El futuro del trabajo en Colombia: Realidades y desafíos.

El Sombrerero by: Diana Rey Melo

El Informe Nacional de Coyuntura Laboral y Sindical de este año está centrado en el futuro del trabajo en el país.

Como cada año, con motivo de la conmemoración del 1º de Mayo, la ENS publica su informe anual de coyuntura laboral y sindical, el del 2018 se ha denominado: “El futuro del trabajo en Colombia: realidades y desafíos”.

Luego de casi tres décadas de apertura e integración económica, los vaivenes de la economía global ahora se sienten con fuerza en nuestro territorio. Y es así como los crecientes cambios asociados a nuevos desarrollos tecnológicos en el mundo (la robotización-automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, entre otros) nos obligan a pensar en sus posibles impactos y desafíos para la ciudadanía y el Estado. El Banco Mundial, en su más reciente informe sobre el Futuro del Trabajo, insiste en que los gobiernos y los trabajadores deben ajustarse a los requerimientos de la nueva economía impulsado por la tecnología y el conocimiento. Por el contrario, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe de 2019, indica que, sin un renovado contrato social, basado en regulación en beneficio de la humanidad, la implementación de las nuevas tecnologías puede generar grandes rupturas políticas e impactos nocivos para las y los trabajadores.

La OIT hace énfasis en tres dimensiones: i) invertir en las capacidades de las personas, ii) invertir en trabajo decente y sostenible, y iii) invertir en las instituciones del trabajo, para lo cual se requiere revitalizar el contrato social que asegure a los trabajadores una participación justa en el progreso económico, el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a los exponen a cambio de su constante contribución a la economía. Propone un programa para el futuro del trabajo centrado en las personas que fortalezca el contrato social situando a los hombres, las mujeres y al trabajo que realizan en el centro de las políticas económicas y sociales y en la práctica empresarial.

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En este informe, no sólo se evidencia la realidad económica, laboral y sindical del país a través de las principales cifras, sino que ubica en el debate público la discusión sobre el futuro del trabajo y los impactos y retos que puedan tener las nuevas transformaciones en Colombia. Un país en donde el enfoque de las políticas económicas es dirigido al sector extractivo y financiero que no genera empleo, mucho menos contribuye a la igualdad en la distribución del ingreso y causa enormes daños ambientales y socio-culturales; en donde persiste un déficit de trabajo decente que se fundamenta en: altas tasas de desempleo, afectando en mayor medida a las mujeres y los jóvenes; cuentapropismo, como eje principal en la generación de trabajos; altos niveles de informalidad laboral (desprotección); persistentes prácticas de tercerización laboral ilegal; aumento en los trabajadores sin remuneración; una tasa sindical baja que no muestra avances; estancamiento de la negociación colectiva en el sector privado con una baja cobertura; continuas prácticas de discriminación sindical y, con una institucionalidad laboral con poca eficacia y voluntad para proteger los derechos laborales. 

¿El Futuro del Trabajo o el Trabajo del Futuro?

Por cuenta de la revolución tecnológica (digitalización, automatización-robotización y la inteligencia artificial) muchos expertos predican que el mundo de mañana traerá tantas transformaciones como las experimentadas en Europa luego de la invención de la imprenta en 1439.

Se da por supuesto que la ola tecnológica arrastrará con los empleos de millones de trabajadores en el mundo, y se hacen declaraciones hiperbólicas en ese sentido. Frente al sensacionalismo de la destrucción de millones de empleos por la robotización y las nuevas formas de producción, lo que debemos subrayar, al menos inicialmente, es que habrá más transformaciones de tareas de trabajo que eliminación de puestos de trabajo. Se desarrollan nuevos procesos productivos y actividades económicas con cada vez más interacción entre humanos, máquinas y sistemas de software. Esta afirmación la respaldan recientes informes de entidades multilaterales (Foro Económico Mundial, Banco Mundial y OIT).

Según sus proyecciones, los empleos perdidos serán más que compensados por la generación de nuevas tareas productivas y ocupaciones/profesiones. Por ejemplo, en la implementación de lo acordado en el Programa de París sobre el Clima, a nivel global se perderán 6 millones de empleos, mientras que se generan unos 24 millones.


Por ejemplo, en la implementación de lo acordado en el Programa de París sobre el Clima, a nivel global se perderán 6 millones de empleos, mientras que se generan unos 24 millones.

El informe de Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne sobre los efectos de la automatización en el trabajo, publicado en 2013, señala que las nuevas tecnologías podrían suplantar hasta el 47% de los puestos de trabajo. En estudios posteriores, en 2016, la OCDE estimó que el 9% de puestos de trabajo estaría en riesgo de desaparecer por la automatización. El estudio de Chang y Phu, del mismo año, dice que el 56% de los puestos de trabajo están en riesgo de automatización en los próximos 20 años. Y en 2018 el FEM, basado en encuestas a empleadores, indicó que muchas grandes empresas del mundo van a apostar por el uso del Big Data, la inteligencia artificial y la tecnología de nube.

Colombia: reprimarización y la economía de subsistencia

Colombia es de los países suramericanos más integrados al mercado global. Tiene 13 acuerdos comerciales con 58 países. En la región solo está por detrás de México y Chile en número de TLC´s vigentes. Pero en cuanto a la globalización de su economía, política prioritaria de los últimos gobiernos, no ha tenido el dinamismo necesario.

Los esfuerzos para atraer inversión extranjera directa (IED), firmar TLC´s y acuerdos bilaterales comerciales y de inversión, no promovieron el viraje hacia la integración de cadenas de suministro en industrias y servicios de valor agregado. Al contrario, la IED se ha concentrado en el sector petróleo y minería del carbón. En los años considerados,  este sector concentró, en promedio, el 44,3% de la IED, mientras la industria manufacturera participó con 11,2%, y agricultura con apenas 1,3%.

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Sin embargo, la participación del sector minero-petrolero en el PIB es menor de lo esperado. Para los años analizados este sector contribuyó con el 5,9% del PIB, comparado con el 12,8%, del sector industrial. El petróleo y minería juntos concentran el 59,9% de todas las exportaciones, aún con la notable caída de la participación del petróleo en 2016 (34% de todas las exportaciones luego de haber estado en 2014 en 52%). Entre tanto, la industria y la agricultura pelean por el tercer puesto. La primera contribuyó con el 19,8% de las exportaciones, y la agricultura con 15,6%.

La creciente incidencia de las actividades extractivas a gran escala presiona a los gobiernos para favorecer los intereses de las compañías que explotan el recurso, lo que deja a Colombia sin la posibilidad de aprovechar los avances en digitalización, automatización e inteligencia artificial para dinamizar los procesos productivos, a través de nuevas inversiones en tecnología y políticas públicas de educación y empresariales de (re) capacitación.

Lo otro es que estas actividades generan poco empleo. En 2018 el sector minero-petrolero solo participó con el 0,9% del total de empleo nacional (211 mil puestos de trabajo), frente al 12% que aportó la industria manufacturera (2,7 millones de puestos), al 16,7% del sector agrícola (3,8 millones de puestos), y al 26,8% del sector comercio, hoteles y restaurantes (unos 6 millones).

La gran mayoría de empleos en la actividad minera está en empresas pequeñas, donde prima la informalidad y condiciones de trabajo precarias, inestables y riesgosas para la salud ocupacional y el bienestar de las y los trabajadores. Y las utilidades de esta actividad se repatrian a los países de origen de las transnacionales, que son empresas que en momentos de precios bajos reducen las inversiones, afectando negativamente el recaudo estatal, que de por sí ha disminuido significativamente por gabelas y deducciones tributarias, sobre todo en los dos gobiernos de Álvaro Uribe.

Los gigantes son consentidos a costa de los pequeños

Lo que se ve es que las grandes empresas y grupos económicos presionan a los gobiernos de turno para que promuevan leyes y políticas de regulación que las beneficien, al tiempo que sofocan en su desarrollo a las micros, pequeñas y medianas empresas.

Confecámaras nos dice que en 2016 el país tenía 2,5 millones de micro y pequeñas empresas (94,7% micro y 4,9% pequeñas y medianas). O sea que en Colombia solo el 0,4% de todas las empresas son grandes, con más de 500 empleados. Las micros y pequeñas generaron ese año el 67% del empleo del país y el 28% del PIB. Casi el mismo PIB que genera el grupo empresarial AVAL, el más grande del país, presente en casi todos los sectores económicos, que genera cerca del 25% del PIB nacional.

Entre 2013 y 2017 se crearon 1´075.908 empresas en Colombia, y se quebraron 1´011.613 (94%). Se puede decir entonces que el emprendimiento está contribuyendo a tener personas más pobres. Porque es un proceso reactivo, no ha sido planeado ni desde la política ni desde los recursos disponibles. En Colombia más que innovación y creatividad, las personas ingresan al mundo empresarial debido a la falta de opciones de empleo decente y estable.


En Colombia más que innovación y creatividad, las personas ingresan al mundo empresarial debido a la falta de opciones de empleo decente y estable.

El efecto directo de esto es el cuentapropismo, que participa con el 44% de los más de 22 millones de ocupados. En 2018 en Colombia hubo 9´791.000 cuenta propia.

Analizando las categorías de ocupaciones por nivel de habilidad, de acuerdo con la metodología OIT, tenemos que los ocupados en Colombia se dividen en tres grupos: los de altas habilidades (gerentes, profesionales, técnicos y profesionales asociados); de habilidades medias (oficinistas, trabajadores de servicios y ventas, agricultura calificada, artesano certificado, operarios, etc.); y de bajo nivel de habilidad (ocupaciones básicas y manuales).

El 60% de los empleos que se generaron en Colombia entre 2002 y 2016 (6,2 millones) fue para ocupaciones del nivel medio de habilidad, sobre todo en los sectores de transporte y comunicaciones, intermediación financiera, servicios comunales y personales, construcción e industria manufacturera. Que es precisamente la categoría de trabajo más amenazada por los avances tecnológicos. Muchas de estas tareas requieren combinación de trabajo técnico con sistemas de información y maquinaria, campo éste que ha tenido numerosos avances tecnológicos en años recientes.

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Ante estas nuevas realidades, crece la necesidad de brindar capacitación continua y de calidad a la población trabajadora para que no se vea perjudicada en los nuevos entornos laborales.

¿Por qué preocuparnos por el futuro de trabajo?

No tanto por la robotización, que podría transformar otras economías más insertadas en cadenas de suministro global de alta especialización y tecnificación, sino por la precaria presencia del Estado en asuntos regulatorios asociados con el mundo del trabajo, y más en un país como Colombia, donde en la economía domina la informalidad y el cuentapropismo.

Medido por la carencia de protección social (salud, pensión y riesgos laborales) el 65,7% de trabajadores en el país son informales. En el sector rural sube al 87%. Pero aparte de informales, no tienen ingresos adecuados. En 2017 el 70% de la fuerza laboral del país ganó menos de 1,5 salarios mínimos mensuales, inferior al costo de la canasta básica familiar.

No debe sorprender entonces que los sectores que más empleo generan sean aquellos donde más trabajo informal y cuentapropismo existe. Es el caso del comercio, hoteles y restaurantes, sector que emplea al 26,8% de los ocupados del país; servicios comunales, sociales y personales que emplea el 19,5% y la agricultura que participa con el 16,7% del empleo. Y en estos tres sectores el movimiento sindical es un actor aislado, débil y fragmentado.

En materia de inspección del trabajo, preocupa la ineficacia y pasividad regulatoria del Estado colombiano frente a riesgos laborales asociados a nuevas actividades económicas y la reorganización del proceso productivo relacionado con cambios tecnológicos, los cuales implican ritmos laborales más intensos, horarios flexibles, estrés mental, desgaste ergonómico, menos estabilidad en el empleo e incremento del acoso laboral. En el primer semestre de 2018 se reportaron 1.406 casos de este tipo, frente a los 803 en todo 2017. Pero más agobiante es el subregistro, tanto porque los trabajadores desconocen sus derechos en esa materia, contenidos en la Ley 1010 de 2006, como por el temor de denunciar acoso en un entorno donde conseguir y conservar un empleo es tan difícil.

En los últimos años han surgido empresas como Uber (83 mil conductores en el país) y Rappi, esta última de origen colombiano, que se ha extendido por Sudamérica y está presente en 47 ciudades. La innovación digital por ahora no robotiza el trabajo en Colombia, sólo construye un nuevo modelo de precarización laboral tecnológica.

Ni los de Uber ni los de Rappi tienen vinculación laboral alguna y trabajan como contratistas independientes, en el sentido de que deciden cómo prestan el servicio y tienen alguna flexibilidad horaria, pero padecen de altos niveles de ansiedad e incertidumbre por la inestabilidad laboral. Los Rappitenderos y conductores de Uber no solo ponen el capital y el esfuerzo, sino que además asumen todos los riesgos, mientras la empresa que controla la conexión entre mensajero y cliente devenga la mayor parte de las utilidades. Es una nueva dinámica laboral montada para privilegiar el capital a costa del bienestar social. Por su parte, el gobierno colombiano sólo fomenta discursos floridos sobre la economía naranja, un eufemismo para vender la economía digital desregulada.

Sindicalismo, negociación colectiva y diálogo social

El diálogo social, componente fundamental del concepto de Trabajo Decente que promueve la OIT, es marginal en el sistema de relaciones laborales de Colombia. En 2017 se pactaron 581 convenciones colectivas en 530 empresas, que solo beneficiaron a 156.870 trabajadores. Una cobertura de apenas el 1,8% de los trabajadores asalariados o empleados particulares.


El diálogo social, componente fundamental del concepto de Trabajo Decente que promueve la OIT, es marginal en el sistema de relaciones laborales de Colombia.

Todas las convenciones colectivas vigentes suman 1.500 en 1.365 empresas, y apenas benefician a 370.000 trabajadores (el 4,3% de los trabajadores clasificados como obreros o empleados particulares). Si le sumamos los acuerdos colectivos vigentes en el Estado, que benefician 832.902 servidores públicos, tenemos que la cobertura de la negociación colectiva en Colombia es apenas del 5,4% de la población ocupada, una de las más bajas del mundo.

El diálogo social es marginal por dos razones. La primera es la baja tasa de sindicalización en el país. Sólo el 4,6% de la población ocupada está afiliada a algún sindicato. La segunda razón es la cultura antisindical predominante, que se refleja en restricciones legales que impiden la negociación colectiva.

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Cambios en el mundo del trabajo

El contenido de la mayoría de convenciones y contratos colectivos son precarios. Se ocupan principalmente de temas económicos (salarios, primas extralegales, becas y auxilios escolares, préstamos para vivienda y calamidad doméstica, procedimientos disciplinarios y tablas por despido injusto, garantías sindicales, entre otros). Es un contenido que poco fortalece el diálogo social y no da garantías al sindicato para intervenir en decisiones de la empresa.

Nuevos temas deberían hacer parte de las agendas de negociación colectiva, como son: construcción de paz, discriminación por orientación sexual, derechos y problemas específicos de las mujeres y los jóvenes, impactos ambientales, teletrabajo y la inclusión laboral de personas con discapacidad. Otro tema clave para las organizaciones sindicales tiene que ver con los riesgos asociados a nuevas prácticas empresariales de vigilancia y monitoreo de trabajadores, que, a través de aplicaciones y programas de software, invaden la privacidad y se utiliza como mecanismo para aumentar la productividad laboral y reducir la autonomía de cada trabajador. Lo anterior, además de políticas púbicas regulatorias, requiere cláusulas de negociación que protejan y limiten el uso de esta información personal por parte de las empresas.

Así mismo, el sindicalismo se debe capacitar para comprender las transformaciones del capitalismo contemporáneo. Cómo impacta el nuevo modelo de precarización tecnológica, cómo lo hace la robótica, los nuevos materiales, los problemas del calentamiento global y la aparición de nuevas formas de explotación.

El futuro del trabajo y las mujeres

Desempleo, informalidad, subempleo y brechas de desigualdad son las características del mundo laboral colombiano en general, pero en especial para las mujeres y jóvenes. 


Desempleo, informalidad, subempleo y brechas de desigualdad son las características del mundo laboral colombiano en general, pero en especial para las mujeres y jóvenes.

Las mujeres representan el 51% de la población en edad de trabajar, sin embargo, la tasa de ocupación es del 47,0% y la de desocupación del 12,7%, 3 puntos por encima del promedio nacional y 5,3 puntos por encima de los hombres. Más de 5 millones de mujeres son jefes de hogar, pero sólo el 60% está ocupada.

En 25 años la población colombiana pasará del 10% al 20% de la población total con más de 65 años. Se incrementará pues la población que requiere de cuidados y esto pone retos en términos de la economía de cuidado, labores ejercidas en su mayoría por mujeres.

Por otra parte, continúa la tendencia de la participación de las mujeres en actividades económicas históricamente feminizadas, como servicios comunales y sociales (66,3%), intermediación financiera (57,5%) y comercio, hoteles y restaurantes (50,8%). Con el agravante de que dos de estos tres sectores presentan altas tasas de informalidad (43,2%, 18,2% y 78,3% respectivamente). Además, el 64% de trabajadores familiares sin remuneración son mujeres.

En términos de salarios, a pesar de contar con la Ley 1496 de 2011 sobre igualdad salarial, en 2017 la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres fue de 17,6 puntos. Es decir, las mujeres ganaron el 82,4% del salario de los hombres. En promedio el salario de los hombres fue de $1.096.560 y el de las mujeres de $904.039.  Esto, empero la mayor formación de ellas, quienes para el mismo año tuvieron un año más que los hombres (9,7 años frente a 8,6 años).

Por otra parte, ocupaciones de plataformas digitales se plantean como opción de ingresos para las mujeres, porque además permiten flexibilidad en el horario, ventajoso para mujeres que tienen a cargo el cuidado de niños o personas mayores.

Las ventas por catálogo, conformadas por vendedores o distribuidores independientes generan en Colombia 14 mil empleos directos y 2 millones de trabajadores denominados “colaboradores”, de los cuales el 89% son mujeres, y de estas el 7% de estratos socioeconómicos 2 y 3, y el 82% mayores de 35 años. Es decir, una opción para mujeres pobres y mayores en condiciones de precarización, pues no existe ninguna garantía laboral en la relación con los proveedores de los productos.

En cuanto a seguridad social, en 2018 la informalidad laboral de las mujeres fue de 65,1%. Por posición ocupacional, las mujeres representan el 94% del trabajo doméstico, que en Colombia es de los oficios más precarizados e invisibilizados, y ocupa a 624 mil mujeres. Sólo el 38,8% está afiliada al régimen contributivo de salud, el 17,6% a un fondo de pensiones y el 16% a riesgos laborales.

Por otro lado, las nuevas modalidades de trabajo desdibujan la correlación entre derechos de protección y seguridad social del tradicional modelo asalariado; se difumina la relación empleado – empleador, donde el primero ni siquiera aparece como sujeto. En cualquiera de los casos, las mujeres serían las más afectadas en tanto ya en el sistema de protección tradicional están segregadas por la informalidad de las labores que realizan, entonces mucho más, cuando ingresan a trabajar en formas desregularizadas combinadas con labores de cuidado no remuneradas ni protegidas.

En el Plan Nacional Desarrollo las opciones de creación de empleos se centran en el sector privado y los emprendimientos, sin garantías de protección social e ingresos justos, y sin estrategias para aumentar el emprendimiento en las mujeres, que solo son el 20% de la población emprendedora. Se habla de teletrabajo como opción para las mujeres, con una mirada que refuerza la función del cuidado asignada históricamente a ellas. Para las mujeres del sector rural, el tema del acceso a titularidad de tierras y la mejora de condiciones laborales carecen de profundidad y estrategias de superación de inequidad.

Futuro del trabajo: oportunidad o amenaza para la juventud

En el mundo del trabajo los jóvenes colombianos continúan enfrentado brechas mayores de las que enfrenta la población general. Se encuentran en una encrucijada. Sus deseos de trabajar y construir una vida a partir de sus empleos tropiezan con la realidad de un mundo laboral con altos niveles de desempleo, precarización e informalidad.

Algunos grupos de jóvenes son especialmente vulnerables: las mujeres jóvenes, los jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación, los jóvenes que viven en áreas rurales, entre otros. La falta de oportunidades de trabajo decente causa desaliento y frustración en estas nuevas generaciones de trabajadores.

Entre 2006 y 2018 el desempleo de los jóvenes (14-28 años) se redujo de 20,5% a 16,9%, pero continúa siendo casi el doble de la tasa general (9,7%). 47 de cada 100 desocupados en el país son jóvenes. Y de cada 100 jóvenes en edad de trabajar, 42 están inactivos.

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Del total de los 5’920.000 trabajadores jóvenes del país el 58,1% son asalariados y el 41,9% no asalariados. Con respecto a 2016 los primeros cedieron participación, mientras los segundos aumentaron. Se evidencia una notable caída de la participación en agricultura, y en menor medida la industria manufacturera. Se destaca el aumento de la participación de los jóvenes en el empleo de comercio, hoteles y restaurantes, que concentró gran parte de los nuevos puestos de trabajo.

Las ramas de actividad en las que mayoritariamente se desempeñan los jóvenes: comercio, hoteles y restaurantes (28,7%), servicios comunales, sociales y personales (17,5%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (16,5%), ponen en evidencia su baja productividad y bajos ingresos, escasa cobertura de protección social por ser sectores con altas tasa de informalidad laboral.

La mitad de los jóvenes trabajan como empleados particulares, sin embargo, esta categoría en la participación en el empleo juvenil solo ha crecido en 1,5 puntos porcentuales entre 2006 y 2018. Se observa un crecimiento de trabajadores jóvenes por cuenta propia, que pasaron de una participación de 25,7% a 34%. Y el aumento en la participación de los jornaleros o peones, al pasar de 1,8% a 3,9%. Los trabajadores sin remuneración son el 6,5% del total de ocupados jóvenes.

Un indicador que permite analizar la calidad del empleo de los jóvenes es el acceso a los sistemas y seguros de salud y a los sistemas previsionales, que es un derecho fundamental de los trabajadores. Sin embargo, las cifras muestran claramente que el mundo laboral colombiano no ha logrado cumplir con el papel de puerta de entrada universal a los sistemas de protección social.

En cuanto a seguridad social, en 2018 solo el 41,1% de los jóvenes ocupados (entre 18-28 años) cotizaba a salud; el 38,3% contribuía a pensión y 39,9% estaba afiliado al sistema de riesgos laborales.

Analizando la informalidad laboral por cobertura a la seguridad social, tenemos una tasa de 62,9% en 2018, cercana a la de la población general. Hay 3´724.000 ocupados jóvenes excluidos de este derecho fundamental.

En 2018 solo el 39% de los jóvenes tenía un contrato escrito (en 2008 fue 34,6%). En el tema salarial tuvieron un ingreso laboral promedio de $836.060, inferior al de la población total: $1.016.007 en 2017.

La tasa de desempleo de los jóvenes rurales llegó a 10,1% (152.000 jóvenes). Lo preocupante es que de los 264.000 desempleados registrados en total la zona rural, los jóvenes representaron el 57,6%. Por sexo, la tasa de desempleo de las mujeres triplicó la de los jóvenes: 18,5% y 6,2% respectivamente.

En los últimos 10 años el porcentaje de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni se encuentran buscando empleo (los Ninis) no ha disminuido lo suficiente. En 2018 el 21,7% de los jóvenes entre 14 y 28 estaba en esta condición, lo que se traduce en 2´674.000 ninis en el país. Es un fenómeno que afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes. Estas registraron una tasa de 30,8%, los hombres 12,7%.

Desafíos del futuro del trabajo para los jóvenes

La reconfiguración de las relaciones laborales y los cambios en las formas de trabajo es tema de discusión clave en relación con el futuro del trabajo, especialmente para la población joven de Colombia, que en más de la tercera parte es cuentapropista. Las relaciones de trabajo típicas vienen cediendo participación a otras formas atípicas: empleo temporal, jornada a tiempo parcial, trabajo a demanda, relación laboral triangular, entre otras. Que, si bien para muchos jóvenes son de elección voluntaria, a otros traen inseguridad en el trabajo, limitado acceso a protección social y otros beneficios, aislamiento, estrés, tensiones entre la vida privada y el trabajo.


Las relaciones de trabajo típicas vienen cediendo participación a otras formas atípicas: empleo temporal, jornada a tiempo parcial, trabajo a demanda, relación laboral triangular, entre otras.

Los bajos niveles de educación y competencias de los jóvenes del país pueden dificultarles su adaptación al cambio tecnológico. Los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) de la OCDE, dicen que Colombia, a pesar de algunas mejoras en ciencias y matemáticas, está lejos de países como Singapur o Finlandia. De 72 países figura en el puesto 57 en ciencias, 61 en matemáticas y 54 en lectura. Lo otro es la concentración de los graduados universitarios en disciplinas diferentes a las de Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería o las Matemáticas (CTIM), identificadas como carreras pertinentes para la incorporación de nuevas tecnologías. Del total de graduados en 2017 correspondientes a 38.885 personas, alrededor del 25% (9.940) se graduó de una de las carreras de CTIM, esto es uno de cada cuatro estudiantes.

Además, los actuales sistemas educativos no califican adecuadamente, no estimulan la creatividad, la capacidad de resolver problemas y otras habilidades importantes en el nuevo mundo del trabajo.

Los seis cambios más importantes que esperan los jóvenes son: nuevos métodos de enseñanza, nuevas tecnologías en las aulas de clase, currículos adaptados a nuevos entornos, nuevas carreras, más cursos de especialización y optimización de las aptitudes del estudiante para desarrollarlo en áreas específicas.

La OIT recomienda a los gobiernos multiplicar las oportunidades de trabajo decente de los jóvenes con programas de empleo y con apoyo a los jóvenes emprendedores. El sector privado debe ofrecer a los jóvenes aprendizaje profesional de calidad y su primera oportunidad de trabajo. Se les debe remunerar con arreglo al principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Y debe prestarse especial atención al acceso al aprendizaje permanente de los jóvenes sin empleo, educación o formación para garantizar su inclusión social.

En el Plan Nacional de Desarrollo no hay futuro para el trabajo

El Plan Nacional de Desarrollo incorpora una serie de medidas en materia laboral que no se armonizan con estos propósitos, y que, por el contrario, profundizará el déficit de trabajo decente, aumentará la precarización laboral y la desigualdad en la distribución del ingreso, así como el empobrecimiento de las y los trabajadores, especialmente de los adultos mayores que contarán con peores condiciones para su protección social a la vejez.

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El proyecto propone una serie de reformas legales en orientaciones de política económica, comercial, social, laboral y pensional, entre otras.

  1. Reforma tributaria. Existen muchos artículos que reforman el Estatuto Tributario en materia de IVA, beneficios tributarios a las empresas, pago de impuestos por obras, becas, beneficios tributarios a la economía naranja, etc. y  por otra parte se dan apoyos fiscales al sector financiero.
  2. Reforma pensional y social. La reforma pensional propuesta en este plan resulta regresiva e inconveniente, en la medida que no garantiza el derecho a la protección social de los adultos mayores, amplía el negocio de los fondos privados de pensiones y de los bancos a reducir la seguridad social a microseguros y permitir la afiliación por debajo del salario mínimo, bajo de argumento de ampliar la cobertura de los trabajadores informales y rurales. Esta reforma pensional debe proceder por otros canales constitucionales, como una reforma integral a la Ley 100 de 1993 y demás normas relativas a la protección y seguridad social. Por lo tanto, deberían retirarse estos artículos del texto de la ley, y someterse a una discusión amplia y democrática. El único artículo que favorecía a los trabajadores en materia pensional, que regulaba el traslado entre fondos y obligaba a la orientación a los afiliados, fue retirado debido a la presión política de Asofondos. 
  3. Reforma laboral. En materia laboral el proyecto de PND tiene propuestas como las que siguen en el documento Bases del PND, que se incorpora al PND en el artículo 2 del proyecto de ley.
  4. Incentiva la formalidad laboral, disminuyendo el costo de la contratación formal de trabajadores, y los impuestos a las empresas.
  5. Elementos técnicos para una metodología de ajuste gradual del salario mínimo, de tal forma que sea incrementos más moderados.
  6. Flexibilización (reducción o eliminación de parafiscales, entre otros) de los costos laborales no salariales.
  7. Políticas que fomenten la formalización gradual especialmente de los trabajadores con ingresos inferiores a un salario y trabajadores rurales a través del aporte a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y al acceso de seguros inclusivos que los protejan de los riesgos inherentes a su actividad laboral.
  8. Esquemas de vinculación y protección para trabajadores con relaciones laborales no tradicionales, o inferiores a un mes, o con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente, como los trabajadores del campo, que tienen ingresos estacionales o los trabajadores por tiempos parciales. Esquemas flexibles en términos de los beneficios y las contribuciones.
  9. Trabajo Decente. El Trabajo Decente tiene cuatro dimensiones para OIT: empleo, derechos en el trabajo, protección social y dialogo social. En las Bases del PND sobre cada dimensión tiene lo siguiente
  10. Empleo: Se propone reducir el desempleo del 12,8% (ajuste en comisión) al 7,9%, creando 1.620.000 empleos en los próximos 4 años, de los cuales el 50% se darán en sectores de alta informalidad como comercio y servicios.
  11. Derechos en el trabajo: Hace referencia al derecho de libertad sindical (asociación, negociación colectiva y huelga), sobre lo cual no existe ningún compromiso del gobierno en fortalecimiento organizativo ni en fomento del dialogo social, ni mucho menos de garantizar el derecho de huelga que viene siendo limitado cada vez más. De igual manera no se menciona el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia laboral.
  12. Protección social. En protección social la política se reduce a la promoción del Piso de Protección Social, PPS, con un enfoque diferente al de OIT. El PPS según OIT debe ser considerado como parte de un sistema integral que puede representarse como una “escalera” de protección social. El diseño del PPS debe considerar la posibilidad de conformar la base sobre, la cual se construyen los seguros sociales obligatorios y voluntarios. Así, el PPS es el encargado de establecer las garantías de acceso mínimo a determinadas prestaciones y servicios esenciales, mientras que la escalera se completa con la previsión social, construida mayoritariamente sobre el concepto de los esquemas contributivos.

El Piso de Protección Social del PND se limita a una visión asistencialista con salud subsidiada, vinculada con los BEPS y los seguros inclusivos como alternativa a la afiliación al sistema de Riesgos Laborales, incluso para los trabajadores con salarios menores al salario mínimo.

Finalmente, y de acuerdo con el informe de la OIT, las transformaciones que se están produciendo del trabajo exigen que se fortalezcan y revitalicen las instituciones del trabajo, estableciendo una Garantía Laboral Universal, ampliando la soberanía sobre el tiempo, reactivando la representación colectiva y encauzando la tecnología para lograr un trabajo decente. Estas medidas son necesarias, para construir vías hacia la formalización laboral integral, para reducir la desigualdad y la pobreza de los trabajadores, y para mejorar la seguridad y proteger la dignidad en el trabajo. En tal sentido la ley del plan de desarrollo y las políticas públicas que se derivan deben responder a las necesidades de la población, generar capacidades en las personas y condiciones reales que permitan el acceso a las oportunidades y garantía de derechos de ciudadanía que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras de nuestro país.

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