Empresas de vigilancia en Colombia: cuarteles sin trabajo decente

Por: Héctor Vásquez Fernández
Analista Escuela Nacional Sindical

El sector que conforman las empresas de vigilancia es uno de los que más crecimiento ha tenido en Colombia en los últimos años. Según datos de la Superintendencia de Vigilancia, en 2014 existían en Colombia 740 empresas dedicadas a este negocio. 538 de ellas (72.7%) son propiamente de vigilancia, 78 son empresas de capacitación (10.64%), 49 son cooperativas (6.62%), 28 son empresas blindadoras (3.78%), 20 son asesoras (2.7%), 19 son arrendadoras (2.57%), y 8 son empresas transportadoras de valores (1.08%).

Los datos de la SuperVigilancia muestran que es un negocio atractivo que genera muchas utilidades. Entre 2010 y 2014 los activos totales en el sector (valor de las inversiones) crecieron 1.7 veces, al pasar de $1.86 billones a $3.1 billones, con un crecimiento del 14.8% en el último año. Y respecto a los ingresos operacionales, éstos pasaron de $3.1 billones en 2007, a $7.5 billones en 2014, un crecimiento del 141.9% en 7 años, con un incremento del 10.9% en el último año, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

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Como lo indica un estudio que recientemente realizó la Escuela Nacional Sindical, las razones de este crecimiento tienen dos niveles de comprensión, “uno de orden estructural y el otro de carácter coyuntural. El de orden estructural obedece al conflicto social y armado que ha signado al país en las últimas seis décadas, y que genera un sentimiento de riesgo que fomenta la adquisición de servicios de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo, es preciso señalar que el crecimiento del sector no es una particularidad del país, sino que es correlativo a una perspectiva global, que hunde sus raíces en la tendencia de las empresas a tercerizar aquellas actividades que no constituyen su foco de atención principal (outsourcing).

En cuanto a las razones de tipo coyuntural, éstas obedecen a la situación de crecimiento de la economía colombiana, apalancada por el sector minero-energético y la entrada masiva de empresas multinacionales, así como a los elevados costos de intermediación financiera.

Antes de los años 90 en el sector de la vigilancia prevalecían empresas nacionales creadas por ex miembros de la policía y el ejército, principalmente, como Atlas, Fortox y Viseg, entre otras. Pero a partir del presente siglo, con la desregulación de la economía y las gabelas tributarias que se les dieron a las compañías trasnacionales para que invirtieran en el país, el sector empezó a ser dominado por este tipo de compañías, como Brinks, G4S, Prosegur y otras, que no sólo incursionaron en el negocio de la vigilancia, sino también en otros igual o más lucrativos, como el transporte de valores, en un proceso marcado por una tendencia hacia la concentración del negocio en cada vez menos empresas. En 2014 había 20 empresas (2.7% del total) que concentraban el 40% de los ingresos.

Trabajadores: ciudadanos de tercera

Lo que no ha evolucionado en un sentido favorable y civilizado ha sido la situación de los trabajadores. El modelo de trato autoritario y despótico, característico de los cuarteles, todavía prevalece en la mayoría de las oficinas de relaciones laborales de estas empresas, como si los trabajadores estuviesen condenados sólo a recibir órdenes y no fueran ciudadanos sujetos de derechos.

Crear sindicatos en este sector ha sido misión casi imposible, pues los trabajadores que se atreven a ejercer el derecho de asociación (un derecho propio de la modernidad, consagrado como derecho humano fundamental en nuestra Constitución Política) encuentran todo tipo de resistencias: desde las estrategias de choque abiertamente antisindicales con despidos y todas las formas de represión posibles, como las que se aplicaron en Seguridad Atlas; hasta las más sutiles, pero no por eso menos eficaces, utilizadas por Prosegur: imposición de un pacto colectivo ilegal para mantener en condición minoritaria al sindicato; contratación ilegal de trabajadores a término fijo o tercerizados; aislamiento y pagos irregulares a los sindicalizados, judicialización de las relaciones laborales, etc.

Como resultado de este tipo de estrategias, un instrumento como el Diálogo Social, que es clave para la construcción de sociedades democráticas y empresas socialmente responsables, es prácticamente inexisten en este sector. En 2015 éste ocupaba 216.151 personas, entre ellas 179.766 vigilantes (83.2%) y 17.387 escoltas (8.1%). Pero, después de muchas bregas y obstáculos, apenas se habían podido sindicalizar 4.829 trabajadores, el 2.2% de la población ocupada en este sector. Con un problema adicional: para alegría de los empresarios los sindicatos existentes están completamente atomizados, cada uno actúa sin coordinarse o unificarse con los demás.

Y respecto de la negociación colectiva, en 2015 en el sector había 25 convenios colectivos de trabajo: 12 convenciones colectivas y 13 pactos colectivos, lo que significa que apenas en el 3.37% de las empresas existe alguna forma de diálogo social con los trabajadores, con el agravante de que apenas en la mitad de ellas este diálogo es con sindicatos, pues en el caso de los pactos colectivos el diálogo social es una simulación. En la mayoría de los casos se trata de estrategias empresariales para evitar la formación y fortalecimiento de sindicatos. En este terreno la política sindical debe apuntar hacia la negociación de un acuerdo marco sectorial, que fije condiciones generales mínimas de trabajo para cualquier trabajador que se vincule al sector. Para la concreción de este objetivo se necesita una política sindical que articule la acción de todos los sindicatos del sector.

Los trabajadores del sector de la vigilancia requieren pues con urgencia una fuerte organización sindical, que reivindique sus problemáticas y derechos y tenga capacidad para incidir en las políticas de relaciones laborales de las empresas, toda vez que sin sindicatos el Diálogo Social no es posible.

Los problemas que deben enfrentar día tras día los trabajadores del sector, son:

  • Largas jornadas de trabajo (12 horas o más) e irrespeto de los horarios laborales.
  • Sobrecarga laboral.
  • Procedimientos disciplinarios arbitrarios sin la garantía del debido proceso.
  • Visitas domiciliaras y violación al derecho a la intimidad.
  • Bajos salarios. Predomina el salario mínimo, aunque en algunas empresas ni el mínimo se reconoce, por lo que los trabajadores deben trabajar 12 horas o más todos los días del año.
  • Falta de compatibilidad entre la vida laboral y familiar.
  • Problemas de salud originados por las condiciones de trabajo: se trabaja de pie durante largas horas, sin pausas y lugares adecuados para el descanso, al sol y a las inclemencias del tiempo.
  • Asignación de funciones distintas a las contratadas.
  • Trato indignante de las directivas y jefes directos.
  • Violación de los derechos de las mujeres, discriminación e imposibilidades de ascensos.
  • Trabajo temporal y tercerización ilegal.
  • Estabilidad laboral prácticamente inexistente, pues la facultad de despedir que tiene el empleador no está regulada en ningún sentido.

En el sector es posible mejorar ingresos y condiciones de trabajo sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas. Aunque el componente principal de la actividad que prestan las empresas lo representa el factor trabajo, esta actividad genera un alto excedente bruto de explotación. Según la Supervigilancia, en 2015 la tarifa autorizada fue de $6´673.924 por mes, frente a un costo laboral total por mes y durante las 24 horas del día de $3.263.312, o el 48.89% del valor de la tarifa, lo que deja un margen del 51.1% a favor de las empresas, margen que es bastante amplio para cubrir los demás costos del sector, y que posibilita que la actividad de los vigilantes sea de verdad un trabajo digno y decente.

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