Resumen de enero y febrero de 2017

18 informes en total publicó la AIL durante los meses de enero y febrero del presente año. Para este resumen reseñamos los 5 informes más relevantes:

1- Estados Unidos cuestiona a gobierno colombiano por flojos avances en compromisos laborales del TLC.

2- AB InBev (Bavaria) hace “barrida” de empleados de planta administrativa.

3- Con movilización nacional, sindicalismo estatal presentó pliegos de solicitudes laborales.

4- Sindicalismo distrital de Bogotá recoge firmas para revocar mandato del alcalde Enrique Peñalosa.

5- Tanía González, eurodiputada del partido Podemos, se reunió en Medellín con Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico.

 

Publicado 26 de enero

E.U cuestiona a gobierno colombiano por flojos avances en compromisos laborales del TLC

 La Oficina de Asuntos Comerciales y Laborales (OTLA) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, respondió a la queja que en mayo de 2016 presentaron varias organizaciones sindicales de Colombia en asocio con la AFL-CIO de E.U, por los incumplimientos y violaciones del capítulo laboral del TLC suscrito entre ambos países, mejor conocidos como el Plan de Acción Obama-Santos.

La respuesta no deja bien parado al gobierno colombiano, al que, si bien le reconoce algunos avances, como la reactivación del Ministerio de Trabajo y el aumento del número de inspectores laborales, subraya el incumplimiento de otros compromisos firmados por ambos países en el marco del TLC.

En su queja ante el Departamento de Trabajo de EU, las organizaciones sindicales colombianas (CUT, USO y Sintrainagro) sostienen que el Gobierno de Colombia no logró aplicar efectivamente las leyes respecto a los derechos de libertad de asociación y la negociación colectiva; no logró generar cambios reales en favor de los trabajadores, ni erradicar la violencia antisindical.

En efecto, el número de inspectores pasó de 564 a 819 en los últimos 3 años, y sin embargo la su eficacia se redujo, pues el número de investigaciones cayó de cerca de 6.000 en 2013, a apenas 3.099 en 2016. Y en cuanto a las multas que imponen, en muchos casos las echan para atrás, o no se hace efectivo su cobro. El número de cobros en los 3 años bajó de 1.694 a 1.304.

Le preocupa también a la OTLA que el Ministerio del Trabajo de Colombia no tome suficientes medidas para combatir la subcontratación abusiva, que socava los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva. Para la contratación se siguen utilizando las cooperativas de trabajo asociado y han aumentado los contratos sindicales y de sociedades por acciones simplificadas (SAS). Y también está al orden del día el uso ilícito de los pactos colectivos que reemplazan las convenciones colectivas, lo que afecta la integridad de los sindicatos.

El informe señala que en los primeros 4 años de vigencia del TLC fueron asesinados 99 sindicalistas, y la Fiscalía muestra pocos avances en la sanción de los responsables. Desde el 2009 no ha tramitado una sola condena, y desde el 2014 se han denunciado más de 200 casos de persecución y violencia contra sindicalistas, incluidos homicidios, sin que se conozca el resultado de las investigaciones.

Y sobre la aplicación del artículo 200 del Código Penal, que impone multas y penas de prisión para los empleadores que socavan los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva, la OTLA considera que hay una considerable demora en el procesamiento de los casos al amparo de este artículo. No halló una sola condena por la aplicación del mismo.

La OTLA anunció que seguirá observando la cuestión laboral en Colombia y los progresos de su Gobierno, y al final hace algunas recomendaciones, entre ellas realizar una reunión entre ambos gobiernos para tratar sobre las preguntas e inquietudes identificadas en el examen, y determinar los pasos a seguir.

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Publicado 20 de febrero

AB InBev (Bavaria) está haciendo “barrida” de empleados de planta administrativa

Foto: Archivo Bavaria

El sindicato Sinaltraimbec denunció la cascada de despidos disfrazados de “arreglos voluntarios” que viene implementando en Colombia la multinacional belga-brasilera AN InBev, empresa que desde octubre del año pasado es propietaria de más del 90% del parque industrial cervecero del país, tras su fusión con la británica SAB-Miller (antes Bavaria).

“Presupuesto cero”, es el nombre que AB InBev le ha dado a la estrategia que busca rebajar costos de producción en sus diferentes plantas cerveceras, la cual prevé la salida de 700 empleados y trabajadores, de los más de 4 mil en todas las plantas del país.

Carlos Ortiz, presidente de Sinaltrainbec, dijo que los acuerdos de retiro no son voluntarios, son obligatorios, ya que la otra opción es el despido sin justa causa con la indemnización que establece la ley, cuyo monto es menor.

De esa manera la empresa ya ha salido de unas 150 personas de la planta administrativa, entre ellas ejecutivos de rango alto: directores de planta, gerentes de recursos humanos y de ventas, etc.

Además, el acuerdo de retiro incluye una cláusula por la cual el trabajador se compromete a dejar en un fondo el 50% del dinero de la indemnización, como garantía de que durante ese tiempo no se empleará en otras empresas cerveceras. En caso de hacerlo perderá ese dinero. “Es un procedimiento arbitrario, una violación al derecho al trabajo”, aseveró Ortiz.

El temor del sindicato es que estos acuerdos de retiro lleguen al nivel operativo, donde está la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Y en ese caso para el sindicato será difícil detenerlos. No tendrán más alternativa que aceptarlos, so pena de ser despedidos con una indemnización mucho menor.  “No podemos aconsejar a los trabajadores que no los acepten, sería irresponsable”, señaló el presidente de Sinaltrainbec.

Ante este panorama el sindicato se está preparando un pliego petitorio que presentará el 1º de julio, que será primero que presente a los nuevos patronos y tendrá cláusulas de estabilidad laboral, indemnizaciones más altas en caso de despido, y no a los recortes salariales y a la sobrecarga laboral, ya que el trabajdor que salga la empresa no lo reemplazará.

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Publicado 28 febrero

Con movilización nacional, sindicalismo estatal presentó pliegos de solicitudes laborales

Cerca de 1´200.000 empleados de las entidades públicas del país están pendientes de la negociación colectiva que los sindicatos estatales iniciarán en próximos días, luego de que este 28 de febrero presentaran el pliego marco nacional y cerca de 300 pliegos más entidades del orden nacional y regional; presentación que fue acompañada de una movilización en las principales capitales del país, impulsadas por las 3 centrales sindicales y las 5 federaciones estatales: Fenaltrase, Fecode, Utradec, Unete y Fecotraservipúblicos.

El principal punto de los pliegos es la ampliación de las plantas de personal para reducir la tercerización, la temporalidad y los contratos “basura”, algo en que los sindicatos llevan años insistiendo amparados en varias sentencias de la Corte Constitucional. “En el Estado hay un millón de personas que cumplen funciones misionales con contratos precarios”, señaló Francisco Maltés, de la CUT.

En cuanto a aumento salarial, solicitan 5 puntos por encima del Índice del Costo al Consumidor, teniendo en cuenta que en este 2017 la reciente Reforma Tributaria aprobada por el Congreso impactará la inflación entre 2 y 3 puntos adicionales.

La exigencia de una prestación del servicio de salud con buena financiación, es otra de los ejes de las negociaciones; como también plantean una reforma estructural de la carrera administrativa para generar más movilidad, porque ocurre que hay empleados con 10 o 20 años “congelados” en el nivel técnico, así acrediten títulos universitarios o posgrados.

Por otra parte, las federaciones sindicales pondrán una queja contra el gobierno colombiano ante OIT, por incumplimiento de puntos de los acuerdos negociados en 2013 y 2015. “Nos preocupa entrar a una nueva negociación sin resolver esos puntos”, añadió Jorge Peña, de Fecotraservipublicos.

Otro punto específico del pliego es el tema de la corrupción que carcome como un cáncer a las entidades del Estado. La idea es suscribir un acuerdo contra la corrupción estatal, algo en lo que será clave el aporte de los sindicatos de la Contraloría, la Procuraduría y de más organismos de control.

Finalmente, respaldan los diálogos de paz del Gobierno con el ELN, llaman a la implementación de los acuerdos con las Farc, y a que se establezca una política de protección de la vida de los dirigentes sindicales y sociales, toda vez que en lo que va de este año 70 de ellos han sido asesinados.

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Publicado 27 de enero

Sindicalismo distrital de Bogotá recoge firmas para revocar mandato del alcalde Enrique Peñalosa

272 mil firmas válidas son necesarias para convocar a un plebiscito revocatorio del mandato del Alcalde Enrique Peñalosa, una cantidad que el comité “Unidos Revocamos a Peñalosa” espera recolectar con creces antes de mayo.

De este Comité hacen parte 62 organizaciones sociales, políticas y sindicales, y un grupo importante de ciudadanos, asociaciones comunales, ambientalistas, estudiantes, animalistas, vendedores ambulantes, entre otros, que consideran que las políticas del Peñalosa están afectando negativamente amplios sectores. Entre los sindicatos comprometidas con la campaña revocatoria están Sindistritales, Sintrateléfonos, Sintraelecol, la ADE, Sunet, los sindicatos de la salud, entre otros.

“Consideramos importante que los sindicalistas juguemos un rol en la denuncia de la política del alcalde Peñalosa y en las acciones para revocar su mandato”, dijo Francisco Maltés, ejecutivo de la CUT Nacional y activista del Comité “Unidos Revocamos a Peñalosa”.

La Constitución Política colombiana prevé los distintos mecanismos de revocatoria del mandato de un gobernante, tarea difícil si se tiene en cuenta que en los 25 años que lleva la norma ha habido 166 intentos fallidos, ni uno solo exitoso.

Una vez revisadas y avaladas las firmas recogidas, se convocará a la votación de un referendo revocatorio, que deberá superar el umbral del 40% del total de votos válidos emitidos en las elecciones que ganó Peñalosa. Solo se podrá votar SÍ o NO, y la opción que obtenga al menos el 50%, más un voto, gana el referendo.

Es de anotar que Peñalosa tiene hoy la peor imagen entre los alcaldes de las principales ciudades del país, con el 75% de desfavorabilidad. Los bogotanos le están cobrando el hecho de que durante su campaña a la Alcaldía no dijo toda la verdad sobre sus propósitos. Nunca dijo que iba a intervenir la reserva ecológica Van Der Hammen, ni que pensaba privatizar la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ni habló sobre cambios en la construcción el metro, y los cambió.

“También se comprometió a no despedir empleados del Distrito, y despidió más de 20 mil. El problema de la salud lo maneja mal, dijo que no iba a cerrar centros de atención, y ha cerrados 10, y la tercerización laboral en hospitales llega al 80%. Y súmele las mentiras que dijo sobre sus títulos académicos”, señaló Maltés.

Otro importante sector que Peñalosa tiene en contra son los estudiantes universitarios y sectores de la economía informal, que se han visto desalojados del espacio público.

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Publicada 27 de febrero

Eurodiputada de Podemos se reunió con Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico

Tania González Peñas, vicepresidenta del Grupo Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo, en representación de Podemos de España, estuvo en Medellín y se reunió con las directivas de Utrasd, sindicato que representa y defiende uno de los sectores más discriminados y explotados en Colombia: las trabajadoras domésticas.

González Peñas llegó a Medellín como parte de la XIII Delegación Asturias España, integrada por eurodiputados, sindicalistas, concejales y periodistas, con la misión de verificar el estado de los derechos humanos de líderes sociales y sindicales en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana.

En su encuentro con María Roa (presidenta de Utrasd) y las demás directivas del sindicato de trabajadoras domésticas, la eurodiputada se enteró de la exitosa lucha que éstas han adelantado en defensa de sus derechos laborales, como la obtención del salario mínimo legal, la afiliación obligatoria a la seguridad social, el pago de la prima de servicios, entre otras conquistas.

“Es un placer conocer a María Roa y las demás dirigentas del sindicato. Son grandes luchadoras, un ejemplo para el movimiento de empleadas domésticas del mundo. Y también son muy valientes, porque no es fácil lo que hacen. Es un colectivo que trabaja en condiciones de mucha precariedad, de pobreza, de explotación. El papel de los poderes públicos debe ser apoyarlas en su empeño por mejorar sus condiciones de vida”, dijo la eurodiputada González Peña.

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