El delirio de la seguridad y la sumisión

Memoria Histórica. Violencia antisindical en Sandander

Casos Sintrapalmas, Sintraunicol. 1975-2012

En Santander han tenido lugar algunas de las movilizaciones sociales más importantes de Colombia, desde la rebelión de los comuneros en 1781 hasta los diversos paros cívicos y marchas populares de épocas más recientes. Además, este departamento es sede de algunos de los sindicatos más sólidos del país y de destacadas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Y ha sido precisamente esa tradición de luchas y conquistas sociales la que han convertido a los líderes comunitarios y sindicales de Santander en víctimas del silenciamiento y el exterminio.

El informe “Delirio de la seguridad y la sumisión”, del cual este escrito es un compendio, hace parte del trabajo de memoria histórica emprendido por la Escuela Nacional Sindical, que pretende generar espacios de visibilización, empoderamiento, consenso y elaboración de agendas de reparación colectiva para el sindicalismo en Colombia. En este caso busca reconstruir la memoria de la violencia antisindical en Santander entre 1975 y 2012.

La investigación se centra en lo acontecido a dos sindicatos: Sintraunicol Santander y Sintrapalmas en Puerto Wilches, con base en información documental obtenida del periódico Vanguardia Liberal, las bases de datos SINDERH y SISLAB de la ENS, como también entrevistas a dirigentes sindicales del departamento.

El sindicalismo y su configuración territorial

Las primeras organizaciones sindicales en Santander no surgieron del sector industrial sino de gremios comerciales y artesanales: chocateros, alfareros, joyeros, zapateros y sastres. El auge se inició en 1925 y perduró durante toda la década del 30. En respuesta, las élites nacionales iniciaron una arremetida violenta para contener las múltiples huelgas que se dieron en Santander y a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano, y posicionaron la idea de que los sindicatos eran enemigos públicos del progreso.

La primera huelga en Barrancabermeja se dio en 1924, como resultado de las irregularidades laborales cometidas por la Tropical Oil Company. En ella participaron figuras como María Cano y Raúl Mahecha, quien sería fundador de la Unión Sindical Obrera, USO. Los trabajadores hacían peticiones básicas como el derecho a jornada laboral de 8 horas. La respuesta del Gobierno fue militarizar las empresas que registraran actos de protesta de los trabajadores.

A pesar de las adversidades para ejercer el sindicalismo, en 1947 un censo de la Contraloría General de la República reveló que en Santander había 10.357 trabajadores sindicalizados, 1.388 mujeres y 8.969 hombres, la mayoría afiliados a la Federación Santandereana de Trabajadores (Festra).

Para 1970 la industria manufacturera era el sector con más sindicatos en la región: 73. Pero los empresarios utilizaban diferentes estrategias para impedir su consolidación, como despidos injustificados, amenazas, señalamientos y aumento salarial para quienes se desafiliaran de los sindicatos. Las protestas de los trabajadores estaban relacionadas con el incremento en el costo de vida, el alza de precio del transporte, los servicios públicos domiciliarios y el aprovechamiento de los recursos naturales, entre otros temas.

La arremetida violenta contra las movilizaciones sociales precipitó en 1982 la unión de las organizaciones sindicales Fetralsa, Utrasan y Festra, que desaparecieron para dar paso a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander (Usitras).

Aunque el auge de estas luchas obreras se tradujo en su reconocimiento paulatino dentro de opinión pública nacional y regional, también se convirtió en un arma de doble filo, pues dio como resultado una política de terror ejercida en contra de quienes promovían o participaban en las manifestaciones.

A partir de la segunda mitad de la década del 80 los crímenes contra activistas vinculados al sector petrolero experimentaron un aumento sustancial. El 28 de febrero de 1988 fue asesinado el líder sindical de la USO Manuel Gustavo Chacón, y un mes después hubo otros 5 homicidios contra dirigentes comunales y líderes del movimiento sindical. También empezaron a aparecer en la región grupos paramilitares como el MAS y Los Magníficos, que cometían crímenes selectivos contra líderes campesinos, comunitarios y sindicales. Sus excesos, sumados a la extrema situación de indefensión de las víctimas, obligó la creación de la Comisión de Derechos Humanos de la Procuraduría General, en 1985.

Y por otra parte, la desaparición forzada emergió como táctica de silenciamiento y vulneración extrema, que ante la ausencia de respuestas efectivas por parte del gobierno contribuyó a reforzar el poder coercitivo de los grupos armados, incluyendo la fuerza pública.

Entre 1986 y 1987 se conformó en Santander la Central Unitaria de Trabajadores, que implicó un arduo proceso de concertación entre los sindicatos debido a las profundas diferencias que existían entre ellos. El propósito era evitar la dispersión y darle un rumbo a las organizaciones de trabajadores.
En este panorama de violencia y resistencia, la preparación política de los dirigentes sindicales se constituyó en una estrategia de supervivencia, que buscó generar una política de relevos de los activistas que venían siendo asesinados o desaparecidos. La creación de la escuela político sindical en el Magdalena Medio se constituyó en instrumento valioso en un contexto adverso.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Barrancabermeja, empezó a denunciar a las organizaciones paramilitares que operaban en la región y las campañas de estigmatización y señalamiento a líderes sociales ideadas por parte de las Fuerzas Armadas. Los montajes judiciales en contra de líderes sociales de Santander contaron con el apoyo de las instituciones del Estado.

Para los años 1994-1995 la situación en la zona, y en particular en Barrancabermeja, era dramática. La prevalencia de fenómenos como la trashumancia, el desplazamiento forzado, las inequidades sociales, entre otros, hicieron de Santander la segunda entidad territorial con mayor índice de violaciones a los derechos humanos, luego de Bogotá y Antioquia.

El auge del accionar paramilitar se dio durante la segunda mitad de la década del 90 y a inicios del siglo XXI. La violencia recayó sobre los sectores sociales más activos y despertó alarmas en la comunidad internacional, que empezó a exhortar al Estado colombiano para que tomara cartas en el asunto y poner fin a la arremetida paramilitar.

En el 2004 sólo el 12% del centenar de sindicalistas amenazados en Santander contaba con un esquema de seguridad capaz de garantizar la protección de sus vidas. Tanto que el entonces vicepresidente, Francisco Santos, manifestó en su momento la incapacidad del Estado para brindarles protección a los sindicalistas porque todos estaban amenazados. En el solo año 2004 este departamento tenía el primer lugar en infracciones al Derecho Internacional Humanitario, luego del presunto cese de hostilidades declarado por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Al complementar todo este análisis con la información estadística del Sinderh, tenemos que la primera mitad de la década del 2000 tuvo una dinámica muy particular. Por ejemplo, el año 2002 fue el más violento de todos, duplicando incluso el año 1999, con 170 casos. También hubo un incremento desmesurado de las detenciones arbitrarias, que sumaron 127.

Posterior al presunto proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, las nuevas bandas emergentes, entre ellas las denominadas Águilas Negras, se situaron como agentes de contención de los movimientos sociales y sindicales en Santander. La respuesta del gobierno fue la negación de lo que estaba ocurriendo, al tiempo que daba partes de tranquilidad sobre la inexistencia de organizaciones armadas ilegales en la región.

Año  Hechos de Violencia Año Hechos de Violencia
1983 2 1998 38
1984 0 1999 63
1985 12 2000 35
1986 1 2001 32
1987 7 2002 170
1988 43 2003 93
1989 26 2004 51
1990 12 2005 37
1991 22 2006 19
1992 31 2007 45
1993 11 2008 169
1994 17 2009 84
1995 12 2010 38
1996 10 2011 34
1997 25 2012 29

Fuente SINDERH

Una historia de despojo: el caso Puerto Wilches

La puesta en funcionamiento del ferrocarril en los años 20 del siglo pasado, la edificación del principal muelle del río Magdalena por la empresa Draga en 1931, y la explotación petrolera iniciada por la Socony en 1943, favorecieron la aparición de las primeras empresas cultivadoras de palma. Las primeras plantaciones de este producto se remontan a 1945, momento en el que la United Fruit Company estableció una plantación comercial en la zona bananera del Magdalena.

La venta de tierras por parte de un sector importante del campesinado de la región, propició el cambio en la estructura económica y social. El predominio del trabajo asalariado, en ausencia de un claro apoyo crediticio para fortalecer el pequeño campesinado, redujo las posibilidades de supervivencia de los cultivos de pan coger. En municipios como Barrancabermeja y Puerto Wilches el montaje de grandes cultivos de palma africana, conocido también como el desierto verde, empezó a tomar fuerza definitiva a mediados de la década del 70.

De acuerdo con la versión de algunos sindicalistas entrevistados, en un principio pocas personas se interesaron en conformar un sindicato, debido al tratamiento hostil por parte de algunos patronos y la política empresarial de decretar la muerte laboral para quienes se atrevían a reclamar sus prestaciones sociales. Finalmente, en marzo de 1971 se fundó el sindicato Sintrapalmas, y como consecuencia de ello hubo una serie de despidos injustificados de trabajadores sindicalizados.

A finales de los 70 aumentó el número de afiliados al sindicato, al tiempo que se fortalecieron las asesorías técnicas y las capacitaciones sindicales, y se lograron algunas conquistas laborales como los subsidios de transporte y familiar, y se empezó a hablar de planes de vivienda para los trabajadores. Hubo mejoras salariales y primas de navidad, y se avanzó en la prestación de servicios médicos y odontológicos a las familias, en fondos de trabajadores y la construcción del casino para la alimentación.

1988 es el año que marca la persecución cruenta contra los sindicatos palmeros en la región. Empezaron los asesinatos de los líderes, al tiempo que fenómenos como los desplazamientos forzados y las amenazas se instalaron en la cotidianidad sindical de la región, inaugurando así un periodo de horror sin precedentes.

En 1987 el Frente 24 de las FARC irrumpió en el casco urbano de Puerto Wilches, y paulatinamente también hacen presencia los frentes del ELN y el EPL. Y esta presencia guerrillera provocó presiones irregulares contra los empresarios palmeros y contra las organizaciones sindicales de Puerto Wilches. De acuerdo con el relato de uno de los líderes de Sintrapalma, hubo casos en que la guerrilla procuró espacios de resguardo y protección en medio del conflicto armado, lo que desató una serie de comentarios y especulaciones injustificadas sobre el accionar del sindicalismo palmero.

Si bien de tiempo atrás hubo notable presencia de grupos paramilitares en Sabana de Torres y San Alberto, a partir de 1997 también se hizo presente en Puerto Wilches. Estos grupos solían irrumpir a la fuerza en algunas manifestaciones organizadas en las inmediaciones de la empresa, además de intentar imponer su línea política al interior de la Junta Directiva de Sintrapalma.

Desde un principio, los trabajadores advirtieron que las acciones violentas tenían como propósito limitar las actividades sindicales. Y ese escenario de violencia desencadenó retiros voluntarios de afiliados, lo que repercutió en un lento declive del sindicato a partir del año 2000, que se acentuó en el 2008. La situación se tornó mucho peor en la medida en que la presencia de los grupos armados obedecía a la idea de estabilidad empresarial y el mantenimiento de un buen clima de inversión. Un sindicalista de Sintrapalma recuerda al respecto:

“En ese año 2002 llegaron a las instalaciones, supuestamente con la complacencia de la Junta Directiva de la empresa, y nos dijeron que si se daban cuenta de que andábamos inmiscuidos en vainas de guerrillas, y si llegábamos a parar la empresa, entonces nos mataban. A raíz de eso el temor fue peor, y muchos compañeros de la Junta Directiva comenzaron a irse”.

Con los procesos de negociación de Ralito las autodefensas comenzaron un proceso de atomización que desencadenó una guerra interna entre los diferentes bandos: Águilas Negras, Urabeños y Los Rastrojos. Sin embargo, y más allá de las divergencias en la estructura militar de esos grupos ilegales, la presencia del paramilitarismo no se diluyó definitivamente. El reconocimiento del sindicalismo como presunto enemigo del progreso y aliado de los grupos subversivos en la región, impidió un cambio radical en la estrategia de guerra.

El miedo a la denuncia reflejó una profunda desconfianza en la capacidad del Estado para salvaguardar la vida de los sindicalistas de la zona. Solo a partir de los años 2004 y 2005, por intermedio del Ministerio del Interior, empezaron a funcionar eficazmente los esquemas de protección, por lo menos para facilitar la movilización de la Junta Directiva.

Al gobierno de entonces se acusó de promover la tercerización laboral y la legalización de las Cooperativas de Trabajo Asociado; y de la mano con lo anterior, para la CUT era inaudita la manera en que el Estado criminalizaba la legítima protesta de los palmeros en Puerto Wilches, utilizando el Esmad como fuerza de choque. La falta de espacios para el diálogo por parte del gobierno, incitaba a los empresarios palmeros a asumir una actitud completamente apática frente a las demandas de los trabajadores.

La reducción de afiliados por debajo del umbral establecido por la ley, desató, por parte de la empresa una estrategia jurídica para liquidar lo que quedaba de Sintrapalmas. Este sindicato hizo esfuerzos para entablar diálogos con trabajadores de otras empresas y agremiaciones del sector palmero, con el interés de revertir la desafiliación de trabajadores. Pero esas alianzas no surtieron efecto y el número de afiliados se fue reduciendo hasta que finalmente quedaron 22.

En la UIS: una lucha contra la opresión y la estigmatización

En 1962 un grupo de 82 empleados de la Universidad Industrial de Santander (UIS) decidieron crear su organización sindical para tratar de contrarrestar las precarias condiciones laborales existentes, aunadas a la arbitrariedad de algunos directivos del centro académico. Así nació el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Industrial de Santander, Sindiuis.

En esos primeros años para el sindicato fue difícil conciliar los requerimientos de los trabajadores con los intereses esgrimidos por las directivas de la Universidad. Los pliegos de peticiones se negociaron en un ambiente tenso, pero tuvieron logros como la creación de una caja de previsión y el fondo de empleados.

En abril de 1974 los profesores afiliados a ASPU manifestaron su intención de trabajar conjuntamente con Sindiuis, y en consecuencia la organización adoptó la sigla Sintrauis. Ello representó para el sindicato una serie de progresos en su capacidad de movilización y convocatoria, y condujo, en 1975, a la firma de la primera Convención Colectiva con la cual lograron importantes reivindicaciones.

En respuesta, comenzó a imperar cierto clima de terror que buscaba corroer dichas alianzas y socavar los logros obtenidos por el sindicato. Fue una atmósfera marcada por presuntas amenazas por parte de la Quinta Brigada del ejército. Un líder de Sintraunicol Santander recuerda las persecuciones en su espacio familiar: “A veces mirábamos motos al frente de la casa, también llamaban a mi hija y luego ella me decía: papi llamaron y me preguntaron si mi mamá tiene un vestido negro, sino que fuera comprando la telita. ¿Qué es eso? No sé, cualquier número equivocado mijita, le respondía yo. Pero la verdad es que eran amenazas”.

Fueron comunes las prácticas intimidatorias y las presiones psicológicas, más aún cuando el Estatuto de Seguridad impuesto por el presidente Turbay Ayala pretendió postrar a un sector amplio de los movimientos sociales y sindicales bajo el trazado de la lucha antisubversiva.

En el año 1978 el sindicato decretó un paro de 33 días en rechazo a la diferenciación establecida entre empleados públicos y trabajadores oficiales; a lo que se sumó su respaldo a las personas detenidas durante las manifestaciones de ese año, lo que sentó las bases de una estrecha alianza entre el sindicato y el movimiento estudiantil.

Las acciones contra la integridad de los dirigentes de Sintrauis se iniciaron en 1988, con la desaparición de Christian Roa el 27 de junio de ese año, y tuvo como correlato el juego de rumores y los temores por el destino de los demás dirigentes. Luego arreciaron las amenazas de ciertos grupos clandestinos, como “Mano negra”, el MAS y “Los Magníficos”. Según algunos testimonios, estos grupos los conformaban miembros activos del DAS, del B2, cuerpos de inteligencia de la policía y el F2. Realizaban llamadas telefónicas y cartas con mensajes amedrentadores, aparte de coronas mortuorias y sufragios.

La preocupación por estos incidentes llevó a la creación, en 1989, del Comité de Derechos Humanos, y de la Corporación Permanente por la Defensa de los DDHH de la UIS. Posteriormente se conformó un sindicato mixto entre Sintrauis y ASEUIS, que en 1996 se fusionó con el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol. Un aspecto importante fue la necesidad de establecer sinergias políticas para hacerles frente, no sólo a los incidentes de violencia, sino también a los procesos de reestructuración presupuestal que limitaron los dineros destinados a la educación pública en las universidades.

Posteriormente, frente a la irrupción violenta del paramilitarismo, la reacción del sindicato y de la comunidad estudiantil fue inmediata. En junio de 2001 los presidentes de Sintraunicol subdirectiva Bucaramanga y de la Asociación de Profesores de la UIS, Aspouis, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas para contrarrestar esta violencia. En junio del 2001 la Comisión se pronunció en favor de varios estudiantes, profesores y trabajadores afiliados a Sintraunicol Santander, lo que obligó al gobierno a tomar medidas cautelares.

El despliegue del aparato de guerra contra el movimiento sindical y estudiantil de la UIS, llevó a que en febrero de 2003 Sintraunicol Santander expidiera un comunicado para denunciar los señalamientos contra varios de sus líderes, acusados de pertenecer a grupos subversivos.

Recientemente se reveló una presunta comunicación ocurrida en el 2007 entre el comandante paramilitar alias “Félix” y el rector de la UIS, Jaime Alberto Camacho Pico. En esta comunicación el rector se comprometía a entregar un listado de personas con pensamiento de izquierda pertenecientes al movimiento estudiantil.

La decisión de discurrir de manera crítica y activa los problemas que aquejaban a la universidad, llevó a Sintraunicol a denunciar la implementación sistemática y autoritaria de cámaras de seguridad y el aumento de las requisas en las porterías. Lo que provocó, aparte de sanciones disciplinarias, la respuesta exacerbada de grupos como las Autodefensas Gaitanistas del Nororiente Colombiano.

A partir de entonces las directivas de las UIS empezaron a legitimar medidas de seguridad con el argumento de evitar la ocurrencia de hechos criminales. Esta cultura de la precaución policiva ha sido fuertemente criticada por los estudiantes y el sindicato, por cuanto entraña una clara intensión de conferir a la protesta y a la movilización un estatuto claramente delictivo, que a lo largo de los últimos años ha costado la vida de importantes líderes sociales, no solo de la UIS sino de todo el departamento de Santander.

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