El Cerrejón no es solidaria con todos sus trabajadores. Tiene a 3 mil contratistas en la casa y sin salario

Imagen de referencia tomada de Facebook

El 24 de marzo, cuando empezó el confinamiento por el Covid-19, Carbones de Cerrejón envió a sus 6.171 trabajadores directos a sus casas al amparo del artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, o por la figura de vacaciones anticipadas. Preservó sus derechos laborales, aparte de que hubo buen diálogo entre el sindicato Sintrabarbón y la empresa para enfrentar el tema sanitario de la pandemia.

Pero esa misma suerte no la tienen los trabajadores tercerizados por El Cerrejón mediante 6 empresas contratistas que le prestan diferentes servicios. El mismo 24 de marzo les envió una circular anunciándoles que debido a la emergencia y la suspensión de la producción, sus contratos quedaban igualmente suspendidos como medida de fuerza mayor, hasta tanto se autorizara el reinicio de operaciones.

Desde la llegada del virus Covid-19 al territorio nacional, tanto en etapa de contención como de mitigación, dentro de los Decretos que ordenaron la medida de aislamiento social obligatorio, se exceptuó el sector minero energético, en este panorama, la gerencia de Carbones del Cerrejón decidió disminuir la operación de sus funciones tanto internas como las ejercidas a través de sus contratistas, de modo que suspendió gran parte de sus contratos comerciales, afirmando que solo se dedicaría a realizar actividades necesarias dentro de la Empresa.

Puedes leer:

Ante los recientes anuncios y medidas tomadas por el Gobierno nacional, El Cerrejón decidió reactivar sus labores gradualmente desde el pasado 4 de mayo, y cerca del 60% de los trabajadores en El Cerrejón regresaron a labores, más no así las empresas contratistas, que siguieron paralizadas, hasta hoy. Porque El Cerrejón decidió seguir operando solo con sus trabajadores directos. Y una situación similar se presenta con los trabajadores tercerizados de las otras grandes trasnacionales que explotan nuestro carbón en la  costa atlántica.

De tal suerte que los trabajadores de las empresas contratistas Trascolba SAS, Asecolba SAS, Consorcio Stork y Masa, Eproq Mecánica Limitada, Gaico Infraestructura y Concesiones SAS, y Maxo SAS, siguen hoy parados y sin recibir salario. Solo cubiertos en su seguridad social, y en algunos casos sus contratos se les cancelaron. Pese a que las circulares del Ministerio de Trabajo hablan de que la protección al empleo se debe dar en toda la cadena de producción y logística de las empresas, en este caso del carbón.

De ahí que el sindicato se pregunte cómo una empresa como Carbones el Cerrejón, que el año pasado obtuvo utilidades operacionales por $2 billones, no es capaz de en un acto de solidaridad con sus trabajadores en una emergencia como la que vivimos.

No es justo que estos contratistas, que de por sí ya tienen trabajos precarios, se queden sin ingresos, desprotegidos con sus familias, en La Guajira, donde no hay más fuentes de ingresos. Es una situación social grave”, afirma Igor Kareld Díaz, presidente de Sintracarbón.

Opina que Carbones el Cerrejón debe manejar la situación con un criterio solidario. Debió haber enviado a sus empresas contratistas mensajes y salidas para que todo el peso de la crisis no caiga en los hombros de los trabajadores.

Carbones el Cerrejón es un consorcio de tres multinacionales: Glencore (Suiza), BHP Billiton (australiana) y Anglo American (inglesa), cuyo permiso de explotación minera termina en 2034. Actualmente es la carbonífera más grande del país y de Suramérica. Exporta el 40% del carbón colombiano, lo que le da para tener activos por $11.2 billones y en 2018 ingresos operacionales por $6.5 billones (4.13% más que en 2017), y utilidades operacionales por $2 billones, equivalente al 31.4% de los ingresos totales.

Una empresa que goza, además, de un costo de mano de obra muy bajo. Según Sintracarbón, el costo de la nómina que cobija la convención colectiva, unos 4.500 trabajadores, apenas representa el 4.3% de los costos operacionales y el 7.1% de los de producción. Es pues una empresa con gran músculo financiero para soportar la crisis sanitaria originada por el coronavirus.

Acciones desde el CAL Valledupar

Paola Gómez es la abogada directora del Centro de Atención Laboral de Valledupar, que asesora jurídicamente a los sindicatos del corredor minero del Cesar y La Guajira, donde hace presencia las multinacionales Drummond, Prodeco y Carbones el Cerrejón. Para ella, lo que la pandemia ha destapado es el preocupante grado de vulnerabilidad que tienen en el mundo laboral de hoy los trabajadores tercerizados.

“Las circunstancias causadas por el Covid-19 en el mundo, exponen o dejan a flote las consecuencias de la intermediación. En el cambiante mundo del trabajo, los tercerizados están totalmente indefensos frente a todo, a fenómenos económicos o sanitarios. Es un problema cada vez más agudo”, anotó la abogada.

Con motivo de esta crisis, en lo que respecta al sector carbonífero, han hecho algunas acciones ante el Ministerio del Trabajo, dentro de las limitaciones funcionales por la pandemia. Básicamente ha hecho un acompañamiento a los trabajadores en el tema de las medidas sanitarias, dotándolos de herramientas jurídicas para defenderse y confrontar las acciones de los empleadores.

“Porque ya el Covid-19 no es una contingencia, sino que ya hace parte de la vida laboral de todos. Estamos entrando en esta nueva dinámica”, señaló la directora del CAL Valledupar.

En algunos comunicados e infográficos que han circulado en redes sociales, el CAL Valledupar ha formulado recomendaciones básicas a los trabajadores del carbón que hoy ven sus derechos laborales amenazados por la crisis del coronavirus.

La recomendación básica es no firmar nada que les proponga la empresa en este periodo de crisis.

Si se trata de una mujer embarazada o madre cabeza de familia; o de una persona enferma o en situación de vulnerabilidad, y se siente afectada por las acciones de la empresa, interponga una acción de tutela. Para lo cual cuentan con la asesoría del CAL Valledupar.

Considerando que las acciones tomadas por Carbones el Cerrejón y sus empresas contratistas violan las circulares 21 y 33 del Ministerio de Trabajo, se le pide a esta hacer una fiscalización laboral rigurosa. 

Puedes leer:

La situación sanitaria para los trabajadores de El Cerrejón

Desde el 24 de marzo, cuando se paralizó la producción en El Cerrejón, arrancó un plan de contingencia sanitaria para cuidar la vida y la salud de los trabajadores y minimizar el impacto de la transmisión del virus, tanto en la mina como en Puerto Bolívar, el cual contó con la participación del sindicato en todas las discusiones.

Sintracarbón advirtió en un comunicado público que lo mejor para prevenir el contagio del virus era que los trabajadores se quedaran en casa. “Pero ante el decreto presidencial y la intención de la compañía de reabrir el proceso minero, en Sintracarbón, de manera responsable definimos que, si los trabajadores iban a estar activos en la mina y el puerto, íbamos a estar ahí en su representación”, anotó Igor Díaz

Entre el comité paritario de los trabajadores y el sindicato acordamos hacer verificaciones en las distintas áreas, a fin de establecer si los protocolos se están cumpliendo en el traslado de los trabajadores y el desarrollo de las operaciones en la mina y en Puerto Bolívar.

 “Y en ese sentido hemos pedido que no se traigan a las minas trabajadores de otros departamentos. Estaremos vigilando, revisando los procesos, defendiendo la salud y la vida de los trabajadores”, puntualizó el presidente de Sintracarbón.

.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.