a lo que hay que apuntar es a todo lo contrario: que los colombianos tengan por lo menos el ingreso de un salario mínimo”, afirma.

Dice que en este PND ve elementos que sugieren que el Min-Trabajo se va a relajar en su tarea de inspección y sanción por violación de derechos laborales, con los llamados “planes de mejora”, que suspenden las actuaciones administrativas del Ministerio durante un año en las empresas que se acojan. “Hay como una renuncia a investigar  las violaciones de derechos laborales, lo que no permite reparar el daño causado al trabajador o al sindicato”, anotó Carlos Guarnizo.

Con respecto a las multas que el Min-Trabajo impone a empresas o entidades que violen derechos laborales, a Guarnizo le preocupa el artículo del Plan que establece que en adelante no será el SENA el recaudador de estas multas. Como también le preocupa que su monto no se tase en salarios mínimos legales, como hasta ahora, sino en unidades de valor tributario, que son infinitamente inferiores. Cada unidad vale $34 mil, mientras el salario mínimo asciende a más de $800 mil.

“Así la sanción deja de ser disuasoria, porque la empresa preferirá pagar la multa, ya muy baja, y seguir manteniendo la situación de violación. Eso además desestimula a los trabajadores a demandar sus derechos, y le quita recursos al SENA”, dice Guarnizo.

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Incentivo perverso a la precariedad laboral

Wilson Arias. Foto: Captura de Youtube

Para el senador por el Polo Democrático, Wilson Arias, el tema del piso de protección, que autoriza la contratación por horas y el pago de menos del salario mínimo, conforman un “incentivo perverso” para que en adelante la contratación se enrute por esa vía, la de la precariedad.


«es posible que los empleadores contraten por esta vía y no por las formas conocidas de vinculación laboral

Wilson Arias

Según las cuentas de Arias, con el mínimo que le paga hoy a un trabajador, el empleador puede contratar por horas y menor salario a dos trabajadores, y ello le representa un menor costo de las prestaciones sociales, un ahorro que puede ser hasta del 30%. “De modo que con semejante ahorro es posible que los empleadores contraten por esta vía y no por las formas conocidas de vinculación laboral”, alertó el senador del Polo.

También se refirió al tema del SENA, que será afectado financieramente por las multas que dejará de cobrar, que según el senador le representan $50 mil millones. “Recursos que le son arrebatados al SENA para entregárselos al Ministerio de Trabajo con destino a un fondo de inspección y vigilancia. Con ese pretexto afectan la financiación del SENA”, anotó Arias.

También llamó la atención sobre la posible proliferación de las que llamó bolsas de prácticas laborales. Explicó que el SENA flexibilizó las condiciones de los aprendices para permitir que se les pague por debajo del salario mínimo y a veces por pasantías. Eso les permitió a los empleadores aumentar el número de aprendices y sustituir a sus propios trabajadores, es decir, precarizar el empleo. Pueden emplear aprendices hasta un 50% de su planta de personal. El PND de Duque dispone que ahora la práctica de aprendices la podrán hacer también estudiantes universitarios, de posgrado y maestría.

Esas bolsas de prácticas laborales han sido ampliadas en este Plan de Desarrollo y el movimiento sindical deberá prestarle atención a ese tema”, subrayó el senador del Polo.

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La formalización espuria

Ivan Daniel Jaramillo. Foto: Ambito Jurídico

Por su parte, Iván Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, resalta la inconveniencia del artículo 197 del PND, ya que incentiva la informalidad laboral y reduce derechos de los trabajadores. Y tampoco es beneficioso para el sistema laboral, ya que es preferible que una persona gane salario sobre las bases mínimas y aporte y cotice al sistema contributivo, y no que vaya a los Beps.

Para Jaramillo es un artículo contraproducente porque la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos son prestaciones contributivas del régimen pensional, mientras que los Beps son especiales para quienes no tienen capacidad de pago. “Son sistemas diferentes y no veo técnico ni idóneo que se mezclen”, dijo. “No es una buena respuesta para la gente a la que su sueldo no le alcanza para cotizar al régimen contributivo”, agregó.


«Lo que va  a pasar es que las empresas contratan gente nueva y no modifican contratos para evitar el control de la Ugpp, lo cual es poco recomendado para un sistema laboral y su formalización«

Iván Daniel Jaramillo

Considera que a pesar de los controles que incluye el artículo del Plan para evitar el cambio de trabajadores de la estructura de la empresa por trabajadores con piso mínimo, esos cambios de todas maneras se van a dar. “Lo que va  a pasar es que las empresas contratan gente nueva y no modifican contratos para evitar el control de la Ugpp, lo cual es poco recomendado para un sistema laboral y su formalización”, anotó Jaramillo.

En resumen, lo que se consagra en el nuevo PND es lo que la OIT llama “formalización espuria”, que es bajar requisitos legales para aumentar formalidad laboral. Y como consecuencia de ello en los próximos años tendremos una tendencia hacia la formalización con disminución de ingresos para los trabajadores, lo que a su vez disminuirá su capacidad de consumo.

Y eso golpea la economía, genera problemas en el contexto internacional porque sin duda va a ser objeto de estudio por las autoridades del trabajo y va a generar algo de inseguridad en las reglas que rigen el mundo del trabajo”, señaló el investigador de la Universidad del Rosario.

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