La ineficacia de la Comisión Nacional de Concertación y del salario mínimo

Por Carlos Julio Díaz Lotero. Analista ENS

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, principal escenario para fomentar el diálogo social en materia laboral y salarial del país, fue creada con el Artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, y reglamentada con la Ley 278 de 1996, que le establece nueve funciones, dentro de las cuales está la de “fijar de manera concertada el salario mínimo, el cual debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia”.

Carlos Julio Díaz

De las nueve funciones, solo atiende una, la relacionada con la fijación del salario mínimo, para lo cual regularmente se reúne en diciembre de cada año. Pero su ineficacia es tal, que desde 1998 a hoy se han presentado siete acuerdos concertados con las centrales sindicales, de los cuales los dos últimos, el del 2014 y el del 2018, no los ha suscrito la Central Unitaria de Trabajadores. El diálogo social de este espacio es tan poco productivo, que de las nueve funciones solo desarrolla una, y ésta tiene un nivel de eficacia del 33%

Adicional a lo anterior, tenemos la ineficacia del incremento del salario mínimo, sea concertado o no, debido a la baja cobertura que este incremento tiene en los ocupados del país. De los 22´800.000 ocupados que hay a nivel nacional, según el DANE, solo el 10,7% gana el salario mínimo, lo que significa que para el 89,3% de los trabajadores colombianos este incremento no tiene ningún significado. Para el 47% que gana menos de un salario mínimo (unos 11 millones de ocupados que trabajan en condiciones de informalidad laboral como cuenta propia, o de ilegalidad si tienen subordinación laboral) los incrementos de sus ingresos, si se presentan, no tienen ninguna relación con los incrementos porcentuales del salario mínimo.

Además, el hecho de que los precios de muchos bienes y servicios que hacen parte de la canasta de consumo se encuentren indexados al incremento del salario mínimo, hace que este siga siendo nominal y no real. Algunos precios que se encuentran atados al incremento del salario mínimo son: servicios de salud como las cuotas moderadoras en las EPS, matriculas escolares y universitarias, pensiones en los colegios, los aportes a pensión de quienes ganan un salario mínimo, servicios de las grúas y los patios, el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat), los servicios notariales, el valor de los comparendos que imponen las autoridades de tránsito, entre otros.

Otros servicios y tarifas como los peajes, avalúos catastrales y los cánones de arrendamiento subirán en el porcentaje de inflación alcanzado durante todo el año, que fue 4.09%. Los servicios públicos domiciliarios y la gasolina, que tienen efecto multiplicador en los precios de otros bienes y servicios, generalmente suben por encima de la inflación causada.

Mientras no exista una política de control de precios, empezando por los que son regulados por el Estado, da lo mismo cualquier porcentaje de incremento del salario mínimo, sea el 20%, el 12%, el 10%o o el 5,9%, pues la indexación de precios atados al incremento del salario mínimo, a la inflación causada, y en algunos casos a varios puntos por encima de ésta, hace totalmente ineficaz el incremento del salario mínimo, y de los salarios en general, en el propósito de mejorar la capacidad de compra de los trabajadores.

El propósito de una política salarial es garantizar que los trabajadores puedan comprar con sus salarios los bienes y servicios que les garanticen el acceso a un mínimo vital. El salario mínimo desde hace muchos años solo puede comprar la mitad de la canasta básica de una familia de ingresos bajos. En esto no se ve progreso, como lo muestra también el hecho de que los salarios participan del 33% del ingreso nacional, sin ninguna tendencia a la mejoría sino más bien a empeorar.

En los países que hacen parte de la OCDE, el selecto club al que Colombia quiere ingresar, los salarios participan en promedio del 65% del ingreso nacional.

La baja cobertura de aplicación del incremento del salario mínimo nos indica, de igual manera, que los argumentos de los gremios empresariales y del gobierno sobre los impactos que dicho incremento tiene en el aumento del desempleo y la informalidad laboral, son absurdos, es pura ideología, nada de ciencia.

El debate sobre el salario mínimo no puede entonces reducirse a la discusión sobre un porcentaje. Tenemos que abordar con seriedad el tema de la alta informalidad, ilegalidad y precariedad laboral, para así aumentar la cobertura de los ocupados que se beneficien de los incrementos del salario mínimo. Y, por otra parte, establecer una política de control de precios para que los incrementos salariales no sean nominales sino reales, es decir, que mejoren la capacidad de compra de los trabajadores del país, la participación de éstos en el ingreso nacional, y se reduzca la pobreza y los altos niveles de desigualdad que golpea a nuestra nación.

El fortalecimiento del mercado interno es igualmente una necesidad para garantizar que las empresas puedan realizar su producción, sin depender de unos mercados externos cada vez más inciertos y volátiles. El crecimiento económico no puede seguir dependiendo del comportamiento del precio del petróleo en los mercados internacionales, en primer lugar, porque no tiene un efecto redistributivo, y en segundo lugar, porque aporta poco a la ocupación.

El modelo de desarrollo se debe revisar para atender las necesidades de la industria y las actividades agropecuarias, empezando con el crédito de fomento para estos sectores y orientar recursos públicos en nueva infraestructura y en ciencia y tecnología para aumentar la productividad, la rentabilidad de las empresas y la vez generar empleos estables y bien remunerados.

Sería bueno que nuestras elites estudiaran y aprendieran de la experiencia China, único país en el mundo donde los salarios de los trabajadores vienen creciendo en términos reales, y al 2020 espera haber superado la pobreza. El secreto es poner el sector financiero al servicio de la economía real, de la infraestructura y del desarrollo tecnológico para elevar la productividad y el bienestar de los trabajadores y de la población.

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