El caso Lindalana, o el perfecto manual para acosar, acorralar y destruir a un sindicato

 

La compañía de tejidos Lindalana, hoy con residencia en el barrio Guayabal de Medellín, fue fundada en 1952 por el ciudadano judío Samuel Lapciuc, cuyo hijo  Israel, hoy al mando, logró darle buen posicionamiento en el mercado de las telas para confección de prendas deportivas, por la buena calidad de las mismas. Pero sólo hasta hace cuatro años vino a tener un sindicato.

   Sobrevivientes del “naufragio” de Sintralindalana

Por eso cuando en junio del año 2009, 29 de sus 600 trabajadores se atrevieron a formar un sindicato de base, la empresa lo sintió como un sismo de varios grados en la escala Ritcher. Y su respuesta inmediata fue arremeter con la misma intensidad contra el recién creado sindicato, al que los trabajadores llamaron Sintralindalana.

Desde entonces, como siguiendo un manual, el señor Israel Lapciuc ha venido haciendo todo lo que hay que hacer para acabar con Sintralindalana, el que sin embargo sigue ahí, desgarrado, disminuido hasta los tuétanos, pero todavía de pie, y todavía peleando con la poca munición que le queda.

La artillería antisindical

Sintralindalana, según su presidente José Gabriel Agudelo, se creó con el fin de hacer contrapeso a una serie de medidas que tomó la empresa para menoscabar las garantías extralegales que de tiempo atrás tenían los y las trabajadoras, ente ellas el aguinaldo y la prima de vacaciones, que quedaron reducidas a la mitad.

Una semana después de creado Sintralindalana alcanzó a tenerse 74 afiliados, porque la idea de organizarse pelechó entre el personal. Pero también tuvo al frente la rápida reacción de la empresa, que se vino con toda su artillería contra el sindicato. En esa primera semana montó un Pacto Colectivo que prácticamente obligó a suscribir a todos los trabajadores no sindicalizados. Además los jefes y administradores se regaron a desprestigiar el sindicato y a meter miedo para que los trabajadores no se afiliaran, o renunciaran a él.

“Decían que en la empresa había una plaga maldita, refiriéndose a la organización sindical. Y así en dos meses lograron rebajar a 45 los afiliados”, recuerda John Fredy Vera, tesorero de Sintralindalana.

Días después aparecieron en los baño letreros de amenaza contra el presidente y otro directivo sindical, situación que el sindicato denunció ante la Fiscalía, disputa que se zanjó con la firma de un acta de compromiso de no agresión y respeto entre las partes.

Pero esa acta de compromiso fue desconocida, la empresa no detuvo sus ataques, por lo que al sindicato le tocó volver a la Fiscalía, donde se firmó una nueva acta de compromiso de no agresión, que en la práctica tampoco funcionó porque el acoso continuó. A los pocos días la empresa despidió a 5 trabajadores afiliados al sindicato, acción ilegal que no solo le valdría una multa por parte del Ministerio de Trabajo, sino que, vía tutela, le tocó reintegrar a los 5 despedidos.

Pero aun con todos esos vientos huracanados en su contra, Sintralindalana presentó pliego de peticiones, que por supuesto el señor Lapciuc se negó a negociar. Entonces el caso fue a Tribunal de Arbitramento, que en diciembre del mismo año 2009 emitió un laudo que concedía algunos beneficios a los trabajadores sindicalizados, como un fondo de vivienda con $54 millones y un fondo de calamidad doméstica con $15 millones.

La respuesta de la empresa no se hizo esperar: creó un fondo de vivienda por $80 millones para las y los trabajadores del Pacto Colectivo, y a cada uno prometió un millón por calamidad doméstica. Es decir, mejoró las condiciones del Pacto para evitar más afiliaciones al sindicato.

Otro desplante ocurrió en el 2011, cuando la empresa les negó a los sindicalizados el aumento salarial al que tenían derecho. Mientras a los del Pacto les aumentó 5.8% el salario, a los del sindicato se los negó, violándoles flagrante y hasta torpemente el derecho a la igualdad. Por eso no fue difícil que un juez de tutela les amparara ese derecho y obligara a la empresa a incrementarles el salario en el mismo porcentaje.

Cuando la convención colectiva resultante del laudo arbitral se venció, el sindicato presentó pliego de peticiones, que la empresa otra vez se negó a negociar. Y de nuevo el conflicto va a Tribunal de Arbitramento, el que todavía está en el limbo porque esta es la hora en que todavía no se han asignado los árbitros.

Así que el año 2012 Sintralindalana lo encaró más flaco en membrecía: apenas le sobrevivían 32 miembros, cuya única ventaja era (y lo es todavía) tener la protección de fuero circunstancial, por el hecho de estar incursos en un conflicto laboral aún no resuelto jurídicamente, por lo que la empresa no puede despedirlos. Lo que ésta sí hizo fue negarles el aumento salarial en 2012 y 2013. “Esperamos que cuando salga el nuevo laudo la nivelación salarial se nos dé con retroactividad”, dice el tesorero Fredy Vera.

Otro tema aún en disputa tiene que ver con la solicitud de despido colectivo de 180 trabajadores, hecha el año pasado por la empresa ante el Ministerio de Trabajo, que en resolución en primera instancia le aprobó el despido de 40. Esta resolución el sindicato la apeló y está pendiente de dictamen en segunda instancia.

La última estocada

En abril de este año se produjo lo que podríamos llamar la estocada final al sindicato: la empresa llamó a las y los trabajadores afiliados al sindicato y, a cambio de que se retiraran, les ofreció una indemnización de $2 millones por año laborado. Cerca de la cuarta parte (9 de los 32 sindicalizados) aceptaron la propuesta, entre ellos algunos con más de 20 años de servicio en la empresa.

Nosotros no estamos de acuerdo con eso. En el sindicalismo no tenemos por qué ponerle precio a un puesto de trabajo, y los directivos sí que menos debemos hacerlo”, afirma el presidente de Sintralindalana José Gabriel Agudelo.

El señor Lapciuc consiguió entonces lo que quería: dejar al sindicato en los puros huesos, con sólo 23 miembros, número que por ley no es suficiente para subsistir como sindicato de base. Y con ese as bajo la manga se dirigió a un juzgado para solicitar el levantamiento de la personería jurídica del sindicato.

Mientras el caso en el juzgado surte sus términos y el juez profiere su fallo, los 23 trabajadores sobrevivientes del naufragio estudian muy seriamente el paso a seguir para no desaparecer del mapa sindical. Una de las alternativas que resulta viable es afiliarse a Sinaltradihitexco, sindicato nacional de la industria textil. Tal vez  su última tabla de salvación.

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