Balance del gobierno de Álvaro Uribe Vélez

Serie periodística. Cuarta y última entrega


La violencia antisindical no se detuvo
y la impunidad no bajó del 95%

—Opinión de líderes sindicales y analistas del tema—

Claudia López (Analista política)

Hay varios hechos relevantes en el tema sindical. Uno, el sindicalismo en Colombia ha decrecido, no sólo por la acción de los gobiernos sino también por la estructura económica del empleo. Este es un país de una altísima tasa de empleo informal, o sea que no hay sindicalismo porque no hay estructura organizada del trabajo. Pero adicionalmente a ese cambio radical de la estructura económica, desde los años 80 viene una ola de intolerancia y violencia política por parte de la guerrilla y especialmente de paramilitares, en la que los sindicalistas pusieron una cuota enorme.

Ahora bien, a mí me parece que el gobierno y los sindicatos se han trenzado en una disputa relativamente inútil por medir cuántos cientos de muertos hay del sindicalismo. Las cifras por las cifras es una discusión hueca, porque cualquier cifra, aun la oficial, es escandalosa. Un solo sindicalista asesinado ya es suficientemente grave. El hecho mismo de que ya estemos hablando de diferencias de cientos, indica que la actividad sindical en Colombia ha estado marginada por la violencia, sin ninguna duda. Y esa es una secuela que evidentemente ha inducido el temor de los trabajadores a organizarse. Siempre le hago esta pregunta a la gente que subestima o desestima la violencia contra sindicalistas: ¿cuántos sindicalistas se necesita que maten para afectar la vinculación al sindicalismo: uno, dos, cien… quién me da ese número? Cuando uno pone la discusión en ese nivel, nadie es capaz de dar ese número.

En estos últimos 8 años la violencia antisindical, comparada con lo que fue en los años 80 y 90, sin duda rebajó, por fortuna. Los esquemas de protección al sindicalismo también mejoraron. Pero es que el acumulado histórico es de tal magnitud, y el nivel de impunidad tan alto, que es un problema que se atravesó sobre otras iniciativas del gobierno. Yo creo que el Gobierno Uribe tuvo la voluntad y el compromiso de reducir la violencia antisindical, de mejorar la protección a los sindicalistas, pero no tuvo el compromiso político de reconocer la magnitud de la violencia sindical y la magnitud de la impunidad. Trató de minimizarla, de manipular las cifras para rebajarlas, diciendo que los muertos no son por ser sindicalistas sino por ser colombianos, y en esa pelea le ha salido mal al gobierno, porque aun si alguien le da la razón y reconoce que no han sido dos mil sino mil, y no han sido 2 mil por razones sindicales sino 500, todavía estamos hablando de una cifra inaceptable y escandalosa.

Incluso si se aceptan las cifras del gobierno, hubiera sido posible que, para cualquier negociación de un tratado de libre comercio, se pusiera como condición que se resolviera la impunidad de la violencia sindical del pasado y se mejoraran las condiciones para la operación sindical del presente. Yo creo que los sindicatos colombianos en buena hora fueron muy exitosos en hacer valer esa exigencia, y eso le conviene no sólo al sindicalismo sino también a la estructura económica colombiana. Yo creo que el gobierno perdió un poco en esa pelea porque fue necia, porque era una pelea por tratar de minimizar un problema que ellos mismos reconocían que era grave, así fuera del pasado.

Tarsicio Mora G. (Presidente CUT)

El movimiento sindical, y en particular la CUT, fuimos víctimas de la persecución oficial. Las políticas del gobierno Uribe fueron hechas para exterminar el movimiento sindical. Los resultados en pérdidas de vidas nos lo demuestran. Durante el gobierno de Uribe asesinaron más de 527 sindicalistas. Es un hecho político grave. Quiere decir que en el gobierno de la famosa Seguridad Democrática no hubo para los dirigentes sindicales.

Hoy existen dos instrumentos para la eliminación sindical. Uno es el instrumento físico, el asesinato de sindicalistas. Si antes mataban 100 hoy matan 80, pero mientras se redujeron los asesinatos, aumentaron las amenazas. Y el otro instrumento es el legal, el exterminio sindical por la vía legislativa. Mediante las leyes acabaron con los sindicatos.

En cuanto a la protección de sindicalistas, o sea los esquemas de escoltas y seguridad, tenemos que en el Gobierno Uribe la dirigencia sindical logró una seguridad. Ya no es tan fácil matar un dirigente porque tiene 2 o 3 escoltas. Pero los sindicatos tienen unos activistas, unos sindicalistas de base que son los que dinamizan, pero no tienen escoltas. A esos son los que están matando. Incluso han matado gente que cuenta con esquemas de seguridad.

El Estado, para justificar, dice que no los matan por ser sindicalistas sino por tener deudas o problemas amorosos. Puede que tengan esos problemas, pero lo raro es que todos son dirigentes sindicales, o son activistas. Eso quiere decir que hay un seguimiento, una tendencia a eliminar a personas claves para la actividad sindical.

Y en cuanto al factor impunidad, lo que hemos visto es que no hay capturas ni condenas de los gestores intelectuales o determinadores de los homicidios. El aparato de la justicia no opera, no actúa, entonces hay un problema grande de impunidad. Lo de la unidad de fiscales no dio los frutos que necesitamos. Lo cierto es que la impunidad sigue en los mismos niveles que antes. En ese sentido la preocupación nuestra es que no hay voluntad del Estado; el problema de la muerte de sindicalistas no está en el mismo orden de importancia que el gobierno le da a otros temas.

Miguel Morantes A. (Presidente CTC)

Es cierto que ya no matan tantos sindicalistas como en el pasado. Pero mientras haya 47 crímenes de sindicalista, como en el 2009, no hay ninguna victoria qué cantar, quiere decir que el problema sigue. Aunque eso de la disminución es relativo, porque hoy hay menos sindicalistas que antes, y eso altera el cálculo.

Lo otro es que hay una cifra que no se menciona mucho, y es la de desaparecidos, que en el sindicalismo equivale casi a la muerte. En estos últimos años han aumentado las amenazas.

En cuanto a la impunidad, la situación sigue igual. Este problema tiene varias aristas. Una es que mermó la impunidad porque los paramilitares confesaron, no porque haya habido una voluntad expresa de aclarar esos casos. Lo otro es que hay pocos autores determinadores en la cárcel, sólo cogen los autores materiales; y una tercera es que se creó un cuerpo de jueces en la Fiscalía, que ha avanzado en algunos casos, como la condena a los militares que asesinaron a 3 sindicalistas en Arauca. Como dato curioso y altamente revelador, el juez que aclaró ese caso y condenó a los culpables, fue despedido de la rama judicial.

Y hay otra situación perversa: cambiaron la calificación del móvil, que ya no lo establece un juez sino la confesión del asesino. Lo que éste diga es lo que el juez asume. El asesino dice que mató a un sindicalista para robarle, o porque fue contratado por un marido celoso. No dice que lo mató por ser sindicalista, porque en ese caso la pena es agravada. Después cambiaron la versión: los abogados aconsejan que digan que el sindicalista era un guerrillero y que por eso lo mataron, o sea por móvil político. Entonces empezó a crecer la columna de los guerrilleros, que está en el 46% de los móviles. También por ser paracos, que es el segundo móvil. De modo que los casos en los que el móvil expreso es ser sindicalista, ya son pocos. Es una desfiguración de la estadística con artimaña.

Julio Roberto Gómez E. (Secretario General CGT)

La violencia contra sindicalistas hay que equilibrarla con la matanza de sindicatos, porque matan a unos como a otros. En Telecom no mataron a nadie, pero mataron un sindicato de 10 mil afiliados; en la Caja Agraria tampoco, pero asesinaron un sindicato de 14 mil afiliados.

Persiste una violencia antisindical que sigue siendo una amenaza para el país. Las amenazas continúan desde las diferentes extremas.

En el tema de los homicidios, entre el año 2000 y 2001 mataron 194 sindicalistas. Y al año siguiente 97. Eso ya nos arrojaba una cifra de casi la mitad. Durante este gobierno hubo meses de 39 homicidios de sindicalistas. Por eso alguien dijo que eso es progreso. Pero es tan grave un crimen como mil, aunque no hay la menor duda de que 97 es mejor que 194.

Decir que a los sindicalistas no los están matando por ser sindicalistas, es una ligereza del Gobierno. No puede decir eso. En sindicalista asesinado, cualquiera que sea el móvil, es un sindicalista. Por eso nosotros hemos insistido en que la fiscalía no nos hable de casos emblemáticos, sino que si mataron a Pedro Pérez, se debe perseguir en caliente a los autores y tratar de resolver el crimen rápido, como se hace cuando los actores son personajes de la vida nacional. Yo estoy de acuerdo con el establecimiento de una especie de comisión de la verdad, porque necesitábamos saber qué pasó. Y en eso no se ha avanzado.

Por la presión del movimiento sindical, internacionalmente, a instancias del acuerdo tripartito, se fortalecieron unidades especiales de la Fiscalía. Eso se mantiene y hay un mayor número de procesos en marcha. Es una buena medida, pero hay que fortalecerla, y que en perspectiva de futuro vayamos al fondo del asunto: crear una política que permita ir al fondo.

Pedro Santana R. (Director ONG Viva la Ciudadanía)

Es claro que hubo y hay una guerra sucia y una violencia dirigida contra sindicalistas. La impunidad es una forma de catapultar la violencia, porque si asesinar un sindicalista no tiene ningún costo social, ni político, ni de justicia, pues se estimula el asesinato de más sindicalistas. Si la justicia funcionara, si asesinar un sindicalista obligara a una investigación penal independiente, rápida y eficaz, la violencia disminuiría, con tendencia a cero.

En cuanto a las investigaciones que adelanta la unidad especial de la Fiscalía en el tema de los homicidios de sindicalistas, yo digo que tomar 132 casos emblemáticos es importante, es incluso simbólico, pero no suficiente.

Hay una nueva norma que eleva las penas para los actos de violencias contra sindicalistas, pero eso no significa mayor cosa en un país donde la impunidad en los casos de asesinatos de los sindicalistas está por encima del 95%.

Decir que a un sindicalista lo mataron por una venganza personal, o por un lío pasional, etc., es parte de la guerra sucia, es una argumentación para el consumo interno. Con eso logran distraer a periodistas despistados, pero en el ámbito de los centros de investigación y la comunidad internacional, esa argumentación no tiene eco. Como tampoco lo tiene en los organismos que son los que han presionado, y concretamente el Congreso de Estados Unidos, donde hay una mayoría demócrata, con mucho respaldo del sindicalismo gringo. El lobby de los sindicatos colombianos en estas instancias, contribuyó a genera un mínimo de comprensión sobre la realidad que viven los sindicalistas en Colombia.

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