La ENS publica el 8º Informe Nacional de Trabajo Decente Los grandes retos de Colombia por el Trabajo Decente

—Aumentó en 10% cifra de trabajadores que ganan un salario mínimo o menos—

—48.6% de los trabajadores son pobres, ganan un salario mínimo o menos—

—64% de trabajadores carece de alguna protección en seguridad social—

—3´700.000 personas padecen de relaciones laborales ilegales—

—3 millones de trabajadores del campo no tienen contrato laboral, son jornaleros—

—De cada 10 personas ocupadas en trabajos precarios, 7 son mujeres—

—12´573.409 trabajadores no tienen protección en riesgos laborales—

—Desde 2010 Min-Trabajo impuso 9.048 sanciones, pero solo cobró 38—

—Se mantiene violencia antisindical: 15 homicidios en este 2015—

Trabajo decente es el trabajo estable, con salario digno, acceso a la seguridad social y garantías reales para  participar en el diálogo social. El Trabajo Decente es paz.

El mundo laboral se detiene este miércoles 7 de octubre. Y lo hace para reflexionar sobre el trabajo, su calidad y los retos que Colombia debe asumir para garantizar que el trabajo sea fuente de calidad de vida para las personas y escenario en el que la ciudadanía negocia mejores condiciones laborales en un marco de respeto y diálogo social.

Para contribuir a esta necesaria reflexión la Escuela Nacional Sindical publica el 8º Informe Nacional de Trabajo Decente, en el marco de las Jornadas Mundiales que el sindicalismo mundial y la sociedad civil celebran hoy.

La ENS ratifica su esperanza en los acuerdos que avanzan en La Habana y en su potencialidad para propiciar transformaciones profundas en estructuras y relaciones laborales todavía signadas por la precariedad, la incertidumbre de los trabajadores, la desigualdad, la discriminación y las amenazas o presiones a quienes ejercen su derecho de sindicalizarse.

Ahora que caminamos hacia el acuerdo de paz con las FARC, el país debe tener la capacidad de reconocer las carencias en Trabajo Decente y convertirlas en retos que deberán ser abordados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los acuerdos en torno a las políticas de trabajo decente, y en las grandes reformas que se necesitan para implementar los acuerdos para terminar el conflicto armado.

Otro gran reto para la construcción de la paz será que aprendamos como sociedad a tramitar, resolver y transformar los conflictos de manera pacífica y fructífera para las personas y el bien público. Los acuerdos de paz generarán una ola modernizadora del país, y esperamos que esa ola contribuya a democratizarlo. En el mundo del trabajo la modernización y la democratización pasa por la legalidad laboral y el diálogo social.

En estos asuntos, como muestra el informe, falta mucho camino por recorrer para llegar a condiciones de trabajo decente que al menos generen empleo estable y productivo, que cese la persecución contra los trabajadores que buscan mejorar sus condiciones laborales sindicalizándose, y que el Estado tenga la capacidad de proteger los derechos de la población que trabaja.

Según los resultados de la Encuesta de Opinión Sindical que publicará la ENS a comienzos de noviembre, más del 60% del movimiento sindical colombiano respalda el proceso de negociaciones de paz, y se movilizará masivamente en su defensa buscando especialmente reparación colectiva y reconstrucción del tejido social. Por el lado empresarial, estudios contratados por la Cámara de Comercio de Bogotá sitúan en el 55% el respaldo al proceso.

He aquí las 7 claves para entender las dificultades y los retos para lograr el trabajo decente en Colombia:

  1. Romper el cuello de la informalidad

Según los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en Colombia trabajan 21´503.000 personas, pero el 64% de ellas carece de alguna protección en seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías o afiliación a una caja de compensación), es decir, 13´750.000 personas, que es el indicador mínimo, aunque insuficiente, de formalidad y legalidad en las relaciones laborales.

Tenemos que señalar que 9´163.000 personas trabajan por cuenta propia, y es en este sector en donde se crea más empleo. El 64% de los colombianos trabajadores no tienen posibilidad de contar con un proyecto de vida a largo plazo.

La práctica de relaciones laborales ilegales es un fenómeno extendido que padecen al menos 3´700.000 personas en el país, quienes prestan sus servicios a un empleador y éste no les garantiza derechos laborales ni protección social.

La informalidad es situación que ha permanecido casi invariable durante décadas, a pesar de la transformación en las variables de ocupación y de los cambios legales para promover la formalización.

El cumplimiento de la ley laboral es el acto esencial de las obligaciones empresariales y el control a su incumplimiento el primer deber del Estado. Estas acciones son fundamentales a emprender para construir trabajo decente. Ellas pueden iniciarse en las áreas ya priorizadas en el Plan de Acción Laboral.

  1. Forjar la paz en el campo con trabajo decente

Implementar los acuerdos de paz en el desarrollo rural implicará, sin duda, un proceso amplio de modernización de las relaciones laborales con trabajo decente, mediante la negociación colectiva con organizaciones sindicales que se reconstruyan. El impulso modernizador del campo deberá tener en el centro la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo, y la presencia de la institucionalidad pública laboral (jueces laborales e inspectores del trabajo). Ya el Gobierno le ha pedido a la Organización del Trabajo (OIT) cooperación técnica para la implementación de las normas internacionales en el agro (inspección rural, asociación sindical).

La realización del Censo Nacional Agropecuario ha descorrido la indiferencia y los velos que le ocultaron al país las complejas realidades del trabajo rural, que se realiza en la actividad agropecuaria, la pesca, la silvicultura y la minería.

En el país hay 4.6 millones de personas trabajando en el sector rural, y de ellas 2.9 millones trabajan en la agricultura y 1.7 millones en otras actividades. El llamado cuentapropismo es alto, constituye el 50% de la población trabajadora. Así que más de 3 millones de trabajadores carecen de relación laboral alguna.

Dos datos, el de afiliación al sistema de riesgos laborales y los salarios en el sector agrícola, muestran el drama laboral en el campo: el 91% de las personas que trabajan en la agricultura carecen de protección por riesgos laborales, mientras la tasa nacional de afiliación es del 41,6%. El ingreso de los trabajadores de la agricultura es en promedio el 73% del salario mínimo ($469.333), mientras que el promedio nacional de ingresos es el 125% de un salario mínimo ($816.646). La brecha es dramática.

La precariedad del trabajo rural no se refiere únicamente a las cada vez más limitadas unidades agrícolas familiares. La precariedad está en boyantes sectores cobijados por el Plan de Acción Laboral, como el palmicultor o el floricultor, en los que 180.000 personas trabajan en situación precaria. Igualmente es histórica, y sin remedio, la informalidad en la caficultura y la ganadería. En cambio en la industria bananera existe un modelo moderno de relaciones laborales con negociación colectiva, diálogo social y contratación laboral directa. Es un ejemplo a seguir.

  1. Hacer del ingreso digno un propósito de país

El trabajo como la fuente cierta de ingresos para tener calidad de vida y ofrecer oportunidades a las personas y a las familia, se realiza con salarios y garantías laborales suficientes. Pero eso no se da en Colombia.

La mitad de los trabajadores colombianos son pobres. Las cifras revelan que el 48,6% (10´450.000) de las personas con ingresos laborales obtienen un salario mínimo o menos cada mes. O sea que se encuentran en condiciones de pobreza. Pero eso no es lo peor, según el DANE este porcentaje subió más de 10 puntos entre 2013 y 2014, es decir los ingresos de los colombianos disminuyeron en el último año a pesar de la prosperidad o la paulatina disminución del desempleo.

Según las cotizaciones al sistema de pensiones, en el extremo superior sólo el 4,4% de los trabajadores acceden a ingresos laborales superiores a 8 salarios mínimos, que les permiten ubicarse en el decil más alto de los ingresos. Y apenas otro 4,3% de los asalariados obtiene ingresos entre 4 y 8 salarios mínimos, que les permiten disponer de alguna parte de sus ingresos para algo más que satisfacer sus necesidades básicas.

La inequidad laboral y el acceso a la propiedad de la tierra son las principales razones por las que Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del continente, y no ha habido una variación significativa en esta situación. El coeficiente de Gini es de 0.538, sin variación en los últimos 3 años.

4. Combatir la desigualdad de género en el trabajo

Para las mujeres colombianas la vida laboral sigue siendo fuente de discriminación, exclusiones y razón de pesadas cargas que llevan solas.

La tasa de desempleo sigue siendo más alta para las mujeres (12%) que para los hombres (7%). La inmensa mayoría de las mujeres (53,4%) gana por su trabajo 1 salario mínimo mensual o menos. Y las mujeres siguen sosteniendo la vida familiar. En promedio una mujer trabaja en su casa, o en las de otros, 6,3 horas diarias, realizando labores domésticas o de cuidado sin remuneración alguna.

Usando las cifras oficiales, la Escuela Nacional Sindical constató que 7 de cada 10 personas ocupadas en los trabajos más precarios (servicios sociales, comunales y personales) son mujeres, mientras que 8 de cada 10 persona ocupadas en agricultura, pesca y ganadería son hombres. También reconoció que si bien las mujeres aumentan su participación laboral, ello no significa que accedan a cargos de dirección: sólo el 25,8% de las mujeres desarrolla un cargo de dirección o autoridad, ello a pesar de que las mujeres tienen hoy niveles más altos de escolaridad que los hombres.

El Plan Nacional de Desarrollo se reduce a considerar la oferta de empleos como política para generar equidad de género en el trabajo y no apunta a resolver otro de los problemas serios de la desigualdad laboral, que es la doble jornada, como carga que todavía pesa sobre sus hombros.

  1. Definir una política de salud laboral

En el trabajo las personas están en riesgo permanente por falta de cobertura, el 58,4% de los trabajadores no tiene protección por riesgos laborales (12´573.409 personas).

Reconociendo que solo el 41,6% de quienes trabajan están afiliados a una ARL, en el año 2014 y oficialmente se registraron en el país 568 muertes por accidentes de trabajo (2 diarias en promedio), 687.171 accidentes de trabajo no letales (1.883 diarios) y las Aseguradoras de Riesgos Laborales apenas reconocieron 9.771 casos de enfermedad laboral (27 casos diarios).

Aceptando que la informalidad y la precariedad del trabajo hacen que casi el 60% de las personas que trabajan no tengan acceso a la atención por riesgos o enfermedades laborales, y que el sistema está diseñado para evitar el reconocimiento de estos hechos, es clara la existencia de un enorme subregistro.

El Gobierno, las aseguradoras de riesgos laborales y las empresas están en mora de diseñar un sistema de seguridad laboral que se fundamente en la afiliación universal, mejorar la prevención y no simplemente atenuar los riesgos para la salud o los efectos de los accidentes en el trabajo, y estudiar a fondo los impactos que en la salud de las personas tienen el trabajo precario y desprotegido.

  1. Fortalecer la inspección laboral

La creación del Ministerio de Trabajo no ha contribuido, como se esperaba, a fortalecer y hacer eficiente un modelo de inspección laboral que atienda los estándares del derecho internacional del trabajo y las prioridades establecidas en el Plan de Acción Laboral; un modelo que garantice el ejercicio de los derechos humanos en el trabajo, mejore las condiciones de los trabajadores y tenga capacidad de hacer valer su capacidad legal, policiva y sancionatoria.

Las cifras que prueban la ineficacia de la inspección laboral abruman y provienen del propio Ministerio de Trabajo. De cada 4 quejas que presentan trabajadores y sindicatos buscando protección a las libertades sindicales, en 3 casos los inspectores no actúan, no protegen derechos. A pesar del uso masivo de la intermediación laboral ilegal, los inspectores del trabajo solo han iniciado 261 investigaciones entre 2012 y 2014. Desde su creación en el 2010 Ministerio de Trabajo ha impuesto 9.048 sanciones y multas, pero solo se han cobrado 38, al rededor del 0,5% del total. Así que la función disuasiva de las sanciones es inexistente y el monto de las multas es irrisorio, la impunidad es casi completa.

La consolidación del modelo de inspección laboral le exige al Gobierno Nacional y al Ministerio de Trabajo generar la carrera administrativa que ofrezca estabilidad laboral a los inspectores, llevarlos al trabajo de campo y procurar que las sanciones impuestas se hagan efectivas. Una situación que no se ha conseguido hasta ahora.

  1. Garantizar el diálogo social

El diálogo social se garantiza por los derechos a la asociación sindical, a la negociación colectiva y a la huelga. Es decir, el diálogo social es posible si los trabajadores se pueden sindicalizar, si los empresarios no usan formas ilegales de tercerización o persiguen a los trabajadores que se sindicalizan, y si el Estado protege los derechos de los trabajadores. Diálogo social hay si tenemos sindicatos fuertes y gremios empresariales representativos, y ninguna de estas cosas ocurre en el país.

En Colombia sólo 4,4 de cada 100 personas que trabaja está sindicalizada. La modificación de esta tasa impone reducir la tercerización y la persecución antisindical, aunque los sindicatos vienen dando fuertes batallas para afiliar trabajadores tercerizados, lo que ha generado un aumento del número de sindicalizados en el país, que pasaron de 830 mil en 2010 a 960 mil en 2014, cifra que no incluye a los trabajadores bajo la modalidad de contrato sindical gestionados por sindicatos ficticios. Este aumento de la sindicalización, que ocurre en medio de grandes obstáculos, quebró la tendencia a la baja que ocurría desde 1984, cuando la tasa de sindicalización alcanzó a ser del 16%.

Esta recuperación de la afiliación sindical ha sido recibida con hostilidad por el empresariado. La Encuesta de Opinión Sindical de la ENS muestra cómo para los dirigentes encuestados los principales problemas para el ejercicio de la libertad sindical son: despidos injustificados, hostigamiento, amenazas de despidos y prohibiciones para sindicalizarse.

El segundo gran derecho sindical, el de negociación colectiva, ha disminuido. En 2013 se firmaron 459 convenciones colectivas, en 2014 solo 347, mientras tanto aumentan las herramientas antisindicales que fingen ser negociación colectiva, como los pactos colectivos y los contratos sindicales. Los primeros pasan de 204 a 236 del 2013 al 2014, y los contratos sindicales se disparan y pasan de 984 a 1.925 en esos dos años. Hoy están vigentes 3.441 contratos sindicales, administrados por 141 sindicatos de papel. La inmensa mayoría de estos contratos tercerizan trabajadores del sector de la salud.

La dinámica de la movilización y protesta de los trabajadores por razones laborales se ha cuadruplicado en los últimos 5 años, en comparación a lo ocurrido entre 1990 y 2010.

En este contexto restrictivo de las libertades sindicales y de esfuerzos de las organizaciones por crecer y aumentar la sindicalización, se mantiene la violencia antisindical. El Sistema de información en derechos humanos de la ENS ha registrado 15 homicidios de sindicalistas en el transcurso del año 2015, registró 21 casos en 2014, de un total de 380 violaciones a derechos humanos de miembros de organizaciones sindicales. Y desde 1977 ha registrado 3.088 homicidios que han afectado a 450 sindicatos.

Enormes retos enfrentarán sindicatos y sociedad entera en el futuro cercano cuando operen la comisión de la verdad, la justicia especial de paz y se concrete el proceso de reparación colectiva al sindicalismo como víctima.

Alcanzar la paz duradera requiere garantizar trabajos productivos, con derechos y con protección social; libertades sindicales y diálogo social eficaz. Para lograrlo es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad pública, porque tanto en sentido general como en el particular del mundo del trabajo, el esfuerzo mayor que deberá emprender la sociedad colombiana será fortalecer esas instituciones públicas para prevenir y solucionar los conflictos laborales, lo que sin duda requerirá de nuevos marcos legales que contribuyan a establecer relaciones laborales basadas en el respeto de los derechos laborales, en el diálogo y la negociación colectiva.

Con seguridad deben comenzar debates  públicos alrededor de la política de formalización laboral, el fortalecimiento de la inspección laboral, la negociación colectiva por rama de actividad económica y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

 Cuadros con información relevante

 La información de los siguientes cuadros es tomada de las siguientes fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, Escuela Nacional Sindical (ENS), Superintendencia Financiera de Colombia, Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).

 

Indicador20132014
Población Económicamente Activa23´292.00023´654.000
Población ocupada21´048.00021´503.000
Tasa de Ocupación58,0%58,4%
Población desocupada2´243.0002´151.000
Tasa de Desempleo9,6%9,1%
Ocupados informales para 23 ciudades y AM5´689.0005´757.000
Tasa de Informalidad para 23 ciudades y AM50,5%49,6%
Total empleados particulares7´660.0008´124.000
Participación del empleado particular en el empleo nacional36,4%37,8%
Total ocupados cuenta propia9´002.0009´163.000
Participación del cuenta propia en el empleo nacional42,8%42,6%
Porcentaje de trabajadores asalariados47,4%48,2%
Ocupados afiliados a salud (contribuyentes-aportantes)8´211.0008.742.000
Participación afiliados cotizantes a salud en el empleo total39,0%40,7%
Ocupados cotizantes a pensiones7.014.9427.652.406
Participación afiliados cotizantes pensiones en el empleo total33,3%35,6%
Ocupados afiliados al sistema de riesgos laborales8.270.1568.929.591
Participación afiliados a riesgos laborales en el empleo total39,3%41,6%
Ocupados afiliados a cajas de compensación familiar5.759.4706.879.568
Participación afiliados a cajas de compensación en el empleo total27,4%32,0%
Ocupados afiliados a cesantías (2013 no incluye los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro)6.160.7847.671.333
Participación afiliados a cesantías en el empleo total29,3%35,7%
Afiliados a organizaciones sindicales831.536956.204
Tasa de sindicalización4,3%4,4%
Número de convenciones colectivas459347
Número de pactos colectivos204236
Número de contratos sindicales9641.925

 

Indicador2014
Ocupados21.503.000
Ocupados con protección social7.750.000 (36%)
Ocupados sin protección social13.750.000 (64%)
Ocupados en relaciones laborales ilegales, sin contrato de trabajo y sin protección social3.700.000

Ingresos

Ingresos Laborales de los ocupados  por rangos de smmlv20132014
No informa*11,3%10,7%
De 0.0 a 0.5 S.M.M.L.V19,7%23,2%
De más de 0.5 a 1 S.M.M.L.V18,7%25,4%
De más de 1 a 1.5 S.M.M.L.V27,2%19,3%
De más de 1.5  S.M.M.L.V23,1%21,7%

 Indicadores población rural

Indicador población rural20132014
Población Económicamente Activa4.929.0004.908.000
Población ocupada4.641.0004.630.000
Tasa de ocupación55,3%54,8%
Población desocupada288.000279.000
Tasa de desempleo5,8%5,7%
Trabajadores asalariados1.641.0001.619.000
Porcentaje ocupados asalariados35,4%35,0%
Trabajadores no asalariados3.000.0003.010.000
Porcentaje ocupados no asalariados64,6%65,0%
Porcentaje de ocupados del sector agrícola afiliados a riesgos laborales8,6%9,1%

Indicadores por sexo

IndicadorMujeresHombres
Tasa de Ocupación47,6%69,7%
Tasa de Desempleo11,9%7,0%
Rango salarial de 0 a 1 smmlv53,4%45,3%
Rango salarial de más de 1,5 smmlv18,6%23,8%
Tiempo dedicado a trabajo remunerado2:315:11
Tiempo dedicado al trabajo no remunerado6:352:00

Así las cosas, las mujeres dedican a actividades no remuneradas de cuidado, tres veces el tiempo que dedican los hombres. Y de manera inversa, dedican la mitad del tiempo que los hombres al trabajo remunerado.

 

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