Muchos fueron los poderes e instituciones estatales que el paramilitarismo en sus años de auge infiltró o se tomó por la vía de la intimidación y la cooptación. Entre las universidades públicas tal vez la más asediada fue la de Córdoba, donde las organizaciones sindicales valientemente se enfrentaron a este poder, con grave detrimento para su integridad y seguridad. Esta es la historia.
Fundada en 1964, hasta los años 90 la Universidad de Córdoba había tenido poco desarrollo institucional. Ofrecía programas especialmente en el área agropecuaria, fortaleza económica de la región. Era la típica universidad pública de provincia dejada de la mano del Estado, que se movía al vaivén de unos presupuestos siempre deficitarios, por lo que tampoco contaba mucho en el reparto burocrático de los caciques políticos de Córdoba. Pero en los 90, cuando con la implementación de la ley de educación superior le empezaron a llegar recursos importantes, fue presa del clientelismo y no pocos casos de corrupción.
Y la violencia no dejó de rondarla. En enero de 1995 fue asesinado el profesor Francisco Aguilar Madera, afiliado a la Asociación de profesores, ASPU; y un año después fue asesinado el profesor Alberto Alzate Patiño, por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por Carlos Castaño. Y en junio de 1996 fue atacado en su residencia René Cabrales Sosa, presidente de Sintraunicórdoba, sindicato de base de los trabajadores de la universidad. Él se defendió del ataque, pero en el cruce de disparos murió su nieta de dos años y fue herida una de sus hijas, lo que lo obligó a exiliarse en Canadá.
Para 1998 el clima de violencia había subido el tono y las amenazas y desplazamientos de profesores estaban al orden del día. En mayo fue asesinado Misael Díaz Ursola, ex representante de los profesores en el Consejo Superior de la Universidad.
Para este momento Sintraunicórdoba, dadas sus dificultades como sindicato de base, ya se había afiliado a Sintraunicol, sindicato nacional de los trabajadores universitarios. Y el movimiento estudiantil seguía en pie de lucha, denunciando la violencia y atacando el clientelismo y la corrupción; además tratando de recuperar su representación en el Consejo Superior, del cual había sido excluido.
Y entre la sociedad cordobesa había un clima proclive a las AUC. El ex parlamentario Francisco José Jattin llegó a declarar que las autodefensas gozan del aprecio de los habitantes. También el ex alcalde de Lorica y ex presidente del Consejo Superior de la Universidad, Félix Manzur Jattin, en una columna de prensa escribió: “Las autodefensas son causa y efecto de una subversión apátrida y desestabilizadora, y con sobrados y merecidos méritos exigen un trato igual por parte del gobierno, escucharlos y ser solidarios con ellos porque forman parte de una Colombia que protesta”. Es más, en el barrio La Castellana de Montería se erigió el “Monumento a la paz”, obra que —como lo reconocería Carlos Castaño— tenía la intención de “invitar al ciudadano a convertirse en paramilitar”.
Después de 1997 fue claro que el paramilitarismo, acaballado en el lomo del narcotráfico, tenía una clara intencionalidad política: buscar negociaciones con el Estado, como quedó establecido en el texto fundador de las AUC en 1998, en el que éstas se definen como “un movimiento político militar de carácter antisubversivo en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reclama transformaciones del Estado, pero no atenta contra él”.
Total, para el año 2000 los jefes paramilitares ya no estaban para seguir siendo los finqueros, guardianes o clientes de los políticos tradicionales. Ahora su pugna era por convertirse, ellos mismos, en el patrón del entramado político y administrativo de la región. Para ello era necesario atraer personas amigas, simpatizantes, calanchines que estuvieran dispuestas a colaborar con su proyecto; sin descuidar, por supuesto, la infiltración en los cuerpos colegiados, el Congreso, el DAS, la Fiscalía, sectores del ejército, la policía, la rama judicial y los medios de comunicación.
La toma paramilitar de la universidad
El 28 de marzo de 2000, cuando aún no se habían apagado los ecos de la celebración del cambio de milenio, ocurrió un hecho trascendental para la Universidad de Córdoba: un bus que con 37 estudiantes se dirigía a un encuentro universitario en Santa Marta, fue retenido por un grupo armado que secuestró a dos estudiantes, a quienes liberó veinte días después con un mensaje en el que rechazaba la reelección del rector y anunciaba la intervención de comandos de autodefensas en la universidad.
Asunto bastante serio, considerando lo que eran capaces de hacer estos comandos. Hacía apenas un mes que en El Salado, población del vecino departamento de Bolívar, habían asesinado a 66 personas, y ésta era apenas una de las muchas masacres que habían cometido en Urabá, Córdoba y zonas vecinas.
Había empezado pues la horrible noche para la Universidad de Córdoba, especialmente para los sindicatos de trabajadores y profesores, los únicos estamentos que, a costa de su seguridad, se opusieron y denunciaron activamente la arremetida paramilitar. También se opuso el movimiento estudiantil, antes de que fuera apagado a sangre y fuego.
En la Universidad de Córdoba el paramilitarismo irrumpe con una doble estrategia: la imposición de directivos afines a su proyecto, y la eliminación de quien lo obstaculice. Sus objetivos específicos fueron: drenar la mayor cantidad de recursos hacia las AUC y los contratistas amigos y establecer una burocracia afín al proyecto; el despojo de los derechos de los trabajadores, forzando la modificación de la convención colectiva; definir un marco de sujeción y control similar al establecido en el pasado por Manuel López Cabrales, principal “cacique” político de Córdoba; controlar militarmente cualquier obstáculo o brote crítico; y que la hegemonía instaurada sirviera como laboratorio de un modelo a replicar en otras regiones del país.
El plan “limpieza” lo arrancan quitando del medio al movimiento estudiantil. Una de sus primeras víctimas fue Pedro Manotas Olascoaga, estudiante de Ciencias Sociales, asesinado en marzo de 2000. Diez días después ocurrió el incidente ya referido del bus que viajaba a Santa Marta con 37 estudiantes, dos de ellos secuestrados y posteriormente liberados con un mensaje amenazante. En la liberación de los estudiantes intermedió el obispo de Córdoba, Julio César Vidal Ortiz. En abril fue asesinado Eduardo Enríquez Hernández, estudiante de acuicultura; y el profesor James Antonio Pérez Chimá, de ASPU. En mayo las víctimas fueron las estudiantes de Ciencias Sociales Marlys de la Ossa (tenía 7 meses de embarazo) y Sheila María Olascoaga Quintero. Y se produjo el atentado contra el profesor de agronomía Hugo Iguarán Cotes, miembro de ASPU y uno de los candidatos a nuevo rector de la universidad. Recibió siete impactos de bala y quedó vivo de milagro. Debió ausentarse varios meses de Montería.
La crucial elección del rector
Las AUC pusieron la mira en la elección del nuevo rector, objetivo decisivo en su estrategia de toma de la universidad. Salvatore Mancuso movió los hilos en ese sentido. Presionó al rector de ese momento, Eduardo González Rada, para que no se presentara a reelección. También hubo amenazas contra el vicerector académico, Alberto Mestra Pineda. El efecto de estas amenazas fue inmediato: ambos declinaron sus candidaturas a la rectoría.
En medio de este confuso escenario aparece Víctor Hugo Hernández Pérez, director de la división de educación a distancia de la Universidad. De los diez postulados a la recotía, él era el de menor calificación académica, pero fue el candidato de las AUC. Contra la candidatura de Habib Barrera, miembro del estamento profesoral y candidato del senador López Cabrales, orquestaron una campaña de acusación de compra de votos. También enfilaron ataques contra otra candidatura fuerte: la de Hugo Iguarán Cotes, quien tras el atentado que sufrió regresó de su exilio para postularse.
Según los estatutos de la Universidad, en la elección del rector participaban todos los profesores y estudiantes, pero el Consejo Superior lo designaba entre quienes obtuvieran más del 20% de los votos. Víctor Hugo Hernández obtuvo el 52% y Habib Barrera el 22%. Así que entre ellos dos fue la elección, porque Iguarán Cotes no alcanzó.
Y ahí es cuando los miembros del Consejo Superior empiezan a recibir llamadas intimidatorias para votar por Hernández. En mayo de 2004, en el debate que Gustavo Petro hizo en el Congreso sobre el paramilitarismo en la Universidad de Córdoba, presentó la grabación de una conversación de Mancuso con un miembro del Consejo Superior, que resultaba muy reveladora: “Ambos —decía Mancuso refiriéndose a Hernández y Barrera— tienen el mismo compromiso con nosotros. Es igual que gane el uno o el otro. Pero no es posible que uno saque 50 mil votos y el otro 30 mil, y el que éste quede de rector… Sin embargo, nosotros vamos a luchar por reformar los estatutos…”.
Por 8 votos a favor y uno salvado (el del representante de los profesores) el Consejo Superior eligió rector a Víctor Hugo Hernández.
Asesinato de Hugo Iguarán Cotes
Dos días antes de su posesión como rector, Hernández invitó a su residencia a Iguarán Cotes para hablar de los asuntos de la universidad. Lo que éste no sabía era que la orden de asesinarlo ya había sido dada, pues su presencia obstaculizaba los planes del paramilitarismo. Mientras la reunión avanzaba en la residencia, Víctor Alfonso Rojas Valencia, alias “Jawi”, esperaba afuera la señal para ingresar y asesinarlo, crimen que va a estar impune hasta cuando Mancuso, en una de las audiencias del proceso de Justicia y Paz, reconoció que este asesinato fue ordenado por él, por su condición de sindicalista y porque su candidatura a la rectoría obstaculizaba los planes del paramilitarismo en la universidad.
En 2010 un juzgado de Bogotá condenó a 35 años de prisión a Víctor Hugo Hernández, como determinador del crimen, y a alias “Jawi” como autor material. Dos años atrás ya había sido ya condenado Walter José Mejía, alias “El Mello”, como coautor. Éste le dijo al juez que Hernández le prometió por “esa vuelta” $30 millones. La sentencia reconoce el hecho como crimen de lesa humanidad, enmarcado dentro de una política sistemática y generalizada de crímenes contra sindicalistas. Sin embargo, hoy Hernández está prófugo de la justicia. No ha pagado un solo día de cárcel.
La Universidad bajo dominio paramilitar
Mancuso le exigió al rector Hernández que nombrara a recomendados suyos en puestos claves de la universidad; y como Jefe de Seguridad a un mayor que había sido retirado del ejército por mala conducta. También tuvo presiones de los parlamentarios Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda para que nombrara a sus recomendados a través de una bolsa de empleo que ellos manejaban. Entre tanto, el Consejo Superior reformó los estatutos para que el rector fuera elegido por los 9 miembros de este Consejo, y no por votación general de estudiantes y profesores.
Lo otro fue que el rector, atendiendo el deseo de Mancuso, empezó a menoscabar los derechos de los trabajadores agremiados en Sintraunicol. Primero denunció parcialmente la convención colectiva recientemente negociada, y después, en un acto que se entendió colmo de hostilidad hacia el sindicato, aprobó los Acuerdo 079 y 024, por los cuales se congelan y se eliminan cargos de trabajadores oficiales.
En finales del año 2000 y todo el 2001 se produjeron los siguientes hechos criminales contra la universidad: los asesinatos de los trabajadores afiliados a Sintraunicol Nelson Narváez y William Aguirre William Aguirre; y de los estudiantes Francisco José Ayazo Gómez, de agronomía; y César Bedoya Ortiz, de Ciencias Sociales. Es de aclarar que sobre este último corrían rumores de su militancia en un grupo estudiantil afecto a las AUC.
Pero el “maridaje” entre Mancuso y el rector se resquebrajó, porque hizo nombramientos burocráticos a su amaño y firmó contratos no concertados. Por eso Hernández debió renunciar a su cargo a mediados de 2002. En su reemplazo fue encargado rector, también por orden de Mancuso, a Claudio Sánchez Parra, quien venía de ser Jefe de Planeación y Vicerrector Administrativo. Estatutariamente sólo podía encargarse 3 meses, pero el Consejo Superior lo dejó 6 más, tiempo que aprovechó para preparar el camino a su elección en propiedad.
Esta posibilidad prendió las alarmas de Sintraunicol, ASPU y Adjucor (Asociación de Jubilados) que ante el Consejo Superior trataron de impedir ese nombramiento, lo mismo que con cartas al presidente Uribe y a la Ministra de Educación. Denunciaron la irregular elección del rector y solicitaron garantías en el proceso, pues tal como estaban las cosas iba a ser una elección sin criterios claros ni concurso de méritos. No tuvieron respuesta.
Ante esto, las tres organizaciones citaron a una asamblea para discutir la situación, el 17 de febrero de 2003. Lo que no sabían era que Salvatore Mancuso ya tenía montada una estrategia para neutralizar su protesta. Ese mismo día, mediante amenazas, obligó a las directivas de Sintraunicol, ASPU y Adjucor a asistir al día siguiente a Santafé de Ralito. Sin embargo, como medida de protección exigieron la presencia de la Defensora del Pueblo en la región y el acompañamiento de monseñor Julio César Vidal Ortiz, obispo de Montería, de quien se sabía tenía interlocución directa con las AUC. El “Comandante sotana”, era el apodo que la gente le tenía en la calle. Pero éste declinó la invitación.
Álvaro Vélez, presidente de Sintraunicol en la época, cuenta que en una buseta los transportaron a Santafé de Ralito, donde, rodeado de hombres armados y con uniformes camuflados, los recibió Salomón Férix Chadid, el Comandante 08, pariente de Félix Manzur Jattin, presidente del Consejo Superior de la Universidad. También estaba la mayoría de miembros del Consejo Superior y algunos funcionarios de la administración. Y a las seis de la tarde llegó Mancuso y con él llegó el rector encargado Sánchez Parra.
Mancuso justificó la existencia de las AUC, dijo que era necesario reestructurar la Universidad y renegociar la convención colectiva con el sindicato, dizque porque ésta era una carga onerosa. También pidió acabar con el Fondo de Salud Universitario y exigió levantar las asambleas y protestas de los sindicatos. A su turno el presidente de Sintraunicol aclaró que, contrario a lo dicho por Mancuso, los sueldos más bajos en el sector eran los de la Universidad de Córdoba y que la causa del déficit de ésta no era la convención colectiva sino la corrupción.
La administración de la Universidad se puso en la tarea de dar cumplimiento a lo que se bautizó como la “Agenda de Ralito”, que implicó la desaplicación de casi todos los beneficios de la convención colectiva. Además los dirigentes sindicales debieron enfrentar el proceso disciplinario que les abrió el rector por convocar la asamblea del 17 de febrero. Aduciendo que no tenía garantías para su defensa, el sindicato acudió a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Esta última falló a su favor, lo que vino a ser el primer triunfo del sindicato contra el poder paramilitar empotrado en la universidad.
Lo otro que se acentúo fue la vigilancia interna de corte policivo. “No era raro que uno fuera a orinar a un baño y lo encañonaran para hacerle requisas, o forzaran los escritorios de los profesores para ver qué guardaban”, recuerda el vocero de ASPU.
Y como era de esperarse, el Consejo Superior eligió a Claudio Sánchez rector en propiedad, por encima de otros 12 aspirantes, varios de ellos con más idoneidad para el cargo.
Los sindicatos se atreven a denunciar
En el contexto de la negociación del Gobierno con los comandantes de las AUC, Sintraunicol se atrevió a denunciar la injerencia de éstas en la universidad, por los medios regionales de comunicación; denuncias que el rector Sánchez Parra calificó de “pataleo” del sindicato por haber perdido sus “ilegales” derechos convencionales. Negó incluso que la reunión con Mancuso en Santafé de Ralito nunca existió. Tampoco la respuesta de las AUC se hizo esperar. Un grupo grande de directivos y activistas de Sintraunicol y ASPU recibieron amenazas de muerte, ante lo cual solicitaron protección. Pero el rector dilató el asunto y finalmente no hizo nada para procurárselas, como era su deber.
Deciden entonces ventilar el problema ante la Defensoría del Pueblo, que determinó, en febrero de 2004, que los directivos sindicales constituían población en alto riesgo. Y con asesoría del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” pusieron el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, organismo que a su vez solicitó medidas cautelares al gobierno colombiano. De ahí que el Gobierno Nacional implementara esquemas especiales de protección para ellos.
2006 es año clave para esclarecer la cadena de crímenes y la forma cómo los paramilitares se tomaron la Universidad de Córdoba: comienzan las desmovilizaciones de los bloques y las versiones libres de los comandantes. En sus primeras declaraciones Mancuso involucra como aliado a Víctor Hugo Hernández, pero nada dice de su apoyo a Claudio Sánchez Parra, quien cobijado por ese silencio cómplice anuncia su candidatura para reelegirse rector. Para ello tuvo el apoyo de la Ministra de Educación, Cecilia Vélez White, quien declaró: “Antes la Universidad de Córdoba era un antro, ahora está bien administrada y proyectada entre las mejores de la costa”. A todas estas, es difícil de creer que el Gobierno no estuviera enterado de los estrechos vínculos de Sánchez Parra con el paramilitarismo.
Y en el marco de la Ley de Justicia y Paz las tres organizaciones sindicales de la universidad se erigen como víctimas del paramilitarismo y formulan sendas denuncias ante la Fiscalía y Defensoría del Pueblo exigiendo verdad, justicia y reparación, y que se recuperara la democracia en la universidad.
El siguiente paso de Sintraunicol fue recuperar sus derechos sindicales mediante denuncia ante la OIT. El caso lo presentó la CUT como en caso colectivo de violencia contra todo un sindicato. Como resultado, la OIT urgió al gobierno colombiano a tomar medidas para garantizar la plena seguridad de los dirigentes amenazados, y se realizara sin demora una investigación independiente.
A Sánchez Parra la situación se le empezó a complicar en junio de 2007, cuando la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria y la Fiscalía Primera Especializada de Montería le abrió proceso penal por concierto para delinquir agravado. Es así como en diciembre de aquel año, por orden de la Fiscalía 84 de Derechos Humanos, Sánchez Parra fue capturado en plena reunión del Consejo Superior. Pero sólo va a estar encarcelado una semana, porque la Fiscalía 27 de Bogotá, que abocó el conocimiento del caso, decretó su libertad por vicios de trámite.
Pero como su permanencia en la rectoría resultaba insostenible, el Consejo Superior le concedió un mes de plazo para su retiro definitivo, tiempo que aprovechó para decretar Emergencia Manifiesta y proceder a firmar contratos por $8 mil millones, sin que los órganos de control internos de la universidad actuaran.
Dos rectores fueron nombrados provisionalmente por cortos períodos, y sólo en junio de 2009 se acaba la interinidad. Entre una baraja de 17 candidatos el Consejo Superior nombró a Emiro Madera, a quien Sintraunicol respaldó, porque esta vez la opinión de los trabajadores fue tenida en cuenta en la elección del rector, dado que la instauración de un nuevo orden necesariamente tenía que pasar por la solución de los conflictos laborales.
Un año le va a tomar a la nueva administración solucionar estos conflictos, o sea restituirles a los trabajadores su condición de oficiales y los beneficios de la convención colectiva, el pago de las indemnizaciones y derechos salariales y prestaciones dejadas de pagar desde el 2006; deuda que ascendía a unos $5 mil millones. La universidad los pagó con presupuesto propio y una partida que aprobó el Congreso de la República.
Sin embargo, Sintraunicol hoy sostiene que no se puede decir que ya se repararon totalmente los derechos violados a los trabajadores; como tampoco que la Universidad de Córdoba ya recobró su orden institucional y dejó atrás del todo su oscuro lastre paramilitar.