—Informe sobre Encuentro de los Copaso en Medellín—
Recientemente se realizó en la sede de la ENS en Medellín el encuentro anual de Comités Paritarios de Salud Ocupacional (Copaso) de diferentes regiones y sectores productivos del país, evento que fue organizado por la CUT Nacional y su subdirectiva en Antioquia, el Intersindical de Salud y Trabajo de Antioquia (INSISTA) y la ENS. Participaron 60 Copaso y 43 sindicatos.
Esta vez el Encuentro se dio en el contexto del evidente fracaso de la Ley de seguridad social y el sistema de riesgos profesionales, del deterioro de las condiciones de trabajo decente, del desconocimiento generalizado de las implicaciones que el trabajo tiene sobre la salud en la población, y del poco interés que estos temas despiertan en la agenda de acción y lucha de los sindicatos.
Durante los dos días que duró el evento, los participantes discutieron estrategias de fortalecimiento y constitución de movimientos sociales en torno a la problemática de la seguridad social y la salud en el trabajo, y debatieron la propuesta de un nuevo modelo de salud, seguridad social y riesgos profesionales, ante el fracaso del modelo actual. Porque si bien la Constitución consagra la seguridad social como derecho irrenunciable, y establece algunas garantías, al mismo tiempo permiten su privatización. Resultado de ello es la Ley 100 de 1993, que pone la seguridad social en manos del sector privado y establece unos derechos que se han ido expidiendo a cuentagotas, generalmente con mecanismos que no permiten un acceso efectivo.
Para dar una mirada a lo que en país ocurre en esta materia, la Agencia de Información de la ENS habló con Witney Chávez Sánchez, Director del Departamento de Seguridad Social y Salud Ocupacional de la CUT, y con representantes sindicales de Copasos de sectores como el petrolero, el hidroeléctrico, la pequeña minería del carbón y la vigilancia privada.
Privatización y exclusión, las características del sistema
Para Witney Chávez Sánchez hay dos factores que mantienen en permanente crisis los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales: la privatización y la exclusión. La afiliación al régimen contributivo sólo se permite a quienes tengan vínculo laboral, pero como la mayoría de la población hace parte de la economía informal, no tiene amparo distinto al del Sisben. “El derecho a la seguridad social tiene que ser para todos, independiente del salario, la edad, el tipo de trabajo o el tiempo laborado. Y la seguridad en riesgos profesionales debe extenderse también al trabajador informal, precisamente porque es quien está en mayor riesgo”, señaló el directivo de la CUT.
En efecto, de los 19 millones de trabajadores del país sólo 6`800.000 (30%) están en el sistema de riesgos profesionales, que sólo ampara a trabajadores de grandes y medianas empresas. La pequeña y la miniempresa no cumplen esta obligación, bien sea porque la ignoran o recurren a contratistas y demás intermediaros laborales, quienes por lo regular la evaden amparados en la falta de vigilancia del Estado. “Se chutan la responsabilidad. El contratista dice que le compete a la empresa, y ésta dice que es responsabilidad del contratista”, señaló Witney Chávez.
Aparte de eso, las aseguradoras actúan como juez y parte: elaboran las normas, califican las enfermedades profesionales, captan y administran los recursos. Entonces su tendencia es siempre a negar el vínculo entre el accidente y la circunstancia laboral, o a no calificar la enfermedad como fruto de malas condiciones de trabajo, con el objeto de que el sistema de salud la asuma como enfermedad común. “Las aseguradoras aprovechan los vacíos y zonas grises de la ley, y ganan en la medida en que nieguen el vínculo entre el accidente, la enfermedad y el trabajo. Y aprovechan el desconocimiento que el trabajador tiene de sus derechos. En todo caso ponen en él la carga de la prueba”, puntualizó el dirigente de la CUT.
En cuanto a la accidentalidad laboral, dijo que hay estudios que demuestran que el riesgo de accidentalidad es menor en un trabajo con vínculo laboral. Los mayores índices se presentan en empresas contratistas o tercerizadas. ¿La razón? Éstas por lo regular no responden por las condiciones laborales de los trabajadores, quienes usualmente carecen de experiencia y capacitación, se les exigen jornadas más largas y no están amparados por un sistema de riesgos profesionales.
La minería, hoy en boga en Colombia, es considerado el sector con más alta accidentalidad y morbilidad laboral. “El Estado no tiene cómo vigilar y hacer cumplir las normas. Sólo se visitan las minas legalizadas, y resulta que la mayoría son informales. De 100 minas, visitan 50, y sólo una vez al año, cuando en la minería el estado ambiental y los índices de gases cambian permanentemente. Se hacen excavaciones sin soportes técnicos, sin canales de flujo de aire, sin que funcionen los medidores de gases. Es un abandono que conduce a la muerte”, dijo Witney Chávez.
El sector del transporte público el riesgo es la sobrecarga laboral de los conductores, la presión de los pasajeros, el estrés y el estar largo tiempo sentado en una misma posición. En el sector de la salud, paradójicamente, es alto el riesgo de contraer enfermedades, por los turnos prolongados, la inestabilidad laboral, el estrés, la manipulación de instrumentos, el contacto con pacientes enfermos, etc. En los portuarios los problemas de accidentes y enfermedad han aumentado en la misma medida en que el trabajo se ha precarizado por la tercerización.
Al preguntársele sobre qué tan capacitados están los sindicatos para manejar los riesgos profesionales y la salud en el trabajo, señaló que en los últimos años ha habido un despertar en este tema. Hoy se discuten los convenios 155 de la OIT sobre salud ocupacional y el convenio sobre minería, que el Estado colombiano aún no ratifica.
Witney Chávez destacó el acompañamiento que la CUT viene haciendo de iniciativas de movimientos sociales, como la Mesa de Seguimiento a la Sentencia 760 en salud, y la Mesa Intersectorial, que agrupa a organizaciones de la salud en todo el país. “Planteamos que hay que derogar la Ley 100 y construir un modelo que supere la privatización y la exclusión; un modelo que se refiera al derecho, no al negocio”.
Caso Ecopetrol en Barrancabermeja
Ignacio Vecino, Secretario de Seguridad Social y Medio Ambiente de la USO en Barrancabermeja, destacó que desde hace 20 años la convención colectiva de la USO con Ecopetrol contiene un capítulo entero sobre salud ocupacional, que también es aplicable a los trabajadores contratistas y subcontratistas, que en esta ciudad son unos 7 mil, o sea siete veces más que los trabajadores vinculados directamente a Ecopetrol.
El problema —agregó Vecino— es que las empresas contratistas, en los informes que deben entregar al sindicato sobre la gestión de los Copaso, esconden datos sobre accidentes e incidentes de trabajo, con el fin de que este ítem no les disminuya puntos en su calificación. “Si entre los mil trabajadores directos de Ecopetrol en Barranca se presentan al mes un promedio de 8 a 10 accidentes, entre los contratistas ese promedio debería estar por encima de 70, pero ese no es el reporte que recibimos”, señaló.
Denunció el caso de empresas contratistas que, en vez de enviar a los trabajadores accidentados o enfermos a la EPS, los envían donde médicos particulares, asumiendo ellas el tiempo de la incapacidad. Lo hacen para esconderle esas novedades a Ecopetrol, al sindicato y al Copaso, porque eso les desmejora el puntaje para concursar en futuros contratos. Los trabajadores aceptan estas “maniobras” por necesidad, porque si acuden a la EPS y se incapacitan, lo más probable es que los despiden. Y si la enfermedad se complica, les toca asumir el tratamiento médico de su bolsillo por no haberla reportado a la EPS.
Denunció también un accidente laboral ocurrido el pasado 20 de julio en la empresa Ecodiesel, subsidiaria de Ecopetrol, que produce biodiesel a partir de palma de aceite. Allí 11 trabajadores de dos empresas contratistas resultaron afectados por inhalación de gases tóxicos desconocidos, pero Ecopetrol aún no ha ordenado la investigación sobre el origen de esos gases. También recordó el caso de los 44 contratistas de la planta de hidrotratamiento, ubicada en interior de la refinería en Barranca, quienes en el 2008 resultaron afectados por inhalación de gases tóxicos, y cuyas familias hoy están olvidadas. En los últimos años, dijo, en esta planta han muerto por la misma causa 8 trabajadores, con el agravante de que el sindicato no tiene permiso para entrar a esta planta porque es una zona franca dentro de la refinería.
Otro riesgo para la salud de los trabajadores en Ecopetrol, es que todos los crudos que hoy procesa son pesados (ya no hay crudos livianos), los cuales tienen un alto contenido de azufre y de ellos emanan gases nocivos.
Un caso del sector eléctrico
Jaime Pinzón es directivo del sindicato de trabajadores del sector eléctrico (Sintraelecol-Bogotá), y miembro del Copaso en la Empresa Generadora de Energía (Emgesa), cuya propiedad la comparten la Empresa de Energía de Bogotá y el grupo Endesa, de España, pero que se rige por régimen privado. Aparte de Cundinamarca, también genera energía en Cartagena, Neiva (Betania), el Guavio y adelanta actualmente la construcción de la represa El Quimbo con trabajadores tercerizados en su totalidad.
Según el señor Pinzón, la empresa aplica bien las normas de seguridad industrial, y tiene una división de riesgos profesionales con un médico y varios ingenieros. Pero su gran queja tiene que ver con los efectos que en la salud de los trabajadores tiene la generación de energía con el agua contaminada del río Bogotá en la zona del Salto del Tequendama. Al respecto afirma: “Allí están expuestos 250 trabajadores. El olor es fétido, y hasta la vegetación sufre por los químicos que produce el agua contaminada. Los equipos fallan constantemente por la contaminación. Aprovechan el agua pero no le invierten un peso en saneamiento, argumentando que esa es tarea de la CAR. Varios compañeros han tenido efectos en la piel, hongos en las uñas, afecciones respiratorias”.
En la planta Termozipa, en Tocancipá, que genera energía térmica a partir del carbón, también hay dificultades. “A veces los compañeros tienen que destapar calderas o elementos que se obstruyen, lo que desprende bastante hollín, que por más que tengan elementos de protección terminan afectados. También tienen problemas auditivos por el ruido. Allí están en riesgo 70 trabajadores directos y 100 contratistas”, señaló Pinzón. Un problema parecido tienen los trabajadores de la planta de Cartagena, afectados con enfermedades respiratorias debido al fuerte olor del full oil, combustible que allí se emplea para generar energía.
Finalmente, rechazó la intención de la empresa de hacer las reuniones de los Copaso mediante videoconferencias o por teléfono celular, con el ánimo de ahorrar el costo del transporte de los delegados. El sindicato insiste en que deben ser reuniones presenciales.
Pequeña minería del carbón en Amagá
Amagá se recuerda —y se recordará durante mucho tiempo— por el terrible accidente ocurrido hace un año en la mina San Fernando, donde murieron 73 trabajadores; mina ésta que desde hace 4 meses tiene permiso para reanudar producción, ya que, según Ingeominas, cumplió las exigencias de seguridad industrial (ventilación, medidores de gases, autorrescatadores, etc.). En próximos días reiniciará labores.
Alejandrino Betancur, dirigente de Sintramineros, e integrante del Copaso local de Amagá, informó que en lo que va del año en la zona del Sinifaná se registraron 167 accidentes en minas informales, con saldo de 11 muertos por causa de desprendimiento de rocas e inhalación de gas. Un caso distinto fue el de Gabriel Restrepo, muerto por una explosión de pólvora negra, la cual está prohibida en el trabajo minero. Sin embargo, el Copaso que coordina la alcaldesa de Amagá este año no ha funcionando, por, según dijo, la inoperancia de la administración municipal.
En la cuenca del Sinifaná, principal región carbonífera de Antioquia, hay más de 300 minas informales, donde los trabajadores carecen de seguridad social e industrial, aseguró Betancur, quien al respecto señaló: “Una persona abre una mina sin título minero, e involucra a la familia y a los amigos. Entre 10 y 30 personas trabajan en una mina de éstas. Pero no son ilegales, porque esa actividad toda la vida la han hecho, son informales, que es distinto; y lo que el gobierno debe hacer es organizar esos pequeños mineros, ayudarles a tecnificarse y formalizarse, en vez de cerrarles sus minas, que son la mayor fuente de empleo en la región. Hay orden de cierre de 48 minas, ya han cerrado 18. Una de ellas fue Hulleras de Antioquia, porque no pagaba la seguridad social completa a los trabajadores”.
Otro problema —agregó— es que a los pequeños mineros las EPS no les están recibiendo los aportes a la seguridad Social. “Lo que están buscando con esta estrategia es obstruir por completo su actividad, y así crear las condiciones para que entre una empresa trasnacional a la cuenca del Sinifaná”, aseguró.
Las minas grandes, que son unas 7 en la zona, cada una con más de 200 trabajadores, también tienen problemas. Mencionó El Bloque, con dificultades de ventilación y excesivo calor; igual que la mina Nechí, que pertenece al grupo Argos. Pero por lo general estas minas grandes, que son las más propensas a los accidentes por estar mecanizadas y producir mayor impactos, están cumpliendo las disposiciones de Ingeominas, que desde el accidente del año pasado las viene “apretando” para que mejoren su seguridad interna, sobre todo en materia de ventilación.
Trabajadores de la seguridad privada
Luis Alfredo Camargo es el secretario del Sindicato Único de Vigilantes de Colombia (Sinuvicol Seccional Medellín), que agrupa escoltas, guías caninos, guardas de seguridad, porteros y demás trabajadores de la vigilancia privada. Pertenece al Copaso de Atempi, empresa donde labora.
Según él, los riesgos profesionales del vigilante son de tres clases: los derivados del orden público (la posibilidad de un atraco, un atentado, amenazas de delincuentes, enfrentamientos armados, etc.); los de orden psicosocial, debido al alto estrés al que están sometidos en razón de su oficio, las largas jornadas laborales, la soledad, etc.; y los riesgos propios de las empresas donde laboran. Por ejemplo, en una empresa que maneje o produzca químicos o sustancias tóxicas, los elementos de protección los tienen los trabajadores, no los vigilantes, que están igualmente expuestos.
Pero el mayor riesgo para un vigilante en una ciudad como Medellín, dice Camargo, no es en el puesto de trabajo sino en los barrios donde habitan y deben convivir con combos y bandas de delincuentes. Ocurre que por determinación del Gobierno, toda empresa de vigilancia privada y sus trabajadores deben ayudar a los cuerpos de seguridad del Estado, hacen parte de la red de cooperantes. Y eso los pone en la mira de los delincuentes, que a veces no separan la vida laboral de la vida privada del vigilante.
“Uno para llegar o salir de la casa necesariamente tiene que pasar por sectores que son dominados por las bandas. A veces a uno lo paran para interrogarlo o amenazarlo, porque creen que, por ser vigilante, es un sapo de la policía. Y eso no es así, porque una cosa es lo que hago en mi puesto de trabajo y otra en el barrio. A muchos los han matado por el solo hecho de ser vigilantes, y las empresa nunca responden, alegando que son cosas que pasan por fuera de la jornada laboral”, señala Luis Alfredo.
En cuanto a los riesgos sicosociales y al estrés, mencionó una estadística que resulta sorprendente: el 47% de la tasa de suicidios a nivel nacional lo aportan los vigilantes privados.