La autora analiza las condiciones de vida de los principales municipios palmeros del país.
Por: Carmen Lucía Tangarife López. Economista y Magíster en economía de la Universidad de Antioquia. Profesional del Área de Investigación de la Escuela Nacional Sindical.
Cuando se quiere saber más sobre el bienestar de un territorio es necesario estudiar indicadores que van más allá de la producción de bienes y servicios, o del conocido Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior, porque el PIB dice muy poco acerca del bienestar de los individuos que habitan un lugar o país determinado. Si solo se concentra el análisis en el bienestar material, más que en la salud, la educación, la vivienda y el medio ambiente, por ejemplo, la visión se distorsiona.
Muchas veces la medición de la producción económica a través del PIB se usa como si se tratara de una medida de bienestar económico o de la población. La confusión entre estas dos nociones corre el riesgo de dar como resultado premisas o conjeturas engañosas en cuanto al nivel de satisfacción de la población, y esto puede provocar decisiones de política inadecuadas.
Así mismo, las diferencias en el acceso al bienestar entre las personas han sido medidas, generalmente, por los niveles de ingresos poblacionales (pobreza monetaria), en donde se asimila la categoría pobre/no pobre exclusivamente con la cantidad de ingresos monetarios de los hogares. Este indicador también resulta ser insuficiente para el abordaje y superación de esta problemática, aún más cuando se trata de un fenómeno que debe ser abordado de manera multidimensional.
En este sentido, este artículo pretende hacer una aproximación al bienestar de la población de nueve municipios palmeros[1] a través de algunos indicadores de condiciones de vida. Los indicadores de análisis hacen parte de cuatro grandes dimensiones: i) Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); ii) vivienda y servicios públicos; iii) educación; y iv) salud.
Los municipios están ubicados principalmente en tres zonas del país, norte, central y oriental, estos son: Orocué, en Casanare; San Alberto y San Martín, en Cesar; Aracataca, en Magdalena; Cumaral y San Carlos de Guaroa, en Meta; Puerto Wilches y Sabana de Torres, en Santander y María La Baja, en Bolívar.
El artículo se divide en tres secciones: en la primera se hace una breve caracterización del cultivo de aceite de palma a nivel nacional y en los nueve municipios de estudio; luego se muestran y analizan indicadores de las cuatro grandes dimensiones sobre condiciones de vida en cada uno de los municipios y, por último, se presentan algunas consideraciones finales.
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Caracterización del aceite de palma
El cultivo de aceite de palma se distribuye en 124 municipios de 20 departamentos en todo el país, que se ubican en las cuatro zonas geográficas: norte, central, oriental y suroccidental. Estas zonas tienen características agroecológicas diferentes, lo que incide en el rendimiento del cultivo y en los costos del mismo. Según Agronet, del Ministerio de Agricultura, para el 2018 había 549.355 hectáreas (ha) de este cultivo cosechadas en todo el territorio nacional; una producción de 1.893.116 toneladas y un rendimiento de 3,45 toneladas por ha (Agronet, s.f.). Con respecto a la producción por zona, la mayor participación la registraron la zona oriental, con el 41,0 % y la zona central, con el 31,0 %. Actualmente, Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el primero en América.
En el país hay 66 plantas de beneficio activas que agrupan alrededor de 6.000 productores de este cultivo. Así mismo, existen 133 alianzas productivas estratégicas[2] entre palmicultores de pequeña, mediana y gran escala en las cuatro zonas geográficas de cultivo, con 65.000 ha de palma sembrada.
En el caso de los municipios palmeros objeto de estudio se evidencia una concentración del cultivo de palma africana en San Carlos de Guaroa, en donde se registraron solo 145 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) con un total de 27.945 ha sembradas, representando el 5,8 % del total de ha sembradas a nivel nacional (DANE, 2014). Así mismo, el municipio de San Alberto registró un total de 13.158 ha sembradas de este cultivo en solo 59 UPA, siendo el 2,7 % del total de áreas sembradas.
Por su parte, los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres se destacaron porque participaron con el 5,1 % y el 3,1 %, respectivamente, del total de áreas sembradas de palma africana en el país. El gráfico siguiente muestra el total de área sembrada del cultivo de palma en las UPA de los nueve municipios.
Gráfico 1. Total área sembrada de cultivos de palma africana en las UPA para los nueve municipios palmeros, 2014
Fuente: Elaboración propia con información del Censo Nacional Agropecuario 2014 del DANE.
De acuerdo con la información registrada en Agronet, para el 2018, los municipios de San Carlos de Guaroa y Puerto Wilches contaban con el mayor número de ha sembradas de palma, 46.535 ha y 41.544 ha, respectivamente. Mientras que, Aracataca registraba el menor número, 5.960 ha sembradas.
Con respecto a la producción de palma de aceite en los municipios, sobresalen Puerto Wilches, con una producción de 109.307 toneladas, representando el 5,8 % del total de producción nacional; San Carlos de Guaroa, con 99.672 toneladas, es decir, el 5,3 % de la producción del país y Sabana de Torres, con una participación del 3,8 % en el total con 71.587 toneladas de este producto.
Gráfico 2. Producción de palma de aceite para los nueve municipios palmeros,
2018 (toneladas)
Fuente: elaboración propia con información tomada de Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
De las 66 plantas de beneficio del país, 18 se ubican en los municipios de interés. En María La Baja se encuentra Extractora María La Baja S.A.; en Aracataca están C.I. Tequendama S.A.S y Palmaceite S.A.; San Martín cuenta con Agroindustrias del Sur del Cesar Ltda. y Cía., Agroince y Palmas del Cesar S.A; por su parte, San Alberto alberga a Industrial Agraria La Palma Ltda., Indupalma Ltda.; Sabana de Torres concentra a Extractora Central S.A.; Extractora San Fernando S.A. y Procesadora de Aceite Oro Rojo Ltda.; en Puerto Wilches están Extractora Monterrey S.A., Palma y Trabajo S.A.S, Palmas Oleaginosas Bucarelia S.A.S. y Palmeras de Puerto Wilches S.A. Finalmente, en Orocué se ubica Palmar de Altamira S.A.S.; en San Carlos de Guaroa, Aceites Manuelita S.A. y Aceites Morichal S.A.S y en Cumaral se encuentran Hacienda La Cabaña S.A y Plantaciones Unipalma de Los Llanos S.A.
Mapa 1. Municipios palmeros de interés y número de plantas de beneficio
por municipio, 2018
Fuente: Elaboración propia con información de Fedepalma.
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2. Condiciones de vida en los nueve municipios palmeros
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) utiliza la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Una persona o familia es pobre si es incapaz de satisfacer al menos una de estas necesidades, y se considera en situación de miseria si no puede satisfacer mínimo dos de ellas. Los indicadores simples seleccionados son: viviendas inadecuadas; viviendas con servicios inadecuados; viviendas con hacinamiento crítico; viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela y viviendas con alta dependencia económica.
Comparando los resultados del Censo de 1993 y los de 2005[3] se encuentra que en siete de los nueve municipios el porcentaje de población con NBI disminuyó en más de 11 puntos. Sin embargo, existen municipios que permanecen con índices superiores al 50 %, es el caso de Orocué, en donde el 62,83 % de la población es pobre por NBI; Aracataca con el 61,40 %, permaneciendo inmóvil con respecto a 1993 y María La Baja, en donde el 59,99 % de los habitantes está en esta condición. Como puede observarse en el gráfico 3, los municipios que registraron menores NBI fueron Cumaral (23,30 %); Sabana de Torres (33,22 %) y San Alberto (34,26 %).
Gráfico 3. NBI para los nueve municipios con base en
Censo de 1993 y de 2005
Fuente: DANE. Necesidades Básicas Insatisfechas. Censo General 2005.
Ahora bien, con respecto al porcentaje de personas que viven en hogares con dos o más necesidades básicas insatisfechas se encontró que en el municipio de Orocué, el 36,54 % de las personas se encuentra en esta condición, seguido por María La Baja con el 30,41 % y Aracataca con el 29,91 % de la población en miseria. Los municipios que menos proporción de personas en hogares en miseria se encontraron fueron Sabana de Torres y Cumaral con 9,52 % y 5,01 % respectivamente.
Gráfico 4. Porcentaje de personas que viven en hogares con dos o más NBI (miseria) por municipio
Fuente: DANE. Necesidades Básicas Insatisfechas. Censo General 2005.
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Vivienda y servicios públicos
Para mirar las condiciones de la vivienda y el acceso a servicios públicos se tuvieron en cuenta cuatro indicadores: la cobertura de acueducto, la cobertura de alcantarillado y el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda.
De acuerdo con la información registrada en Terridata (DNP, s.f.) la cobertura de acueducto puede tener dos fuentes de información: una es la reportada por el Censo de 2005 y la otra es la de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a través del Reporte de Estratificación y Coberturas (REC)[4].
Según el Censo, ningún municipio tiene el 100 % de cobertura en acueducto, ni siquiera el país, cuya cobertura fue de 83,4 %. Es importante resaltar el caso de María La Baja, en donde la cobertura solo fue de 18,4 %, mientras que los demás registraron cobertura de más del 50 %, tal y como se puede apreciar en el gráfico 5.
Por otro lado, mirando la cobertura por REC se encuentra que para 2016 los municipios que más altos porcentajes de predios con acceso al servicio de acueducto en el área urbana y rural registraron fueron San Alberto (70,9 %) y San Carlos de Guaroa (65,6 %), mientras que el nivel más bajo fue el de Sabana de Torres con el 23,7 %.
Gráfico 5. Cobertura de acueducto en los nueve municipios
Fuente: *DNP a partir de información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios- 2016. REC: Reporte de Estratificación y Coberturas.
En San Alberto, con respecto al servicio de acueducto, este funciona precariamente, ya que el suministro no es permanente y la calidad del fluido, pese a la planta de tratamiento, no es el óptimo. Además, la mayor parte de las viviendas no tienen medidores y esto implica un alto desperdicio. En la zona rural del municipio no hay planta de tratamiento y en algunos lugares el recurso se capta de un pozo profundo, en otros no cuentan con el servicio, por lo que se accede a través de aljibes o directamente en el cuerpo de agua más cercano. En el caso del alcantarillado, en la mayor parte de la zona rural no se tiene el servicio, y en donde lo hay es deficiente, descargando en forma indiscriminada al suelo o cuerpo de agua más cercano (Guevara, 2016).
En el caso de la cobertura de alcantarillado, las fuentes de información son las mismas del indicador sobre acueducto. Los resultados del Censo indican que los municipios de Orocué y Aracataca tuvieron coberturas de solo el 27,2 % y del 29,6 %, respectivamente. Por su parte, San Alberto (82,2 %) y San Carlos de Guaroa (84,0 %) registraron la mayor tasa de cobertura.
A su vez, los registros del REC muestran a Sabana de Torres (23,1 %) y Cumaral (44,9 %) como los municipios con menor porcentaje de predios con acceso al servicio de alcantarillado en las áreas urbana y rural.
Gráfico 6. Cobertura de alcantarillado en los nueve municipios (en %)
Fuente: *DNP a partir de información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-2016. REC: Reporte de Estratificación y Coberturas.
En Aracataca, en cuanto a saneamiento básico, la Alcaldía Municipal manifestó que el alcantarillado funciona con una laguna de oxidación, la cual no ha entrado en operación, lo que ha generado problemas ambientales y de cobertura del servicio. Además, en las zonas rurales no hay alcantarillado, la disposición final de las aguas servidas se realiza por lo general sobre los arroyos, quebradas y campo abierto, situación que genera problemas de contaminación de los suelos y las fuentes de aguas, además, produce malos olores que ponen en riesgo la salud de los residentes del municipio (Sánchez, 2016).
Por su parte, en María La Baja el sistema de alcantarillado existente no funciona en todos los barrios, ante lo cual la población utiliza pozas sépticas y letrinas. Los vertimientos de aguas negras y grises a las calles son significativos, ya que la mayoría de las viviendas no cuentan con estos sistemas alternativos y hace falta un buen manejo por parte de la población y control por parte de la administración municipal (Coronel, 2016).
Con relación al déficit de vivienda, el DANE, en el Censo de 2005, estableció la metodología para su medición, que buscaba determinar si las necesidades habitacionales de los hogares estaban cubiertas. Para esto, clasificó los hogares de dos maneras: hogares con déficit cualitativo y hogares con déficit cuantitativo.
El déficit cualitativo hace referencia a hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero con pisos inadecuados; hogares con hacinamiento mitigable[5]; hogares que habitan en viviendas con servicios públicos inadecuados y hogares en viviendas que no cuentan con un lugar apropiado para preparar los alimentos.
Por su parte, el déficit cuantitativo corresponde a hogares que habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material precario e inestable, hogares que comparten con otros la vivienda y hogares que residen en viviendas con hacinamiento no mitigable[6].
De los nueve municipios palmeros se encontró que el 62,9 % de los hogares en María La Baja, el 61,9 % en Aracataca y el 57,0 % en Orocué tenían déficit cualitativo de vivienda, es decir, viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a ser mejorados, ya que las viviendas que ocupan presentaron deficiencias, en lo referente a la estructura de los pisos, hacinamiento mitigable, servicios públicos y lugar inadecuado para preparar los alimentos-cocina. El menor porcentaje fue registrado por Cumaral (11,5 %).
En el caso de los hogares con déficit de vivienda cuantitativo, nuevamente Orocué (26,9 %) y María La Baja (25,2 %) reportaron los más altos niveles. En este caso las viviendas que habita este porcentaje de la población presentaron carencias habitacionales, en lo referente a estructura-paredes, cohabitación y hacinamiento no mitigable. En Sabana de Torres y San Alberto fueron bajos los hogares en esta condición, solo el 6,1 % y 7,5 %, respectivamente.
El gráfico 7 evidencia el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en los nueve municipios.
Gráfico 7. Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en los nueve municipios
Fuente: DANE-2005 (+).
En particular, en el municipio de María La Baja, el Plan de Desarrollo 2016-2019 plantea que los pocos ingresos que poseen las familias en el municipio impiden las posibilidades de adquirir una vivienda propia, o en su defecto mejorar las que tienen, aumentando los déficits cuanti y cualitativos. Lo anterior, genera hacinamiento, con más de una familia habitando por casa, lo que conduce al incremento de fenómenos como: abuso sexual, bajo desarrollo de la niñez y viviendas de mala calidad con riesgos de desplome o colapso que conllevan a la accidentalidad, las lesiones personales y/o la pérdida de la vida humana.
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Educación
El derecho a la educación está enunciado claramente en el Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que reconoce el valor humano intrínseco de la educación. Conforme a esta visión la educación es asimismo un instrumento indispensable para alcanzar y proteger otros derechos humanos y el andamiaje necesario para la buena salud, la libertad, la seguridad, el bienestar económico y la participación en la actividad social y política. Allá donde se garantiza el derecho a la educación, mejora el acceso de la gente a otros derechos y su disfrute (Unesco, 2002).
Teniendo en cuenta la importancia de este derecho, para los nueve municipios palmeros se analizaron: en materia de acceso, la tasa de cobertura bruta en educación y para mirar la calidad, la tasa de analfabetismo y los resultados de las Pruebas Saber 11º.
Gráfico 8. Tasa de cobertura bruta en educación para los nueve municipios palmeros, 2018
Fuente: Departamento Nacional de Planeación-TerriData. Ministerio de Educación Nacional-2018.
La tasa de cobertura bruta de educación corresponde a la relación porcentual entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza específico (independiente de la edad que tengan) y la población escolar que tiene la edad apropiada para cursar dicho nivel. Para el 2017 la tasa de cobertura neta en el país fue de 84,99 %.
De los nueve municipios palmeros, dos registraron tasas inferiores al 100 %, San Alberto (94,42 %) y Aracataca (96,56 %). Por su parte, Sabana de Torres cuenta con una tasa de cobertura bruta en educación de 218,91 %.
Es importante aclarar que es posible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura mayores a 100 %, tal y como se evidencia en algunos municipios. Esto, debido a que, toda o la mayoría de la población en esta edad, se encuentra cubierta por el sistema educativo y adicionalmente se encuentran matriculados alumnos en extra edad.
Por otro lado la tasa de analfabetismo, que hace referencia a la proporción de la población de 15 años y más que manifiesta ni leer ni escribir en relación con la población total en ese rango de edad. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 la tasa de analfabetismo en el país es de 5,19 %; sin embargo, en los municipios de análisis la situación es diferente.
En María La Baja el 17,16 % de la población de 15 años y más no sabe leer ni escribir, siendo mayor para los hombres con una tasa de analfabetismo de 18,62 % frente a 15,69 % de las mujeres. En Aracataca y San Martín la tasa de analfabetismo es superior al 10 % (12,58 % y 11,69 %, respectivamente). Por su parte, los municipios de Cumaral y San Carlos de Guaroa registraron tasas inferiores al promedio nacional, 4,56 % y 5,03 %, respectivamente.
La situación de María La Baja puede ser consecuencia de la calidad de la prestación del servicio educativo en el municipio. Según el Plan de Desarrollo “Un pueblo educado asegura su desarrollo” 2016-2019, se presenta una deficiente situación en cuanto al mobiliario y material didáctico en las instituciones educativas, también en la cantidad de recursos económicos disponibles para cubrir la demanda de los servicios educativos para la población de María La Baja (Coronel, 2006, p. 12). Adicionalmente, la falta de docentes y otros profesionales impiden que se presente el número apto de personal indispensable para el óptimo funcionamiento de las instituciones educativas del municipio.
En el caso de Aracataca, se observan falencias en la prestación del servicio educativo en el municipio que obedecen a la insuficiencia en cobertura y calidad, sumadas a la escasez de docentes asignados en áreas en las cuales no tienen las competencias y de herramientas pedagógicas adecuadas (Sánchez, 20016, p. 32).
Gráfico 9. Tasa de analfabetismo para los nueve municipios palmeros, 2018
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. DANE.
El analfabetismo es un indicador que puede evidenciar diferentes problemáticas en un determinado territorio, que se presentan de manera simultánea. Por un lado, puede responder a la falta de educación de calidad, por el otro, a factores como la pobreza, la desnutrición, los problemas de salud, el trabajo infantil, la migración y la falta de accesos a entornos de enseñanza y aprendizaje en forma continua (Cepal, 2019).
Por su parte, la Prueba Saber 11º tiene, entre otros objetivos, comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media; además de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación, s.f.).
La información encontrada hace referencia a los resultados en matemáticas y lectura crítica, resultados muy bajos con referencia al máximo nivel (100 puntos). En 2018 el puntaje promedio del país en matemáticas fue de 50,42 puntos; solo dos municipios, por muy poco, lograron estar por encima de este promedio: Cumaral y San Alberto con 50,64 y 53,59 puntos, respectivamente. Los municipios que menores puntajes reportaron fueron Aracataca con 42,94 puntos y María La Baja con tan solo 39,86.
En el caso de lectura crítica, el promedio de país fue de 52,79 puntos; San Alberto se ubicó con un puntaje superior, 53,21 puntos. En esta temática María La Baja y Aracataca también registraron los menores puntajes, 43,25 y 46,45 respectivamente.
Tabla 1. Resultados Pruebas Saber 11º (puntos de 100) en los nueve municipios, 2018.
| Municipio | Matemáticas | Lectura crítica |
| Orocué | 46,73 | 48,35 |
| San Alberto | 53,59 | 53,21 |
| San Martín | 49,55 | 51,64 |
| Aracataca | 42,94 | 46,45 |
| Cumaral | 50,64 | 52,86 |
| San Carlos de Guaroa | 44,24 | 47,45 |
| Puerto Wilches | 44,81 | 47,63 |
| Sabana de Torres | 49,37 | 51,10 |
| María La Baja | 39,86 | 43,25 |
| Colombia | 50,42 | 52,79 |
Fuente: Departamento Nacional de Planeación-TerriData. ICFES-2018.
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Salud
Según el Ministerio de Salud y Protección Social la afiliación en salud busca generar condiciones que protejan la salud de las y los colombianos garantizando la universalidad del aseguramiento, la portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, preservando la sostenibilidad financiera del sistema, siendo el bienestar del usuario, el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud.
En términos de aseguramiento al sistema de salud se encontró que en siete de los nueve municipios la mayoría de la población estaba en el régimen subsidiado de salud[7], destacándose los casos de María La Baja en donde el 93,5 % de la población estaba asegurada en este régimen, Orocué con el 81,5 %; Aracataca con 81,3 % y San Martín con 71,3 % de habitantes en esta condición de afiliación.
En el caso del régimen contributivo[8], solo en San Alberto y Cumaral la mayor proporción de la población estaba asegurada en este, aunque no por mucha diferencia, solo el 50,6 % y el 51,2 %, respectivamente. Es importante recordar que en este régimen se deben afiliar las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago, como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias.
Gráfico 10. Afiliados por régimen de salud en los nueve municipios, 2017 (en %)
Fuente: Departamento Nacional de Planeación-TerriData. Ministerio de Salud y Protección Social-2017
En el tema de salud también es importante analizar la tasa de mortalidad infantil (TMI) en menores de un año. Esta mide la intensidad de la mortalidad durante el primer año de vida y se calcula como el número de defunciones de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos en un determinado periodo.
Este indicador no solo refleja la magnitud de los problemas de salud directamente responsables de la muerte de los niños, como diarrea, infecciones respiratorias y malnutrición, junto con otras enfermedades infecciosas y condiciones perinatales, sino que también refleja el nivel de salud de las madres, la política de planificación familiar, las condiciones de salud ambiental y, en general, el desarrollo socioeconómico de una sociedad (Centro Centroamericano de Población, s.f.). Es decir, las causas de la mortalidad de la niñez están relacionadas con la pobreza, la mala salud de la madre, la ausencia de control prenatal o la ineficiencia de los servicios de salud.
En el gráfico 11 se pueden observar las tasas de mortalidad infantil en el 2005 y en el 2016. Para el último año se evidencia que el municipio de Orocué no ha tenido avances significativos en este indicador; al contrario, se mantiene en niveles elevados, mientras en 2005 la TMI era de 39,1 % en 2016 alcanzó el 38,6 %, es decir, por cada 1.000 nacidos vivos, murieron 39 infantes en ese año.
Por otro lado, se encontró que en los municipios de San Martín, Cumaral y San Carlos de Guaroa, si bien hubo una disminución en estos indicadores, en 2016 permanecieron en niveles superiores al 20 % en los tres municipios. Sobresale el cambio, en 7,7 puntos porcentuales (pp), registrado en María La Baja, al pasar de 26,7 % a 19,0 %.
El municipio de Sabana de Torres reportó el indicador más bajo de los nueve municipios, en este la TMI fue de 10,7 %, es decir, 11 defunciones de infantes menores de un año por cada mil nacidos vivos.
Gráfico 11. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (por cada 1.000 nacidos vivos) 2005 y 2016
Fuente: DANE (2019).
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Consideraciones finales
Si bien hay bibliografía diversa sobre los beneficios de la producción y expansión del cultivo de palma en el país, es poca aquella que se refiere a las características y condiciones de vida de los municipios palmeros. El análisis presentado de las cuatro dimensiones e indicadores establecidos pretende ser una aproximación a la calidad de vida o bienestar de la población de estos municipios, que va más allá del “bienestar” vía ingresos monetarios producto de esta actividad.
Para los municipios palmeros se evidencia una disminución en el indicador de pobreza medida por NBI, sin embargo, es problemático e inaceptable que se encuentren municipios, como Orocué y Aracataca, en donde más del 60 % de la población cuente con necesidades básicas no cubiertas. Así mismo, que existan municipios, como María La Baja, en donde de cada 100 habitantes, 30 viven en hogares en condición de miseria. Se trata de personas o familias que son incapaces de satisfacer estas necesidades.
En materia de acceso a acueducto la cobertura no es completa en ninguno de los municipios. De hecho, en Sabana de Torres y Cumaral se reportaron coberturas inferiores al 50 %. Y en otros, con coberturas superiores, como San Alberto, el funcionamiento es precario, ya que el suministro no es permanente y la calidad del fluido, pese a la planta de tratamiento, no es el óptimo.
En el tema de alcantarillado, la situación no es diferente. En algunos municipios, si bien existe, este presenta problemas de funcionamiento, como en el caso de María La Baja, en donde no funciona en todos los barrios, ante lo cual la población utiliza pozas sépticas y letrinas. Los vertimientos de aguas negras y grises a las calles son significativos, ya que la mayoría de las viviendas no cuentan con estos sistemas alternativos y hace falta un buen manejo por parte de la población y control por parte de la administración municipal.
Por otro lado, se constata una precaria calidad en la prestación del servicio educativo que se refleja, no solo en las altas tasas de analfabetismo que persisten en los municipios de María La Baja, Aracataca y San Martín, por ejemplo, sino en los bajos puntajes obtenidos en las Pruebas Saber 11º. Este déficit de calidad responde, en algunos casos, a la falta de recursos económicos y de personal indispensables para el óptimo funcionamiento de las instituciones educativas de los municipios. Lo anterior, debe ser prioridad para los entes municipales y gubernamentales, mas cuando la educación es un instrumento que ayuda a enfrentar obstáculos sociales y económicos que persisten para las poblaciones de estos lugares.
Finalmente, en la dimensión de salud preocupan las altas tasa de mortalidad infantil que se encontraron. En Orocué no se presentan cambios significativos en esta tasa y deja entrever que en 2106 se presentaron 39 defunciones de infantes menores de un año por cada mil nacidos vivos. Lo anterior, debe encender las alarmas de la población, mas cuando este indicador está relacionado con la pobreza, la mala salud de la madre, la ausencia de control prenatal o la ineficiencia de los servicios de salud de los municipios
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Referencias
Agronet, Minagricultura (s.f.). Red de información y comunicaciones del sector Agropecuario de Colombia. Estadísticas. Recuperado de: https://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/home.aspx?cod=1
Centro Centroamericano de Población (s.f.). Universidad de Costa Rica. Recuperado de: https://ccp.ucr.ac.cr/cursoweb/3411tmi.htm
Cepal (2009). Impacto social y económico del analfabetismo: modelo de análisis y estudio piloto. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/3747-impacto-social-economico-analfabetismo-modelo-analisis-estudio-piloto
Coronel, Carlos (2016). Plan de Desarrollo Municipal: Un pueblo educado asegura su desarrollo, 2016-2019. Recuperado de: http://www.marialabaja-bolivar.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Desarrollo%20Mar%C3%ADa%20La%20Baja%20%202016%20-%202019.pdf
DANE (2014). Censo Nacional Agropecuario 2014. DANE. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014#9
DANE (2019). Visor de consulta: Estimaciones tasa de mortalidad infantil municipal 2005-2016. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones.
DNP (s.f.). Terridata. Departamento Nacional de Planeación. Recuperado de https://terridata.dnp.gov.co/#/acercade
Guevara, Pedro (2016). Plan de Desarrollo Municipal: El cambio somos todos 2016-2019. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/0B7hsKvL7qirYNW9VYXVhaVdNTUE/view
Mineducación (s.f.). Estándares básicos de competencia. Ministerio de Educación. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-244735.html
Sánchez, Pedro (2016). Plan de Desarrollo Municipal: Por un Aracataca líder en gestión 2016-2019. Recuperado de: https://aracatacamagdalena.micolombiadigital.gov.co/sites/aracatacamagdalena/content/files/000001/30_pdm-aracataca-mayo-31-de-2016.pdf
Superintendencia de Servicios Públicos (s.f.) “Reporte de Estratificación y Coberturas”, dispuesto en el Sistema Único de Información del módulo alcaldes.
Unesco (2002). Educación para todos: ¿Va el mundo
por el buen camino? Recuperado de
http://www.unesco.org/education/gmr_download/2002_cap%EDtulo1.pdf
[1]. Se trata de nueve municipios que han sido objeto de estudio de la Escuela Nacional Sindical en los procesos que adelanta sobre condiciones de trabajo decente en la cadena de suministro de palma, proyecto financiado por la FNV Mondiaal.
[2]. Las alianzas productivas definidas por Fedepalma, “son un conjunto de relaciones y arreglos formales entre productores de bienes agropecuarios, comercializadores y agroindustriales y organismos de apoyo, públicos o privados, cuyo propósito es expandir empresarialmente las áreas de cultivos de tardío rendimiento y actualizar tecnológicamente a las unidades productivas de pequeños productores.”
[3]. Infortunadamente para la fecha de elaboración de este artículo, aún no se contaba con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. La última fecha de actualización de este indicador fue el 30 de junio de 2012.
[4]. La cobertura del servicio de acueducto corresponde al porcentaje de predios residenciales con acceso al servicio de acueducto; entendiéndose como predios residenciales aquellos con estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los predios aún no estratificados pero reconocidos por la alcaldía como residenciales. Esta cobertura se obtiene a través de la información consignada por los alcaldes en Superintendencia de servicios públicos (s.f.).
[5]. Se consideran en esta situación los hogares que habitan en viviendas con más de tres a menos de cinco personas por cuarto; en la zona rural se consideran deficitarios más de tres personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje).
[6]. Se consideran en esta situación los hogares que habitan en viviendas con cinco o más personas por cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje); aplica únicamente para la zona urbana.
[7]. El régimen subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado
[8]. El régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.
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*Este artículo hace parte de la Edición impresa de la Revista Cultura & Trabajo #94 que la Escuela Nacional Sindical publicó a finales del año anterior. La revista puede ser descargada y leída en su totalidad aquí
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