Este jueves 10 de mayo se reúne el Consejo de Derechos Humanos – CDH – de las Naciones Unidas – ONU, en Ginebra, Suiza, para realizar la sesión del Examen Periódico Universal – EPU sobre Colombia.
El EPU, fue creado en 2006 por las Naciones Unidas para monitorear y evaluar el grado de realización de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos y Civiles y Políticos en cada uno de sus 192 países miembros. A Colombia le toca el turno esta semana.
Los EPU se hacen con base en diferentes fuentes de información: el informe que presente el país evaluado, los informes que presenten los organismos de las Naciones Unidas, y los informes de la sociedad civil: universidades, centros de investigación, ONG, entre otras.
Cada país tiene la obligación de implementar las recomendaciones que se le hacen después de cada evaluación. El EPU está diseñado para asegurar la integralidad del monitoreo de las obligaciones de los estados con respecto a los derechos humanos, esto es, derechos civiles, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales y ambientales.
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En esta ocasión el informe presentado por las organizaciones y plataformas de la sociedad civil colombiana, cuenta con insumos aportados por 500 organizaciones sociales y personas reconocidas por su trabajo en derechos humanos en Colombia, que dedicaron meses a hacer seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano adquiridas en los EPU anteriores.
En sus 11 capítulos, el informe refleja el actual panorama de derechos humanos y derecho humanitario en el país, a la luz de las recomendaciones formuladas en los EPU 2008 y 2013, y del nuevo contexto derivado de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.
Su conclusión general es que, pese a importantes esfuerzos, no se han cumplido cabalmente las recomendaciones hechas al gobierno en los EPU de 2008 y 2013. Se raja en derechos humanos. Sigue habiendo graves y sistemáticas violaciones de DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario – DIH, que permanecen impunes. El Estado no coopera con los procedimientos especiales del CDH, ni cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo, lo que dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del EPU de contribuir a la construcción de la paz en Colombia.
A continuación, lea un resumen de los principales aspectos del informe de las organizaciones y plataformas sociales, que puede leer completo en:
Lea y descargue aquí el informe completo
Consideraciones sobre el Proceso de paz
La implementación avanza en medio de obstáculos e incumplimientos por parte del Estado, y que se manifiesta en:
- Falta de adecuación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y Puntos Transitorios de Normalización (ZVTN/PTN) para garantizar el bienestar de los/as excombatientes.
- Falta de garantías de seguridad para los indultados o amnistiados y sus familiares, aumento de la presencia paramilitar en cercanías a las ZVTN/PTN.
- Falta de aplicación plena de la ley de amnistía e indulto.
- Falta de reglamentación e implementación de la ruta de atención de los niños, niñas y adolescentes (NNA) desvinculados de las FARC.
La implementación normativa del acuerdo de paz progresa lentamente. Se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y Justicia Especial para la Paz (JEP).
El tratamiento penal establecido dificulta la comparecencia de miembros de las FF.AA. ante la JEP, desconoce normatividad internacional sobre responsabilidad de mando. Los terceros solo comparecerán voluntariamente, a menos que se demuestre su participación “activa y determinante” en crímenes internacionales.
Existen restricciones para el acceso y uso de los archivos de inteligencia militar y policial para la CEV. Se incumplió el mandato del Acuerdo de crear una UBPD autónoma y con un régimen legal propio. Se ha regulado de manera insuficiente la participación de las víctimas en los mecanismos del SIVJRNR.
Luego de tres años de diálogos exploratorios se inició el proceso con el ELN, pero se han mantenido las hostilidades, generando impactos negativos sobre la población civil.
El paramilitarismo continúa. La desmovilización de las AUC no incluyó a todos los grupos, ni garantizó una efectiva reinserción de sus combatientes. Un número significativo de mandos medios y estructuras continuaron delinquiendo. La composición de estos grupos ha variado en razón a cambios en los contextos locales e internos. En 2016 había 13 estructuras que actuaban en 344 municipios de 31 departamentos. Paralelamente a la desmovilización de las FARC, grupos paramilitares, guerrillas del ELN y EPL, disidentes de las FARC se han reconfigurado y expandido territorialmente.
Los financiadores y terceros beneficiados por el paramilitarismo no han sido investigados, juzgados y sancionados. Los paramilitares aún mantienen vínculos con agentes del Estado. Su capacidad militar y de control territorial ha aumentado en los últimos años. Y el Estado sigue negando su existencia y la sistematicidad de sus ataques.
Actualmente se registran 8´208.564 víctimas del conflicto armado. A pesar del Acuerdo, el conflicto armado interno persiste y los demás actores continúan infringiendo el DIH, ocasionando impactos desproporcionados sobre la población civil: desplazamientos forzados, confinamientos, bombardeos indiscriminados, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes – NNA, violencia sexual, secuestro, ataques a bienes y personas protegidas.
Entre 2013 y 2016 al menos 2.820 personas murieron fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. En los 1.128 casos en que se conoce el presunto autor, el 69,93% se atribuye al Estado y a las guerrillas el 29,87%.
Las ejecuciones extrajudiciales continúan. En 2015 se documentaron 65 casos cometidos por miembros de las FF.AA.
El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo, el 63% en la pobreza y el 33 % en la extrema pobreza.
El enfoque de género no ha sido adoptado integralmente, no se han adoptado las medidas diferenciales contenidas en el Acuerdo de Paz. Las mujeres no han tenido una participación equitativa en su implementación. Ocupan apenas el 15% de los cargos previstos. Las afrocolombianas no tienen ninguna representación. Porque también se ha cumplido con el enfoque étnico en las normas expedidas.
Violencia y discriminación
Continúan los casos de violencia sexual. Entre enero 2013 y julio 2017 se registraron 3.989 delitos contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres.
Entre 2013 y 2016 fueron asesinadas 440 personas LGBT. Al menos 148 corresponden a homicidios motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género. En el mismo lapso se registraron 365 hechos de violencia policial contra personas LGBT. Las amenazas en su contra aumentaron, 35,7% de ellas habrían sido por paramilitares.
Pese a avances en el reconocimiento legal de derechos de las personas LGBT, existen obstáculos para su garantía efectiva. Funcionarios públicos imponen barreras de acceso a derechos ya reconocidos de las parejas del mismo género.
Persisten barreras para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, éstos no están adecuadamente representados en los escenarios de participación política. La respuesta institucional continúa siendo insuficiente, a lo que se suma el incumplimiento de los 96 acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y los realizados con la Minga Indígena.
No se garantizan los derechos de la población carcelaria. Su hacinamiento aumentó a 50,1% en 2017, y ello favorece la comisión de violaciones de DDHH. Las medidas adoptadas para disminuirlo no han sido efectivas. La política criminal no guarda relación con la realidad y el Estado incumplió su compromiso de ampliar los cupos carcelarios en un 40%.
Derechos de reunión y movilización
La protesta social ha aumentado. Pero este derecho no cuenta con las garantías necesarias. Entre los principales obstáculos se destacan:
- La estigmatización. Las autoridades hacen señalamientos públicos en el sentido de que las manifestaciones están “infiltradas” u “organizadas” por las guerrillas. Esto, disuade la participación de otras personas, genera terror entre los movilizados y aumenta su riesgo.
- La criminalización. La aplicación de la Ley 1453 de 2011 sobre seguridad ciudadana, llevó a judicializaciones masivas de líderes y organizadores de protestas pacíficas. El Código Nacional de Policía establece que toda reunión que cause alteraciones a la “convivencia” podrá ser disuelta.
- La represión violenta. El uso de la fuerza por parte de la policía no respeta los estándares internacionales de proporcionalidad, necesidad, gradualidad y excepcionalidad. Desde la creación del ESMAD en 1999, miembros de este cuerpo están sindicados de cometer al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 80 casos de tortura y lesionar a 3.000 personas.
Defensores y defensoras de DDHH
Colombia no ha cumplido con las numerosas recomendaciones en materia de protección a las y los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Las agresiones contra éstos han aumentado. Situación que atemoriza, desestructura procesos organizativos y debilita la exigibilidad de derechos.
Entre 2013-2017 se registraron al menos 276 asesinatos y 164 atentados. 29 de esos asesinatos fueron de personas LGBT, 61 de indígenas, 20 de afrodescendientes, 41 mujeres. Estos homicidios se concentran en departamentos donde hay grupos paramilitares, presencia masiva de las FF.AA., procesos de organización social, cultivos de uso ilícito o rutas del narcotráfico, actividades extractivas legales e ilegales, e instalación de ZVTN/PTN
Los ataques tienen efectos diferenciados sobre poblaciones campesinas, afrocolombianas, indígenas, comunales, sindicales, LGBTI, mujeres, víctimas y reclamantes de tierras.
Se evidencia incremento de las agresiones contra defensoras y lideresas, así como contra personas LGBT. Buscan humillarlas y generar un escarmiento frente a la comunidad mediante violaciones y atropellos sexuales, reforzando estereotipos de género.
La expansión y fortalecimiento de los paramilitares, así como la influencia que ejercen particulares que se oponen a la restitución de tierras y a la reforma rural integral, son las principales amenazas para los defensores de DDHH.
La Unidad Nacional de Protección no ha ajustado el procedimiento y los indicadores para la evaluación periódica del nivel de riesgo; mantiene trámites burocráticos que obstaculizan la implementación de las medidas. Tampoco ha implementado enfoques diferenciales, no cuenta con programas de protección colectiva acordes con las necesidades de la población en riesgo.
La impunidad
La impunidad es muy alta y favorece las agresiones contra defensores de derechos humanos. Continúa siendo un problema estructural en Colombia. La Fiscalía General carece de una estrategia de investigación que reconozca la existencia de paramilitares, la sistematicidad en los ataques, la condición de defensor(a) como móvil de las agresiones, y la permanencia de actividades ilegales de inteligencia en su contra.
En relación con las investigaciones penales sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FF.AA, desde el 2005 existen 838 investigaciones, de las cuales solo el 3,22% se encuentran en ejecución de pena y el 8,35% en etapa de juicio.
De los 4.578 procesos por desaparición forzada, solo el 0.9% se encuentra en juicio y el 0,42% en ejecución de penas. Por tortura y tratos inhumanos, entre 2013 y 2017 existen 8 procesos penales, de los cuales 5 están en etapa de indagación, uno en investigación y solo dos en juicio.
Existe una impunidad generalizada en las investigaciones de violencia sexual en el contexto del conflicto armado.
Derechos económicos, laborales y ambientales
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. La brecha urbano-rural no se cierra. Los territorios habitados por mayoría de población afro e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida.
Persiste la desigualdad en la tenencia de la tierra. Según el Censo Nacional Agropecuario un 40.1% del área censada está ocupada por el 0,4% deunidades productivas mayores a las 500 hectáreas. En contraste, el 4.8% está ocupada por el 69.9% de unidades productivas con 5 hectáreas o menos. 
Las condiciones laborales son precarias. El desempleo es muy alto: 8.9%, para las mujeres es 11.8%, y 15.8% para jóvenes. El desempleo juvenil rural es de 54%. El déficit de trabajo decente se mantiene. Se incumple la recomendación del CDESC referente a los acuerdos en materia laboral de los tratados de libre comercio con EE.UU., Canadá y la Unión Europea. Según la Gran Encuesta de Hogares del DANE 2015, el 18.3% de las personas que trabajan tiene relaciones laborales ilegales, y el 64% trabaja en la informalidad, que es mayor en el área rural, donde solo 9.9% tiene un contrato, y solo 6.7% se beneficia de algún tipo de negociación colectiva.
En 2015 se expidió la Ley Estatutaria de Salud, que reconoce la salud como derecho humano fundamental. Pero pese a ello no se garantiza el goce efectivo de este derecho por falta de disponibilidad, calidad y accesibilidad a los diferentes servicios. Colombia cuenta con un sistema de seguridad social que despojó de su esencia universal los derechos de pensión, salud y riesgos laborales, incorporándolos a una lógica de mercado.
Tierras y territorio
El Estado ha impulsado un modelo económico extractivista. La construcción de proyectos de infraestructura, hidroeléctricos, de hidrocarburos y minero-energéticos, ha conllevado un aumento de los conflictos socio-ambientales. Lo que pone en riesgo la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos, y limita el ejercicio de sus derechos.
A cinco años de su implementación, el proceso de restitución de tierras está lejos de cumplir su propósito. A agosto de 2017 sólo se había iniciado trámite de restitución para 19.822 familias, y de ellas solo 5.400 cuentan con sentencia de restitución.
La reparación de víctimas pertenecientes a pueblos afrodescendientes e indígenas ha sido lenta. El Gobierno no ha adoptado las medidas de reparación integral establecidas en los Decretos-Ley 4633 y 4635. Se han identificado 24 territorios afro, de los cuales solo uno tiene sentencia.
Puede encontrar mayor información en la página web del informe www.500organizacioneshablan.org
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