Balance del gobierno de Álvaro Uribe Vélez

Serie periodística.  Cuarta y última entrega


Violencia antisindical e impunidad durante
los 8 años del Gobierno Uribe

—Notas y análisis de la ENS—

Un problema histórico y estructural no resuelto

Los presidentes anteriores a Uribe vivieron los dos periodos de mayor violencia contra trabajadores sindicalizados (Samper 1996 – 1997; Pastrana 2000 – 2002). Durante el Gobierno Uribe varió el problema. Si bien disminuyó el número de homicidios, aumentaron las violaciones a los derechos humanos contra mujeres sindicalistas, contra docentes sindicalizados, y hoy es mayor la responsabilidad estatal en todas las violaciones, frente a lo ocurrido entre 1996 y el 2002.

Desde el 1ª de enero de 1986 a 30 de junio de 2010 han sido asesinados en Colombia 2.840 sindicalistas (2.568 hombres y 272 mujeres). El 25,7%, o sea 731, se han cometido contra dirigentes sindicales. Se registran además 270 atentados contra la vida de las y los trabajadores sindicalizados y 215 desapariciones forzadas; y al menos 4.770 amenazas de muerte contra sindicalistas por su actividad sindical y 1.696 desplazamientos forzados.

Homicidios 1º enero de 1986 – 30 de junio 2010

Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos ENS

En el mismo período se han cometido al menos 11.026 violaciones a la vida, la libertad e integridad contra los y las sindicalistas en el país. Veamos:

Total de violaciones. 1º enero de 1986 a 30 junio de 2010

Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos ENS

Estas cifras ratifican la existencia de una crisis de derechos humanos del sindicalismo en Colombia, que no corresponde a una violencia difusa e indiscriminada sino que, por el contrario, se trata de una intensión de exterminio sostenido en el tiempo y materializado en miles de víctimas. Lo que ha terminado por conformar un contexto antisindical en el que se manifiestan diversas formas de violencia que van desde el orden legal al exterminio físico.

Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para la actividad sindical

Entre 1999 a 2009, al menos 3 trabajadores sindicalizados fueron asesinados cada semana en el mundo, o sea un total de 1.717 en toda la década, con un promedio de 170 asesinatos por año. Suramérica se ubica como el escenario más peligroso. Concentra el 73% del total registrado, con la escandalosa cifra de 1.253 asesinatos. Asia participa con un 17% del total (233 asesinatos), Centro America y el Caribe registraron con el 5.4% (79 asesinatos). África con el 4.6% (79 asesinatos). Oriente Medio con el 3% (50 asesinatos). Mientras Europa registró 8 asesinatos con una participación del 0.4%.

Las cifras son contundentes, en Colombia se presentó el 63,12% de asesinatos de la década. Situaciones similares, aunque en menor medida, se presentaron en Filipinas con una participación de 5,44%, y Guatemala, con una participación de 3,45% del total de asesinatos del mundo.

Una realidad no superada en los 8 años de la Seguridad Democrática

Comparando el período Uribe con el inmediatamente anterior del presidente Pastrana, las violaciones a los derechos humanos de sindicalistas decrecieron 14.8%. Sin embargo, los logros ampliamente publicitados en la protección a los DDHH de sindicalistas no se traducen en cambios estructurales de la violencia contra los mismos.

Violaciones a la vida, libertad e integridad de los sindicalistas gobierno Uribe

Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos SINDERH, ENS

En el Gobierno Uribe el DAS fue usado para atacar al sindicalismo

En los últimos meses se ha establecido la manera como el DAS fue utilizado para atacar las actividades legítimas de los sindicatos en Colombia. Las violaciones cometidas desde el DAS fueron: 1- Entrega listas de sindicalistas a los paramilitares para que fueran asesinados. 2- Interceptación ilegal de las comunicaciones de líderes sindicales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, magistrados de Altas Cortes, periodistas y líderes de oposición. 3- Ingreso a sedes sindicales y sustracción de información utilizada como material de inteligencia. 4- A través de funcionarios del DAS que hacían parte de los esquemas de protección, se utilizó la información para hostigar a sus protegidos, e incluso para crear falsas pruebas en procesos judiciales. 5- El DAS realizó inteligencia ofensiva: amenazó y hostigó directamente a líderes sindicales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, magistrados de Altas Cortes, periodistas y líderes de oposición.

Gran esfuerzo del gobierno por negar o desvirtuar la existencia de la violencia antisindical

El gobierno Uribe buscó convencer al mundo de al menos tres ideas: 1- Que la violencia ejercida contra sindicalistas no es antisindical, sino un hecho derivado del conflicto armado y, en particular, resultado de la infiltración de grupos armados en los sindicatos. 2- La violencia antisindical es un fenómeno del pasado, superado con la política de seguridad democrática, y los asesinatos y hechos de violencia que hoy ocurren son por razones personales o económicas, y no sindicales. 3- La ampliación del programa de protección a sindicalistas y la creación de la unidad especial de fiscales, han variado la situación de violencia e impunidad.

En ese afán, el gobierno Uribe usó varias estrategias. La primera fue diferenciar las cifras de asesinatos contra educadores sindicalizados de los demás trabajadores sindicalizados, creando una variable paralela y una lectura tergiversada de su dimensión. Igual hizo con los trabajadores agrícolas agremiados en sindicatos. No faltaron las críticas a esta manipulación estadística y rápidamente se cambió la metodología. En segundo lugar optó por la táctica del desprestigio y buscó vincular a las víctimas del sindicalismo con los actores armados, con violencias pasionales, con delincuencia común, entre otros. En otros momentos la estrategia tomó como referencia a las ONG, para deslegitimar sus investigaciones. Incluso utilizó trabajadores sindicalizados de corrientes políticas cercanas al gobierno para que ellos mismos se encargaran del desprestigio y la negación. En tercer lugar, calificó de ideológicas y amañadas las lecturas que se hacen desde el sindicalismo, y por ello buscó que “la academia independiente” se expresara sobre la violencia antisindical.

Las medidas del gobierno fueron insuficientes para superar la violencia y la impunidad

A pesar de la ampliación del programa protección de sindicalistas, durante el Gobierno Uribe fueron asesinados 565 sindicalistas y 36 fueron desaparecidos forzosamente. De igual modo la aprobación de la Ley 1309 de 2009, que aumenta las penas (prisión o multa) para ciertos delitos contra sindicalistas y amplía el término de prescripción del homicidio, no implica un cambio en la política para enfrentar la violencia contra el movimiento sindical, pues esta ley se aplica a los responsables de delitos cometidos con posterioridad al 26 de junio de 2009.

A pesar de que se creó una unidad especial de fiscales para investigar los crímenes contra sindicalistas, la impunidad de la violencia antisindical, entendida como la ausencia de investigación y sanción de todos los hechos violentos cometidos contra dirigentes y sindicalistas en Colombia, sigue siendo muy alta. Los órganos judiciales no ven el panorama de la violencia de manera integral y, por tanto, muchas de las medidas aplicadas son desaprovechadas o son insuficientes, o no se han tomado aquellas que sean adecuadas para dar resultados contundentes.

El movimiento sindical denunció el homicidio de al menos 2.840 personas desde el 1º enero de 1986 al 30 de junio de 2010. De estos casos, la Subunidad de la Fiscalía sólo está investigando 722, es decir el 25,4%. De otro lado, ha denunciado 8.186 violaciones ocurridas desde 1º enero de 1986 al 30 de abril de 2010. De ellas la Subunidad sólo está investigando los casos de 261 víctimas, es decir el 3,1%.

Las sentencias en casos de homicidios de sindicalistas tan solo se refieren a 124 víctimas, lo que significa que la impunidad es del 95,6%. De otro lado, las sentencias de los jueces reflejan los profundos problemas cualitativos de las investigaciones, por las siguientes razones: 1- La investigación en la gran mayoría de los casos se realiza caso a caso, sin atender las características fundamentales de la violencia antisindical. 2- La superficialidad en el estudio de los móviles del crimen es una característica de casi todas las sentencias. 3- Casi todas las sentencias imponen sanción con respecto a los autores materiales de los hechos, pero omiten realizar un análisis sobre los posibles determinadores de los crímenes. 4- La investigación se limita en muchos casos a la versión de los víctimarios.

No hay diálogo, ni existe agenda para superar la violencia antisindical y la impunidad

El gobierno de Uribe prefirió negar, tergiversar y estigmatizar la situación de violencia antisindical y la impunidad, y no permitió el diálogo sobre el tema. Mucho menos permitió la construcción de una agenda para superarla. El nuevo gobierno tendrá como reto asumir otro enfoque, que reconozca la gravedad de la situación y la necesidad de una agenda para la construcción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, agenda que por supuesto deberá concertarse con el movimiento sindical.

Esta agenda debería contener medidas para prevenir y garantizar la vida, integridad y libertad de los sindicalistas, empezando por el reconocimiento de las organizaciones sindicales y su actividad como legítima. También medidas para superar la impunidad, que implicará el diseño de una política de investigación criminal en casos de violencia contra sindicalistas.

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