Alianza de gobiernos de derecha con multinacionales debilita función normativa y el sistema de control de OIT

Por Carlos Julio Díaz L. Analista Escuela Nacional Sindical

La competitividad es el concepto fundamental en el que se basa el capitalismo salvaje, incluida su versión actual: la globalización neoliberal. En este contexto, las empresas y países compiten de manera despiadada utilizando básicamente dos armas: el dumping social de mano de obra barata y las políticas cambiarias devaluacionistas.

Carlos Julio Díaz L., analista de la ENS.

La crisis en que se debate el sistema de globalización y el inminente colapso del sistema financiero, pretenden resolverse con brutales recortes sociales, reformas laborales regresivas, austeridad fiscal, mayores impuestos a los trabajadores y rescates financieros hiperinflacionarios por parte de los bancos centrales.

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La pobreza, las desigualdades, el desempleo y la precariedad laboral se profundizan con estas políticas neoliberales, dentro de las cuales se destaca la competencia empresarial apoyada en la desprotección de la fuerza laboral, bajos salarios y limitaciones a los derechos de libertad sindical.

La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 por las naciones firmantes del Tratado de Versalles, el cual puso fin a la Primera Guerra Mundial, para contrarrestar la estrategia de competitividad basada en el dumping social. Así que desde su nacimiento la OIT ha proclamado la dignidad del ser humano como máximo valor y como fuente de derechos para los individuos y de obligaciones para los Estados. El preámbulo de su constitución dice que las condiciones de trabajo  que entrañan un alto grado de “injusticia, miseria y privaciones para un gran   número de seres humanos”, causan un descontento que “constituye una amenaza para la paz y la armonía universales”([1]).

En 1944, cuando estaba cerca el fin de la Segunda Guerra Mundial, la OIT se reunió en Filadelfia, Estados Unidos, y aprobó la que se conoce como Declaración de Filadelfia, que reafirma los principios básicos de la actividad de la OIT, destacándose la libertad de expresión y de asociación como esenciales para el progreso constante. Señala asimismo que la pobreza “en cualquier lugar” constituye un peligro para la prosperidad de todos, y reconoce que “el trabajo no es una mercancía”.

Para hacer frente a la competitividad basada en condiciones laborales miserables, la OIT estableció un sistema de Normas Internacionales del Trabajo, que son básicamente las Recomendaciones y Convenios, sobre los cual cada nación construye su orden jurídico laboral interno. La idea de una legislación internacional del trabajo se debe, ante todo, a Daniel Le Grand (1783-1859), industrial francés que entre 1840 y 1853 luchó para que los gobiernos europeos promulgaran de común acuerdo una misma legislación laboral, y así acabar las luchas despiadadas entre competidores.

Ha sido también la OIT iniciadora de mecanismos de control que han inspirado a otras organizaciones internacionales a adoptar sistemas análogos. Asume una función normativa cuando expide Convenios y Recomendaciones, que son en principio fuentes del derecho internacional emanado de la Organización, y a la vez un sistema de control para garantizar que los Estados cumplan y hagan cumplir las obligaciones adquiridas.

Con la caída del bloque socialista a finales de los años 80, y con el consecuente movimiento del capital hacia la especulación financiera y la globalización de los mercados, se reactivó la competencia basada en la desregulación y el menoscabo laboral, no solo entre los países sino también entre las empresas. Ello ha aumentado la presión para reducir los salarios y los derechos laborales y sociales, y ha debilitado la negociación colectiva, por efecto del desplazamiento de la producción hacia países menos garantistas, lo que ha contribuido a un debilitamiento del sindicalismo, hoy globalmente a la defensiva.

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En este entorno, la OIT es un estorbo a la flexibilización y precarización laboral como estrategia de competitividad desarrollada por los empresarios y los países para superar la crisis y aumentar la rentabilidad del capital. La tecnocracia neoliberal ha emprendido una ofensiva contra la función normativa y el sistema de control de la OIT.

Esto se evidencia en el desplome de la expedición de convenios OIT desde 1987, y en el virulento ataque que desde hace unos 5 años vienen haciendo los empresarios contra la Comisión de Expertos, argumentando que sus interpretaciones no tienen ningún valor, y contra el Comité de Libertad Sindical, de la Comisión de Normas y en contra del derecho de huelga que la Comisión de Expertos ha considerado como parte inherente de los derechos de asociación y negociación contenidos en los convenios 87 y 98.

A esto hay añadir que el ambiente político global es adverso a los trabajadores, al sindicalismo y al estado social, no solo por el avance de la derecha en los países europeos, sino por el retroceso en América Latina de los gobiernos alternativos que habían revertido algunas políticas neoliberales y logrado significativos progresos sociales.

El caso paradigmático es Brasil, donde se acaba de aprobar una retrógrada reforma laboral antecedida por acciones políticas como el golpe de estado contra la presidenta brasileña Dilma Rousseff por parte del Senado; y el caso de Lula Da Silva, a quien ahora intentan sacar de la carrera presidencial por la vía de imputaciones falsas de la “justicia penal”.

El avance de gobiernos neoliberales en el mundo, regido por tecnocracias sin ninguna responsabilidad política ante la sociedad, ha contribuido a fortalecer la posición de las grandes multinacionales en el marco de la globalización, que les permite moverse hacia países con pocas o inexistentes garantías laborales y así alcanzar la máxima rentabilidad en sus inversiones.

Esta alianza de los gobiernos de derecha con las multinacionales se expresa en el debilitamiento de la función normativa y en el sistema de control de la OIT, relegando sus funciones a la cooperación técnica y la expedición de declaraciones de buena voluntad que no tienen ninguna capacidad coercitiva.

Pero la situación es mucho más grave, según se desprende de la resolución final que presentó la Comisión para los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo en la 106° Sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que reconoce brechas en la aplicación de los 8 convenios fundamentales en muchos países, y la baja tasa de ratificación de los convenios 87 y 98.

El sindicalismo internacional en su intento de impedir el bloqueo empresarial, y de manera particular al sistema de control en el marco de la OIT, ha asumido una actitud blanda, que ha generado polémica en sectores sindicales que presionan por una línea más dura en este escenario.

No obstante, la batalla por recuperar a la OIT no se gana solo en la Conferencia Internacional del Trabajo. Se gana en el debate político en cada una de las naciones, a fin de recuperar el estado social y promover un modelo de desarrollo que garantice el trabajo decente y el bienestar general. Por otra parte, se necesita dinamizar la movilización social global del sindicalismo para rechazar las reformas laborales regresivas como la realizada recientemente en Brasil y promover políticas públicas de trabajo decente como un camino hacia la paz y la democracia.

Es deber y responsabilidad del sindicalismo articular las luchas en los propios países con la acción internacional de movilización, complementada con las iniciativas y actuaciones en la OIT. El propósito debe ser siempre hacer realidad la consigna de OIT, que dice que el trabajo y los derechos laborales y sociales no son una mercancía, que la competitividad no se puede construir sobre la esclavitud laboral, y que el ser humano no solo es centro sino sujeto de los procesos económicos.

Estos ideales se resumen en los programas y acciones de OIT para el logro de Trabajo Decente para todos y todas, en todo el planeta.

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     [1] Véase el Preámbulo de Constitución de la OIT.

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