30 años de exterminio y resistencia de las y los educadores de ADIDA

Este informe compendia un análisis descriptivo de la investigación sobre memoria histórica de la violencia antisindical (homicidios, desapariciones, atentados y demás acciones contra la vida, la libertad e integridad) ejercida sobre los educadores afiliados a la Asociación de Educadores de Antioquia, ADIDA, durante los 30 años comprendidos entre 1978 y 2008. Fue realizada a lo largo del presente año conjuntamente por la Escuela Nacional Sindical y ADIDA.

La investigación registra 1.890 casos de violaciones contra la vida, la libertad e integridad de los educadores antioqueños, cifra que incluye 372 casos de asesinatos y desapariciones, concentrados principalmente en el Área Metropolitana de Medellín, Oriente de Antioquia y Urabá, regiones en las que el conflicto ha revestido unas dinámicas particulares.

Metodológicamente la investigación se dividió en 5 periodos, que pretenden explicar y caracterizar en detalle la realidad de la violencia contra el magisterio antioqueño sindicalizado; y pone el lente en aspectos puntuales que enmarcan y agravan dicha violencia, como lo son las estrategias de desprestigio y estigmatización orquestadas contra el movimiento sindical de los educadores y el alto grado de impunidad que históricamente ha marcado la situación de violencia en esta región del país.

5 periodos de la violencia contra el magisterio

Un primer período data de finales de la década del 70 hasta 1985, y que los investigadores denominan Prefiguración de la violencia antisindical contra educadores. Son estos años de un proceso significativo de movilización y unidad del movimiento sindical. El magisterio en Antioquia, y a nivel nacional, se caracterizó por ser uno de los sectores más activos y eficaces en la expresión huelguística. Un suceso importante fue el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977, que contó con una alta participación obrera y ciudadana y alcanzó gran relevancia nacional. A principios de los años 80 surgieron grupos armados ilegales de connotación privada que se encargaron de ajusticiar a diferentes sectores de la población, con el argumento de que su lucha era antisubversiva y contra transgresiones como el secuestro. Sin embargo, un gran número de sus víctimas fueron políticos de izquierda o alternativos, sindicalistas, campesinos y defensores de derechos humanos.

De 1985 a 1991 es una época de intensa violencia política caracterizada por el silencio, la omisión, los magnicidios y la impunidad de los crímenes. La denominaron como período de Crímenes de impacto y la configuración de la violencia sistemática. Aparecieron, de manera manifiesta, los asesinatos políticos a nivel local y departamental. En 1985 murieron dos activistas de ADIDA en Urabá, en medio de una movilización liderada por dos profesores miembros del sindicato. En 1987 fue asesinado el presidente de la Asociación, Luis Felipe Vélez, crimen de gran impacto para el magisterio. Es importante enunciar que la apertura política y el nacimiento de nuevos movimientos y partidos políticos, fueron la causa de que diferentes actores reaccionarios dirigieran su violencia hacia líderes que le apostaban a cambios pacíficos desde la institucionalidad.

La década del noventa, período 1992-1997, se caracterizó por una amplia presencia de grupos paramilitares y narcotraficantes, que extendieron su estructura armada y se consolidaron en gran parte de las subregiones de Antioquia, depurando en éstas toda la fuerza política que fuera antagónica a sus proyectos. Este periodo golpeó fuertemente a ADIDA, y en él se registró el mayor número de asesinatos de educadores: 99 en total. Además, se escaló el conflicto entre guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado; con un agravante adicional: se crearon grupos privados de seguridad llamados Convivir, a los que legalmente se les otorgó permiso para utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Entre 1995 y 1997 el sindicalismo nacional fue víctima del mayor número de homicidios registrados: 677. A este tercer periodo se le nombra como Acuerdos para matar y el silencio forzado.

El cuarto periodo (1998-2002) abarca una ola de violencia caracterizada por la expansión del proyecto paramilitar desde Antioquia hacia otros departamentos, y por las negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. En estos años, con respecto al periodo anterior, hubo una reducción en el número de violaciones contra sindicalistas a nivel de Antioquia y de ADIDA. Sin embargo, no significaron un cambio en las intencionalidades contra el magisterio y otros sindicatos. Este periodo se denomina La violencia antisindical expansiva e instituyente.

Por último, está el periodo 2003-2008, que concuerda con los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática. Se presentó una reducción significativa de homicidios contra miembros de ADIDA respecto al periodo anterior, que puede leerse, sin desestimar otras variables, como producto del desmonte de gran parte de la estructura armada de los grupos paramilitares, y por la consolidación de los objetivos de la violencia contra los sindicalistas. Cabe decir que las violaciones contra el movimiento sindical tomaron giros estratégicos, en los que las amenazas y los hostigamientos aumentaron de manera significativa, doblando las cifras del periodo que le antecedió. Periodo éste al que los investigadores denominan como De giros estratégicos y la muerte atrapada en el juego estadístico.

Desprestigio y estigmatización

Un elemento importante en la victimización de los docentes, lo constituyó el imaginario ampliamente extendido de asociar el liderazgo sindical comunitario con la subversión. Dicho imaginario se hizo común entre la población como fruto de campañas de desprestigio y estigmatización adelantadas principalmente por el Estado y por ciertos sectores económicos y políticos, con el fin de hacer de su opositor un enemigo que debía ser físicamente aniquilado. Esto le infringió un daño irreparable al ejercicio sindical en las diferentes subregiones del departamento, pues al ser estigmatizados de esta forma los docentes sindicalizados se convirtieron en blancos directos de los ataques de grupos paramilitares. Cundió entonces el miedo, tanto que fueron pocos los educadores que se arriesgaron a hacer su trabajo sindical.

Otro elemento constante en la investigación, fue la presencia del rumor como estrategia y forma explicativa de los asesinatos. Al estar en la total impunidad y desconocerse los responsables de los crímenes, aparece el rumor como una manera de tergiversar la identidad de las victimas y desprestigiar su memoria, y en muchas ocasiones de legitimar sus asesinatos. Además se constituyó como estrategia de los victimarios para justificar la muerte de aquellos que incomodaban sus intereses.

De acuerdo con sus objetivos estratégicos, en la perspectiva de imponer su control en determinadas zonas, y luego en todo el país, muchos de los crímenes efectuados por los actores armados en contra de docentes tuvieron el propósito de atemorizar a los individuos y grupos humanos considerados hostiles o peligrosos para el logro de sus fines; castigo que frecuentemente se hizo extensivo a los familiares de las víctimas. En otras palabras, la violencia contra los docentes sindicalizados en el departamento constituyó, claramente, una práctica persecutoria y una violencia disciplinante.

Una violencia ejemplarizante y disciplinante

En Antioquia se evidenció claramente el ejercicio de una violencia ejemplarizante, que recayó sobre una víctima específica que representaba algún tipo de liderazgo para la comunidad. Dicha violencia apareció inscrita como fundación de los límites de acción que deberían tener los individuos de una comunidad, frente a lo que se podía o no hacer, del “lugar” que a cada uno “le correspondía” en un orden social impuesto, que buscaba sofocar cualquier manifestación de oposición por medio del aniquilamiento físico de los líderes sociales de cada subregión. De esta forma se logró tanto su silenciamiento, como el del resto de la población.

Sumado a esto, las formas de eliminación física que incluyeron torturas, descuartizamiento y desapariciones, entre otras, hicieron parte de esta estrategia de violencia disciplinante, cuyo mensaje de miedo y zozobra, coartó, acalló y limitó cualquier otra iniciativa futura de liderazgo.

Los docentes fueron algunas de las víctimas de este tipo de manifestaciones de violencia, principalmente por su rol de liderazgo dentro de las comunidades. El liderazgo de los profesores se hizo notable durante los tiempos más feroces del conflicto armado en Antioquia. Muchos educadores se convirtieron en ejemplos de fortaleza moral. Con esa misma fuerza trabajaron muchos otros por la educación y el tejido social de sus comunidades, a costa, incluso, de su propia vida.

Un docente de la subdirectiva de ADIDA en el municipio de San Carlos, oriente antioqueño, así lo expresó: “lo de nosotros es un trabajo social, es un trabajo de formación, es lo único con lo que combatimos la guerra. Nosotros no tenemos armas, empuñamos los libros y el conocimiento… Entonces, es donde entra uno como maestro a pensar, hay que replantear la misión de nosotros. Más que academia en sí, pura, es fortalecer valores y crear esos espacios de tejido social hasta donde más se pueda”.

Las fuerzas paramilitares pusieron en marcha procesos de “pacificación” en las distintas subregiones del departamento, a través de acciones tendientes a ejercer un dominio total sobre las distintas esferas de la población. Así lo expresa el docente de la subdirectiva de San Carlos: “Nosotros teníamos que bajar a rendirle cuentas. Los maestros, el grupo, éramos obligados a ir; los empleados del hospital, los empleados de la alcaldía, y delante de la policía, de todo el mundo, teníamos que ir a rendir informes allá. Que ellos nos escucharan lo que ellos quisieran, el tiempo que quisieran, las veces que quisieran. Fue cuando pusieron a mucha gente de San Carlos a pagarles las vacunas. La gente recibía el sueldo y tenía que ir a entregarles las vacunas”.

A diferencia de lo que sucede en la generalidad del sindicalismo, donde aproximadamente de 4 trabajadores o trabajadoras víctimas de la violencia uno era dirigente sindical, entre las y los docentes la dirigencia sindical adquiere una resignificación, en tanto sus miembros asumen liderazgos importantes más allá de la junta directiva. Los y las afiliadas a ADIDA tienen como particularidad que su representación está extendida en todo el territorio, hacen presencia en los 125 municipios de Antioquia y en casi la totalidad de corregimientos y veredas de dichos municipios. Esto supone un tipo de dirigencia y liderazgo extendidos más allá de las estructuras formales del sindicalismo, y obligan al docente a asumir, como parte integrante de una estructura, el liderazgo de procesos sindicales, políticos, sociales y comunitarios propios de la actividad sindical.

Impunidad rampante

Llama la atención el alto nivel de desconocimiento de los autores de los crímenes contra los y las docentes, lo cual se evidencia en los testimonios de víctimas que de manera generalizada manifiestan la ausencia de procesos judiciales encaminados a la superación de la impunidad.

Entre los homicidios de los cuáles se tiene algún indicio sobre la autoría del crimen, encontramos, en primer lugar, a los grupos de autodefensas o paramilitares, con 25 homicidios. Luego tenemos a los grupos guerrilleros y la delincuencia común como presuntos autores de 8 homicidios; y a los organismos estatales, en tercer lugar, como presuntos responsables de uno de los casos.

Se encontró que, de acuerdo con los informes entregados por la Fiscalía a las organizaciones defensoras de derechos humanos, entre 2004 y 2009 existen procesos judiciales para 96 casos de violaciones a la vida, libertad e integridad de afiliados y afiliadas a ADIDA, ocurridas entre el 18 de febrero de 1989 y el 12 de marzo de 2008. De los 334 homicidios cometidos contra afiliados y afiliadas a ADIDA entre 1978 y 2008, se encuentran 84 procesos judiciales; es decir, no se está investigando el 74,9% de los asesinatos.

Frente a otro tipo de violaciones encontramos algún proceso en los casos de 4 amenazas, 4 secuestros, 3 desplazamientos forzados y una desaparición forzada. Esto frente a un panorama de 1.556 violaciones a la vida, la libertad e integridad diferentes al homicidio, que el banco de datos de la ENS registra contra miembros de ADIDA para el periodo 1978-2008.

Esta situación se torna más grave aún si tenemos en cuenta el número de sentencias emitidas frente a crímenes contra docentes de ADIDA. De éstas, se conoce de la existencia de 13 sentencias, sobre 9 víctimas miembros de la organización. 8 de ellas víctimas de homicidio y una de secuestro. Además de estas sentencias existen dos casos en los que se ha proferido resolución inhibitoria. Lo anterior indica un porcentaje de impunidad del 96,1%, en los casos de asesinatos contra el magisterio en ADIDA.

NOTA: Para obtener mayor información sobre este informe se pueden comunicar con el correo electrónico: dirinvestigacion@ens.org.co

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