El cambio político en la conducción del Estado español, luego de la salida del poder del Partido Popular como consecuencia de la moción de censura impulsada por el PSOE y el partido Podemos, ya dio su primer fruto en materia de política laboral en España.
El “Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019”, suscrito por el Gobierno de España y Unidos Podemos, implica un importante logro en bienestar de la ciudadanía en materia de empleo, salario mínimo, pensiones y protección social, entre otros aspectos.
La medida de mayor impacto es la fijación del salario mínimo legal en 900 euros, lo que supone un incremento superior al 22%; medida que tiene mucho impacto en la España de hoy, donde, tras la reforma laboral de 2012, la negociación colectiva fue golpeada en favor de la negociación individual entre empresarios y trabajadores, lo que provocó una drástica devaluación salarial. De ahí que este nuevo incremento salarial beneficie directamente a más de millón y medio de personas.
La medida tiene fuerte resistencia de la patronal, que en los últimos años ha fomentado el uso abusivo de la jornada de medio tiempo. Por lo que es muy probable que, dada la desregulación existente, muchas empresas traten de eludir el incremento salarial mediante una reducción ficticia de la jornada de trabajo, de modo que el trabajador labore las mismas horas y siga cobrando lo mismo. Los controles administrativos son insuficientes para neutralizar este riesgo.
El otro aspecto llamativo del Acuerdo del Gobierno y Unidos Podemos, tiene que ver con la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC en 2018 y 2019, lo que garantiza que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionados. Esta medida representa una revisión de la retrograda reforma impuesta por el gobierno del Partido Popular en 2012, y además supone un distanciamiento con la Unión Europea y el FMI, que se oponen a que el IPC sea el indicador de la actualización de las pensiones.
Otras medidas de relevancia sociolaboral derivadas del Acuerdo, son la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, la igualdad salarial entre mujeres y hombres, y la protección de los trabajadores de las empresas subcontratistas, entre otras. Y en materia de contratación, el Acuerdo plantea el compromiso de desvincular el contrato por obra o servicio de las contratas empresariales, una de las prácticas que más ha precarizado el mercado de trabajo en España.
En suma, el Acuerdo representa un importante paso para mejorar las condiciones de vida de muchas personas. Abre un proceso cuyo resultado final no está garantizado, por lo que la sociedad civil deberá movilizarse para exigir su cumplimiento y avanzar en la definición de una plataforma programática contra el neoliberalismo.
Entre tanto, una tímida sonrisa asoma en el rostro de millones de trabajadores españoles.
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