La criminalización y judicialización de la actividad sindical siguen al orden del día

En días pasados las imágenes de los noticieros mostraron un piquete del Esmad en arremetida violenta contra los funcionarios judiciales que adelantaban una protesta laboral frente a los edificios de los juzgados civiles y de familia del centro de Bogotá.

Los funcionarios protestaban contra el acuerdo 10445 del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) que en diciembre pasado creó los Centros de Servicios para los juzgados civiles y de familia, medida que no fue bien recibida por los y las funcionarias de estos despachos, que resolvieron adelantar un cese de actividades.

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Lo que causó desconcierto y preocupación fue la irrupción violenta del Esmad para desalojar a estos trabajadores y trabajadoras, quienes no hacían nada distinto a lo que han hecho en todos los paros que históricamente han promovido, casi siempre por los mismos motivos: exigir mejores condiciones laborales y más atención del Estado a los múltiples problemas de la justicia.

Funcionario judicial herido en la acción del Esmad
Funcionario judicial herido en la acción del Esmad

 

En la acción del Esmad hubo golpes y ataques con pistolas eléctricas, que dejaron varias personas lesionadas, sangrantes. No respetaron ni a las mujeres embarazadas, e incluso dañaron algunos implementos dentro del edificio, según lo denunció Orlando Chinchilla, vocero de los manifestantes.

 

Criminalización y judicialización de la protesta laboral


Este nuevo ataque violento del Esmad pone en evidencia un fenómeno que se viene generalizando en Colombia: la criminalización de la protesta social, y en particular de la acción sindical, que si bien ha sido un recurso usado desde que el sindicalismo existe, en estos últimos años viene tomando fuerza, institucionalizándose en el país, hecho que coincide con el auge de las protestas y movilizaciones de los trabajadores, que hoy es 4 veces mayor que hace 10 años.

Y se suma a las tradicionales estrategias para contener la protesta sindical, como lo son, entre otras, la estigmatización, la persecución, las detenciones arbitrarias y el asesinato de los activistas y dirigentes. No hay que olvidar que desde 1977 en Colombia se han cometido 13.983 violaciones a la vida, libertad e integridad contra las y los sindicalistas, entre éstas 3.089 homicidios.

Este tema fue motivo de análisis en el “Encuentro contra la Criminalización de la Protesta Sindical y Social”, realizado el pasado mes de noviembre en Bogotá con la asistencia de medio centenar de sindicatos, evento en el que también se llamó la atención sobre las diversas estrategias de contención de la acción sindical, aparte de la criminalización.

Una de ellas es la judicialización, o “guerra jurídica”. Consiste en poner contra las cuerdas a los sindicatos y los trabajadores sometiéndolos a procesos disciplinarios y denuncias ante la Fiscalía y los juzgados, y abusando no pocas veces de las normas del derecho y el Código del Trabajo. La mayoría de esas demandas las pierden las empresas, pero no les importa porque con su andanada de denuncias y procesos logran bloquear y desgastar a los sindicatos. Además, es grave porque se despolitiza el conflicto y no se transforman ni mejoran las relaciones laborales.

Otra estrategia es la declaratoria de ilegalidad de las huelgas, que se viene consolidando como una política sistemática. Desde la vigencia de la ley 1210 de 2008, la Corte Suprema ha producido 33 sentencias sobre huelgas, 19 declarando su ilegalidad, 11 la legalidad, y 3 en que no se pronunció sobre la legalidad.

Las principales causas que señala la Corte para declarar la ilegalidad de las huelgas, son: por tratarse de un servicio público esencial (6 casos), por ser huelga no pacífica (6), por no cumplimiento de términos (5), por no contar con las mayorías (2). Las decisiones de primera instancia declararon legales 19 huelgas e ilegales 11, y en 3 no se calificó la ilegalidad. La Corte Suprema revocó 10 sentencias que declaraban legales las huelgas y 2 que la declaraban ilegal, y en 21 casos confirmó la primera instancia. Esta disparidad de criterios obedece, sin duda, a la precaria regulación legal del tema.

Fueron especialmente controversiales la declaratoria de ilegalidad que la Corte hizo de la huelga de Anthoc en los hospitales, pese a que este sindicato garantizó la prestación de servicios mínimos. También la declaratoria de ilegalidad de 6 huelgas realizadas en la gran minería del carbón.

En total, según datos de la ENS, de las 1.623 protestas registradas desde 2010 hasta hoy, 675 (41,5%) han sido entorpecidas con medidas legales e ilegales. Asimismo, desde el 2006, en el marco de las protestas laborales, hubo 13 detenciones arbitrarias, 10 hostigamientos, 5 atentados con o sin lesiones, y 2 amenazas. Con el agravante de que 28 de estas agresiones fueron contra dirigentes sindicales.

 

Algunas acciones del Esmad


Desde el año 2006 la ENS tiene registro de 32 casos de protestas laborales y sindicales en las cuales hubo intervención del Esmad. Estas son algunas de ellas:

  • Junio 2007. Contra profesores que conmemoraban el día del estudiante caído en el parque Olaya Herrera en Manizales. Agresión con gases lacrimógenos y balas, supuestamente de caucho, que realmente eran bolas de cristal. Saldo: 15 personas heridas, entre ellas Juan C. Martínez Gil, dirigente del sindicato Educadores Unidos de Caldas, quien perdió su ojo izquierdo.
  • 1º de mayo 2010. En Cali, los dirigentes sindicales José Milciades Sánchez, presidente de Sintraunicol Subdirectiva Valle, y Diego Quiguanas, del Comité Obrero de Sintraemcali, fueron agredidos por el Esmad cuando participaban en la marcha de conmemoración del Día del Trabajo. José Milciades ha sido agredido en múltiples ocasiones por el Esmad, y además ha recibido amenazas.
  • Febrero 2011. Agresión contra trabajadores afiliados a Sintrahospiclinicas en el Valle del Cauca, en momentos en que protestaban contra el incumplimiento en el pago de salarios. Hubo varios lesionados.
  • Marzo 2011. En Bogotá, unos 10 mil docentes y directivos estaban concentrados frente a las instalaciones de la Secretaria de Educación, en la Jornada de Protesta por la Dignidad del Magisterio y contra el maltrato laboral. Miembros del Esmad agredieron verbalmente y lanzaron gases lacrimógenos. Varias maestras y maestros fueron golpeados.
  • Enero 2012. Ante la intransigencia de la empresa Carbones Colombianos (Caipa) para negociar el pliego petitorio, trabajadores afiliados Sintramienergética entraron en huelga e hicieron toma de las instalaciones. El Esmad los desalojó con gases lacrimógenos. Dos trabajadores resultaron afectados.
  • Octubre 2012. Trabajadores afiliados a la USO que realizaban una jornada de protesta en Barrancabermeja, fueron agredidos por el Esmad y soldados del ejército. Jair Ricardo Chávez, dirigente de la USO, fue golpeado y herido con gases lacrimógenos. John Rodríguez Quintero, dirigente de Funtraenergetica, y su escolta, fueron agredidos y posteriormente detenidos.
  • Agosto 2013. Durante el “cacerolazo” pacífico que en solidaridad con el paro agrario realizaron diferentes sectores sociales en Rionegro, Antioquia, fue agredido Sergio Echeverri Duque, presidente de Adida en dicha localidad. Dos agentes de policía dispararon contra él cuando los manifestantes ya se habían dispersado.
  • Julio 2013. 48 trabajadores de la empresa R y R Asociados crearon un sindicato para buscar garantías laborales y exigir el pago de su seguridad social, que la empresa les incumplía. La respuesta de ésta fue enviarles el Esmad a desalojarlos por la fuerza, con gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo 4 heridos.
  • Enero 2014. Trabajadores de la hidroeléctrica de Caldas afiliados a Sintraelecol realizaron una protesta para exigir el cumplimiento de su convención colectiva y denunciar abusos de EPM Medellín, dueña de la hidroeléctrica. Fueron atacados por el Esmad con artefactos explosivos. Una de las víctimas fue Oscar Arturo Orozco, el presidente de la CUT y de Sintraelecol Caldas, quien perdió su ojo izquierdo.
  • Octubre 2014. En el corregimiento La Boquilla, de Cartagena, manifestantes bloquearon una vía para expresar su desacuerdo por la construcción de un viaducto que afectaría la Ciénaga La Virgen. Medardo Hernández Baldiris, presidente del Sindicato Único de Educadores de Bolívar, quien participó en la protesta, posteriormente fue sacado de un hotel, agredido físicamente y detenido por miembros de la policía.
  • Marzo 2015. Los corteros de caña del Ingenio Risaralda, afiliados a Sintrainagro, adelantaban una huelga para exigir derechos violados por la empresa. El Esmad los atacó violentamente en la madrugada, mientras dormían. Los molieron a golpes y les dispararon con bombas lacrimógenas. Saldo: 5 trabajadores heridos, dos de ellos graves: Carlos Ossa, alcanzado en la frente por una bomba, y James Alzate, que quedó en cuidados intensivo por los golpes que recibió.
  • Junio 2015. Trabajadores afiliados a Sintraemcali realizaron una protesta en contra la privatización de Emcali. Esa vez el Esmad actuó de manera excesiva.
  • Julio 2015. Trabajadores afiliados Sintracoala, sindicato de la empresa Columbia Coal Company, en el municipio de Ubaté (Cundinamarca), se encontraban en huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. La empresa llamó a la fuerza pública argumentado que los trabajadores estaban obstaculizando la salida, cuando una funcionaria del Ministerio de Trabajo constató que no había tal obstaculización.
  • Octubre 2015. La empresa atunera Seatech International paró su producción y cerró durante dos semanas su planta de Cartagena, dejando sin empleo y sin ingresos a más de mil personas, en su gran mayoría mujeres cabeza de familia. En protesta por esa situación, 125 mujeres afiliadas al sindicato Ustrial permanecieron dentro de la planta en toma pacífica. A solicitud de la gerencia de la empresa llegó el Esmad y las desalojó con gases lacrimógenos.

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