Comisión sindical canadiense de visita en Colombia advierte sobre riesgos de los TLC

Se realiza en Cali la Cumbre del Acuerdo del Pacífico que busca profundizar los TLC ya firmados e insertar a la región en el contexto del libre comercio liderado por Estados Unidos; una alianza que, según el presidente Juan Manuel Santos, es el nuevo motor económico y de desarrollo de América Latina y del Caribe y le da a la región mayor peso a nivel mundial, pero en la que algunos críticos ven la búsqueda de constitución de un bloque que, más allá incluso de lo económico, compita con Mercosur y el ALBA.

Con el telón de fondo de esta cumbre, a la que asiste en calidad de observador el Primer Ministro de Canadá, la Agencia de Información Laboral conversó con Pierre-Yves Serinet, coordinador de la Red Quebequense frente a la integración continental (RQIC), organización que agrupa a todas las centrales sindicales, sindicatos independientes, federación de mujeres y movimientos ecologistas en la provincia de Quebec, Canada, con representación de un millón y medio de afiliados sobre una población de 8 millones.

Se recuerda que hace dos años los gobiernos de Colombia y Canadá firmaron un tratado de libre comercio.

¿En qué consiste y para qué se creó la asociación intersindical que ustedes representan en la provincia de Quebec, y cuál es la misión que los trae a Colombia?

La RQIC es una coalición multisectorial: sector salud, educación, empleados públicos de entidades del gobierno, empresas multinacionales. Nuestro trabajo está centrado en los tratados de libre comercio y los impactos que este modelo económico tiene en los distintos sectores sociales, incluyendo la perspectiva sindical y la igualdad de género. Estamos en Colombia de observadores, conociendo experiencias y estableciendo nexos con organizaciones sindicales, gracias a un convenio entre el Centro internacional de solidaridad obrera (CISO) en Montreal y la ENS.

Recordamos que ustedes en su momento ejercieron fuerte oposición al TLC que Canadá firmó con Colombia hace dos años.

El primer Ministro Stephen Harper, del Partido Conservador en Canadá, que hoy está precisamente en Cali como observador en la cumbre de los países de la Alianza del Pacífico, fue el impulsor de ese tratado. Durante algún tiempo una coalición del movimiento social nos opusimos y logramos bloquearlo. Llevamos años luchando contra ese modelo económico que protege a la inversión extranjera y claramente favorece a las multinacionales, les abre las fronteras, flexibiliza las condiciones de trabajo. Les da incluso herramientas para demandar a los Estados en casos en los que éstos hacen valer políticas públicas de salud, de preservación del medio ambiente, etc., políticas que son legítimas. Su impacto en Canadá ha sido nefasto, y en Colombia pudimos recoger testimonios que no ha mejorado la libertad sindical, sigue habiendo hostigamiento.

¿Tienen ustedes un balance del TLC Colombia- Canadá después de dos años de firmado?

El  informe que el Gobierno presentó sobre el primer año del TLC fue insignificante, un documento de cinco hojas de pura retórica sobre la filosofía de libre comercio, la prosperidad y esas cosas, pero nada sustancial. Recuerdo que la ENS presentó un informe destacando que había muchos problemas en el tema laboral y sindical. Ahora estamos esperando el segundo informe, al que se comprometieron los gobiernos de Colombia y Canadá para evaluar el impacto del tratado. Debió entregarse el 15 de mayo, pero esta semana que estuvimos en la embajada de Canadá en Bogotá se nos informó que aún no está listo.

Y a propósito del encuentro de la Alianza del Pacífico que se realiza en Cali, donde está como veedor el Primer Ministro de Canadá, ¿qué lectura hacen ustedes de esta Alianza?

Es una copia de los TLC. Hace parte de una estrategia más amplia, transpacífica, en la que participa Estados Unidos. Nos preocupa que el gobierno canadiense venga aquí a apoyar un modelo económico que para la mayoría no funciona porque no es en pro de los derechos de la población. La Alianza del Pacífico retoma la receta del libre comercio, de protección y favorecimiento de las inversiones y las actividades de las trasnacionales, a las que se les dan derechos excesivos. Es un modelo exportador, la riqueza que genera no se queda en el país para beneficio de la población sino que se va. Las multinacionales actúan casi sin rendir cuentas sobre cómo explotan los recursos de un país, qué tratamiento dan a los trabajadores, que daño ambiental causan. Además restringe la autonomía de gobernabilidad, la capacidad de los estados para implementar políticas públicas. Los TLCS proporcionan a las multinacionales herramientas para demandar a los estados, mientras que éstos carecen de ellas. Tampoco los trabajadores tenemos herramientas para denunciar y hacer sancionar a una multinacional que restringe la actividad sindical y viola los derechos laborales o ambientales.

¿Hay casos concretos de esos en Canadá, en que las multinacionales se ponen por encima de políticas públicas?

Muchos casos. Desde que Canadá firmó el TLC con Estados Unidos y México, en 1994, ha habido más de 35 demandas contra el estado canadiense, y se han perdido muchas. La última que se perdió fue por 130 millones de dólares, porque el gobierno provincial de Terranova suspendió los permisos sobre el agua y los bosques a la empresa Abitibi-Bowater de explotación forestal estadounidense, después de que ésta haya cerrado su planta en la provincia. La empresa invocó cláusulas del TLC y ganó la demanda. Y ahora mismo en la provincia de Quebec, que es grande, un cuarto del país, gobernada desde el año pasado por un partido más socialdemócrata, progresista, nos amenazan de una demanda parecida, por la compañía estadounidense Lone Pine Resources, que pretende adelantar una explotación de esquisto a lo largo del río San Lorenzo, lo que implica un proceso de fracturación hidráulica del suelo para liberar los gases, y este río es el principal de la provincia, donde vive casi toda la población. La resistencia social y ciudadana llevó al gobierno provincial a declarar una moratoria por cinco años mientras se hace el estudio de impacto ambiental del proyecto, y eso condujo a la Lone Pine a avisar de su intención en demandar al gobierno canadiense por 250 millones de dólares, amparado en el Tratado de libre comercio de América del Norte, que da derecho a las empresas a demandar a los gobiernos, por poner en riesgo sus inversiones. Está también el caso de la compañía de medicamentos Eli Lilly a la que se le suspendió una patente porque el medicamento no se corresponde con las normas de salud pública. La demanda en este caso es por 100 millones de dólares. Las claúsulas de los TLC provocan un efecto de “escalofrío” en los gobiernos, que empiezan a temer de implementar políticas públicas porque los puede hacer sujetos de demandas por las empresas.

 ¿Y ante qué tribunal demandan las empresas?

Los TLC crean un tribunal supranacional, que es muy parcial. Lo compoen un panel de expertos nombrados por los estados en competencia, en este caso Canadá y Estados Unidos y la empresa demandante. No rinden cuentas a nadie, escucha el caso casi en secreto con sus abogados.

¿O sea que una demanda de ésas podría presentarse en Colombia en el marco de los TLC que ha firmado?

Sí, claro. Con el TLC la inversión de Canadá en Colombia ha aumentado mucho, sobre todo en el sector extractivo de minerales e hidrocarburos, aunque no en condiciones satisfactorias para los trabajadores, como se ve en el caso de Puerto Gaitán, donde la Pacific Rubiales hace lo que le da la gana, hasta impide la visita del sindicato de la USO para verificar las condiciones mínimas de trabajo. Dentro del marco del TLC podría presentarse una demanda en el caso del páramo de Santurbán, por ejemplo. O del municipio de Marmato, donde los títulos para la explotación del oro lo tiene una compañía canadiense. Si se da el caso hipotético de que el municipio como tal, o la comunidad, se oponen al proyecto de explotación a cielo abierto en Marmato, porque implica un gran daño ambiental y el traslado dl pueblo a otro lado, y eso lleva al gobierno nacional a implementar una política que prohíba la explotación a cielo abierto, la empresa canadiense, en virtud del TLC, puede demandar al gobierno colombiano por tantos millones de dólares, porque le impide su actividad y no protege sus inversiones. Claro que eso es poco probable porque lo que vimos esta semana que visitamos a Marmato es el gobierno, antes que proteger a la población, criminaliza la minería artesanal que la gente lleva siglos practicando.

 

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