Por Jaime Martínez Reina. Economista e investigador independiente
La repetición de fórmulas en las actuales candidaturas presidenciales para abordar los temas del trabajo y su precarización, pierden de vista que en la disminución de las inequidades y el respeto de los derechos del trabajo (remuneraciones dignas, goce de servicios básicos, aportes compartidos a la estructura de protección social, entre otros) se localizan las bases reales para la disminución de la pobreza y para la sostenibilidad de una democracia. Olvidan que las condiciones de vida de la población están estrechamente unidas a los ingresos y al trabajo de las personas.
Repetición, porque en los debates electorales del reciente cuarto de siglo, y en las políticas públicas de los gobiernos elegidos en ese periodo, los temas han sido: estímulos y garantías a las grandes inversiones, con el argumento de que generan empleo espontánea y automáticamente (pero sin compromisos vinculantes para cumplir ese slogan), programas subsidiados para los trabajadores del campo, formalización laboral y profundización de reformas pensionales, entre otros.
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Los contenidos de las propuestas de los candidatos presidenciales son una extensión de las del reciente pasado. Plantean la continuación de programas asistencialistas para poblaciones pobres (vejez desamparada, infancia pobre, el embarazo prematuro, entre otros), que precisamente son producto de la exclusión ocupacional y un mercado de trabajo cada vez más segregado.
En temas laborales y de protección social, más que debate ha habido un intercambio de opiniones entre los candidatos a la presidencia, que se han venido estandarizando en torno a expresiones comunes: se formalizaría el empleo, se fortalecerán programas de ayuda a poblaciones pobres. Todos hablan de pilares para ajustar el sistema de pensiones, ninguno acabaría con Colpensiones, ni aumentaría la edad de pensión. Cuando cada candidato intenta detallar su propuesta, se evidencia la contradicción frente a lo afirmado, choca con otros puntos de su propuesta electoral.
German Vargas Lleras
Es el candidato con la carpeta más nutrida de propuestas. Para cada sector expone un documento y establece conexión entre ellos. Destaca que el eje estratégico y conector de todo su Plan Programático es la política Económica y Tributaria.
El tema central de “generación de empleo” se articula, al igual que en todos los candidatos, en torno al crecimiento económico del 5% anual. Y para lograr ese crecimiento económico lo esencial es la inversión privada, la formalidad, el emprendimiento y la confianza. Para ello es inaplazable una reforme tributaria que estimule la inversión privada con menores y más estables niveles y estructura de impuestos. Tales beneficios tributarios son específicos para las empresas y para las rentas y activos de sus dueños, que son los que deciden si se establecen o no en el país.
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Al igual que la reforma laboral de inicios de este siglo, que no generó los publicitados volúmenes de empleo, y en cambio sí disminuyó costos variables a los inversionistas, la propuesta tributaria de Vargas Lleras asegura la consolidación de la concentración del ingreso y la riqueza, que ya es exagerada en el país. No especifica en qué mecanismo o relacionamientos institucionales y de mercado se basaría la generación de empleo. Por deducción se asume que, al tener menores gravámenes a las utilidades la inversión se incrementa, y por mecanismo automático de uso de factores se aumenta la demanda laboral.
Lo dudoso de tal presunción es que, dentro del mismo esbozo de reforma tributaria, se incluye la desgravación de tecnologías recientes, como medida para asegurar la competitividad de las empresas con el estímulo tributario de bajos impuestos a sus rentas. Es de esperar entonces que las empresas prefieran inclinarse por el uso de los factores más competitivos (los desgravados), y ello se traduzca en una baja generación de empleo por unidad de inversión. O sea, la regresividad del eje de la estrategia tributaria no logra tampoco el efecto generación de empleo.
¿Tampoco? No está muy desarrollado en los documentos, sino sugerido en diferentes declaraciones del candidato Vargas Lleras, que la disminución de las tasas tributaras a sectores de alto nivel de ingreso incide en caída de los ingresos fiscales. Para resolver un probable y transitorio déficit fiscal es necesario intensificar la gestión de la DIAN para controlar la evasión y la elusión tributaria, y también flexibilizar la regla fiscal. Pero ante todo, propone “cualificar” los gravámenes a otras rentas (por ejemplo las del trabajo[1]), las de la propiedades rentísticas (¿?), y sobre el consumo (facturación electrónica).
Otro aspecto sin desarrollo, pero enunciado por la propuesta económica de Vargas Lleras, es la disminución de costos laborales para reforzar el eje estratégico de fomento a la inversión. Es lógico suponer que la propuesta se focaliza en eliminar de tajo la parafiscalidad sobre la nómina; y que su financiación se traslade definitivamente a los trabajadores, reduciendo aún más los ingresos de éstos.
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En cuanto al propósito de diversificación productiva propuesto por este candidato, el desarrollo agropecuario es considerado esencial para el crecimiento económico. El actor insustituible para esta propuesta es el gran empresariado, todo debe girar en torno a la agroindustria, igual como lo propone el candidato Duque. Los pequeños y medianos propietarios, para modernizarse y volverse eficientes, deben asociarse con los grandes empresarios líderes del desarrollo agropecuario. La idea es convertirlos en proveedores de fuerza de trabajo (oferta laboral) a las empresas.
El documento referido al Desarrollo Agropecuario se basa en 7 pilares para el desarrollo agro empresarial de escala. El cuarto pilar es explícito en la adopción de una reforma laboral sectorial para “flexibilizar la contratación de trabajadores según el ciclo de producción agropecuario de las empresas rurales”. No cabe duda entonces que las estrategias señaladas para el sector agropecuario buscan, de una vez por todas, la consolidación agroempresarial, eliminando sistemas productivos campesinos (que trabajan en el margen de costos según los economistas convencionales).
A este respecto resulta irónico que el abuelo del candidato (Carlos Lleras Restrepo) considerara la necesidad de una Reforma Agraria para hacer del campo colombiano una estructura productiva de pequeños y medianos propietarios.
La disminución de costos laborales señalada arriba no se reduce a la eliminación de parafiscales. Ni la flexibilización laboral enunciada para el sector agropecuario, se limita a este sector. La propuesta implícita es que el reforzamiento de estos “ajustes” es indispensable para legitimar la formalización laboral. Y digo reforzamiento porque hoy ya rige para la mayoría de la ocupación del país.
Justo en materia de formalización, el candidato Vargas Lleras incurre en otras dos repeticiones. Una: fortalecer los emprendimientos (SENA) para insertar en la legalidad multiplicidad de actividades dispersas informales. Dos, agilizar los trámites para que los trabajadores de toda condición se vinculen a la seguridad social. O sea, para este candidato la baja cobertura efectiva de la seguridad social en el país radica en ineficiencias administrativas, y no en el hecho de que sus aportes hoy son sufragados totalmente por los ingresos del trabajador.
Al igual que todos los candidatos, Vargas Lleras propone una reforma al sistema pensional vigente. Se refiere a un sistema de pilares y no acabar a Colpensiones, aunque si habla de ajustar parámetros (edad de pensión, tasas de cotización, etc).
¿Dónde están sus contradicciones? En que al proponer que Colpensiones se limite a tener afiliados solo hasta un salario mínimo mensual, y a partir de este nivel de ingresos los aportes sean obligados al régimen de ahorro individual (gestionado por intermediarios financieros privados), el marchitamiento de Colpensiones es ipso facto. Y lo más grave: la carga financiera del creciente pasivo por el subsidio a la pensión mínima (que se dispara por la incapacidad del régimen de ahorro individual para lograr la pensión para la mayoría de los trabajadores) la asume el Estado, a costa de las erogaciones del presupuesto nacional.
¿Es irresponsable financiera y fiscalmente la propuesta? Claro que sí. Crecen los flujos y la rentabilidad financiera de los intermediarios financieros al frente de la gestión respectiva.
Sergio Fajardo
En consonancia con su perfil de candidato que no propicia confrontaciones, sus propuestas no parten de calificar ni reconocer conflictos en el país, salvo la corrupción. En su material programático no sugiere siquiera una caracterización de antagonismos entre actores o factores del desarrollo, que se traduzcan en situaciones desequilibradas con sesgos hacia uno u otro lado de esos factores.
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Eso lo hace un candidato sui generis. Tanto que sus planteamientos encajan en un documento muy breve , solo con elementos orientadores, sobre los cuales habría que esperar más desarrollos y que se materialicen elementos concretos de política pública: el cómo, los actores, parámetros más involucrados en cada caso, los beneficiados y los afectados, los impactos, la interrelación entre recursos considerados.
Si bien en sus enunciados el candidato reconoce al individuo como fin último de la política económica, no lo diferencia como un componente de un mundo del trabajo heterogéneo; un mundo en el que hay asalariados y trabajadores independientes con diferentes niveles educativos y diversidad de ingresos, en el que hay empresarios con posiciones dominantes y pequeños emprendedores. Ignorar esta heterogeneidad explica el tratamiento estandarizado de las propuestas para el trabajo informal y el formal, para los emprendimientos y las empresas consolidadas.
Hagamos una lectura de las propuestas de Sergio Fajardo sobre el mundo del trabajo:
Su gran apuesta es promover el desarrollo económico a partir de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Es una visión del presente con mirada prospectiva de la sociedad del conocimiento, y alrededor de esta visión hace las propuestas del trabajo.
Y en ese marco propone crear 1´500.000 empleos, enfocándose en jóvenes y mujeres, los más excluidos del mercado laboral. Para ello creará la institucionalidad del Marco Nacional de Cualificaciones y fortalecerá el Servicio Público de Empleo. Mediante estas dos estrategias se logrará que las instituciones educativas brinden a la gente las destrezas y los conocimientos requeridos por las empresas, y que quienes buscan y ofrecen empleo se encuentren más fácilmente.
Propone además hacer del Sena una entidad versátil y eficiente, que identifique rápidamente las necesidades cambiantes del sector productivo y se adapte a las vocaciones de cada región. Pero en concreto, ¿cómo conseguirá esos objetivos? ¿Cómo va a generar trabajo? ¿En qué sectores? ¿Qué incentivos o apoyos específicos usará? ¿Con cuál tipo de empresas? ¿Cuáles mercados?
Fajardo se imagina un país de pequeños emprendedores urbanos y rurales eficientes, formales y productivos, que coexisten y se relacionan con empresas grandes y medianas. Estas últimas crecerían a partir de sus políticas de innovación, del fortalecimiento del Sena, de la promoción de exportaciones, de la admisibilidad de los productos colombianos en mercados externos, y de la transferencia de conocimiento y tecnología.
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Al margen de la viabilidad de estas consideraciones de desarrollo empresarial, llama la atención que el candidato no haga referencia a las circunstancias de las condiciones del factor trabajo, ni del empleo generado, ni del existente. Aún más, en algún pronunciamiento público se comprometió a “mantener el marco regulatorio” de los temas laborales. En la Coalición Colombia hay un acuerdo programático para apoyar el cumplimiento de las normas vigentes, y no hacer ninguna reforma laboral.
Al igual que otros candidatos, en Fajardo la formalización se constituye en una fórmula programática para mejorar las condiciones de trabajo de sectores poblacionales dispersos, y de paso incluirlos en la seguridad social. Su preocupación explicita en este aspecto es apoyar las economías dispersas para que se formalicen, por ejemplo, identificando los cuellos de botella en regulación que dificultan formalizarse, y también capacitándolas. Este tema ha sido infructuoso desde que en el Perú de los años 90 (Hernando de Soto) se impuso como política pública. De hecho, la formalización implica incurrir en escalas de costos y gastos que son razones por las que se robustece al margen de la institucionalidad. Y aunque la propuesta de Fajardo también menciona estimular la formalización con el apoyo de clúster económicos, no es claro a qué se refiere exactamente, ni cómo reduciría la informalidad.
Ignorar la problemática que afecta al mundo del trabajo, como base para hacer propuestas incluso de reformas al sistema pensional, puede ocasionar que estas propuestas sean, por lo menos, insuficientes. El candidato expone tres aspectos para orientar una reforma pensional de pilares:
- Eliminar la competencia entre el sector público y privado, y los subsidios de las pensiones más grandes.
- Todos los colombianos cotizarán en el fondo público (Colpensiones) por un ingreso básico y recibirán la pensión según ese nivel.
- Los fondos privados serán para pensiones por encima de este mínimo.
A tales enunciados orientadores les falta una propuesta de aportes compartidos por los factores involucrados en el mercado laboral, que no se resuelven con la propuesta de formalización.
[1] El Trabajador por Cuenta Propia es una categoría ocupacional con alta participación en el mercado de trabajo en Colombia, y atrae la atención de la institucionalidad tributaria, pues en su diversidad figuran remuneraciones muy heterogéneas.
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