¿Cuánto vale la vida de los trabajadores de la salud en Colombia?: Así son las condiciones de los hospitales de Fresenius en Colombia

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Este es un reportaje investigativo sobre los trabajadores de la salud en Colombia, específicamente en las clínicas y hospitales del grupo Quironsalud-Fresenius.

Por: Juan Alejandro Echeverri

El personal médico de la Clínica Las Vegas, la Clínica Medellín, y la Clínica del Prado, las cuales fueron compradas el año pasado por la multinacional médica Fresenius, “salva vidas” poniendo en riesgo la de los trabajadores. Auxiliares de enfermería y demás trabajadores no cuentan con la dotación preventiva que recomiendan las autoridades de salud; tienen problemas para desplazarse de su casa al trabajo; están obligados a lavar sus uniformes en sus casas, pues las directivas, alegando un elevado gasto económico, se niegan a aceptar que sean lavadas en las propias clínicas; sufren cuadros de estrés y angustia por el temor de contagiar a sus seres queridos; y han optado por cambiarse momentáneamente de domicilio, para lo cual muchos han tenido que pedir dinero prestado, y así salvaguardar la salud de los suyos. Además, las clínicas no adoptan los protocolos adecuados a la hora de atender a los pacientes contagiados.

La jefe de epidemiología la llamó a las dos de la madrugada para decirle que no fuera a la clínica, que se quedara catorce días en su casa. La paciente de la habitación 407, con la que tuvo contacto cuatro días atrás, había dado positivo para covid-19. A 81 empleados de la Clínica Las Vegas, y a ella –que al igual que todas las trabajadoras de la clínica pidió proteger su identidad para evitar futuras consecuencias–, les ordenaron aislamiento preventivo obligatorio.

La paciente había llegado a la clínica con una disnea, término clínico dado a una dificultad respiratoria. La sintomatología bastaba para encender las alarmas y optar por un aislamiento tipo N95, uno de los más drásticos en materia sanitaria. La primera prueba que le hicieron arrojó un covid-16, y la auxiliar asegura que los médicos les dijeron que “eso era un primo del coronavirus, que no pasaba nada”. A los días decidieron retirarle el aislamiento N95, entonces las enfermeras empezaron a tratarla con la dotación que normalmente usan: mascarilla convencional, guantes y bata desechable que cubre tres cuartas partes de los pies. 

La Seccional de Salud, autoridad que supervisa todas las clínicas y hospitales en el departamento, visitó la clínica el sábado 21 de marzo para informar que la paciente había arrojado un resultado positivo tras una segunda prueba. Los representantes de la Seccional también hicieron un llamado de atención a los administrativos de la clínica, al darse cuenta que el personal no llevaba la dotación de seguridad recomendada. De no ser por la visita de la Seccional y su llamado de atención, no les hubieran facilitado el pijama aislante que desde hace unos días Sintrasass, el sindicato de la clínica, estaba solicitando, y a lo que el director médico se negaba, argumentando que eso significaba un incremento en el costo de los servicios, costo que supuestamente la Clínica Las Vegas no estaba en capacidad de asumir.

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El personal médico, y en especial el personal de enfermería, es la primera línea de contagio en la que en muchos países han denominado como una guerra contra un virus. Si el sistema de salud tuviera forma de pirámide, ellos y ellas estarían en la base sosteniendo todo lo demás. Aunque son un eslabón fundamental, el que más se arriesga, el que cura, el que más tiempo pasa en el campo de combate, son también los más desprotegidos y los que más razones tienen para estar angustiados.

Las cifras que llegan del exterior asustan: tanto en Italia como en España son más de 5.000 empleados médicos contagiados de coronavirus. Aunque en Colombia recién empieza la fase expansiva de la pandemia, en las condiciones actuales, después de unas semanas el país podría igualar y superar esas cifras debido a la precariedad generalizada en todo el sector de la salud y la falta de prevención en clínicas y hospitales.

Al igual que el país y el sistema de salud, Fresenius, tuvo tiempo y recursos para diseñar protocolos de prevención.

Al igual que el país y el sistema de salud, Fresenius, conocedor del caso español y alemán, además de contar con capital administrativo y financiero, tuvo tiempo y recursos para diseñar protocolos de prevención, pero es difícil mitigar a tiempo el contagio si se escatiman recursos para cumplirlos, tal como sucede en la Clínica Medellín, la Clínica Las Vegas y la Clínica del Prado, tres clínicas privadas de la ciudad de Medellín que el año pasado fueron compradas por la empresa española Quirónsalud, que a su vez es filial de la multinacional alemana Fresenius, una de las más grandes del mundo en el sector de la salud.

El nuevo dueño de Las Vegas, la Clínica del Prado, y la Clínica Medellín, lidera la comercialización de productos y máquinas para tratar pacientes con fallos renales en el mundo. Su red de más de 4.000 clínicas en Norteamérica, Europa, América Latina, Asia y África, brinda tratamiento de diálisis a más de 345.000 pacientes en todo el planeta. Fresenius es la mayor operadora de hospitales privados de Europa, controla alrededor del 10% del sector. En total, Fresenius reportó más de 35.000 millones de euros en ventas y 4.500 millones en ganancias en 2019. La multinacional se vanagloria de prestar un servicio de calidad y brindarle óptimas condiciones laborales a las más de 300.000 personas que emplea en el mundo.

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En el caso de Las Vegas, en cuyos estados financieros se reportaron ganancias de casi 2.000 millones de pesos en el 2018, no solo hay miedo de contagiarse y contagiar hijos y seres queridos, sino un sinsabor por el comportamiento de la clínica. Desde que la epidemióloga llamó a la auxiliar, que llevaba cinco días en cuarentena cuando se realizó este reportaje, la clínica no la ha llamado para preguntarle por su estado de salud y tampoco han ido a realizarle la prueba. Además, la incapacidad laboral no fue registrada como un accidente laboral, cuya totalidad del costo económico tendría que asumirlo la Administradora de Riesgos Laborales (ARL); por lo tanto, una parte tendrá que correr por cuenta propia.

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Al tramitar la incapacidad del personal aislado bajo la figura de incapacidad por “enfermedad general”, mas no de enfermedad laboral como debió ser en este caso, el proceder de la clínica va en contravía del artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, que define la enfermedad laboral como aquella que se contrae producto de la “exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar”. Además, La Clínica Las Vegas desconoce lo expresado por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Ministerio de Trabajo, quienes en un documento conjunto, emitido en marzo, obligan a los empleadores a reportar como accidente de trabajo la posible exposición al virus.

“Hoy me decía una enfermera: yo no me siento en capacidad para atender un paciente así, en esas condiciones.

Todas las mujeres entrevistadas para este reportaje son conscientes de que lo peor está por llegar. “Todos estamos muy tensos”, asegura una trabajadora del área administrativa, a quien le preocupa que la clínica la haya provisto de tapabocas, mas no de guantes. Además, cuenta que la clínica está entrenando las enfermeras de radiología y de cirugía para que refuercen las unidades de cuidados intensivos cuando sea necesario: “Hoy me decía una enfermera: yo no me siento en capacidad para atender un paciente así, en esas condiciones. Eso no se aprende de la noche a la mañana”.

Otra de las trabajadoras de Las Vegas dice que “reconocen que somos un riesgo para la familia, somos una fuente de contaminación”. Por eso ella y otras compañeras decidieron cambiar de domicilio mientras ocurre la contingencia. “El niño grande tiene la conciencia de que yo lo estoy cuidando. Pero la niña chiquita no, en este momento lo que siente es la angustia del vacío”, asegura. Mientras en España los trabajadores sanitarios de Fresenius tienen acceso a hoteles, en Colombia la empresa no ofrece esta opción. Ella, por fortuna, cuenta con el respaldo emocional y económico de su familia, pero algunas de sus compañeras, que son la cabeza del hogar y llevan la batuta de la economía familiar, no les alcanza su salario para afrontar los gastos que implica tal decisión:

“No todo el mundo tiene las mismas garantías. Cómo va a darle lo mismo a un jefe que se gana cinco millones de pesos, (1.220 euros aproximadamente mensual) a nosotros que nos ganamos dos millones (450 euros aproximadamente mensual). Ahorita tenemos que pensar cómo me voy, cuándo me voy, qué voy a comer; sin dejar de lado las obligaciones que ya tengo: si tengo que pagar los servicios públicos de mi casa, si tengo que hacer la compra, ¿cómo voy hacer para asumir todos los gastos al mismo tiempo? Es algo que nosotras no teníamos previsto”.

La angustia en Las Vegas es tanta que muchos empleados han optado por adquirir gorros y mascarillas por su propia cuenta, otros han renunciado porque sienten que la clínica no brinda la protección necesaria, y a una de las trabajadoras que realiza el aseo la han visto vomitar de la angustia que le genera la posibilidad de contagiar a uno de sus hijos pequeños.

No hay excusas para la falta de protocolos y medidas de prevención. Un mes antes de que se confirmara el primer caso en Colombia, es decir el 31 de enero, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una circular que da unas pautas y ordena asegurar la disponibilidad de insumos para el manejo de infecciones respiratorias agudas y proporcionar a los trabajadores de la salud elementos de protección personal necesarios: mascarillas, guantes, batas, entre otros elementos. Y un día antes de la emisión de la mencionada circular, el Ministerio expidió un manual de bioseguridad que especifica con mayor precisión los elementos de protección personal, los cuales, además de lo ya mencionado, deben comprender “protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo, batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico)”.

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Hasta el momento son seis los contagiados que han llegado a Las Vegas. En los camilleros y el personal de aseo también es evidente el temor, pues a pesar de movilizar a los contagiados y limpiar las zonas por las que pasan y permanecen, no les han suministrado mascarillas ni dotación para protegerse. La clínica, por ahora, multiplica los riesgos, pues, al fin y al cabo, tal como lo plantea una de las entrevistadas, son ellas las que están en permanente contacto con los pacientes contagiados, “el médico [solo] va cinco minutos por la mañana”.

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“Yo quisiera meterme en hipoclorito de cabeza. Ayer llegue con los ojos irritados de echarme hipoclorito, de lavarme el pelo. Una llega [a la casa] y no saluda, una dice: córrase que yo entro sola”. El testimonio de Liliana Ruiz, quien lleva 25 años trabajando en la Clínica Medellín, da cuenta de las implicaciones físicas y emocionales del covid-19 entre el personal médico. 

Hasta la realización de este reportaje, a la Clínica Medellín solo había llegado un sospechoso portador del virus, del “bicho” como ellas le llaman. Sin embargo, el temor ya contagió gran parte del personal, lo que las obligó, según Liliana, a solicitar ayuda psicológica de la institución, algo que la clínica no había ofrecido hasta entonces. “Estamos muy tristes, estamos angustiadas. Pensamos en la familia de nosotras. Es una situación muy dura para todas. Ayer había compañeras que estaban descompensadas, ni trabajaban ellas, ni trabajamos nosotras por la angustia que tenían”.

Liliana también optó por aislarse voluntariamente de su familia. En su casa solo quedaron ella y su hijo, con quien procura mantener la mayor distancia posible, evita saludarlo de beso como acostumbraba a hacerlo cuando llegaba del trabajo y no ven televisión juntos para prevenir el contagio. Su mamá, su hija y su nieta se fueron a vivir temporalmente a la casa de sus tíos. “El duelo –dice Liliana–, lo hice la semana pasada. Y lloré, porque tener que llevarle el mercado a la mamá hasta el garaje o hasta el primer piso, y dejarle las cosas ahí, no poderla ver si no por una ventana, eso es muy difícil, es muy duro”.

El cuadro clínico del sistema de salud colombiano poco a poco deja al desnudo la vulnerabilidad en la que se encuentra la población en general, y el personal médico en particular.

El cuadro clínico del sistema de salud colombiano poco a poco deja al desnudo la vulnerabilidad en la que se encuentra la población en general, y el personal médico en particular. Una vez se puso en marcha la Ley 100 de 1993, el acceso a la salud pasó de ser un derecho a ser un nicho de negocio que grupos financieros y empresas privadas aprovechan para generar dinero. La administración de la salud en Colombia, asegura German Enrique Reyes, excongresista y presidente de la Asociación Médica de Antioquia (ASMEDAS), “se basa en un concepto que se llama administración gerenciada: mucho auditor; ya los directores no se llaman directores, sino gerentes, son empresas”.

La patología del sistema, plantea Reyes, se llama EPS (Entidad Promotora de Salud), privados que hacen las veces de intermediarios entre la enfermedad y la cura. El procedimiento es mucho más complejo, como todo lo burocrático, pero básicamente consiste en un dinero que el Estado le gira a las EPS para que atiendan a los colombianos, y las EPS a su vez contratan con clínicas y hospitales, ya sean públicos o privados, o con cualquier otra Institución Prestadora de Salud (IPS) que haga exámenes de sangre, tome radiografías, preste atención odontológica, u oferte cualquier otro servicio: es decir que el Estado, como en muchos otros países, dejó en manos de empresas privadas la salud de los colombianos. El problema es que el Estado no gira la totalidad del dinero y tampoco la gira a tiempo; las EPS se quedan con un 35% de los recursos que éste le gira, y con otro porcentaje que no les pertenece, recurriendo, entre otras cosas, a la facturación de contratos por un precio más elevado del real; y, a pesar de la creación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), encargada de garantizar el flujo de recursos y hacer control, EPS e IPS (como las clínicas de Fresenius) aprovechan la oferta y la demanda para hacer una especulación del precio de los medicamentos y los procedimientos médicos.

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“El problema es que la salud se volvió un negocio financiero, y cuando hay negocio las empresas promotoras de salud no te van a gastar plata en cosas que no le dan ingresos –explica Carlos Julio Díaz, quien fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT subdirectiva Antioquia y director de la Escuela Nacional Sindical, una ONG que estudia el mundo del trabajo–. El negocio mercantil se fundamenta en que uno hace gastos si contribuye a la generación de ingresos. Nadie hace gastos para no generar ingresos. Yo hago publicidad, pero ese gasto está asociado a un ingreso. Hay actividades que no te generan ingresos, la salud desde ese enfoque es un gasto, un gasto que prevenía que mucha gente se enfermara”.

Debido a este tipo de funcionamiento, el país, en teoría, tiene mayor cobertura, pero una atención de menor calidad. La red pública hospitalaria está en cuidados intensivos, y las condiciones laborales del personal médico cada vez son más precarias. Germán Reyes de Asmedas asegura que ni la red pública ni la red privada están en capacidad de afrontar un escenario de crisis. Colombia actualmente cuenta con 5.300 camas de cuidados intensivos –copadas en un 85%–, de las cuales son pocas las que tienen ventiladores mecánicos. También hay déficit de personal: la Organización Mundial de la Salud, OMS, por ejemplo, sugiere que el país debería tener cinco médicos por cada mil habitantes, y en el caso colombiano la cifra es de 1,7 médicos por cada mil habitantes.

Ellos tienen un poco de burócratas, muy perfumados, pero que no saben lo que es una emergencia sanitaria.

El país tiene deficiencias estructurales y, según Reyes, los responsables de tomar medidas para afrontar la situación no cuentan con las aptitudes necesarias: “Ellos no saben de eso. Ellos tienen un poco de burócratas, muy perfumados, pero que no saben lo que es una emergencia sanitaria. Nunca han estado, ni conocen un servicio de urgencias. Nunca han hablado con los médicos, ni con los trabajadores que están en los servicios de urgencias para saber como enfrentan una emergencia”. Reyes agrega que las medidas del Ministerio de Salud, y por ende las de las secretarias de salud locales, son tardías. Lo que él propone es decretar “una norma que se llamaba urgencia manifiesta, que le permite al funcionario disponer de unos recursos para comprar insumos. Pero como están las cosas, para comprar un guante se necesitan veinte auditores, así es imposible manejar una emergencia”.

La ineficiencia gubernamental pone en riesgo al ciudadano, y la poca diligencia de las empresas pone en riesgo al trabajador de la salud. Liliana, quien tuvo contacto con el único caso sospechoso que ha llegado a la Clínica Medellín, asegura que los planes de contingencia fueron improvisados, y Claudia Irene López, otra empleada de la Clínica y presidenta de la organización sindical Sintraclínicas manifiesta que la empresa, a pesar de que el sindicato lo exigía, tardó mucho en brindarles la dotación de protección adecuada. 

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Otra de las situaciones que preocupan a Claudia es el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las trabajadoras embarazadas y los trabajadores inmunosuprimidos, aquellos que combaten ciertas patologías con medicamentos que bajan las defensas del sistema inmunológico. El sindicato, dice Claudia, envió una carta a los administrativos manifestando la preocupación, pero hasta el momento “no se ha tomado ninguna medida al respecto”.

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“Estamos muy inconformes porque no tenemos elementos de seguridad con los cuales trabajar”, manifiesta una de las trabajadoras de la Clínica del Prado, la cual pidió mantener la reserva de su nombre. La inconformidad radica en que hasta hace unos días la clínica solo les proporcionaba una mascarilla facial quirúrgica, cuya vida útil es de 6 horas, para trabajar turnos de hasta 12 horas. Ahora la clínica está suministrando las mascarillas N95 recomendadas, pero con la advertencia de que serán suministradas cada mes a pesar de que su vida útil es de 8 horas de manejo continúo.

Pero la preocupación no termina allí. La cuarentena, manifiestan las trabajadoras de las tres clínicas, ha convertido la movilidad un dolor de cabeza. Con la merma del transporte público se han multiplicado las aglomeraciones en el metro, que en épocas normales es la principal fuente de transporte. Para no llegar tarde al trabajo y evitar que las atraquen en horas de la noche cuando la ciudad está oscura y desierta, muchas recurren al taxi para movilizarse, lo que representa un gasto significativo que tampoco tenían contemplado.

Tal como sucede en la Clínicas Las Vegas y la Clínica Medellín, en la Clínica del Prado también hay temor entre el personal. La información, plantea una de las trabajadoras, no ha sido oportuna ni asertiva. No solo el ruido informativo, lo que les envían al WhatsApp, lo que escuchan en las noticias, y lo que dice el vecino, también preocupa en las tres clínicas el hecho de que tengan que lavar su ropa de trabajo en sus casas. Las trabajadoras deben movilizarse por la ciudad llevando en sus bolsos un foco de contagio porque la falta de recursos, según afirman los administrativos, impide que sean las clínicas quienes se encarguen del lavado. 

Las entrevistadas esperan que el reconocimiento no solo se quede en una lluvia de aplausos, también reclaman que las clínicas les suministren todos los elementos de protección

Las entrevistadas esperan que el reconocimiento no solo se quede en una lluvia de aplausos, también reclaman que las clínicas les suministren todos los elementos de protección, y que cualquier elemento, ya sea el uniforme, las mascarillas o los guantes, sean desinfectados y lavados en la propia clínica; piden coordinación entre las autoridades locales y las clínicas para garantizar su movilidad cuando falte el transporte público, y que sean las clínicas quienes asuman el gasto que esto implique; exigen adaptar espacios dentro de los lugares de trabajo para que el personal pueda bañarse, cambiarse y descansar si es necesario; y proponen crear un comité integrado por dos trabajadores y por dos miembros de cada clínica para evaluar las medidas de protección a implementar.

Además de esto, para Lenis González, trabajadora de la Clínica del Prado, resulta prioritario que la institución aumente el pago de las horas nocturnas, pues en otras instituciones, dice, las pagan al doble de lo que se las pagan a ellas.

Los efectos de la pandemia en Colombia recién empiezan, y de momento lo que abundan son preguntas: ¿no es el personal médico el que requiere más atención y cuidado en estos momentos? En las casas matrices de Fresenius y Quirónsalud ¿conocen las condiciones en las que trabajan sus empleados en Colombia? ¿Aprendieron de la experiencia italiana y española, o sus clínicas colombianas cometerán los mismos errores? ¿Sus capacidades económicas y logísticas ayudarán a mitigar los efectos, o se escudarán en los problemas estructurales del sistema de salud?

Cualquiera podría esperar, y exigir, que una multinacional con el músculo financiero y la experiencia de Fresenius dé ejemplo sobre la atención y la prevención requerida en estos momentos. Sin embargo, su actuar negligente profundiza las carencias del sistema de salud colombiano. Una medida o cualquier peso que se escatime para prevenir futuros escenarios, puede ser fatal, no lo tiene que decir un experto. Una de las trabajadoras de Las Vegas se pregunta si lo que quieren es “que todas nos contagiemos por economizarse un peso en estos momentos tan duros que estamos atravesando”.

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