1º Foro Nacional Financiero por la Paz

1º Foro Nacional Financiero por la Paz

Sector financiero es corresponsable del conflicto, en esa medida debe contribuir a una paz sostenible, dice la UNEB

–La paz no ocurre, la paz se construye con reformas incluyentes y democráticas–
–El sistema financiero debe implementar líneas de crédito para la paz–

Con resultado satisfactorio se cumplió el jueves y viernes pasado el llamado “Primer Foro Financiero por la Paz”, evento convocado la Unión Sindical de Empelados Bancarios (UNEB), en asocio con la CUT, Fenasibancol y UNI Sindicato Global, al cual asistieron más de 500 personas, que se congregaron para escuchar los planteamientos de importantes personalidades de la banca privada y el sector solidario, de la academia, el sindicalismo y el Gobierno Nacional, representado por el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y la Ministra de Trabajo, Clara López.

Un primer objetivo de este Foro es promover entre los trabajadores y accionistas del sector financiero un ambiente favorable hacia el proceso de paz, su refrendación y la fase del post-acuerdo; como también buscar constituir una mesa permanente de discusión con los banqueros, a fin de construir una política financiera que oriente el ahorro público de manera “virtuosa” hacia el logro de una paz integral y duradera, con inversión productiva, trabajo decente y bienestar colectivo y familiar.

El Foro se abrió con la ponencia de la UNEB, leída por su presidenta Sofía Espinosa, que incluyó un análisis de coyuntura y una serie de propuestas para construir una política pública financiera democrática e incluyente, fundamentada en principios de justicia, igualdad y solidaridad. Ponencia de la cual, por considerarla de interés, reproducimos en este informe algunos apartes:

La “financiarización” escaló los conflictos sociales


Los agentes armados no son los únicos responsables de la guerra y sus consecuencias. Entre los causantes de ésta también se incluyen, entre otros, los grupos económicos locales y transnacionales, en particular los expoliadores de los recursos minero energéticos, los latifundistas agropecuarios y los propietarios del capital financiero, que para la UNEB han sido corresponsables del conflicto colombiano.

Sofía Espinosa. Pta. UNEB.
Sofía Espinosa. Pta. UNEB.

Un conflicto que, de acuerdo con el registro oficial de la Unidad para las Víctimas, entre 1985-2015 sumó 8 millones de víctimas, que podrían llegar a 9 millones en 2021. El costo de su reparación se estima en $50 billones (16.667 millones de dólares).
Sofía Espinosa. Pta. UNEB.

El proceso de “financiarización” iniciado en la década de 1970, potenciado por el modelo neoliberal en los años 80 y consolidado durante la última década del siglo XX, ha contribuido a encumbrar la violencia, a debilitar la tasa de inversión productiva y promover instituciones económicas extractivas, a aumentar la inflación, el desempleo, la precarización del mercado de trabajo y la flexibilidad laboral.

El término “financiarización” indica que la lógica financiera se sobrepone a la lógica productiva en el proceso económico. El ascenso del capital financiero como poder económico y político es paralelo a la pérdida de soberanía de los Estados nacionales. Cuando el capital financiero entra a dominar la lógica del proceso de acumulación de capital, tiene la tendencia a crear burbujas de carácter especulativo con sus tres lógicas perversas: cambiaria, financiera y balanza de pagos. La crisis que provoca estas burbujas contribuye a escalar los conflictos sociales.

Es lo que sucedió en Colombia con la crisis de la deuda externa de comienzos de la década de los 80 y las crisis de finales de los 90 y en el 2008. El costo que implica la salida de estas crisis financieras lo pagan los trabajadores y la ciudadanía en general, bien a través de la precarización del empleo, la caída en los salarios reales, las regresivas reformas tributarias, los ajustes fiscales o el desvío de los impuestos para solventar al sistema financiero.

El impacto de la “financiarización” desencadenó al finalizar el siglo XX la peor crisis económica y social de la historia contemporánea de Colombia, que amenazó la solvencia de la gran mayoría de los establecimientos de crédito. En 1999 la dinámica económica fue negativa, de -4,3%, y la peor parte de esa crisis la sintieron los deudores del sistema UPAC. El alza desmesurada de las tasas de interés y la caída en los precios reales de las viviendas hicieron impagables las obligaciones de los deudores. Se estima que 3 millones de hogares colombianos perdieron o vieron amenazada la tenencia de su vivienda. El costo total de la crisis para el Gobierno y la sociedad significó $12,3 billones.

En tiempos más recientes, al año 2015, el número de ciudadanos a los que el sistema financiero les ha declarado muerte crediticia suma cerca de 5 millones. Todos los colombianos están reportados en las centrales de riesgo que administran información financiera, crediticia, comercial y de servicios. Hoy en el país existen varias, las más conocidas son Data Crédito y la Central de Información Financiera. Esta última cuenta con la información de 21’453.357 de personas, de éstas el 22,6% están reportadas de manera negativa.

La “financiarización” ha conducido también a que los ingresos del trabajo progresen menos que las utilidades del capital; ha obstaculizado la reducción de la pobreza y la exclusión, despojado de sus viviendas a las clases populares y medias, animado la corrupción, la especulación, la cultura mafiosa y el lavado de activos, exacerbando los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales, y, de manera continua, desequilibrado las finanzas públicas y a la vez restando recursos a las políticas públicas de carácter social.

Así que es inocultable la corresponsabilidad del sistema financiero en el conflicto colombiano. Por lo que no puede ser ajeno a las preocupaciones y los retos orientados a lograr que las víctimas de éste conozcan la verdad de lo sucedido, reciban una respuesta o reparación integral, y la garantía de no repetición.

En cuanto a las relaciones sociales de producción, la “financiarización” ha extremado el conflicto capital-trabajo. Actualmente el sector financiero colombiano concentra el 22,3% de la riqueza producida socialmente, y ocupa sólo el 1,4% del total de trabajadores del país (316.000 empleados). Los excedentes económicos apropiados por el sistema financiero suman $15 billones al año; en contraste, el fondo salarial del sector es de sólo $2,4 billones, o sea el 16,3% respecto a las utilidades del capital financiero.

Por otra parte, los síntomas de una nueva crisis económica y financiera ensombrecen el panorama actual. Según la Contraloría General, en 2015 la deuda pública colombiana superó el 56% del PIB, debido a la desaceleración de la economía mundial, la caída en los precios de las materias primas, sobre todo del petróleo, y el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. En este año la deuda del sector público en general se incrementó 19,9%, ascendió a $453,2 billones.

 

La paz no ocurre, se construye


La UNEB ha agitado las banderas en pro de subordinar lo financiero a lo productivo, para que el Estado cumpla su función reguladora tanto de los flujos especulativos internacionales de capital, como del sistema financiero en su conjunto, con el fin de conducir a una utilización eficiente del ahorro en la inversión productiva, a promover los sectores estratégicos que necesita el país.

Los tiempos que transcurren son de esperanza. La ciudadanía colombiana democrática, las organizaciones de los trabajadores y los movimientos sociales, vienen promoviendo los principios de equidad y de justicia social como base de la nueva Colombia en paz.

Si bien el proceso de negociación del Gobierno con las FARC en La Habana es distinto del que se puede dar con el ELN, el acuerdo de paz es uno sólo, y deberá ser refrendado por los colombianos. Es necesario que el voto afirmativo supere ampliamente los umbrales establecidos, sólo así tendrán legitimidad los acuerdos y será posible una paz estable y duradera. No es suficiente la legalización por mayoría simple.

Pero la paz no ocurre, la paz se construye. El fin del conflicto armado no es equivalente a la paz; el proceso de construcción de la paz está unido a la transformación estructural y sostenible de los territorios del país, con reformas incluyentes, democráticas y respetuosas de los derechos humanos. Esta dinámica, posiblemente conduzca a la sociedad colombiana a convocar una nueva Asamblea Constituyente, que dará la oportunidad de debatir, diseñar y aprobar democráticamente una nueva política financiera funcional a una paz estable y duradera.

El proceso a seguir debe orientarse desde abajo, legitimado en asambleas populares constituyentes que definan con autonomía, inclusión y democracia el modelo de desarrollo que la ciudadanía quiera y considere necesario para consolidarse como “territorios de paz”.

Se van a necesitar grandes recursos económicos y humanos, pero también está el reto de generar capacidad de financiamiento y gestión de procesos productivos en los territorios afectados por el conflicto. Por tal razón la UNEB promueve cambios en el sistema financiero acorde con el nuevo país que se avizora y, en particular, fortalecer la economía solidaria y la implementación de líneas de crédito para la paz.

Sumando el monto necesario para la reparación de las víctimas (US$ 16.667 millones) y el dinero requerido para implementar los acuerdos para la paz (US$44.000 millones) Colombia necesita US$60.667 millones; suma que los dueños del capital financiero pueden ayudar a gestionar, costear y subsidiar. Es un imperativo moral y un acto de reparación por su responsabilidad en el conflicto del último medio siglo.

La Paz es un buen negocio para todos: Gobierno, empresarios, sector financiero, economía solidaria, insurgencias, pobladores de los “territorios de paz” y ciudadanía colombiana en general. El desafío principal será acortar al máximo el tiempo entre la firma de la paz y la aplicación de las medidas pactadas, un proceso que necesitará una fuerte inyección de capital. Para ello se buscará que la cooperación financiera internacional llegue a los $9 billones (US$3.000 millones) en un plazo no mayor a 5 años. Esa ayuda será canalizada a través del “Fondo Colombia en Paz”, en cabeza del ministro del post-conflicto, Rafael Pardo.

Actualmente el Fondo cuenta con 5 fuentes: el Plan Paz Colombia financiado por USAID; el Fondo fiduciario “Para el Postconflicto”, de Naciones Unidas; el Fondo Fiduciario para la Paz, de la Unión Europea; el Fondo Multidonantes “Para la paz y el postconflicto” del Banco Mundial; y el Fondo fiduciario “Colombia sostenible”, del BID. Entre las distintas fuentes que van a apoyar el proceso, los recursos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo operan bajo la figura de créditos reembolsables.

El sector cooperativo y solidario debe ser una de las estrategias fundamentales para apoyar, orientar y consolidar el tránsito de las insurgencias a la vida legal. Es integrando la acción política, económica, social, cultural y ambiental en los “territorios de paz”, bajo formas empresariales de la economía cooperativa y solidaria, articuladas en redes y cadenas de financiamiento, producción, distribución, intercambio y consumo, que las insurgencias y los pobladores territoriales podrán dar soluciones productivas y sostenibles a las necesidades vitales que surgirán en la implementación de los acuerdos firmados por el Gobierno y la insurgencia.

Un reciente estudio elaborado por el Departamento Nacional de Planeación señala que los países que han estado en conflicto y han adelantado procesos de paz, tienden a registrar una aceleración anual en su tasa de crecimiento entre 1,1% y 1,9%. Esto porque el beneficio económico más importante de un proceso de paz es la confianza, y de la mano de ésta viene la inversión privada. Una mayor inversión conduce a tasas de crecimiento económico más elevadas, y por consiguiente a una mayor demanda de empleo, a un mayor nivel de consumo de los hogares y mayor bienestar social. De darse un impacto de dicha magnitud, el incremento del PIB podría alcanzar hasta un 6% anual al adicionar los dividendos que la paz trae consigo. Por efectos sinérgicos, un sistema de financiamiento “virtuoso” potenciará y hará sostenible e inclusivo el buen “negocio” de la paz.

 

El aporte de los trabajadores bancarios


Los enemigos de la paz, las amenazas y los riesgos generan incertidumbres crecientes sobre el éxito del proceso. Entre el Gobierno y las FARC quedan todavía puntos cruciales y de contradicción por negociar debido al enfoque, acento y contenidos que les dan cada una de las partes.

La UNEB le sigue apostando a la solución política negociada del conflicto interno para lograr una Colombia libre de guerra. Para que a partir del silenciamiento de los fusiles se abra paso a un proceso en el que se pueda seguir allanando el camino de una paz estable y duradera, con derechos humanos garantizados, equidad social, justicia y democracia, en un marco de desarrollo sostenible.

Este propósito requiere un proceso de unidad, organización, conciencia y lucha por parte de los trabajadores del sector financiero. Éstos pueden aportar y hacer parte de una robusta campaña de pedagogía por la paz, que logre crear un ambiente favorable para la refrendación popular de los acuerdos y su materialización en la fase del post-acuerdo.

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