Balance del gobierno de Álvaro Uribe Vélez

8 años de estigmatización y exclusión política del sindicalismo en la democracia colombiana

—Opinión de líderes sindicales y expertos en el tema—

¿Qué pasó con el diálogo social y las libertas sindicales en estos últimos 8 años? Es la pregunta que en este tercer informe de la serie periodística sobre el balance del Gobierno Uribe responden algunos expertos académicos y la dirigencia del sindicalismo colombiano.

Responden Carlos Santana Rodríguez, director de la ONG Viva la Ciudadanía; Claudia López, columnista y analista política; la ex senadora Cecilia López Montaño, y los presidentes de las tres centrales sindicales: Tarcisio Mora Godoy de la CUT; Migul Morantes Alfonso, presidente de la CTC; y Julio Roberto Gómez Esguerra, Director Ejecutivo de la CGT.

Pedro Santana R. (Director ONG Viva la Ciudadanía)

Durante el gobierno Uribe se perdieron los avances que el país había logrado en materia de reconocimiento a la diversidad, espacios de concertación, diálogo y política pública social. Fue muy baja su capacidad para adaptarse a un sistema democrático en el cual el asociacionismo sindical, campesino e indígena sea visto como algo positivo para la democracia. Por el contrario, en estos 8 años el discurso dominante frente a los movimientos sociales fue el de deslegitimarlos, estigmatizarlos, reprimirlos, criminalizarlos y tratar de minimizarlos. En este sentido el Gobierno utilizó tres estrategias.

La primera fue la desinstitucionalización y deslegitimación de los espacios de concertación de políticas públicas y diálogo social que la Constitución del 91 había abierto, que son muy importantes para una democracia pero que este gobierno desvertebró completamente. El hecho de que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales haya tenido más reuniones, no quiere decir que se haya legitimado más ese espacio. Por el contrario, se desvalorizó, se minimizó y no se utilizó; terminó convertido en un ritual. Lo mismo ocurrió con el Consejo Nacional de Planeación, otro espacio constitucional relacionado con las políticas públicas del Plan de Desarrollo, que sufrió muchas trabas. Desde el punto de vista de la planeación el gobierno Uribe representa un retroceso grandísimo. Y ocurrió también con la Federación Colombiana de Municipios, con la Mesa Nacional de Población Desplazada, y con el Consejo Nacional de Comunidades Negras. En todos estos espacios ocurrió lo mismo: cooptación por parte del Gobierno y presencia de éste en la elección de sus integrantes.

La segunda estrategia fue la de dividir para reinar. Todos los anteriores gobiernos, desde Belisario Betancur, mantuvieron como línea de comportamiento no inmiscuirse en los asuntos internos de las organizaciones sociales, ni propiciar su división, que antaño fue una práctica usual. Recuérdese que en 1946 la central sindical UTC fue impulsada por Ospina Pérez como un apéndice del gobierno y de la iglesia, y eso dividió al sindicalismo.

El Gobierno Uribe en cambio sí se inmiscuyó en las organizaciones sociales. En el caso de las comunidades indígenas impulsó la creación de la Opic, que es una organización paralela a la Consejo Regional Indígena del Cauca. Afortunadamente el daño allí no ha sido fuerte debido a la resistencia de las comunidades indígenas a dejarse dividir. Y en el caso de las organizaciones sindicales Uribe volvió a las viejas prácticas del Frente Nacional y de la oligarquía, que desde el gobierno siempre propugnaron por la división de los trabajadores. La metió todo tratando de crear una central sindical uribista, algo que no habían hecho los gobiernos anteriores, que tuvieron consideración con los sindicatos, e incluso tuvieron ministros de origen sindical: Carrillo, Obregón, Angelino Garzón.

Y la tercera estrategia contra los movimientos y organizaciones sociales fue la estigmatización, el amedrentamiento y la criminalización de la protesta, algo que se puede englobar en el concepto de guerra sucia. Pero eso finalmente le acarreó costos políticos muy grandes al Gobierno. El primero es la no aprobación del TLC por el Congreso de E.U. En eso fue importante el papel de los organismos de derechos humanos y de la Escuela Nacional Sindical, que pasaron de la denuncia genérica de la violencia antisindical a la sistematización de la misma, con casos concretos, víctimas concretas. La ENS armó la base estadística y demostró que el 95% de los asesinatos de sindicalistas permanecían en la impunidad. En décadas anteriores hubo más asesinatos de sindicalistas, y siempre se denunciaban los hechos, pero no se tenían números exactos, ni las identidades de los asesinados, ni datos sobre los niveles de impunidad. Esas revelaciones modificaron de manera sustancial el debate político y la presión de la comunidad internacional. Con esos datos los congresistas norteamericanos tomaron la causa de los derechos humanos como muy importante, y eso tiene el TLC estancado. También la presión internacional llevó a la creación de un grupo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, y a que se haya avanzado en la solución de 132 casos emblemáticos de sindicalistas asesinados.

Y al mismo tiempo ascendió el debate público sobre la el papel de las organizaciones sociales en la democracia, sobre las posibilidades reales del ejercicio del sindicalismo en el país, y la inexistencia de justicia en el caso de los asesinatos de sindicalista y líderes indígenas y sociales. Porque los indígenas también tomaron la decisión de contabilizar y documentar sus muertos, son un poco más de 1.300. Eso a mi juicio es una ganancia en medio de sea tragedia.

Finalmente, hay un elemento positivo digno de resaltar, y fue que el sindicalismo se asomó al ejercicio de la política, una puerta que abrió la Constitución de 1991. En estos últimos años aumentó la tendencia de participación de líderes sindicales en las campañas electorales, sobre todo del Polo Democrático, que logró catapultar a un conjunto de dirigentes en los concejos municipales, las asambleas departamentales, el Congreso de la República, lo cual es positivo porque permite que algunos temas de los trabajadores entren en las agendas de los partidos políticos y del Congreso. Es un fenómeno interesante.
Julio Roberto Gómez E. (Secretario General CGT)

Desde el paro cívico nacional de 1977 el sindicalismo colombiano viene siendo objeto de una brutal persecución. En esa época teníamos tasas de sindicalización por encima del 20%, y a partir de allí los distintos gobiernos se caracterizaron por cometer toda clase de tropelías en contra de los trabajadores. Es una de las causas de la caída vertiginosa de las tasas de sindicalización en el país.

Álvaro Uribe le dio continuidad a esa política, con la liquidación de sindicatos enteros como Telecom, Adpostal, Caja Nacional de Previsión, Inravisión. Y tampoco ofreció garantías para el desarrollo del sindicalismo. Primero recordemos que, junto con el presidente César Gaviria, Uribe Vélez propició el montaje legislativo de la Ley 50 de 1990 y la Ley 100 de 1993, que fue toda una política orquestada y dirigida a reducir a su mínima expresión al movimiento sindical; leyes que recogieron la agenda del Consenso de Washington, que pregona la flexibilización laboral, las privatizaciones de las empresas de servicios públicos y los programas de ajuste estructural, lo que trajo consigo el desmonte de los derechos laborales y la disminución de la inversión social.

De entrada Uribe anunció lo que iba a ser su gobierno en materia laboral y de seguridad social: fusionó los ministerios de Salud y de Trabajo. Y hoy, luego de 8 años, ni hay salud ni hay trabajo. La creación de ese ministerio fue un intento absurdo, porque es no reconocer el carácter fundamental que tienen la seguridad social y el empleo. Hubo un compromiso de que si esa fusión no funcionaba retornaría a la modalidad de los dos ministerios separados. Pero este gobierno no reconoce el fracaso, y el próximo gobierno necesariamente tendrá que entrar a corregir. Necesitamos un Ministerio del Trabajo, especializado y dedicado de manera exclusiva a todo lo que tenga que ver con inspecciones del trabajo, con el cumplimento de las recomendaciones de la OIT, con formulación de políticas de empleo y seguridad social. Y necesitamos un Ministerio de Salud, especializado en la salud de 45 millones de colombianos y colombianas. Algunos preguntarán: para qué reabrir dos ministerios que antes tampoco servían. El caso no es ese, el problema es ponerlos en los roles que tienen que cumplir. Los inspectores de trabajo deben ser funcionarios que, de oficio, vayan a visitar las fábricas, revisar las nóminas y verificar en qué situación se encuentran los trabajadores. Hoy tenemos en Colombia apenas 250 inspectores, y para que la actividad de control sea efectiva se necesitarían no menos de 2.000 inspectores, además profesionales, no tinterillos.

En el tema de la interlocución tripartita con el Estado, yo creo que se avanzó. En eso no podemos tapar el sol con las manos. Uribe es el presidente que más se ha reunido con el movimiento sindical. Con él tuvimos reuniones cada dos o tres meses, que duraban 4 o 5 horas y en las que se abordaron diversidad de temas. Porque anteriormente era sólo el ritual de diciembre para hablar del aumento del salario mínimo. En ese sentido tengo una autocrítica como sindicalista: creo que el movimiento sindical no supo aprovechar ese espacio. No es la política del avestruz lo que nos va a sacar adelante, sino la política de enfrentar las situaciones.

En la relación del sindicalismo con el Estado, un tema aparte es el funesto papel que jugó el DAS. Hoy venimos a saber que este organismo estuvo comprometido en suministrar listas de personas del movimiento sindical para que las asesinaran. Eso es demoledor, y en este tema el Gobierno tiene que darle una explicación satisfactoria a la sociedad colombiana y castigar a los responsables. No creo ni me atrevo a pensar que eso haya sido por orden del presidente Uribe, pero de todas maneras sí tiene la responsabilidad de presionar para que rápidamente se investigue el caso. Es una institución que, sea quien sea el próximo presidente, debe revaluarse a fondo, porque ha caído en un desprestigio peligroso en perspectiva de futuro. Ahora, en lo que a mí respecta, defiendo a los funcionarios del DAS que conozco y que asignaron a mi seguridad. Sé que se la jugaron conmigo y nunca filtraron información.

Sobre el caso de la CNT, la nueva central sindical que se trató de montar durante este gobierno, tengo que decir que soy respetuoso de la libertad sindical, y como miembro de la OIT debo no sólo respetar sino defender el derecho de asociación. Pero las circunstancias en que la CNT se creó, la deslegitimaron. Es una confederación fantasmagórica, no resiste un análisis jurídico. La ley establece unos parámetros que esta confederación no llenó, y por eso no le auguro larga vida.

Un logro de concertación en estos últimos años fue la Ley de Huelgas, que considero un avance importante. Desde hace 25 años veníamos luchándola en el marco de los convenios con la OIT, para que en el ejerció del derecho de huelga el gobierno no siguiera siendo juez y parte. Logramos que la salvaguardia de este derecho la asuman los jueces. El problema es que ya no hay con quién hacer huelga, este recurso se volvió algo exótico, porque los sindicalistas son minoritarios y cada vez hay menos organizaciones. Esta ley en la década de los años 70 y 80 hubiera sido una maravilla.

Como también fue un avance la inscripción automática de juntas directivas de los sindicatos. La Corte Constitucional falló a nuestro favor en ese tema. Pero eso no fue gratuito, también se debió a presiones internacionales y del movimiento sindical. Otro tema es que la facilidad para crear sindicatos está llevando al libertinaje sindical, a la “clonación” de sindicatos. En una institución donde antes prevalecía un sindicato de base y uno o dos de industria, hoy podemos encontrar más de diez. Esa clonación ha aumentado la tasa de creación de sindicatos, pero debilita al movimiento sindical, porque la cantidad no es garantía de nada. Se registró la creación de 500 nuevas organizaciones sindicales, pero de esas unas pocas son realmente nuevas, el resto son las mismas organizaciones subdivididas. Podemos aceptar que sea un recurso de los trabajadores para obtener fuero y evitar el despido, pero en qué quedemos una vez pasa el peligro: en que la clonación se convierte en una perversión que no conduce a nada bueno. Es un debate interno que el sindicalismo tiene que dar.

En cuanto a la convención colectiva de trabajo, principal instrumento de concertación entre empresarios y trabajadores, no hubo avances. Obedeciendo a la agenda de la banca multilateral de crédito, que es la que dicta las políticas en estos países, las leyes son cada vez más restrictivas de los derechos de negociación colectiva. En este gobierno se impulsó una ley de regulación de la negociación colectiva en el sector público, que en sí misma es buena pero su reglamentación no ha sido feliz, se quedó corta. Seguimos en un limbo jurídico en el derecho de asociación para el sector público.
Tarcisio Mora G. (Presidente CUT)

En la Conferencia de la OIT en Ginebra, en 1998, las centrales sindicales logramos que Colombia fuera incluida en la lista negra por incumplimiento de los derechos de los trabajadores. Y a raíz de eso el Gobierno le entregó un dulce al movimiento sindical con el famoso Acuerdo Tripartito, que luego el Gobierno Uribe desconoció completamente, no respetó ese convenio de la OIT. Por el contrario, acentuó la estigmatización y el marginamiento del movimiento sindical, de varias formas.

La primera: no teniéndolo en cuenta como sector válido en el juego de las decisiones democráticas. Fuimos desconocidos en la mesa de concertación, donde se supone que están todos los actores de la política laboral, económica y social del país. O sea que el tripartismo no funcionó. Si bien es cierto que la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunió más veces que en otros gobiernos, los resultados fueron nulos. No sacamos nada con reunirnos mucho. Y nosotros como CUT asistimos todas las veces para que el gobierno no tuviera disculpas y nos acusara de inasistencia a un órgano al que estamos obligados porque fue aprobado por la Constitución del 91 y reglamentado por una ley. Hubo otros escenarios como los famosos almuerzos de palacio, que se hicieron tradicionales en este gobierno, donde solamente fuimos a notificarnos de la política que fue decidida sin la participación nuestra, y todo para mostrarle al mundo que son políticas consensuadas con el movimiento sindical.

Por ejemplo la Ley 790, que fusionó los ministerios de trabajo y salud, no fue consensuada con todos los trabajadores, a pesar de las repercusiones negativas que tuvo esa decisión. La no existencia del Ministerio de Trabajo
fue una clara estrategia para que el sector privado cogiera más fuerza en el manejo de las relaciones laborales.

Esa actitud del Gobierno redundó en un mayor debilitamiento del movimiento sindical. El presidente Uribe insiste en que el sindicalismo creció durante su gobierno, y que se respetan los derechos de los trabajadores, y para ello ha presentado cifras amañadas. Nosotros decimos que no, que lo que ha habido es una disminución en el número de sindicatos y de afiliados. Porque, ¿de dónde va aumentar el sindicalismo si lo que ha crecido son las cooperativas de trabajo asociado, los contratos de prestación de servicios y la informalidad, que son formas de contratación que prohíben el derecho de asociación? Además los empresarios tampoco permiten la creación de sindicatos.

Tampoco este gobierno tuvo voluntad política para avanzar en la aprobación del Estatuto del Trabajo en el Congreso de la República. Este Estatuto es un mandato de la Constitución, por lo que hace 8 años reunimos las firmas y las entregamos al Congreso, pero ahí se hundió. Y es urgente aprobarlo, porque, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo que rige hoy las relaciones laborales en Colombia, no contempla normas sobre cooperativas de trabajo asociado, que pululan hoy en el país.

El tema del DAS es un capítulo aparte. Fue la alianza de un aparato del Estado con grupos al margen de la ley: paramilitares y el narcotráfico, a los que el DAS le pasaba listas de sindicalistas para que los asesinaran. Eso se viene a saber cuando los paramilitares lo denunciaron, pero nosotros en la CUT ya lo habíamos dicho hace como 5 años, y resultó ser cierto.

Miguel Morantes A. (Presidente CTC)

Históricamente ha habido una estigmatización histórica contra el sindicalismo, que ha causado mucho daño y que se acentuó durante el gobierno Uribe, que en ese campo actuó de manera directa, sin tapujos.

La estigmatización se da en dos vías. Una, afirmando que el sindicalismo y las guerrillas son socios, lo cual es injusto y no tiene asidero en la realidad, como lo hemos demostrado hasta la saciedad. Por el contrario, hemos sido víctimas de la guerrilla en algunos casos. Y dos, señalando que el sindicalismo acaba con las empresas, que está hecho para no permitir que las empresas prosperen. Eso genera pánico y refuerza la actitud de los empleadores, que utilizan ese argumento en sus circulares internas, y le hacen prometer al trabajador que ingresa que no se afiliará alguna organización sindical, sopena de ser despedido. Y cuando en la empresa hay sindicato, el fin es debilitarlo, mantenerlo minoritario.

El tripartismo en este gobierno fue apenas formal. Se dice que se expandió el tripartismo porque hubo más reuniones de las partes en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instrumento surgido de la Constitución de 1991 y reglamentado por la Ley 1268 de 1996. Pero fueron reuniones que no condujeron absolutamente a nada, porque no hubo acuerdos, la agenda no se cumple, y menos cuando el presidente Uribe participaba en la reunión.

Las leyes fundamentales que en materia laboral se aprobaron en este período, no pasaron por la comisión tripartita. Y los debates de esas leyes en el Congreso siempre los ganó la oposición, pero el gobierno impuso las mayorías y la votación siempre fue a su favor. Alguna participación tuvimos las organizaciones sindicales en algunas leyes, como la Ley 1147 de 2007, que implementó la justicia laboral oral; y la Ley 1210, de 2008, que pasó a manos de los tribunales superiores la calificación de la huelga.

Un capítulo terrible fue lo del DAS, porque ahí se pasó de la estigmatización a la vigilancia y al acoso a los dirigentes, y en algunos casos a crímenes, como el caso de Andreis en la Costa Atlántica. Un dirigente sindical hablaba con personas en algún lugar, y por eso ya pensaban que éstos eran subversivos, y sin cerciorarse le ponían eso en sus antecedentes. Hubo listas negras de sindicalistas. Recuerdo que en el 2005, cuando por publicaciones de la prensa nos enteramos de que el DAS producía estas listas, nosotros protestamos, rompimos relaciones con el gobierno, y dijimos que el director del DAS tenía que renunciar. Pero en vez de abrir una investigación del caso, lo que el Gobierno hizo fue nombrarlo de cónsul en Milán, Italia.

Cecilia López Montaño (Ex senadora)

Colombia para salir de la crisis en que se encuentra necesita un gran pacto social entre los diferentes estamentos y fuerzas sociales. El modelo hay que cambiarlo. Seamos realistas: ya pasaron 20 años de la apertura económica y qué tenemos hoy: una estructura productiva estancada, con pequeñas modernizaciones pero no muchas; el sector servicios entró a la informalidad y no a la modernidad; una clase media estrangulada, unos pobres recibiendo limosna, y unos empresarios supermillonarios. Frente a eso hay que tomar unas decisiones que son colectivas, y eso se hace a través de pactos.

Y debemos empezar por hacer los pactos naturales, como el de los empleadores con los trabajadores y las organizaciones sindicales, que han estado totalmente marginadas del modelo político, económico y social que impera en Colombia, situación que se ha acentuado en el Gobierno Uribe.

Ese sería uno de los pactos mínimos para llegar al gran pacto social, pues los empleadores y los trabajadores son los dos actores claves de la producción. Pero ambos sentados a la mesa en igualdad de condiciones, donde el gobierno no apoye sólo a los empresarios sino que equilibre y defienda también los intereses de los trabajadores. No se puede buscarle el norte a este país si no se involucra a los trabajadores, a los campesinos, a los informales y a las organizaciones sindicales, que hoy están reducidas a su mínimo.

Aquí todos somos culpables del modelo que tenemos, y en ese sentido los trabajadores y los sindicatos también tienen su culpa. El sindicalismo tiene cambiar, modernizar su discurso, abrirse a las nuevas formas de producción y trabajo. A los sindicalistas les pasa lo que a algunas mujeres feministas: que tienen un mismo discurso siempre, y como la gente ya sabe lo que van a decir, pues no los escuchan. Por ejemplo, el tema gordo del empleo en una economía global es la flexi-seguridad, que es lo que han hecho los países nórdicos. ¿Qué es eso? Que el trabajo sea flexible y la seguridad social no vaya atada al trabajo. O sea que si usted cambia de puesto de trabajo no pierde ni su pensión, ni su casa, ni sus auxilios, ni nada. Porque si no se flexibiliza la mano de obra hay problemas. Es lo que tiene reventada hoy a Grecia y a España.

Claudia López (Analista política)

Desde el primero hasta el último día de su gobierno, el presidente Uribe va a tener ese estilo pugnaz y polarizador que lo ha caracterizado. Su estrategia con todos los sectores sociales, sin excepción: los afrodescendientes, los indígenas, los sindicalistas, los líderes sociales, va a ser la misma: divide y reinarás.

El presidente ha tratado de poner a sus fichas en la CUT y ha intentado crear organizaciones sindicales paralelas. Yo creo que ningún otro presidente se había metido tan de frente a interferir y dividir las organizaciones sociales para ganar un sector a su favor.

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