Más de 1,2 millones de trabajadores al servicio del Estado tendrán un incremento salarial del 4.5% en este 2019, que para 2020 será igual al índice de inflación más 1.32 puntos, incremento que cobija al magisterio, que además este año tiene un 3% adicional, producto de acuerdos anteriores.
Este incremento salarial, que después de 16 años logró romper la barrera del 1%, es el punto más visible del acuerdo entre el Gobierno y las centrales y federaciones sindicales estatales, que este miércoles culminaron una negociación que iniciaron hace dos meses. Hoy en la mañana el acuerdo lo firmó el Presidente Iván Duque.
Pero no es el único punto importante. La negociación, desarrollada en el marco del Decreto 160 de 2014, contiene 100 puntos e incluye acuerdos en temas como la ampliación de plantas de personal en las entidades públicas, que beneficiaría a unos 400 mil empleados que trabajan por contrato o outsourcing en el nivel nacional y regional. También incluye avances en regulación de la carrera administrativa, garantías sindicales, acuerdos sectoriales, entre otros.
“Hemos culminado el proceso de negociación del sector estatal con un buen paquete de acuerdos. Ya conformaremos los equipos que les harán seguimiento para que se cumplan”, dijo Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, quien aprovechó para alertar sobre los peligros que acechan, como la reforma pensional y las lesivas medidas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo. “Los trabajadores y el pueblo colombiano estaremos atentos para adelantar acciones de resistencia y movilización”, acotó.
Para Juan Diego Gómez, coordinador de la Confederación Internacional de Servicios Públicos en Colombia, y asesor de la negociación estatal, este acuerdo resultó más concreto que el de años anteriores. Ello porque las organizaciones sindicales prepararon el pliego petitorio de tal manera que no quedaran puntos abiertos sino cerrados en términos de procedimientos, formas y tiempos.
“Hemos aprendido en ese aspecto”, puntualizó Gómez, al tiempo que reconoció la voluntad y apertura que esta vez tuvo el Gobierno para lograr acuerdos con los estatales.
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El incremento salarial
Si bien el incremento salarial estuvo lejos del 10,18% que inicialmente solicitaron los sindicatos (el Gobierno ofreció 4%), lo destacable esta vez es que se logró que fuera más de un punto por encima de la inflación.
“En términos generales este incremento ha sido bien recibido por parte de los trabajadores estales, porque sirve de base para otras negociaciones, ya que el Acuerdo Estatal se ha convertido en el piso de las negociaciones territoriales. Muchas entidades estaban esperando este acuerdo para definir salarios en las regiones”, anotó por su parte Francisco Maltés, responsable de asuntos estatales en el Comité Ejecutivo de la CUT.
De todas maneras queda la deuda histórica por saldar con los trabajadores del Estado, agregó Juan Diego Gómez. Porque durante 16 años el aumento salarial nunca se elevó más del 1% por encima del IPC, y eso se estaba convirtiendo en una política para el incremento de los estatales. “Rompimos esa lógica”, anotó.
Sin embargo, el sindicalismo de Rama Judicial, que por su lado negocia en mesa sectorial, sigue en su lucha para lograr un incremento mayor. Para ello el miércoles y jueves de esta semana realizó un paro de 48 horas, que afectó el complejo de Paloquemao en Bogotá y otros centros judiciales del país. Exige un incremento del 10% para todos los funcionarios de la Rama y en sus arengas advierten que de no llegar a un acuerdo podrían declarar paro nacional indefinido.
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Plantas de personal
Desde el punto de vista político, lo logrado en torno a la ampliación de plantas de personal es el aspecto más importante de la negociación que terminó el miércoles entre el Gobierno y los sindicatos estatales, estimó Francisco Maltés, de la CUT.
El dirigente señaló que hay cerca de un millón de personas vinculadas de manera atípica a las entidades del Estado, como contratistas o por outsourcing. Mencionó el reciente informe de la Auditoría General de la Nación, que afirma que en las alcaldías y gobernaciones hay 464 mil personas subcontratadas, el resto está en la administración central.
Según este punto, que el Gobierno deberá refrendar mediante un decreto presidencial, las entidades estatales, en conjunto con los sindicatos, deben hacer un estudio de los funcionarios y cargos, a fin de que quienes cumplan labores misionales permanentes pasen a la planta de personal. Está relacionado con el punto del Plan Nacional de Desarrollo que establece la suspensión del artículo de la Ley 617 del 2000, la cual impide la ampliación de las plantas de personal en las entidades.
“O sea que la pelota ahora está en la cancha de los sindicatos de las entidades –explicó Maltés–. Es necesario que se comprometan a revisar los contratos de prestación de servicios o outsourcing, y mirar si la función que cumplen es o no misional y permanente. Si lo es, tienen que pasar a planta de personal. Así quedó el acuerdo. Pero si nos dormimos y no hacemos la tarea, no hay nada que hacer. Desde la CUT vamos a hacer un trabajo para que todo sea coordinado y centralizado”.
Ya hay sindicatos que están haciendo la tarea, dijo. Por ejemplo, el del Ministerio de Educación ya pactó con la entidad un cronograma de trabajo para comenzar a revisar los contratos.
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Carrera administrativa
La carrera administrativa genera estabilidad, pero no da movilidad a los funcionarios públicos, dice Maltés. De ahí que un punto importante del acuerdo sea; cuando haya concursos de méritos abiertos al públicos el 30% de los cargos en ascensos serán para los trabajadores de la entidad. “La gente entonces tiene posibilidades de moverse en la escala, porque por lo regular los cargos los ocupan gente que llega de afuera”, señaló al respecto Maltés.
La capacitación de los funcionarios, que es lo que posibilita su movilidad en la carrera, según lo acordado será para todos los vinculados a la administración pública, independientemente de su forma de contratación, o sea también para los contratistas. Y se aplican las equivalencias entre estudio y tiempo de servicio en el concurso de méritos, excepto en cargos donde el requerimiento sea título universitario.
Otro punto del Acuerdo Estatal que resaltó el directivo sindical, es la construcción de una política de seguridad para los dirigentes sindicales, en la que participarán los Ministerios de Hacienda y Trabajo, el Departamento de la Función Pública, la Unidad Nacional de Protección y las centrales sindicales.
“En Colombia no hay política de protección de los líderes sociales y sindicales. La Unidad de Protección se dedica a estudia las amenazas y a designar esquemas de seguridad, pero no hay una política pública. Hay que construirla”, indicó Maltés.
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Edgar Fetecua:
26/05/2019,Los unicos desamparados son los pensionados , en especial aquellos trabajadores que ofrendaron toda su vida en el sector publico o privado y solamente reciben el ipc como aumento, creando una descompesacion en el seno de la familia. Hasta el momento no se ha hecho realidad ni siquiera la reduccion de los aportes a la salud. Muchas de las personas mayores se ven avocadas a seguir trabajando en cargos operativos como conductores, celadores y demas.
Nancy:
26/05/2019,Buenas tardes, quisiera saber si el tema de los provisionales lo tocaron en los acuerdos, aquellos empleados q tiene más de 10 años laborando en entidades públicas.
ANGELA VELEZ:
27/05/2019,TODO LO QUE VAYA EN PRO DEL BIENESTAR DEL TRABJADOR BIENVENIDO SEA, SOBRE TODO EN EL CAMPO SALARIAL.PERO ES NOTABLE COMO LA PENSIONADA EL PENSIONADO ES INVISIBILIZADO-A SOBRE TODO A LA HORA DE RECLAMAR SUS DERECHOS. CREO QUE HAY UNA DEUDA HISTORICA EN COLOMBIA CON LA POBLACION PENSIONADA TANTO EN EL SECTOR PUBLICO COMO PRIVADO, Y NO SOLO COMPETE AL ESTADO ,AL GOBIERNO DE TURNO, SINO A TODAS LAS CENTRALES DE TRBJADORES QUE SE SUPONEN DEBEN SER DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PENSIONADO-A.
Ross Rizo:
29/05/2019,Muy bueno para la clase trabajadora del estado, pero nosotros los pensionados que también fuimos trabajadores estatales somos olvidados , las promesas de bajar el aporte a la salud, el incremento de la pensión con el IPC se quedaron en veremos , hemos perdido poder adquisitivo, nuestra calidad de vida está desmejorada , lo que recibimos no compensa con las alzas. Necesitamos el apoyo de los sindicatos ,los pensionados para reclamar nuestros derechos
GLORIA A. SANCHEZ:
30/06/2019,Los empleados públicos, administrativos y directivos pertenecientes a la planta de cargos, (vinculados) de la Institución Universitaria Pascual Bravo en Medellin, no fuimos incluídos para este beneficio de aumento. ¿Desde cuándo a estos empleados no nos consideran como empleados del estado?, el hecho de no habernos aumentado viola el derecho a la igualdad que nos otorga la Constitución Política, si el aumento fué para los empleados del estado, debimos ser incluídos, no entiendo porqué la exclusión? La Institución Universitaria Pascual Bravo, es una Institución de Educación del Orden Municipal, adscrito al Municipio de Medellín, no es una entidad municipal (no somos empleados municipales), Esta entidad fué adoptada por el Municipio de Medellín, más no reestructurada y convertida a entidad municipal , el acuerdo de adopción indica que los empleados seguimos conservando los derechos como empleados del orden nacional.