Un recorrido por los principales conflictos laborales en Bogotá y Cundinamarca

Recientemente la Agencia de Información de la ENS visitó la zona de Bogotá y Cundinamarca, indagando por la situación de los trabajadores de sindicatos que mantienen conflicto laboral con sus empresas.

Como fruto de este recorrido, presentamos breves reseñas de la situación laboral en 20 empresas, tanto del sector público como del privado. No están reseñados todos los conflictos sino los principales, porque dada la cultura antisindical que impera en Colombia, podemos decir que casi no hay ya sindicato que no esté en algún tipo de conflicto con su empresa. En este informe se reseñan los conflictos en las siguientes empresas y entidades:

Ministerio de la Protección Social; Multinacional brasilera Gerdau (Laminados Andinos, planta Tuta, planta Tocancipá); hotel Chinauta Resort (administrada por la Dirección Nacional de Estupefacientes); Red pública hospitalaria de Cundinamarca; Sector Bancario (bancos BBVA, Popular, HCBS, Banco de la República, Bancolombia); Administración Distrital de Bogotá; EPS Famisanar; Ave Colombiana (fabricante de artículos eléctricos); Proseguro (transportadora de valores, antes Thomas de la Rue); 4 empresas del sector textil: Tapisol, Vesta, Hilanderías Universal y Natesa; Domesa (empresa venezolana de mensajería).

Ministerio de la Protección Social

Predica, pero no aplica

El refrán: “En casa de herrero, azadón de palo”, retrata perfectamente lo que pasa en el Ministerio de la Protección Social, ente que con 1.800 trabajadores se encarga de regular y vigilar el cumplimiento de las leyes laborales y las relaciones de trabajo en el país, y que hoy, después de 20 meses de espera, se sigue negando a negociar el pliego de peticiones que los sindicatos presentaron en el marco del Decreto 535, que rige la negociación colectiva en las entidades del Estado.

Edgar Alberto Contreras, Secretario de Sinaltraempros (Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Protección Social) señaló que desde abril de 2009 este sindicato, mayoritario en el ente estatal, presentó pliego de peticiones. Pero los plazos para la negociación terminaron sin que el Ministerio decidiera nada, amparado en las carencias y ambigüedad del 535. Mientras el sindicato, por el contrario, sí se ha pronunciado para instar al Ministerio a iniciar la parte resolutiva y final de la negociación.

Sin embargo, según lo reconoció Contreras, con el nuevo Min-Protección Social, Mauricio Santamaría, la tónica es diferente. Con él ya han tenido reuniones de acercamiento los 4 sindicatos con asiento en la entidad, liderados por Sinaltraempros; esto a diferencia del anterior titular de esta cartera, Diego Palacio, quien nunca se sentó a hablar con los sindicatos. Los puntos a solucionar con el nuevo ministro son:

1- Nivelación salarial, porque con relación a otros ministerios las condiciones laborales en éste son de las más disparejas e injustas, tanto en diferencias salariales como en asignación de cargos. Hay unos 80 casos de empleados con carreras universitarias y especializaciones, y sin embargo siguen con nombramiento de auxiliares y técnicos. El mismo Contreras es una muestra palpable de esa situación: tiene una tecnología en administración, una carrera de Administración de Empresas con especialización en seguridad social y 4 diplomados, pero sigue en el mismo cargo que tiene hace 17 años: auxiliar administrativo, devengando apenas $1´000.000.

2- Acoso laboral. Según Contreras, hay inspectores maltratados y muchas quejas porque la carga de trabajo de los inspectores y demás funcionarios es mucha. En Bogotá hay apenas 22 inspectores (cada uno gana $1´400.000) para atender 300 quejas al día. Por eso la carga de estrés, e incluso de casos siquiátricos.

3- Nómina paralela. En el Ministerio laboran unas 350 personas con contrato de prestación de servicios, en tareas que perfectamente pueden hacer funcionarios de planta y con contratados de alta cuantía. “En la Dirección de Calidad del Ministerio —dice Contreras— hay más de 100 contratistas que ganan entre $12 y $20 millones, con contratos que año tras años se les prorroga. Además tienen a su servicio los mejores equipos, oficinas, secretarias y personal auxiliar. Y está el caso especial de la ex-viceministra Blanca Elvira Cajigas, que es hoy contratista del Ministerio y se gana $70 millones al mes”.

4- Muchos funcionarios en condición de provisionalidad y con su puesto amenazado, debido a que la sentencia 358 de la Corte Constitucional dejó en el limbo su situación laboral. Algunos de ellos llevan más de 15 años en el Ministerio.

5- La escisión del Ministerio, que según un proyecto del Gobierno que cursa en el Congreso, se dividirá en dos: Ministerio de Trabajo y de Salud. Las organizaciones sindicales temen que esta escisión le abra campo a un despido masivo de funcionarios, como ocurrió cuando se juntaron los dos ministerios en uno. Por ese motivo se perdieron 600 empleos. El plan para tal escisión lo adelanta una entidad externa al Ministerio, y a puerta cerrada, sin consultar con las organizaciones sindicales, que han solicitado tener por lo menos una comisión consultora.

Grupo Gerdau

En abierta política antisindical

En 2004 la multinacional brasilera Gerdau (el mayor productor de aceros largos de América) compró la mayoría de acciones de DIACO S.A., con lo que se hizo a la propiedad de las plantas de Tuta (Boyacá), Sibate (Cundinamarca), Sidelpa y Aceros Especiales en Cali. También adquirió acciones de Laminados Andinos, en Duitama, y de otras plantas en el resto del país. Su más reciente adquisición es la planta de Tocancipá (Cundinamarca). Ha logrado así una capacidad instalada de 460 mil toneladas de acero y 605 mil de laminados.

Pero en ese proceso de expansión la peor parte la han llevado los trabajadores, cuya representación sindical mayoritaria es Sintrametal, sindicato de industria. Por eso el común denominador en varias de las empresas del Grupo es el conflicto laboral, fruto de la política antisindical implantada por la multinacional cuando llegó al país. Tanto que, según Sintrametal, ha cerrado plantas con el propósito de acabar con el sindicato, como ocurrió con Sidelpa, en Cali, y con Laminados Andinos, en Duitama.

Laminados Andinos (Duitama):
En esta planta, al momento de ser adquirida por Gerdau, laboraban 340 trabajadores, que fueron presionados para firmar acuerdos de retiro voluntario con indemnización, pues claramente la política fue reducir la planta de personal. En 2008 se agudizó la presión sobre los trabajadores, quienes en muchos casos, obnubilados por la plata de la indemnización, conciliaron su retiro. Pero ya la empresa había dejado de pagar las primas de producción y la bonificación de fin de año, y había impuesto un Pacto Colectivo, amenazando con despedir a quien no lo aceptaran. Así logró salir de 70 trabajadores, para finalmente quedar con 66 en febrero de 2009. Como una salida desesperada, éstos deciden crear un sindicato, filial de Sintrametal, que presentó pliego petitorio para negociar sus condiciones de trabajo. Pero eso no logró detener los retiros con indemnización.
En octubre de 2009 la empresa presentó ante el Ministerio de la Protección Social solicitud de despido colectivo de los trabajadores que quedaban, al tiempo que ordenó apagar todas las máquinas, dejando a sus trabajadores sin tarea alguna. Además, les hizo saber que si no renunciaban no tendrían derecho a la indemnización. 23 trabajadores desoyeron las directivas del sindicato y presentaron renuncia.
Quedaron sólo 43 trabajadores resistiendo, pero sin oficio. Van a la empresa sólo a cumplir horario laboral, sin derecho siguiera a movilizarse por la planta, confinados como “presos” en un salón. Tampoco les han reajustado el salario desde enero de 2009, como una forma de presionarlos para que renuncien. Por tal razón han presentado 13 acciones de tutela, de las cuales 4 fallos resultaron a favor, pero fueron revocados en segunda instancia.
Hace dos meses los 43 “sobrevivientes”, quienes siguen en su lucha para que la planta se reabra, realizaron una marcha en Duitama para dar a conocer su problemática bajo el lema: “Sin trabajo no hay negocios, sin trabajo no hay quien compre”.

Planta Tuta (Boyacá)
Aquí es similar el acoso al sindicato y a los trabajadores, quienes en 2009 no tuvieron reajuste salarial. La diferencia es que la plana sigue abierta, pero sujeta a la política de enganchar trabajadores por contrato o cooperativas de trabajo asociado. Además la empresa prefiere vincular trabajadores de otras zonas del país, que no tengan familiares y amigos que los apoyen y sean así víctimas más fáciles de la explotación.
En febrero de este año firmaron la Convención Colectiva. Pero pocos días después de firmada la empresa “arregló” con 35 trabajadores su retiro con indemnización. Además les prometió volverlos a enganchar a la empresa como contratistas, promesa que no les cumplió. Estos 35 se suman a otros 20 trabajadores desvinculados entre 2008 y 2009.

Planta de Tocancipá:
Aquí los 280 trabajadores están cobijados por un Pacto Colectivo, y les ha sido imposible crear una seccional del sindicato Sintrametal, debido a las fuertes presiones de la empresa para que no lo hagan.

En las otras plantas del Grupo en Cundinamarca: Cota, con 85 trabajadores; y Muña, en Sibate, con 162 trabajadores, las relaciones laborales están reguladas por Pacto Colectivo.

Chinauta Resort

El sindicato no lo ha dejado “feriar”

Chinauta Resort es un hotel turístico de lujo ubicado en el municipio de Chinauta, cerca a Bogotá, actualmente bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes porque es un bien incautado al confeso narcotraficante Justo Pastor Perafán, preso en Estados Unidos.

El conflicto laboral en este hotel, con una planta de 60 empleados, se origina en que su Administración no quiere saber nada del sindicato, el cual fue creado hace 6 años, cuando Perafán fue detenido y el bien pasó a manos del Estado. Desde entonces existe una convención colectiva que ahora la Dirección de Estupefacientes quiere desconocer.

El sindicato presentó un pliego de peticiones que ya agotó su etapa de arreglo directo, sin que la Administración haya querido sentarse a negociarlo. Por el contrario, lo que ésta quiere es que los trabajadores acojan una propuesta de plan de retiro voluntario, bajo la amenaza de que el hotel se va a vender. Además de tiempo atrás se ha dedicado a tercerizar el personal por contrato, como una manera de debilitar al sindicato.

“En medio de la corrupción que se ha descubierto en la Dirección Nacional de Estupefacientes, al Chinauta Resort no lo han podido feriar, como sí lo han hecho con otras propiedades, porque el sindicato lo ha impedido. El sindicato ha defendido la propiedad del inmueble para proteger los derechos de los trabajadores”, sostiene Alfonso Ahumada, dirigente de la Subdirectiva CUT Cundinamarca.

Red pública hospitalaria de Cundinamarca

Entre liquidaciones y reestructuraciones languidece Anthoc

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social y la Salud en Colombia (Anthoc) es el sindicato más grande de la salud en el sector público, pero también uno de los más victimizadas (asesinatos, desplazamientos, judicializaciones) y más devastados por la persecución antisindical y por el desmantelamiento paulatino de la red pública hospitalaria. Las cifras son claras: hace diez años Anthoc tenía más de 35 mil afiliados en el país, hoy tienen 14.700.

En Bogotá y Cundinamarca los conflictos laborales que enfrenta Anthoc no son diferentes de los del resto del país, porque en todas partes la estrategia del gobierno es la misma: reestructurar los hospitales públicos, o liquidarlos y entregar su manejo a particulares con el argumento de que así mejora el servicio, cuando la realidad es la contraria: el servicio no mejora y sí en cambio aumenta el costo de atención al usuario. Esta estrategia ha tenido como efecto el despido de muchos trabajadores y el consiguiente debilitamiento de la organización sindical.

En la mayoría de los casos los despedidos son reemplazados por personal OPS o contratado por Cooperativas de Trabajo Asociado, como ocurrió en el Instituto Nacional de Cancerología, en Bogotá, recientemente reestructurado. De allí despidieron con indemnización unos 300 trabajadores, muchos de ellos sindicalizados. Los reemplazaron por asociados a cooperativas, quienes no tienen la suficiente experiencia y adiestramiento en un oficio especializado como lo es el manejo de personas con cáncer.

En cuanto a la situación en Cundinamarca, Francisco Carrillo, secretario de la Junta Directiva Nacional de Anthoc, y presidente de la Seccional Cundinamarca, informa que en la región ya han liquidado los hospitales de Girardot (de 2º y 3º nivel) y de Zipaquirá (2º nivel), con la táctica de despedir los trabajadores para al día siguiente abrir la entidad con nombre diferente. Y se han reestructurado los hospitales de los municipios de Arbeláez, Viotá, Cáqueza (salieron 70 trabajadores) y La Mesa (salieron cerca de 90). Muchos de los trabajadores que salieron no fueron indemnizados por no estar en carrera administrativa, así llevaran muchos años en el servicio. Algunos interpusieron demandas y las han ganado.

Además están en vías de reestructuración los hospitales de Guaduas, con 150 trabajadores, y el San Rafael de Fusagasugá, de 2ª nivel. Según Carrillo, “a este último no lo han podido reestructurar porque la comunidad y los trabajadores se han manifestado y lo han impedido. Además existe un estudio que demuestra que la restructuración no se justifica porque este hospital es viable”. Con la reestructuración saldrían 190 de los 224 trabajadores con que cuenta esta entidad.

Otro acción contra el sindicato es la persecución y acoso a sus dirigentes, advierte Carrillo. Los primeros despedidos son los sindicalistas, incluso mediante procesos de levantamiento del fuero en caso de los dirigentes. “Han ganado el levantamiento de algunos fueros, pero también el sindicato ha logrado reintegros. Por eso el sindicato está reventado económicamente, porque esos procesos jurídicos cuestan plata. Esa presión económica es otra forma de debilitar al sindicato”, puntualiza.

Como también es usual que la administración de los hospitales nieguen permisos sindicales, como una manera de afectar la actividad sindical. Y las amenazas de muerte siguen al orden del día, mediante panfletos o por vía telefónica, especialmente por parte de los llamados grupos armados emergentes, que son parte interesada en el conflicto por sus vínculos oscuros con el negocio de las cooperativas de trabajo asociado y las OPS en entidades públicas hospitalarias. Hoy toda la junta directiva nacional de Anthoc, y no pocos dirigentes de juntas departamentales, están amenazados, señaló Carrillo, aunque reconoce que la presión en Bogotá-Cundinamarca es menor que en otras regiones. A estos amenazados el Estado no los ha provisto de esquema de seguridad.

Sector Bancario

En riesgo las conquistas convencionales

Con 5.300 afiliados, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, es la mayor organización sindical del sector financiero, con afiliados en Banco Santander, BBVA, Banco de Colombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Citi Bank, HCBC, Seguros Cóndor, Pensiones Horizontes, entre otros.

Esta Agencia de Información contactó al secretario general de la UNEB, Ernesto Mora, y a Víctor Javier Canduri, directivo de la Seccional Bogotá, quienes hicieron un breve panorama de los principales conflictos laborales en el sector a nivel nacional, más notorios en Bogotá por ser la ciudad que concentra la mayor actividad bancaria.
El común denominador de estos conflictos es la política claramente antisindical de los bancos en cuestión, en especial las filiales de las multinacionales; política que se expresa en la intención de desmontar los beneficios de las convenciones colectivas y reducir los sindicatos a su mínima expresión, bien mediante el acoso sistemático o la imposición de pactos colectivos. Hay casos como el Citi Bank y el HCBS donde la situación para los sindicatos es asunto de simple sobrevivencia, pues en ambos bancos éstos apenas tienen 40 miembros.

BBVA:
Según Ernesto Mora, el Banco español Bilbao-Viscaya desde el 2005, cuando tomó el control del antiguo banco Gran Ahorrar, se ha caracterizado por su política abiertamente antisindical. Desde el principio impuso un pacto colectivo que, mediante halagos y promesas de ascenso y otros beneficios, ha sido firmado por más de la mitad de los empleados; pacto que en casi todas sus cláusulas iguala la convención colectiva vigente, con el fin de buscar la desafiliación de los trabajadores al sindicato. Esto combinado con la persecución a los trabajadores sindicalizados y el chantaje al trabajador nuevo que quiera afiliarse a la UNEB o a alguno de los otros 3 sindicatos del banco.
La subcontratación de personal por empresas temporales también está en el orden del día en el BVVA. Hubo un tiempo en que vinculó cajeros en condiciones de explotación sin antecedentes en el sector bancario: los contrataba apenas por 4 horas diarias y el pago de un poco más de medio salario mínimo. El sindicato interpuso una querella ante el Ministerio denunciando esta situación, lo que obligó al banco a limitar la subcontratación y mejorar las condiciones laborales.
Víctor Javier Canduri, de la seccional Bogotá de la UNEB, afirma que básicamente lo que pretende el BBVA es liquidar la convención colectiva, algo que se vio claramente en la última negociación en diciembre del año pasado, en la que su posición fue tan intransigente, que poco falto para que los trabajadores salieran a huelga.

Banco Popular:
De los bancos que integran el Grupo Aval, éste es el que tiene mayor conflicto laboral, al decir del directivo de la UNEB, Ernesto Mora, quien resumió la situación en los siguientes términos:
“La actual administración es perversa, y su intención parece ser liquidar la organización sindical. Está en la tónica de recortar los derechos laborales consagrados en la convención. Por ejemplo, las funciones de los cargos abolidos las reparte entre los otros trabajadores, lo que representa más carga laboral; y cuando alguien está en días de incapacidad o sale a vacaciones, le descuentan el auxilio de transporte y alimentación por esos días. Impone metas a los trabajadores, y si éstos no las cumplen los desmejoran. También desconoce la curva salarial, que el banco tiene que ajustar pero no hace, y eso afecta el bolsillo de los trabajadores. Además, por cualquier falta mínima llama a descargos y se ha dedicado a aplicar un código de ética que se inventó y que ha convertido en norma. A los trabajadores nos molesta porque es un código moralista, tiene aspectos que rompen la convención y la legislación laboral”.
Sin embargo, esta política del banco choca con la férrea resistencia del sindicato, filial de la UNEB, que aglutina a 2.100 trabajadores, de los 3.300 que en total tiene el banco. A principios de noviembre hicieron toma y parálisis por 3 horas de la oficina principal de Bogotá, para exigir el reintegro de un compañero despedido injustamente.

HCBS
Este banco, antes llamado Anglo Colombiano, de capital inglés, opera en Colombia con cerca de 700 empleados. No ha impuesto Pacto Colectivo pero, según denuncia de los dirigentes de la UNEB, desconoce olímpicamente varios puntos de la convención colectiva vigente. También persigue a los empelados sindicalizados. “Trabajador que se afilia al sindicato y no está aforado, automáticamente lo despiden, como les pasó recientemente a dos compañeros que llevaban dos meses en el sindicato”.
Como resultado de esta política antisindical, hoy el sindicato tiene muy pocos afiliados, apenas 40. En sus mejores tiempos, cuando era Sintranglo, tuvo 700 afiliados, situación que contrasta con lo que ocurre en la matriz del banco en Inglaterra, donde el sindicato tiene 15 mil afiliados.

Banco de la República
Anebre es el sindicato de base, mayoritario en este banco estatal, que desde hace 13 años no presenta pliego de peticiones y ha mantenido vigente la convención tal como está, dado que las condiciones de la administración del banco no han permitido una nueva negociación; entre otras cosas porque muchas de las labores en la entidad están tercerizadas. La convención cobija a 400 trabajadores en todo el país.

Bancolombia:
En esta entidad la UNEB, con 3 mil afiliados, es el sindicato mayoritario de los 3 que tiene el banco. En los últimos años Bancolombia no ha tenido conflictos laborales significativos. El 95% de los trabajadores tienen contrato a término indefinido, no hay temporalidad, y la convención colectiva cobija a todos los trabajadores, lo cual es una plausible particularidad en este banco, toda vez que sus 4 sindicatos no suman más de la mitad de la planta de personal. La convención incluso cobija a los de la desaparecida Conavi, donde no gozaban de los beneficios de una convención colectiva.
Pero, según directivos de la UNEB, hay que estar preparados porque en la próxima negociación de la convención colectiva (la última fue firmada en 2008) el banco puede pretender eliminar conquistas de los trabajadores, como ya lo ha insinuado.

Administración Distrital de Bogotá

Nóminas paralelas y desnivelación salarial

Las llamadas “Nóminas paralelas” eran en el pasado un instrumento para manejar pequeñas clientelas o suplir alguna necesidad puntual de la administración pública. Hoy se usan para lo mismo, pero también para eludir la ley que congela las nóminas y controla la contratación pública, con lo cual en la práctica el instrumento se institucionalizó en los entes estatales, como lo denunció la Contralora Sandra Morelli.

Y ese es para Carmen Elisa Quitián, dirigente de Sindistritales, el sindicato mayoritario en el Distrito Capital, un problema apremiante de la Administración de Bogotá, donde ya hay menos empleados de planta que contratistas por orden de prestación de servicios y cooperativas de trabajo asociado (CTA). Al inicio de su gobierno, el Alcalde Samuel Moreno prometió limitar la subcontratación, pero esto no ha sucedido. “Lo que pasó es que cambió de nombre: aumentaron los contratistas por órdenes de prestación de servicio, que viene siendo como lo mismo. Lo que nosotros planteamos es que se de cumplimiento a la Sentencia 614 de la Corte, que ordena eliminar las nóminas paralelas en el Estado”, dijo la señora Quitián.

En agosto de este año los sindicatos del Distrito lograron un acuerdo negociado con la Administración del Alcalde Moreno, que cobija a los 17 mil trabajadores de las 42 entidades del Distrito Capital, el cual, más allá de sus logros, dejó pendiente la solución del problema de la tercerización y otros como:

1- La nivelación salarial. Hay una gran brecha entre una dependencia y otra. Por ejemplo, la diferencia del salario de una secretaria de la Personería con otra de la Secretaría de Educación es de un millón de pesos. La brecha entre hombres y mujeres también es amplia: en el mismo cargo y en el mismo grado gana más un hombre que una mujer. Tal nivelación salarial debió hacerse desde hace dos años, como fue acordado, pero a la fecha sólo se tiene la promesa del alcalde Moreno, quien anunció un decreto en ese sentido y una partida de $10 mil millones para ejecutarla.

2- El tema de los provisionales que la sentencia de la Corte dejó en limbo el año pasado, es también un tema sensible en el Distrito Capital. Ha habido ya algunos despidos graneados, pero se teme que en los próximos meses, una vez conocidos los resultados del examen que se les realizó a los postulados a los cargos en provisionalidad. “Para un cargo hay hasta mil postulantes, y tememos que a eso se le meta política, ya que el 2011 es año electoral”, anotó la dirigente de Sindistritales.

3- Es ya frecuente que se nieguen los permisos sindicales. En la Secretaría de Educación, por ejemplo, éstos se tienen que pedir al rector del colegio donde presta servicio el dirigente sindical, cuando el permiso lo tiene que dar el jefe de la entidad, no el rector de un colegio.

4- En la Secretaría de Salud, donde Sindistritales tiene el mayor número de afiliados, a los trabajadores de algunas clínicas con problemas financieros les adeudan hasta 2 meses de salario, lo mismo que recargos nocturnos, compensatorios y dotación de ropa de trabajo.

Otro problema, este sí de orden sindical, es la gran dispersión de sindicatos: hay más de cien para una nómina de 22 mil empleados. Sindistritales es el mayoritario, con 3.200 afiliados, le sigue Sinalserpub, con otro número importante, pero de resto son sindicatos muy pequeños, de entre 30 y 50 afiliados. El origen de tal proliferación fue la Ley 617, con la que hace 9 años se buscó adelgazar la nómina estatal. Un recurso para evitar los despidos fue la clonación de sindicatos, para aforar el mayor número de trabajadores. Se suponía que serían sindicatos transitorios, pero se quedaron permanentes.

EPS Famisanar

Fuerte arremetida contra sus trabajadores

Hasta hace dos años Famisanar, una de las EPS más grandes del país (1´400.000 afiliados), constituida por Colsubsidio y Cafam, no tenía mayores motivos de reclamo por parte de sus trabajadores, unos 1.500 a nivel nacional, dos terceras partes de ellos con asiento en Bogotá y Cundinamarca. Pero las cosas cambiaron cuando la EPS entró en pérdidas económicas a raíz de un mal negocio que hizo con el Acueducto de Bogotá; pérdidas que ha querido cargar sobre los hombros de los trabajadores mediante artilugios como la merma de entre el 15 y el 60% en el pago de comisiones, y el despido de empleados. Van 20 hasta ahora.

Tal situación llevó a un grupo de 36 trabajadores a crear un sindicato afiliado a Sindes (sindicato de industria), que hoy ya tiene 105 miembros. Según uno de sus dirigentes, Hared Sarasti, en octubre presentaron pliego petitorio que ya agotó la etapa de arreglo directo, sin que EPS Famisanar mostrara voluntad de negociar.

“Nosotros como sindicato queremos llegar a un acuerdo directo, con base en unos parámetros mínimos en salarios y estabilidad laboral, y que no se tomen represalias ni se vayan a despedir más compañeros sin justa causa. Porque sabemos que la afiliación electrónica que planea el gobierno va a eliminar muchos puestos de trabajo en la EPS. Saldrían sin indemnización unas 200 personas. Ese es nuestro mayor temor”, aseguró el señor Sarasti, quien agregó que si no tienen más alternativa, optarán por el tribunal de arbitramento.

Ave Colombiana

Antes uso al sindicato, ahora lo persigue

Ave Colombiana es una mediana empresa con 50 años de historia en el sector metalúrgico, especializada en la producción de artículos eléctricos: tomas, interruptores, etc., que ocupa 180 trabajadores en Zipaquirá, 40 de ellos afiliados a Sintrametal Seccional Zipaquirá, sindicato de industria.

El conflicto allí tiene que ver con la voluntad de la empresa de debilitar al sindicato, tarea que inició en mayo de 2009, cuando incentivó y dio dádivas a los trabajadores para que se acogieran a un pacto colectivo, torpedeando así la convención colectiva que hace 40 años tiene con el sindicato, y que hoy sólo cobija a los 40 sindicalizados. Pero también se ha negado a negociar el pliego petitorio que el sindicato presentó este año.

Un punto central del conflicto, al decir de John Fredy González, presidente del sindicato, es que la empresa quiere acabar con la bonificación anual que reciben los trabajadores en virtud del acuerdo de salvamento que éstos firmaron con los dueños de la empresa cuando la crisis económica la obligó a acogerse a la Ley 550. Dicho acuerdo consistió en que los trabajadores, que en aquel momento aportaron sus ahorros laborales para salvar la empresa, seguirían recibiendo una bonificación anual como derecho adquirido, y así quedó en la convención colectiva.

“Esta bonificación le cuesta a la empresa 250 millones al año. Aún la reciben los trabajadores, tanto los del Pacto Colectivo como los sindicalizados, pero sabemos que el objetivo a mediano plazo de la empresa es acabarla para ahorrarse esos 250 millones”, señaló John Fredy González, quien además denunció una campaña de acoso al sindicato, y negación de permisos convencionales.

Proseguro

Suplantó el sindicato y montó pacto colectivo

Proseguro (antes Thomas de la Rue) es una filial de una multinacional española dedicada al transporte de valores, que hoy cuenta con 580 trabajadores, a quienes, según denuncias del sindicato de base que allí funciona, se les desconoce el derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical.

El conflicto actual allí empezó hace 4 meses, cuando el sindicato, que tiene más de 40 años de existencia y asocia 280 trabajadores (un poco menos de la mitad del personal de la empresa), presentó pliego de peticiones. Como no hubo negociación directa, el proceso terminó en convocatoria a tribunal de arbitramento; proceso que, según voceros de la CUT Cundinamarca, estuvo viciado de irregularidades, por cuanto fue producto de la confabulación entre la empresa y el Ministerio de la Protección Social para derrotar la posición mayoritaria del sindicato, que era la de votar la huelga.

En efecto, ocurrió que el día en que el sindicato convocó asamblea para votar la huelga, la empresa se anticipó y, horas antes, reunió a todos los trabajadores no sindicalizados para promover entre ellos, bajo presiones y halagos, la votación por el tribunal de arbitramento, lo cual, según los voceros de la CUT, es ilegal porque la empresa no puede suplantar a la organización sindical. Con el agravante de que a la reunión que citó la empresa asistió un inspector del Ministerio de la Protección Social, quien avaló el resultado de la misma. Pero este funcionario no asistió a la asamblea que para más tarde convocó el sindicato.

Así fue como la empresa logró imponer el tribunal de arbitramento, el cual el sindicato hasta el momento ha tratado de evitar mediante recursos legales porque sabe que en tal escenario lleva todas las de perder, y puede perder los beneficios convencionales que aun le quedan. Sobre todo porque una de las pretensiones de la empresa es que la Convención sólo quede cobijando a los empelados que ya están en su planta, no a los que ingresen nuevos. “Aceptar eso sería un suicidio para el sindicato”, dijo el vocero de la CUT.

De otro lado, la empresa ha avanzando en la tarea de debilitar al sindicato, con métodos como el de convencer a sus miembros para que renuncien a éste, mediante el ofrecimiento de prebendas y amenazas. De hecho ya 50 han renunciado. También le niega a los dirigentes los permisos sindicales y obstaculiza la correspondencia que recibe el sindicato.

Sector textil

Quiebras en las que trabajadores llevan la peor parte

Sintratextil es un sindicato de industria que en Bogotá tiene trabajadores afiliados en 5 empresas textiles, todas con conflictos laborales, en parte originados por las dificultades económicas que hacen inviable la continuidad de algunas de ellas:

Tapisol. Fabrica tapetes y alfombras, empresa de 200 trabajadores, 120 afiliados al sindicato, y todos accionistas de la empresa desde hace 13 años, cuando los trabajadores, como una fórmula para salvarla de la quiebra económica, aceptaron convertir sus cesantías en acciones de la empresa. Hoy vuelve a estar en dificultades económicas y pesa sobre ella la amenaza de liquidación, y por lo mismo los trabajadores hace varias quincenas no reciben salario ni el pago de obligaciones laborales. O sea que su pérdida es doble: como accionistas y como trabajadores.

Vesta. Empresa que fabrica ropa íntima femenina donde hoy laboran 60 trabajadores, también está con dificultades financieras que amenazan su viabilidad. Allí fueron despedidos varios trabajadores, entre ellos algunos de la junta directiva del sindicato, quienes demandaron, ganaron la demanda, y debieron ser reintegrados. Está tan desmantelado el sindicato, que estos directivos son hoy sus únicos miembros, y eso porque el fuero los protege.

Hilanderías Universal. Como alternativa de solución al conflicto laboral, el sindicato de industria Sintratextil optó por el tribunal de arbitramento, ante lo cual la empresa emprendió una serie de acciones que violan el derecho de igualdad y la libre asociación de los trabajadores. Una de ellas es impedir que el personal sindicalizado labore en el turno de la noche, con lo cual deja de percibir el recargo nocturno y disminuyen sus ingresos. Es un chantaje directo, pues la condición para dejarlos rotar en los tres turnos es que se retiren del sindicato.

Natesa: Es una empresa que tiene 60 años de historia, pero por sus actuales dificultades financieras ya no tiene producción propia, trabaja para terceros. A las 60 personas que allí laboran (apenas 8 de ellos afiliados a Sintratextil) tienen el pago de 5 quincenas atrasado.

Domesa

Caso de “paranoia” antisindical

Esta es una empresa de mensajería de capital venezolano, que en todo el país emplea 1.500 trabajadores, en su mayoría mensajeros, en su mayoría vinculados como temporales, y sólo 400 con contrato directo. El 29 de abril de este año, 30 de estos trabajadores formaron y registraron un sindicato de base: Sintradomesa. Pero ese mismo día la empresa despidió a toda la junta directiva del sindicato. El único que no fue despedido fue su presidente, Alex Feney Moreno. En total despidieron 21 trabajadores, incluidos 4 no sindicalizados.

“La empresa se volvió como paranoica —dice Alex Ferney— porque además demandó al sindicato ante el Ministerio de la Protección Social, alegando vicios de forma, para lo cual compró a dos compañeros que declararon contra el sindicato, aduciendo que éste se creó sin que mediara una asamblea”.

El sindicato ganó esa demanda, que incluyó además multa a la empresa por $26 millones. También ganó en primera instancia todas las tutelas de reintegro de los despedidos, lo cual fue apelado por la empresa. Un juez de segunda instancia confirmó el fallo de reintegro de 8 trabajadores, pero otro juez, con las mismas pruebas, descalificó el fallo y así quedaron despedidos 9 trabajadores.

El pasado 9 de agosto Sintradomesa presentó pliego de peticiones, sobre el cual no ha tenido ninguna respuesta por parte de la empresa, que hoy, 4 meses después, todavía no ha nombrado sus negociadores, ante la poca diligencia mostrada por el inspector del Ministerio de la Protección Social encargado del caso. Lo grave es que esta demora fue aprovechada por la empresa para, el 4 de octubre, presentarles a los trabajadores el pacto colectivo, con la promesa de darle a cada uno un auxilio monetario y otras prebendas si lo firmaban, como el aumento del subsidio educativo y de muerte por accidente.

Así logró la empresa imponer el pacto colectivo y sonsacarle afiliados al sindicato, mientras éste, hoy con 60 trabajadores afiliados (llegó a tener 120), sigue agotando los recursos legales para forzar a la empresa a negociar el pliego, en un ambiente de persecución. Según Alex Moreno, a los trabajadores sindicalizados los llaman a descargos hasta por llamar por celular, por llegar un minuto tarde. Y a los miembros de la junta directiva del sindicato los han trasladado a cargos indeseables, con el fin de que se aburran y renuncien. “A mi, por ejemplo —dice Moreno— me trasladaron a una bóveda a altas temperaturas, con vestimenta especial y totalmente incomunicado”.

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